Omar Martinez Velarde
Expediente 982/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Omar Martinez Velarde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta III-545/2021 de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que adjunta copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada dentro del incidente de inejecución de sentencia 04/2021 y original del expediente de amparo 982/2020 del índice de este juzgado federal, de la cual se advierte que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se confirma el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto 982/2020, promovido por el quejoso Omar Martínez Velarde. SEGUNDO. Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplimentar la ejecutoria de amparo. Acúsese recibo a la superioridad. De igual forma, intégrese el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b), del acuerdo general citado porque se concedió la protección constitucional, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, éste se deberá depurar y se conservarán la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y una vez hecho lo anterior, se transferirá dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, tanto la suspensión provisional como definitiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte; debiendo conservarse las resoluciones de la provisional y definitiva relativas a su otorgamiento; por lo cual, una vez transcurridos tres años, dentro de los siguientes noventa días, se deberá realizar la depuración del presente incidente de suspensión y deberán transferirse dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIÓN EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE DISCOS Toda vez que en proveídos de veintiuno de abril y once de junio del año en curso el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso, remitió respectivamente dos discos en formato DVD; en tales condiciones, desglósense los discos de los presentes autos y hágase su devolución. Solicitándole en el término de tres días, constados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo correspondiente; apercibida que de no cumplir con lo ordenado en el término fijado se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta III-545/2021 de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que adjunta copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada dentro del incidente de inejecución de sentencia 04/2021 y original del expediente de amparo 982/2020 del índice de este juzgado federal, de la cual se advierte que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se confirma el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto 982/2020, promovido por el quejoso Omar Martínez Velarde. SEGUNDO. Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplimentar la ejecutoria de amparo. Acúsese recibo a la superioridad. De igual forma, intégrese el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b), del acuerdo general citado porque se concedió la protección constitucional, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, éste se deberá depurar y se conservarán la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y una vez hecho lo anterior, se transferirá dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, tanto la suspensión provisional como definitiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte; debiendo conservarse las resoluciones de la provisional y definitiva relativas a su otorgamiento; por lo cual, una vez transcurridos tres años, dentro de los siguientes noventa días, se deberá realizar la depuración del presente incidente de suspensión y deberán transferirse dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIÓN EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE DISCOS Toda vez que en proveídos de veintiuno de abril y once de junio del año en curso el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso, remitió respectivamente dos discos en formato DVD; en tales condiciones, desglósense los discos de los presentes autos y hágase su devolución. Solicitándole en el término de tres días, constados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo correspondiente; apercibida que de no cumplir con lo ordenado en el término fijado se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió la vista concedida a las partes por auto de once de junio de este año, con relación a las actuaciones que el juez de control responsable ha realizado a efecto de cumplir con la sentencia de amparo. Para ello, conviene precisar que en sentencia de catorce de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo al inconforme ------de, para los efectos siguientes: 1. Dictar un proveído en el cual deje insubsistente la resolución emitida el treinta de noviembre de dos mil quince en la carpeta judicial administrativa 266/2015/TEH, únicamente en cuanto a la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Omar Martínez Velarde, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de motín. 2. En su lugar, emita otra resolución en la cual reitere los aspectos que no son materia de la concesión del amparo, sin embargo: a) Debe citar las normas que establecen y justifican su competencia material y territorial para emitir la orden de aprehensión, en su caso, algún Acuerdo General que prorrogara su jurisdicción. De no acreditar su competencia, debe actuar en consecuencia respecto a la solicitud de orden de aprehensión; en caso contrario, debe subsanar las restantes irregularidades advertidas en la misma; en ese sentido: b) Debe citar el nombre de quién o quiénes formularon denuncia en contra del quejoso por el hecho que la ley señala como delito de motín, por el que se solicitó dicha orden, atendiendo expresamente a lo expuesto por el agente del Ministerio Público al solicitarla. c) Debe abstenerse de contemplar como integrante de dicho ilícito, el incumplimiento a lo que ordena la Constitución, pues el legislador no aludió a ese término en dicho tipo penal; y en su caso, sin rebasar lo expuesto por el fiscal solicitante, debe establecer qué ley se incumplió, con motivo del hecho imputado al quejoso, citando su denominación y la porción normativa correspondiente (artículo, fracción e inciso o sub inciso, en su caso) que demuestre tal extremo, es decir, la ley derivada del órgano legislativo local que contemple una cierta obligación, que a virtud del hecho imputado se evitó acatar, atendiendo expresamente a la petición del fiscal y lo que haya razonado, fundado y demostrado en ese aspecto, a lo cual el juez debe acotar su análisis. d) Debe motivar la emisión de la orden en los términos en que lo hizo, esto es, en contra de Omar Martínez Velarde, pues al margen que así lo solicitó el fiscal, el análisis que efectuó sobre la entrevista de Leocadio Mauricio Huerta Peralta, no arroja esa información; y proceda conforme a sus facultades. e) Debe determinar si se acredita o no la necesidad de cautela expuesta por el Ministerio Público. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veintiuno, al no haberse interpuesto el medio de impugnación idóneo, la sentencia causó ejecutoria y se ordenó a la autoridad responsable cumplir con lo ordenado en ella. En acatamiento, mediante oficio JOPTEH/4129/2021 de ocho de junio de dos mil veintiuno, el juez de control responsable informó que, dentro de la causa penal generadora de los actos reclamados, el cinco de abril del año en curso, elementos de la agencia estatal de investigación pusieron a su disposición al quejoso Omar Martínez Velarde, siendo desahogada la audiencia inicial los días seis y diez de abril del año que transcurre, lo cual dio como resultado: a. El dictado el auto de vinculación a proceso en contra en su contra, por su probable comisión del hecho que la ley señala como delito de motín, previsto y sancionado en los artículos 157, 158, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio del orden público y de la seguridad de las personas. b. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra, dado el uso de armas y explosivos dentro del hecho por el que se resolvió su situación jurídica. Posteriormente, el veinte de abril de dos mil veintiuno, se concedió a favor de Omar Martínez Velarde, la suspensión condicional del proceso por un lapso de nueve meses, otorgando la libertad del mismo para el cumplimiento de las condiciones impuestas. Frente a dichas condiciones, el juez de control responsable informa la imposibilidad para dar cumplimiento a los lineamientos del fallo protector. IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA ACATAR EL FALLO Tal situación, evidencia la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues el acto reclamado se ejecutó en una fecha previa al dictado de la sentencia en el presente juicio de amparo, inclusive, antes de su dictado, se resolvió la situación jurídica del quejoso vinculándolo a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, todo ello sin que este órgano jurisdiccional fuera debidamente informado. Lo anterior porque como se indicó, los efectos del fallo protector fueron para que el juez de control responsable dejara insubsistente la resolución emitida el treinta de noviembre de dos mil quince en la carpeta judicial administrativa 266/2015/TEH, únicamente en cuanto a la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Omar Martínez Velarde, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de motín, en su lugar, emitiera otra resolución en la cual reiterara los aspectos que no fueron materia de la concesión del amparo. No obstante, el acto reclamado quedó jurídicamente superado al resolver el juez responsable la situación jurídica del quejoso, pues no es dable legalmente que resuelva sobre la orden de aprehensión en los términos en que se ordenó en la sentencia de amparo; máxime que en el caso, inclusive se otorgó al quejoso la suspensión condicional del proceso por un lapso de nueve meses, a partir del veinte de abril de este año a efecto de que cumpla las condiciones impuestas. De ahí, que sobrevino una causa que impide legalmente al juez de control responsable acatar los lineamientos del fallo protector, por tanto, se estima existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional. SE REMITEN AUTOS A TRIBUNAL COLEGIADO En tales condiciones, en conformidad con el artículo 196, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Penal del Sexto Circuito, en turno. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." No obstante lo anterior, en términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; entonces, una vez que transcurra el lapso indicado en el párrafo que antecede, remítanse los autos al tribunal revisor. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." CUADERNO DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio que señaló para tal efecto, vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y, por oficio, a las autoridades responsables y tercera interesada.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió la vista concedida a las partes por auto de once de junio de este año, con relación a las actuaciones que el juez de control responsable ha realizado a efecto de cumplir con la sentencia de amparo. Para ello, conviene precisar que en sentencia de catorce de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo al inconforme ------de, para los efectos siguientes: 1. Dictar un proveído en el cual deje insubsistente la resolución emitida el treinta de noviembre de dos mil quince en la carpeta judicial administrativa 266/2015/TEH, únicamente en cuanto a la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Omar Martínez Velarde, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de motín. 2. En su lugar, emita otra resolución en la cual reitere los aspectos que no son materia de la concesión del amparo, sin embargo: a) Debe citar las normas que establecen y justifican su competencia material y territorial para emitir la orden de aprehensión, en su caso, algún Acuerdo General que prorrogara su jurisdicción. De no acreditar su competencia, debe actuar en consecuencia respecto a la solicitud de orden de aprehensión; en caso contrario, debe subsanar las restantes irregularidades advertidas en la misma; en ese sentido: b) Debe citar el nombre de quién o quiénes formularon denuncia en contra del quejoso por el hecho que la ley señala como delito de motín, por el que se solicitó dicha orden, atendiendo expresamente a lo expuesto por el agente del Ministerio Público al solicitarla. c) Debe abstenerse de contemplar como integrante de dicho ilícito, el incumplimiento a lo que ordena la Constitución, pues el legislador no aludió a ese término en dicho tipo penal; y en su caso, sin rebasar lo expuesto por el fiscal solicitante, debe establecer qué ley se incumplió, con motivo del hecho imputado al quejoso, citando su denominación y la porción normativa correspondiente (artículo, fracción e inciso o sub inciso, en su caso) que demuestre tal extremo, es decir, la ley derivada del órgano legislativo local que contemple una cierta obligación, que a virtud del hecho imputado se evitó acatar, atendiendo expresamente a la petición del fiscal y lo que haya razonado, fundado y demostrado en ese aspecto, a lo cual el juez debe acotar su análisis. d) Debe motivar la emisión de la orden en los términos en que lo hizo, esto es, en contra de Omar Martínez Velarde, pues al margen que así lo solicitó el fiscal, el análisis que efectuó sobre la entrevista de Leocadio Mauricio Huerta Peralta, no arroja esa información; y proceda conforme a sus facultades. e) Debe determinar si se acredita o no la necesidad de cautela expuesta por el Ministerio Público. Mediante proveído de dos de junio de dos mil veintiuno, al no haberse interpuesto el medio de impugnación idóneo, la sentencia causó ejecutoria y se ordenó a la autoridad responsable cumplir con lo ordenado en ella. En acatamiento, mediante oficio JOPTEH/4129/2021 de ocho de junio de dos mil veintiuno, el juez de control responsable informó que, dentro de la causa penal generadora de los actos reclamados, el cinco de abril del año en curso, elementos de la agencia estatal de investigación pusieron a su disposición al quejoso Omar Martínez Velarde, siendo desahogada la audiencia inicial los días seis y diez de abril del año que transcurre, lo cual dio como resultado: a. El dictado el auto de vinculación a proceso en contra en su contra, por su probable comisión del hecho que la ley señala como delito de motín, previsto y sancionado en los artículos 157, 158, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio del orden público y de la seguridad de las personas. b. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra, dado el uso de armas y explosivos dentro del hecho por el que se resolvió su situación jurídica. Posteriormente, el veinte de abril de dos mil veintiuno, se concedió a favor de Omar Martínez Velarde, la suspensión condicional del proceso por un lapso de nueve meses, otorgando la libertad del mismo para el cumplimiento de las condiciones impuestas. Frente a dichas condiciones, el juez de control responsable informa la imposibilidad para dar cumplimiento a los lineamientos del fallo protector. IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA ACATAR EL FALLO Tal situación, evidencia la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues el acto reclamado se ejecutó en una fecha previa al dictado de la sentencia en el presente juicio de amparo, inclusive, antes de su dictado, se resolvió la situación jurídica del quejoso vinculándolo a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, todo ello sin que este órgano jurisdiccional fuera debidamente informado. Lo anterior porque como se indicó, los efectos del fallo protector fueron para que el juez de control responsable dejara insubsistente la resolución emitida el treinta de noviembre de dos mil quince en la carpeta judicial administrativa 266/2015/TEH, únicamente en cuanto a la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Omar Martínez Velarde, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de motín, en su lugar, emitiera otra resolución en la cual reiterara los aspectos que no fueron materia de la concesión del amparo. No obstante, el acto reclamado quedó jurídicamente superado al resolver el juez responsable la situación jurídica del quejoso, pues no es dable legalmente que resuelva sobre la orden de aprehensión en los términos en que se ordenó en la sentencia de amparo; máxime que en el caso, inclusive se otorgó al quejoso la suspensión condicional del proceso por un lapso de nueve meses, a partir del veinte de abril de este año a efecto de que cumpla las condiciones impuestas. De ahí, que sobrevino una causa que impide legalmente al juez de control responsable acatar los lineamientos del fallo protector, por tanto, se estima existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional. SE REMITEN AUTOS A TRIBUNAL COLEGIADO En tales condiciones, en conformidad con el artículo 196, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Penal del Sexto Circuito, en turno. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." No obstante lo anterior, en términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; entonces, una vez que transcurra el lapso indicado en el párrafo que antecede, remítanse los autos al tribunal revisor. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." CUADERNO DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio que señaló para tal efecto, vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y, por oficio, a las autoridades responsables y tercera interesada.
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