Olivia Isabel Reyes Galindo
Expediente 341/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Olivia Isabel Reyes Galindo
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 341/2022. Puebla, Puebla, veinte de abril de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). el presente expediente constituye un asunto concluido. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 341/2022. En cuatro de abril de dos mil veintidós Puebla, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso****, por propio derecho, sin la firma electrónica de esta y por ende sin la evidencia criptográfica relativa a su firma, contra actos del Juez de Control En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada vía electrónica, aparentemente por la quejosa Olivia Isabel Reyes Galindo, por propio derecho. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo3, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por la quejosa Olivia Isabel Reyes Galindo, por propio derecho, no tiene su firma electrónica, pues la evidencia criptográfica es relativa a la firma electrónica de Óscar Hazael Vidal López. Ello a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que la quejosa en mención, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley d de Amparo. Es menester agregar, que de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Además, de los antecedentes narrados en la demanda, la quejosa indicó que fue informada por familiares que unas personas al parecer, agentes de investigación, se presentaron en su domicilio para indicar que la quejosa debía acompañarlos ante un juez penal. De modo que tales actos combatidos por la quejosa, de ninguna forma constituyen actos fuera de procedimiento y tampoco actos de carácter urgente, como los previstos por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque se desconoce si existe o no una orden de captura contra la quejosa, y de ser así, se observa que la posible orden de aprehensión que existiera contra la quejosa, fue dictada por un juez penal (acorde a los antecedentes narrados en la demanda), lo cual constituiría un acto dentro de procedimiento y que no encuadra en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuan cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Luego, si firma electrónica, de la persona de nombre Óscar Hazael Vidal López, a quien pretendió designar la quejosa como autorizado en términos amplios; sin embargo, como ha quedado establecido que el artículo 3 de la Ley de Amparo, exige la firma electrónica de quien suscribe la demanda, es decir, de la quejosa directa. De ahí que no tenga efectos la firma electrónica de Óscar Hazael Vidal López, pues la acción de tutela fue ejercida por la quejosa Olivia Isabel Reyes Galindo, a título individual, razón por la cual debió haberse enviado la demanda con la firma electrónica de la quejosa en mención -y si hubiera sido imposible por alguna circunstancia particular, pudo intentarse la presentación física de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-. Además, ningún supuesto de representación legal se alegó en la demanda, que permitiera a Óscar Hazael Vidal López, solicitar el amparo a favor de la quejosa Olivia Isabel Reyes Galindo, ya fuera como su defensor particular, asesor jurídico, apoderado, entre otros. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por la quejosa en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por la quejosa Olivia Isabel Reyes Galindo, conforme a las razones expuestas con antelación. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el inmueble que citó para ese propósito en la demanda (para efectos de notificación de este proveído). Sin que haya lugar a tener como autorizado legal a Óscar Hazael Vidal López, pues la falta de firma de la quejosa impide el pronunciamiento sobre ese tópico. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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