Octavio Gaytan Gallardo

Expediente 1160/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1160/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Octavio Gaytan Gallardo

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. Con base en la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si desea conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte desea conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido

  2. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo presentada de manera electrónica por *, Defensor Público Federal y con tal carácter de *, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Se omite digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, resulta innecesario ordenar su digitalización en virtud de que la misma ya obra en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Tramitación electrónica del juicio de amparo. 1 Con la evidencia criptográfica correspondiente. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General * del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. * En el caso, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente:  La determinación de no excluir la prueba testimonial a cargo de Enrique Flores Sandoval y Patricia Álvarez Rosas, emitida en audiencia intermedia de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal * del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, y su consecuencia, consistente en el auto de apertura a juicio oral de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en la parte correlativa a la admisión de la aludida prueba testimonial a cargo de dichos atestes *. De oficio, se estima que se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (a contrario sensu), del mismo ordenamiento. * En ese sentido, debe destacarse que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que es posible sostener la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la constitución federal o de la mencionada ley; caso en el que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene dicha improcedencia. Por su parte, la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia indica que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo * Bajo ese contexto, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, anteriormente, por virtud de criterios jurisprudenciales, se establecía la procedencia excepcional del amparo indirecto contra algunas violaciones procesales que afectaran a la parte quejosa en grado predominante o superior, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva que no lesionara derechos sustantivos. * En tales condiciones, puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así pues, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable los criterios de interpretación, en los cuales eran admitidos actos vía amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grado predominante o superior". Entonces, en el caso, contrario a lo que afirma el promovente, el acto reclamado no genera efectos de imposible reparación, porque no afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate, supuesto de excepción que no se actualiza en la especie. Ello se estima así, pues el acto reclamado sí puede ser subsanado al emitirse la sentencia que corresponda, dado que el hecho de que el juez de distrito señalado como responsable haya determinado no excluir la prueba testimonial a cargo de Enrique Flores Sandoval y Patricia Álvarez Rosas, y por el contrario, mediante auto de apertura a juicio oral de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, haya admitido la prueba testimonial que se menciona, no significa que no pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses. Ahora, la parte quejosa argumenta que el acto combatido sí es de imposible reparación porque la información que exterioricen los aludidos testigos llegará al juzgador, y con ello se verá viciada su imparcialidad judicial para resolver; sin embargo, contrario a esa aseveración, justamente el objeto del proceso, y en particular de la audiencia de juicio oral, es que se desahoguen todos los medios de prueba que permitan conocer la verdad histórica sobre los hechos materia del mismo, y dotar al juzgador del material probatorio necesario para estar en aptitud de emitir su fallo, el cual incluso podría ser favorable a los intereses del quejoso. Por ello, esta juzgadora estima que esa no exclusión de la prueba testimonial en comento, no genera cargas injustificadas al quejoso de manera inmediata, ni tampoco se trastocan sus derechos fundamentales, sino que los maximiza porque le brinda la posibilidad de contra interrogar a cada uno de los testigos que menciona, y en su caso, de desvirtuar sus dichos o contradecirlos. Incluso, aun cuando sobreviniera alguna ilegalidad o ilicitud de la prueba, ello puede enmendarse con posterioridad, ya sea porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico. O bien, se subsana si el fallo que se emita en el juicio natural le resulta favorable, con lo que la afectación que pudo resentir el quejoso desaparecería por completo, pues quedaría enteramente satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende de manera directa e inmediata a derechos sustantivos, en tanto que de darse ese supuesto no quedaría huella alguna en su esfera jurídica. Además, en el supuesto de que la sentencia firme que eventualmente se emita llegara a ser desfavorable a sus intereses, se estima que en su caso y de ser procedente, podría impugnar esa determinación y alegar la violación de la que en este momento se duele mediante amparo directo. De donde se sigue, como se dijo, que opera en la especie el motivo de improcedencia en estudio. * Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada en párrafos anteriores. Anotaciones internas Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal y autorizado (restringido) de la parte quejosa. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en esta ciudad de Puebla-. Por otra parte, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario "PUE4NS", por lo cual se instruye se habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que la anterior autorización no incluye su notificación electrónica, porque no se solicitó de esa forma. Luego, se toma nota del correo electrónico proporcionado únicamente como medio de contacto para comunicaciones no procesales, pues la ley de la materia no prevé dicho medio de comunicación para oír y recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Tal como lo solicitó la parte quejosa, se ordena desde este momento la supresión de datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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