Olovia Arroyo de la Cruz

Expediente 579/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
579/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Olovia Arroyo de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte: la parte quejosa omitió recurrir el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda origen del presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, SE DECLARA QUE EL REFERIDO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo tanto, se ordena: hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. En último lugar, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, posteriormente realice la certificación correspondiente. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe +++ contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Estatal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y otra autoridad. En tal virtud, fórnese el expediente constitucional, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectúense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento de la demanda. El numeral 113 de la Ley de Amparo impone al Juez de Derechos Humanos la obligación de examinar los actos combatidos en la demanda de amparo, y de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, ésta debe desecharse. Entonces, en cumplimiento a esa obligación, se advierte que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que hace alusión al principio de definitividad, por las razones jurídicas que a continuación se exponen: De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cónyuges de las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Ello es así, porque para resolver los conflictos suscitados en el interior de un centro de reclusión federal respecto de un recluido -ya sea en etapas de prisión preventiva o ejecución de sentencia- por cualquier situación que afecte sus condiciones de internamiento o sus derechos como persona privada de la libertad; previo a acudir al juicio de amparo, deben observarse los procedimientos administrativo y jurisdiccional, establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De modo que si en este caso, el acto reclamado por quien dice ser la esposa de la persona privada de su libertad de nombre +++, en esencia, radica en impedirle o negarle el acceso al Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en Tepexi de Rodríguez, Puebla, y con ello, en vía de consecuencia, privar al recluido de su derecho de visita familiar e íntima. Es inconcuso que, de conformidad con los artículos 3, fracción XXVII, 9 fracción VIII, 30 y 59 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos encontramos ante una negativa de la autoridad penitenciaria que afecta las condiciones de internamiento del recluido, la cual, acorde con lo dispuesto en los artículos 107 al 115, de dicho ordenamiento legal, debió ser reclamada, en primer término, ante la autoridad penitenciaria de acuerdo al procedimiento ahí establecido. Sobre todo, porque conforme al ordinal 108, fracción II, del citado ordenamiento legal, las cónyuges, concubinas y/o parejas de hecho, tienen legitimación para formular peticiones ante las direcciones de los Centros. Luego, en caso de no estar conforme con la respuesta dada por la autoridad penitenciaria, podrá impugnar esta última ante el Juez de Ejecución a través del procedimiento jurisdiccional; ello, con base en lo dispuesto por los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, 120 a 129, 130 a 135, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, como se ve, cuando la cónyuge de una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a las condiciones de internamiento de éste, como lo es la permisión de visitas familiares e íntimas, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar los mecanismos administrativo y judicial establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues ambos, cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los familiares de los internos se encuentran facultados para reclamar, sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria -de ser el caso-, los actos que alteren sus condiciones de internamiento. Sobre todo porque otorga al Juez que llegue a conocer del asunto, la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado, en caso de ser necesario. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, pues, si la parte quejosa desea que su acto sea suspendido -y claro de ser procedente- tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien podrá ordenar la suspensión del acto, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese el acto. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. En esa virtud, es evidente que la cónyuge de una persona privada de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento y de visita, debe agotar los mecanismos de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogara y tramitara en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo es el impedimento de acceso al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, el quejoso debió agotar los procedimientos judiciales establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de protección constitucional presentada por el quejoso. Registro en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) realice las anotaciones correspondientes al sentido de este acuerdo, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la quejosa las listas de este juzgado de distrito, pues señaló "los estrados". Además, omitió señalar autorizado para tales efectos. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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