Olivia Sanchez Mendez
Expediente 171/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Olivia Sanchez Mendez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 171/2023-VII. Puebla, Puebla, doce de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el referido proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 171/2023-IX. }. Puebla, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Se agrega la razón de la actuaria judicial adscrita, por la cual manifiesta la imposibilidad de notificar al quejoso en el domicilio señalado en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla), el auto por el cual se desechó la demanda de amparo promovida ante este juzgado. Lo anterior, porque del asentado en el escrito de demanda, no se advierte el nombre o número de la calle del mismo. Notificación por lista En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de la adscripción, notificar a la quejosa Olivia Sánchez Méndez, por medio de lista el auto de referencia, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. Ello, hasta en tanto señale domicilio procesal para tal efecto. Notifíquese; por lista a la quejosa; y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 171/2023-I. Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++++++++++++, por propio derecho, contra actos del Titular de la Agencia de Investigación de San Pablo Xochimehuacan, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece la obligación de examinar en su integridad la demanda de amparo, porque de encontrarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, deberá desecharse de plano. Lo anterior se relaciona con el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, porque este permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Sobre todo porque debe evitarse la creación de falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en particular que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos aportados por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . De la lectura armónica e integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: ". A) La más que posible o probable integración de una carpeta de investigación, con la generación de actos de molestia en perjuicio de la suscrita y de mi patrimonio, pues son actos de autoridad que tienden a perturbar mi legítima propiedad y posesión respecto del local comercial de mi propiedad y que se identifica como local comercial número +++++++++++++++++++ (mismo inmueble del que soy legítima propietaria y poseedora, tal y como lo acredito con los documentos que en copias acompaño a la presente demanda, y que si su Señoría considera necesario, me comprometo a presentar los originales el día y hora que tenga a bien señalarme, justificando que no los presente en este momento, por tener la zozbra de que puedan afectar mi propiedad y posesión y que me sean necesarios para acreditar y deducir mis derechos de propietaria y poseedora), contemplando incluso un posible ilegal desalojo que se dicta en mi perjuicio y con todos los visos de violentar mis derechos de debido procedimiento y de propiedad, pues todo indica que se está integrando en mi perjuicio algún tipo de indagatoria, violentándome incluso mi derecho de debido procedimiento, de presunción de inocencia, de debida defensa, de audiencia y demás principios procesales, pues a la fecha, manifiesto bajo protesta de decir verdad, no he sido notificado por autoridad alguna de que se encuentre en trámite o en curso algún tipo de investigación o medios preparatorios, mucho menos citado o se me ha requerido información, sin embargo, se han generado actos de molestia en mi perjuicio por parte de personal que ha dicho estar adscrito a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (pero que no se han identificado materialmente a través de la exhibición de algún gafete o credencial que pues por lo menos en dos ocasiones diferentes se han presentado al local comercial de mi propiedad y al que me he referido en líneas anteriores, para según su dicho ejecutar acciones ordenadas por un Agente del Ministerio Público respecto de lo que han referido como una carpeta de investigación abierta en mi contra y respecto del local comercial de mi propiedad, respecto de una denuncia presentada por una persona de nombre "Margarita Zepeda", sin embargo, en ninguno de los casos me han indicado o referido número de carpeta ni mucho menos me han especificado con precisión qué Agencia del Ministerio Público tiene a cargo la supuesta investigación a la que se han referido, por lo que tengo el temor fundado de que pueda decretarse en mi perjuicio por las Autoridades Responsables Ordenadoras y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad señalada como Ejecutora algún tipo de orden desalojo, o ser perturbada en la propiedad y legítima posesión que tengo respecto del inmueble de mi propiedad, así como en su caso, cualquier otro tipo de diligencia o acto de molestia emitidos por las autoridades señaladas en la presente demanda, y que me afecten en mis derechos auténtico de propiedad y posesión, además de que se me violentan mis derechos de propiedad, audiencia, defensa y demás consagrados en nuestra Carta Marga, con lo que sin duda se me ocasionarían daños irreversibles en mi persona y patrimonio." De lo anterior, se obtiene que la quejosa pretende combatir una investigación en curso, que se sigue dentro de una carpeta de investigación (sin que se tenga la certeza de que ella sea la persona investigada), según se advierte de los antecedentes narrados en la demanda. Ahora, tales actos actualizan la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo relacionada con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo, pues la investigación como tal, consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho señalado por la ley como delito y, en su caso, a sus probables responsables, Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado, el inicio o trámite de una carpeta de investigación no produce de manera inmediata y directa afectación alguna a sus derechos sustantivos que, deban repararse a través de este medio de control constitucional, ya que sólo se pretende reclamar el inicio o integración de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta de investigación sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares excepcionales, ser susceptibles de ese control constitucional. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra la quejosa, con la cual se integre alguna carpeta de investigación, pues por sí misma, no le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. En efecto, la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de ellas determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera, en su caso, acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la investigación o integración de una carpeta de investigación en su contra, pues ello deriva de las facultades de indagación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos no son de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de datos de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que la persona que resulte imputada haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Por ello, debe considerarse a la eventual integración de carpetas de investigación contra la quejosa, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. También se invoca en apoyo a lo considerado, por analogía, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 180028, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente, conforme a las razones y fundamentos expuestos con antelación. Sin pasar por alto que, con motivo de la integración de esa carpeta de investigación, la quejosa afirme que pudiera ordenarse un posible desalojo del local comercial de su propiedad; sin embargo, esa suposición sólo se basa en una mera conjetura son base razonable alguna, pues de los antecedentes que se narran en la demanda no se vislumbra dato objetivo alguno con base en el cual pueda arribarse a esa conclusión; de ahí que, esa supuesta consecuencia sólo es un acto futuro e incierto. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica (ubicado en esta ciudad). Por otra parte, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Ángel Espinoza Martínez, porque así fue solicitado y se encuentra registrada su cédula en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Poder Judicial Federal y el restante autorizado sólo para oír y recibir notificaciones, dado que no cuenta con dicho registro. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y números telefónicos proporcionados por la quejosa, para establecer contacto en caso de ser necesario, no así para notificarlo, por no estar contemplado en la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa; y cúmplase
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL DIVERSO ACUERDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS UICIO DE AMPARO 171/2023-I. Puebla, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++++++++++++, por propio derecho, contra actos del Titular de la Agencia de Investigación de San Pablo Xochimehuacan, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece la obligación de examinar en su integridad la demanda de amparo, porque de encontrarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, deberá desecharse de plano. Lo anterior se relaciona con el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, porque este permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Sobre todo porque debe evitarse la creación de falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en particular que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos aportados por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . De la lectura armónica e integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: ". A) La más que posible o probable integración de una carpeta de investigación, con la generación de actos de molestia en perjuicio de la suscrita y de mi patrimonio, pues son actos de autoridad que tienden a perturbar mi legítima propiedad y posesión respecto del local comercial de mi propiedad y que se identifica como local comercial número +++++++++++++++++++ (mismo inmueble del que soy legítima propietaria y poseedora, tal y como lo acredito con los documentos que en copias acompaño a la presente demanda, y que si su Señoría considera necesario, me comprometo a presentar los originales el día y hora que tenga a bien señalarme, justificando que no los presente en este momento, por tener la zozbra de que puedan afectar mi propiedad y posesión y que me sean necesarios para acreditar y deducir mis derechos de propietaria y poseedora), contemplando incluso un posible ilegal desalojo que se dicta en mi perjuicio y con todos los visos de violentar mis derechos de debido procedimiento y de propiedad, pues todo indica que se está integrando en mi perjuicio algún tipo de indagatoria, violentándome incluso mi derecho de debido procedimiento, de presunción de inocencia, de debida defensa, de audiencia y demás principios procesales, pues a la fecha, manifiesto bajo protesta de decir verdad, no he sido notificado por autoridad alguna de que se encuentre en trámite o en curso algún tipo de investigación o medios preparatorios, mucho menos citado o se me ha requerido información, sin embargo, se han generado actos de molestia en mi perjuicio por parte de personal que ha dicho estar adscrito a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (pero que no se han identificado materialmente a través de la exhibición de algún gafete o credencial que pues por lo menos en dos ocasiones diferentes se han presentado al local comercial de mi propiedad y al que me he referido en líneas anteriores, para según su dicho ejecutar acciones ordenadas por un Agente del Ministerio Público respecto de lo que han referido como una carpeta de investigación abierta en mi contra y respecto del local comercial de mi propiedad, respecto de una denuncia presentada por una persona de nombre "Margarita Zepeda", sin embargo, en ninguno de los casos me han indicado o referido número de carpeta ni mucho menos me han especificado con precisión qué Agencia del Ministerio Público tiene a cargo la supuesta investigación a la que se han referido, por lo que tengo el temor fundado de que pueda decretarse en mi perjuicio por las Autoridades Responsables Ordenadoras y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad señalada como Ejecutora algún tipo de orden desalojo, o ser perturbada en la propiedad y legítima posesión que tengo respecto del inmueble de mi propiedad, así como en su caso, cualquier otro tipo de diligencia o acto de molestia emitidos por las autoridades señaladas en la presente demanda, y que me afecten en mis derechos auténtico de propiedad y posesión, además de que se me violentan mis derechos de propiedad, audiencia, defensa y demás consagrados en nuestra Carta Marga, con lo que sin duda se me ocasionarían daños irreversibles en mi persona y patrimonio." De lo anterior, se obtiene que la quejosa pretende combatir una investigación en curso, que se sigue dentro de una carpeta de investigación (sin que se tenga la certeza de que ella sea la persona investigada), según se advierte de los antecedentes narrados en la demanda. Ahora, tales actos actualizan la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo relacionada con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo, pues la investigación como tal, consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho señalado por la ley como delito y, en su caso, a sus probables responsables, Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado, el inicio o trámite de una carpeta de investigación no produce de manera inmediata y directa afectación alguna a sus derechos sustantivos que, deban repararse a través de este medio de control constitucional, ya que sólo se pretende reclamar el inicio o integración de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta de investigación sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares excepcionales, ser susceptibles de ese control constitucional. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra la quejosa, con la cual se integre alguna carpeta de investigación, pues por sí misma, no le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. En efecto, la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de ellas determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera, en su caso, acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la investigación o integración de una carpeta de investigación en su contra, pues ello deriva de las facultades de indagación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos no son de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de datos de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que la persona que resulte imputada haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Por ello, debe considerarse a la eventual integración de carpetas de investigación contra la quejosa, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. También se invoca en apoyo a lo considerado, por analogía, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 180028, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente, conforme a las razones y fundamentos expuestos con antelación. Sin pasar por alto que, con motivo de la integración de esa carpeta de investigación, la quejosa afirme que pudiera ordenarse un posible desalojo del local comercial de su propiedad; sin embargo, esa suposición sólo se basa en una mera conjetura son base razonable alguna, pues de los antecedentes que se narran en la demanda no se vislumbra dato objetivo alguno con base en el cual pueda arribarse a esa conclusión; de ahí que, esa supuesta consecuencia sólo es un acto futuro e incierto. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica (ubicado en esta ciudad). Por otra parte, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Ángel Espinoza Martínez, porque así fue solicitado y se encuentra registrada su cédula en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Poder Judicial Federal y el restante autorizado sólo para oír y recibir notificaciones, dado que no cuenta con dicho registro. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y números telefónicos proporcionados por la quejosa, para establecer contacto en caso de ser necesario, no así para notificarlo, por no estar contemplado en la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa; y cúmplase
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