Octavio Guerrero Ávila

Expediente 84/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
84/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Octavio Guerrero Ávila
  • Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo de la diversa comunicación por la que se le comunicó la ejecutoria pronunciada dentro del presente expediente y por el que se devolvió el toca de apelación I********************, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Finalmente, devuélvase a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, la documental que anexó dentro del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficios y anexos remitidos por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 149/2022, por el que se solicitó emplazar a juicio a la tercera interesada ********************. Dése de baja la comunicación referida y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento respecto de la diligencia realizada por la autoridad auxiliar, lo anterior, dado que el veintidós de marzo la parte tercera con interés se apersonó dentro del presente expediente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del seis de abril de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 84/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que la autoridad responsable anexó a su informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez provee: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Octavio Guerrero Ávila, por conducto de su representante legal Jaime García Ferreyra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito, por lo que se registró bajo el expediente 84/2022 y la admitió en proveído de veintinueve de once de febrero de dos mil veintidós; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reconoció el carácter de tercera interesada a Alicia Guerrero Ávila, por lo que se ordenó su emplazamiento. Asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo,51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en un lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consiste en: La resolución dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el toca I-285/2021, por medio del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de siete de octubre de la citada anualidad, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 135/2018, a bienes de Antonio Guerrero Linares, denunciado por Antonia, Onésimo, Ismael, Salvador, Victoria y Alicia, de apellidos Guerrero Ávila. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó, consistente en el toca I-285/2021 (un tomo). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Consideraciones de la responsable. La Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, en la resolución reclamada, consideró que devenían infundados los argumentos del quejoso, ya que no se estimaban vulnerados los artículos 1082 y 1085 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en los cuales la a quo sustentó su fallo ahí recurrido. Lo anterior, toda vez que si bien el artículo 1082 antes citado contempla la obligación del albacea provisional, judicial o definitivo y el cónyuge en el caso del artículo 1064 del cuerpo de leyes en cita, de rendir en forma mensual de su administración, y además el deber del juez de exigir de oficio el cumplimiento de dicha rendición; sin embargo la obligación impuesta al representante de la sucesión de rendir cuentas, no se encontraba supeditada a que el juez conocedor de la sucesión le exija del cumplimiento de la misma, habida cuenta que conforme a los numerales 872 fracción IV y 888 del Código Civil del Estado, el albacea desde el momento de la aceptación de su cargo, tiene el deber de cumplir con las obligaciones relativas al mismo, entre las cuales se encuentra la de rendir cuentas mensualmente sin que medie requerimiento previo por parte del juzgador, pues ello forma parte de las funciones de su albaceazgo. Que cuanto tanto cierto resultaba lo anterior, que el artículo 1085 del Código Procesal de la materia establece, en el supuesto de que el albacea no rinda dentro del término legal su cuenta, será removido, de ahí que no existieran bases jurídicas para eximir a dicho representante de la sucesión, el rendir las cuentas de su administración en la forma y términos ordenados por la norma. Por lo anterior, es que estimó ajustado a derecho la jueza al momento de analizar el incidente de remoción de albaceazgo, con fundamento en que el albacea no rindió cuentas de su encomienda, lo hubiere decretado fundado, pues -como se vio con anterioridad- conforme a la ley constituye una obligación del representante de la sucesión el de rendir cuentas de forma mensual, de modo tal, como en el caso concreto no se hizo, su sanción fue la remoción del cargo encomendado; con cuyo actuar se cumplió con lo dispuesto por los artículos 49 y 122 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, virtud a que ha referida sanción se encuentra prevista en dicha legislación. Añadió la sala que tampoco se estimaba vulnerada la tesis que invocó el recurrente del rubro: "ALBACEA. DEFINITIVO. SI NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE PRESENTAR LAS CUENTAS GENERALES DE SU ADMINISTRACIÓN, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE DECRETAR EL CESE INMEDIATO EN SUS FUNCIONES, SIN NECESIDAD DE TRAMITACIÓN ESPECIAL AL RESPECTO NI QUE SU REMOCIÓN SE SOLICITE EN VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", en principio porque se trataba de una tesis aislada, emitida por un tribunal diverso al de este circuito, de conformidad con lo que establece el artículo 217 de la ley de Amparo. Pero además, porque interpreta artículos que regulan supuestos normativos distintos a la legislación procesal civil del Estado de Michoacán, pues en los numerales 1410 y 1411 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se prevé la hipótesis de cuando el albacea omite presentar las cuentas generales de administración dentro de los términos ahí previstos, cuyo incumplimiento origina el cese inmediato de sus funciones, sin señalarse tramitación especial alguna para tal efecto; motivo por el cual se interpreta que si el albacea es requerido para que presente la cuenta de administración y omite hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede ordenar su cese inmediato del cargo. En tanto que, en nuestra legislación los artículos 1082, 1083 y 1085, tienen redacción distinta a la señalada, tan es así que éstos no prevén como sanción el cese inmediato de las funciones de los albaceas en caso de no haberse rendido sus cuentas dentro de los plazos previstos por la ley pues en la especie, se debe hacer una interpretación conjunta de los preceptos 844, 872, 911 fracción VII, 915 del Código Civil del Estado de Michoacán, 1012, 1013 y 1015 del Código Procesal de la misma entidad, los cuales permiten arribar a la conclusión de que la remoción del albaceazgo debe ser vía incidental; por ende, al contemplar nuestra legislación un supuesto distinto al del estado de Puebla, para remover al albacea cuando no rinda la cuenta mensual de su administración, entonces no existen bases jurídicas para estimar vulnerado el señalado criterio invocado por el disidente. Por otro lado, el tribunal de alzada señaló que el segundo motivo de inconformidad también resultaba infundado, toda vez que cuando compareció el albacea Octavio Guerrero Ávila (seis de agosto del año en curso), por conducto de su apoderado jurídico, a solicitar se tuviera a la sucesión que representa, por separándose de la prosecución judicial, ya se encontraba en trámite el incidente de remoción de su cargo planteado por la heredera Alicia Guerrero Ávila, pues el mismo fue admitido en proveído de cinco del mes y año antes citado; de ahí que, aún y cuando después de la admisión de tal cuestión incidental, la juez a quo se hubiese pronunciado sobre la separación de la prosecución judicial, ordenando enviar los autos a la notaría citada, dicha juzgadora se encontraba constreñida a resolver ese incidente, como así lo hizo, por haberse iniciado su procedimiento bajo su potestad jurisdiccional, atento a lo dispuesto por el numeral 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Lo anterior era de tal manera, pues tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1129 fracción I y V del Código de Procedimientos Civiles del Estado prevé -en lo que interesa-: los juicios sucesorios podrán ser tramitados por los Notarios Públicos del Estado, mientras no exista controversia entre los interesados y en caso de oposición de algún aspirante a la herencia, o de algún acreedor, el notario suspenderá su intervención; de donde se sigue: la juez de origen era la única facultada para resolver la cuestión incidental suscitada en el juicio subyacente, antes de enviarlo a la Notaría correspondiente, en estricta observancia al referido precepto y a las reglas del procedimiento que rigen en materia judicial. Por otro lado, es menester indicar: con el dictado de la interlocutoria apelada, no se estima vulnerado lo dispuesto por el artículo 1009 del Código Procesal de la materia, en primer lugar, porque ya se emitió acuerdo -como lo afirma el propio apelante en sus agravios- sobre la separación de la prosecución del juicio de origen, y ello no fue objeto de modificación ni revocación de la interlocutoria apelada; además, de que los coherederos tienen expedito su derecho para que una vez que no exista controversia alguna en el asunto de mérito, vuelvan a insistir en que se envíen las constancias del presente asunto ante la notaria correspondiente para su conclusión, eso era, para la adjudicación del caudal hereditario. A mayor abundamiento precisó, que en el caso concreto, la juez de origen no estaba en condiciones de enviar las constancias del sucesorio a la Notaría Pública para su actuación, sin antes resolverse la incidencia planteada y sometida a su consideración, porque esta guardaba relación directa con la legitimación del representante de dicha masa hereditaria, quien era el único encargado de continuar con las gestiones pertinentes ante el Notario Público, y de no quedar dilucidada tal representación, ello más bien podía ocasionar un impedimento jurídico para dar continuación con las gestiones ante dicho fedatario, quien únicamente emite actos administrativos de mero trámite con el común acuerdo de todos los interesados de la sucesión, sin que tenga facultades jurisdiccionales. Argumentos de la quejosa. Por su parte, la parte quejosa tendente a combatir las anteriores consideraciones, señaló en el primer concepto de violación, que la resolución reclamada vulnera su derecho fundamental de legalidad y debido proceso, toda vez que omitió aplicar los artículos 122 y 573 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que le vinculan a dictar el trámite previsto para cada caso y fundar sus resoluciones de acuerdo a la letra de la ley, su sentido natural o su espíritu, toda vez que no se ajusta a cabalidad el mecanismo de remoción de albacea contenido en los artículos 1082 y 1085 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en los que de manera categórica se prescribe la carga procesal del tribunal de exigir que el albacea cumpla con su obligación de rendir cuentas de su administración, y que en caso de incumplir con las cuentas la consecuencia es la remoción de plano; que consecuentes con ello, el acto que se reclamaba se aparta de la regla general contenida en los preceptos que se señalan porque se confirma una remoción del cargo de albacea en la que no existió la exigencia previa de rendir cuentas, como requisito necesario para que válidamente se pueda imponer una medida punitiva como el remover el cargo de albacea. Añade, que la Magistrada responsable en su fallo valida una decisión del juzgado primigenio que se aparta del procedimiento legal a seguir para la remoción de un albacea, porque si no existe evidencia de que el juzgado de primera instancia haya cumplido con exigir al albacea la entrega de cuentas de administración, es evidente que no existían las condiciones para removerlo del encargo, y cuando la Magistrada responsable comulga con la decisión contenida en el fallo que se apeló, entonces incurre en una vulneración a la garantía de legalidad y por tanto conculca el derecho fundamental al debido proceso en perjuicio del impetrante del amparo. Porque la Sala soslayó que compareció Alicia Guerrero Ávila a promover la incidencia sobre remoción de albacea, argumentando que Octavio Guerrero Ávila, había omitido su obligación de rendir cuentas de administración de los bienes conformativos del acervo hereditario. Pero en el testamentario no existe actuación alguna en la que el juzgado del conocimiento haya requerido al albacea Octavio Guerrero Ávila, para que rindiera cuenta de administración, tal como debió haberlo hecho el órgano judicial en cumplimiento a lo dispuesto por el citado artículo 1082 del Código Procedimental del Estado, razón por la cual la remoción del albacea resultaba improcedente al no colmarse plenamente las exigencias legales. Que cuando el precepto 1082 estatuye: "El albacea provisional, judicial o definitivo y el cónyuge en el caso del artículo 1064 de éste Código, están obligados a rendir mensualmente la cuenta de su administración, debiendo el Juez, de oficio, exigir el cumplimiento de esta obligación .", no admitía otra interpretación literal, pues al utilizar la expresión: "debiendo el juez de oficio, exigir el cumplimiento de esta obligación", era claro que se le asignaba al juzgador la carga procesal de requerir al albacea para que rinda cuentas si no lo ha hecho y solamente si éste incurre en contumacia, habrá lugar a removerlo del cargo de plano como lo mandataba el diverso artículo 1085 del ordenamiento Adjetivo Civil. Como consecuencia, estimaba que la autoridad responsable se apartaba de su vinculación de fundar su decisión en un precepto exactamente aplicable al caso, con la consecuente vulneración de derechos fundamentales. En el segundo concepto de violación esgrime, que se vulnera su esfera de derechos, toda vez que en proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno el a quo ordenó la separación de la prosecución judicial y dispuso que los autos debían ser enviados al fedatario público para su reducción a protocolo, sin que se hubiese interpuesto reclamación alguna al respecto dentro del término legal. Por ello, se afirmaba que la sentencia reclamada vulnera por falta de aplicación los artículos 92, 95 y 96 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que el segundo párrafo del último precepto legal, contempla la firmeza del procedimiento como una garantía de las partes, desprendiéndose de ello que toda resolución judicial que legalmente notificada no haya sido recurrida, produce todos sus efectos legales. Asimismo, los preceptos 584 y 58 del cuerpo legal en cita, establecen que la cosa juzgada es la verdad legal, contra la cual no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, existiendo cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria por ministerio de ley o por declaración judicial. Las garantías y principios procesales inmersos en los preceptos normativos aludidos se estiman inobservados por la autoridad responsable, que reitera confirmado en sus términos la violación cometida por el juzgador de primer grado, toda vez que la parte considerativa y resolutiva del acto reclamado implica desestimar que existió tácita conformidad con la resolución que ordenó la separación de la prosecución judicial misma que había causado firmeza, constituyendo cosa juzgada formal en el procedimiento sucesorio y la verdad legal en el mismo, contra la que no procede ni recurso ni prueba de ninguna clase. Los anteriores planteamientos son inoperantes. Se dice de este modo, toda vez que la peticionaria de amparo no ataca las consideraciones torales de la resolución reclamada, por las que el Tribunal responsable estimó: Que si bien el artículo 1082 contempla la obligación de rendir en forma mensual su administración, y además el deber del juez de exigir de oficio el cumplimiento de dicha rendición; sin embargo, la obligación impuesta al representante de la sucesión de rendir cuentas, no se encuentra supeditada a que el juez conocedor de la sucesión le exija del cumplimiento de la misma, toda vez que de conformidad con los artículos 872 fracción IV y 888 del Código Civil del Estado, el albacea desde el momento de la aceptación de su encargo, tiene la obligación de rendir cuentas mensualmente sin que medie requerimiento por parte del juzgador, dado que ello forma parte de las funciones del albaceazgo. Además, el artículo 1085 del código procesal de la materia establece, en el supuesto de que el albacea no rinda la cuenta de administración dentro del término legal, será removido, de ahí que no existía base jurídica para eximirlo. Que la tesis que invocaba no resultaba aplicable al asunto de que se trata, atento a que es una tesis aislada; e interpreta preceptos normativos distintos a la legislación procesal civil del Estado. Que cuando compareció el albacea Octavio Guerrero Ávila (seis de agosto del año en curso), por conducto de su apoderado jurídico, a solicitar se tuviera a la sucesión que representa, por separándose de la prosecución judicial, ya se encontraba en trámite el incidente de remoción de su cargo planteado por la heredera Alicia Guerrero Ávila; de ahí que, aún y cuando después de la admisión de tal cuestión incidental, la juez se hubiese pronunciado sobre la separación de la prosecución judicial, ordenando enviar los autos a la notaría citada, dicha juzgadora, se encontraba constreñida a resolver ese incidente, por haberse iniciado su procedimiento bajo su potestad jurisdiccional. Que los juicios sucesorios podrán ser tramitados por los Notarios Públicos del Estado, mientras no exista controversia entre los interesados y en caso de oposición de algún aspirante a la herencia, o de algún acreedor, el notario suspenderá su intervención; de donde se sigue; que la juez de origen era la única facultada para resolver la cuestión incidental suscitada en el juicio subyacente, antes de enviarlo a la Notaría correspondiente, en estricta observancia al artículo 1129 fracción I y V del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Que la emisión del acuerdo sobre la separación de la prosecución del juicio de origen, no modificó ni revocó la interlocutoria apelada; además, de que los coherederos tienen expedito su derecho para que una vez que no exista controversia alguna en el asunto de mérito, vuelvan a insistir en que se envíen las constancias del presente asunto ante la Notaria correspondiente para su conclusión. Que la juez de origen, no estaba en condiciones de enviar las constancias del sucesorio a la Notaría Pública para su actuación, sin antes resolverse la incidencia planteada y sometida a su consideración, porque esta guardaba relación directa con la legitimación del representante de dicha masa hereditaria, quien era el único encargado de continuar con las gestiones pertinentes ante el Notario Público. Esto es, no basta que la peticionaria de amparo señale en forma genérica, que: La sentencia reclamada resulta ilegal, porque no se confirma una remoción del cargo de albacea, en la que no existió la exigencia previa de rendir cuentas, como requisito necesario para que válidamente se pudiera imponer una medida punitiva como el remover el cargo del albacea; toda vez que conformidad con el artículo 1082, previo a ello, el juez de oficio tenía la carga procesal de exigir el cumplimiento de esa obligación; y que se vulneró la firmeza del procedimiento, toda vez que en proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó la separación de la prosecución judicial y dispuso que los autos debían ser enviados al fedatario, sin que hubiese sido recurrida, por lo que existe cosa juzgada. Sino que debió de expresarse y revelarse, a través de la causa de pedir, las causas, circunstancias y razones por las que explicara porqué resultaba erróneo el señalamiento de la Magistrada en el sentido de que la obligación del representante de la sucesión, no estaba supeditada a que el juez la exigiera su cumplimiento, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 872 fracción IV y 88 del Código Civil, del Estado, el albacea desde el momento de la aceptación de su cargo, tenía la obligación de rendirla; o bien si la aplicación de dichos preceptos era errónea, o su interpretación. De igual forma, porqué opuesto a lo argumentado por la responsable, la tesis que invocó el recurrente sí resultaba aplicable; asimismo, porqué no le asistía razón a la sala al aducir, que previo a enviar los autos a la Notaria, la juez se encontraba constreñida a resolver el incidente que se encontraba en trámite con anterioridad, por haberse iniciado bajo su potestad jurídica y porque era la única facultada para resolver antes de enviarlo a la Notaría. Por tanto, al no atacar dichas consideraciones, como se anticipó, deviene inoperante el concepto de violación de que se trata. En apoyo a lo anterior, al tenor del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es de invocar la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer "razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Octavio Guerrero Ávila, por conducto de su representante legal Jaime García Ferreyra, el acto reclamado a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

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