Norma Ivonne Barriga Orozco
Expediente 1302/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norma Ivonne Barriga Orozco
- A. Q. G B.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 1302/2019, un tomo de prueba, y testimonio de la ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la revisión 109/2020, de la que se advierte que se confirmó la sentencia recurrida en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvase al del Juez Sexto Oral de Primera Instancia en materia Familiar de Primera Instancia, residente en esta ciudad, las documentales que allegó al presente juicio que obra en tres tomos de prueba, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el expediente original del cual deriva el presente cuaderno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida en autos, e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número******************** Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.DENISSE*ORF
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1302/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que obran documentos ofrecidos por la parte quejosa. A lo que la juez provee: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las citadas documentales exhibidas por la parte quejosa y a las demás partes se les tiene por precluido el derecho para ofrecerlas. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez Sexto Oral de Primera Instancia en Materia Familiar; y, 2. Actuario adscrito al Juzgado Sexto Oral de Primera Instancia en Materia Familiar. Ambos residentes en esta ciudad. Actos reclamados. La audiencia celebrada el diez de septiembre del año en curso dictada por el Juez Sexto Oral de Primera Instancia en Materia Familiar, residente en esta ciudad, dentro del juicio 1115/2018, así como la ejecución de la misma. Segunda. Las autoridades responsables, al rendir sus informes previos manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman. Ahora bien, el artículo 128, Fracción II, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) "II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (.)" En ese sentido, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en el régimen de convivencia de sus menores hijos con su progenitor se realice en los términos indicados antes de la emisión de la sentencia definitiva. En esa virtud, para poder determinar sobre la concesión de la medida cautelar se deben de tomar en cuenta lineamientos señalados en diversos criterios por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, han establecido los siguientes requisitos de procedencia para decretar la suspensión del acto reclamado, en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva se requiere que se haya aceptado su existencia o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la jurisprudencia por reiteración XXVII. 3o. J/2 (10a.) visible en la página 2347, Libro 10 Septiembre de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Luego, si bien pueden existir casos en los que las medidas cautelares pueden ser suspendidas, no significa que siempre deba concederse la suspensión contra dichas medidas. Tiene aplicación a lo anterior en lo conducente la jurisprudencia 1a./J.53/2017(10a.) sustentada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2014802, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES. De la Constitución y de la Ley de Amparo se desprende que para que proceda la suspensión definitiva a petición de parte se deben cumplir con estos requisitos: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos; 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; y 4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Por lo tanto, los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto no son un requisito para otorgar la suspensión. En este orden de ideas, esta Primera Sala advierte que podrían existir casos en los que las medidas cautelares puedan ser suspendidas, lo cual, claramente no significa que siempre deba concederse la suspensión contra medidas cautelares. En efecto, el hecho de que el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles prevean una garantía para indemnizar los daños y perjuicios que ocasione la medida cautelar no es una razón suficiente para sostener que en ningún caso las medidas cautelares pueden ser suspendidas. Por último, los jueces de amparo deben tomar en cuenta que las medidas cautelares buscan proteger que no se quede sin materia el juicio de origen y que la suspensión tiene la misma finalidad respecto al juicio de amparo. Sin embargo, la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso y se evalúe si procede la suspensión, por lo tanto, serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe concederse la suspensión solicitada." Lo resaltado es propio de este juzgado. Por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada, tomando en consideración el tercer elemento señalado anteriormente, es decir, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, pues de acuerdo a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio principal se modificó el régimen de convivencias entre los menores de edad y su progenitor, que habían sido aprobadas inicialmente, ya que de un asomo provisional de los actos reclamados no se tienen los suficientes elementos para tener por demostrada de forma preliminar su posible inconstitucionalidad del acto que reclama. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: Único. Se niega a Norma Ivonne Barriga Orozco, por sí y en representación de sus menores hijos Aya Quetzalli, Areli Yaretzi y Emilio Martín, todos de apellidos García Barriga, la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración primera de esta interlocutoria, en virtud de lo precisado en la diversa consideración segunda. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 140 y 141 de la Ley de Amparo dése vista a las partes con los informes previos que rinden las siguientes autoridades: Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar; y, Actuaria del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar. Ambos con residencia en esta ciudad y relaciónense en la audiencia incidental. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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