Norma Leticia Oronoz Ramírez y Otros.
Expediente 543/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Norma Leticia Oronoz Ramírez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, a través del cual se desechó su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Tal como se estableció en la cuenta, este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese a la parte quejosa a través del portal en línea. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.rmi
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, apoderado de la quejosa *******, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de *******, contra actos del Juez Primero de lo Civil (Tradicional) del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua. En consecuencia, fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno de este juzgado, como juicio de amparo 543/2020-III. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En función de la naturaleza del acto reclamado, la presente demanda de amparo resulta notoriamente improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vinculación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la legislación de la materia, este último numeral interpretado contrario sensu, los que establecen: Constitución General de la República. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. De la Ley de Amparo. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. -.- De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que, tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo directo será procedente cuando aquéllos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al interpretar ese precepto, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materia común, página 39, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al considerar que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. A partir de lo anterior, el Alto Tribunal dedujo que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento dos exigencias a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. A partir de lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no debía seguir interpretándose a la luz de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, pues ello ya no acontecía, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado al interpretar la anterior legislación. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), a que se ha hecho referencia en líneas precedentes, del siguiente tenor: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. A partir de estas premisas, este Juzgado determina que los acuerdos reclamados no son de imposible reparación. En efecto, tanto el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual se le tuvo por admitido a su contraria, en efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto contra el auto de dieciocho de septiembre del mismo año; como el acuerdo de trece de octubre de este año, derivado del expediente *******, del índice del Juez responsable, mediante el cual se desechó el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa, en contra del auto de veintinueve de septiembre del año en curso, a través del cual se admitió el recurso de apelación que fue interpuesto por su contraparte, en contra del proveído de dieciocho de septiembre del año actual, en el que se aprobó poner a disposición de la quejosa, los certificados de los depósitos realizados por su contraparte, no les reviste la característica de ser de imposible reparación para el amparista. Lo anterior, dado que la eventual afectación a sus derechos de carácter fundamental y sustantivos dependerá del sentido de la sentencia que se dicte en el recurso de apelación, la cual no necesariamente culminará en sentido negativo para los intereses de la parte actora, aquí quejosa, es decir, será hasta entonces que sabrá si le causa perjuicio o no la admisión de ese recurso. Para estar en condiciones de evidenciar las razones por las que se actualiza la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar los hechos que el quejoso narró bajo protesta de decir verdad, en los que manifiesta lo siguiente: 1.- En fecha 08 de enero de 2016, el suscrito a nombre de mi representada, interpuse una demanda por la vía sumaria Civil en contra del hoy tercero interesado, *******. Dicha demanda fue radicada en fecha 08 de enero de 2016 bajo el número de expediente ******* del en aquel entonces, Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua. 2.- Una vez transcurridas todas las etapas del procedimiento, en fecha 26 de agosto de 2016, se dictó sentencia procedente a los intereses de mi representada, condenando al hoy tercero interesado, entre otras cosas, al pago de $******* (*******) por concepto de rentas estipuladas e IVA los cuales se desglosan de la siguiente manera: $******* (*******) por concepto de adeudo de renta correspondiente a los meses de diciembre 2015 y enero de 2016; y $******* (*******) pesos moneda nacional por concepto de impuesto al valor agregado a razón del 16%, así como al pago de las rentas que se sigan acumulando a razón de $******* por mes más IVA hasta la desocupación y entrega del inmueble, así como al pago de intereses por las rentas no cubiertas, a razón del 10 % mensual. 3.- Ahora bien, en ejercicio del Derecho Fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, dentro del cual queda incluido el derecho a la ejecución de sentencia, acudí en fecha 27 de junio de 2017, a nombre de mi representada, ante el en aquel entonces Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, a promover la ejecución de sentencia en términos de los artículos 664 y 673 del Código de Procedimientos Civiles aplicable. 4.- Posteriormente, en fecha 12 de diciembre de 2019 la H. Tercera Sala de lo Civil del Estado de Chihuahua, dentro del toca ******* aprobó la ejecución de sentencia promovida por el suscrito, a nombre de mi representada, ascendiendo el monto aprobado a $******* (*******) el cual se compone de rentas vencidas e intereses moratorios. 5.- Dado el transcurso de más de dos años, entre el inicio de la vía de apremio (27 de junio de 2017) y la interlocutoria por medio de la cual se aprobó (12 de diciembre de 2019), el suscrito, a nombre de mi representada, me vi en la necesidad de solicitar a la autoridad responsable, la actualización de los intereses moratorios, conforme a lo establecido y aprobado previamente por la sala, dictando la responsable en fecha 21 de noviembre de 2019, una resolución por medio de la cual se tuvo por aprobados y actualizados los intereses moratorios, adicionales a los aprobados por la sala, es decir los correspondientes al periodo de tiempo transcurrido entre junio de 2017 y diciembre de 2019, los cuales ascendieron a la cantidad de $******* (*******). 6.- En ese tenor, fue que el suscrito en fecha 03 de septiembre de 2020, promoví ante la responsable, solicitando principalmente: i) se turnaran los autos al ministro ejecutor, a efecto de encontrarme en posibilidades de acceder a las prestaciones otorgadas a través de las resoluciones previamente relacionadas y ii) se pusiera a disposición del suscrito los certificados de los depósitos realizados por mi contraria, los cuales pedí se descontaran de la deuda que sostenía la demandada con mi representada. 7.- Así las cosas, la responsable en fecha 18 de septiembre de 2020 dictó un auto por medio del cual aprobó a mi representada lo solicitado en la promoción a que se refiere el numeral inmediato anterior, el cual fue notificado por lista a las partes en fecha 21 de septiembre de 2020 y surtió sus efectos en fecha 22 de septiembre de 2020. 8.- Ante esta situación, mi contraria promovió un recurso de apelación en contra del auto a que se refiere el párrafo inmediato anterior, la cual ilegalmente fue admitida por la responsable, a través de auto de fecha 29 de septiembre de 2020, publicado en la lista del día 30 de septiembre de 2020 y el cual surtió sus efectos el uno de octubre del presente mes y año. 9.- Ante tal arbitrariedad, el suscrito a nombre de mi representada, en acatamiento al principio de definitividad, en fecha uno de octubre de 2020, promoví recurso de revocación en contra del auto del auto dictado por la responsable a través del cual tuvo por admitido el recurso de apelación promovido por mi contraria, al cual le recayó una resolución por medio de la cual la responsable, ilegalmente, sostuvo que el auto era irrecurrible. Lo anterior revela que los acuerdos reclamados, no trastocan los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues conforme a la regla genérica establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tanto el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual se le tuvo por admitido a su contraria, en efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto contra el auto de dieciocho de septiembre del mismo año; como el acuerdo de trece de octubre de este año, en el que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintinueve de septiembre del año en curso, a través del cual se admitió diverso medio de impugnación interpuesto en contra del proveído de dieciocho de septiembre del año actual, en el que se aprobó poner a disposición de dicha parte procesal los certificados de los depósitos realizados por su contraparte, constituye una violación de carácter procesal susceptible de hacerse valer en la presente vía que, en su oportunidad, se promueva contra la sentencia que se dicte en el recurso de apelación que ponga fin al referido medio de impugnación admitido, porque no afecta de modo directo e inmediato los derechos humanos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales. Como se observa, el desechamiento del recurso de revocación no produce violaciones irreparables, sino que sólo produce efectos intraprocesales, susceptibles de ser reparados en la sentencia que resuelva el recurso de apelación; por ello, es evidente que el acuerdo que desecha el recurso de revocación no puede ser considerado como de imposible reparación reclamable en amparo indirecto, de forma autónoma, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado de las partes en el proceso de origen, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado del fallo correspondiente en el recurso de apelación, y en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó a la parte quejosa. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 131/99, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, de noviembre de 1999, materia común, página 20, del siguiente tenor: APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE EL RECURSO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO. La resolución que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV, 158, último párrafo, y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De la misma forma resulta aplicable, la jurisprudencia 182, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1988, Quinta Época, Parte II, materia civil, página 317, del siguiente tenor: APELACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. Es improcedente el amparo que se endereza contra la resolución que admite una apelación, puesto que no trae consigo ejecución que pueda lesionar de una manera real y efectiva los derechos y la persona del quejoso, ni lo deja sin defensa. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 del propio ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por otro lado, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Se tiene a la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a la licenciada *******, por encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, con la cédula profesional *******. Además, en términos de los numerales 24, segundo párrafo y 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la peticionaria de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica. Por otro lado, en relación a la solicitud de acceso al expediente, a través de la consulta del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, considerando que cuenta con el nombre de usuario "*******", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. Sin embargo, toda vez que dicha parte procesal no solicitó de manera expresa la recepción de notificaciones electrónicas, la consulta por esa vía de un acuerdo y de las promociones relacionadas con éste, podrá realizarse hasta que el proveído respectivo se le haya notificado por el medio que corresponda a los previstos en las fracción II del artículo 26 de la Ley de Amparo, sin menoscabo de adoptar las medidas necesarias para que si en lo subsecuente solicita electrónicamente notificarse por esa misma vía, mediante la consulta correspondiente, el referido Sistema registre dicha solicitud y permita la consulta. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por otra parte, infórmese a las partes que el numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, indica que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todo los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de cinco horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las doce horas con treinta minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa a través del usuario que indica. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Norma Facio Gutiérrez741/2016
- Norma Gaytan Vargas563/2016
- Norma Isabel Taday Puglla467/2022
- Norma Isela Chávez Lara909/2023
- Norma Leticia Oronoz Ramírez537/2018
- Norma Leticia Oronoz Ramírez y Otros.497/2020
- Norma Leticia Villalba Guereca523/2017
- Norma María Flores Olague de Cavazos7/2020
- Norma Nidia Muñoz Guijarro866/2014
- Norma Paola Arellanes Ortega333/2022
- Norma Patricia Corral González801/2019
- Norma Patricia García Iñiguez356/2022