Norma Patricia García Iñiguez
Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Norma Patricia García Iñiguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio el quince de noviembre de dos mil veintidós, a través de la cual se negó el amparo en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de noviembre de dos mil veintidós, V I S T O S, para dictar sentencia en el juicio de amparo 356/2022-VII, promovido por Norma **********, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua; y otras autoridades responsables, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este el veintinueve, día hábil siguiente, Norma Patricia García Iñiguez promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, y otras autoridades de quien reclamó el auto de vinculación de cuatro de abril del año en curso, dictado en la causa penal 2702/2022. SEGUNDO. Derechos que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión. Mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, se admitió y se registró con el número de expediente 356/2022; seguido el trámite del presente juicio, se pidió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se llevó a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual sendos diferimientos se llevó a cabo en la fecha señalada para tal efecto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado el cuatro de abril del año en curso, dentro de la causa penal 2702/2022, por el delito de robo agravado; así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravo, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso de cuatro de abril de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 2702/2022, en contra de la quejosa, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Mientras que el Director del Centro de Reinserción Social para Adultos Estatal, con domicilio en esta ciudad y la Fiscalía de Penas y Medidas Judiciales, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, sin embargo, al ser señaladas como ejecutorias y como la autoridad ordenadora aceptó el acto; por ello se desvirtúa dichas negativas y se tiene por cierto el acto reclamado a las referidas autoridades ejecutoras. Certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004362, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Conceptos de violación. En primer lugar, cabe precisar que no es necesario trascribirlos, ya que, al constar en la demanda, se tienen por reproducidos en esta parte, además, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de dos mil diez, con registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis del acto reclamado. Previo al estudio del acto reclamado, debe precisarse que a la quejosa le resulta el carácter de imputado; por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se debe aplicar en su favor el principio de suplencia de la queja, en la deficiencia de la formulación de los conceptos de violación; incluso ante la ausencia de los mismos. No obstante, en el caso, se estima que no procede aplicar la institución mencionada en beneficio de la quejosa, en atención a que del análisis de las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, y que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, se advierte que no existe materia para su aplicación. Sin que ello signifique una violación de las normas que rigen el procedimiento, ya que la aplicación de esa figura, no es absoluta, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador lo considere útil para favorecer al beneficiado; y, para que resulte procedente el amparo. Además, esto se corrobora, ya que si se aplica la referida figura jurídica, sin haber materia para ello, tal situación implica que se incluya dicho estudio en la motivación del fallo, a pesar de que, ese análisis, lejos de beneficiar a la impetrante, la perjudique o no le reporte utilidad alguna, dado que su estudio mejora la motivación que ya contiene el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 263, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." La quejosa señala que al dictar el auto de vinculación a proceso se contravinieron los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en esencia, señaló que la resolución reclamada no se encuentra fundada ni motivada, atendiendo a la valoración de las pruebas; además de que no se acreditó el cuerpo del delito; tampoco se le hizo saber la naturaleza y causa de acusación, ni se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que no se le respetaron los derechos que consagra el artículo 20 constitucional; aunado a que no se demostró el elemento subjetivo del ilícito; y que no se mostró el grado de participación en el delito. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por la impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control responsable en contra de la aquí quejosa, dentro de los autos de la causa penal 2702/2022. En principio, es conveniente citar el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé el derecho de la libertad personal de cualquier individuo, el cual dispone: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios." Asimismo, los artículos 14, primer párrafo, 16, primer párrafo, y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" A su vez, el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos de la Convención Americana, de la Constitución Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con los requisitos siguientes: 1. Que sea dictada por autoridad judicial competente (juez de control); 2. Que se haya formulado la imputación; 3. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. 4. Que la resolución se emita en esa audiencia, o dentro de las setenta y dos horas siguientes o en su ampliación, a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez de control. 5. Que se encuentra debidamente fundado y motivado. 6. Que de los antecedentes de la investigación, expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 7. Que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Es importante indicar que en el sistema procesal acusatorio se debe atender a la teoría del caso, lo que significa que no es necesario acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, en su comisión, sino sólo se debe acreditar un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Sobre el particular conviene citar la tesis 1a.CCXLVIII/2011 (9a.), de la décima época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO." Ahora bien, dentro del presente sumario constitucional fueron aportadas por la Jueza responsable como soporte de su informe con justificación dos discos ópticos en formato DVD que contienen la audiencia en donde fue dictado. Respecto a los referidos discos, una vez reproducidas las videograbaciones en ellos contenidas, a través de los medios electrónicos con que se cuentan en este órgano judicial federal, se verificó que contenían las actuaciones que dieron sustento al acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, probanzas las anteriores a las que, por tratarse de documentos públicos, como ya se precisó anteriormente, se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 1. Que sea dictada por autoridad judicial competente (juez de control). Por tanto, del análisis de la resolución reclamada, se advierte que el primer elemento constitucional se cumplió, en virtud, de que el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad judicial competente, como es la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 2702/2022, quien analizó los hechos ilícitos cometidos dentro de su jurisdicción, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua. 2. Que se haya formulado la imputación. En cuanto al segundo de los requisitos, se aprecia que se formuló imputación de contra de la quejosa, en la que se precisó el delito que se le atribuye, como se desprende de la video-grabación de la audiencia de formulación de imputación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; acto en el cual se hizo de su conocimiento que el hecho delictuoso por el cual se le investiga, corresponde al delito de robo con penalidad agravada, previsto y sancionado por los artículos 208, fracción III y 211, fracción III, del ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua. 3. y 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar y que la resolución se emita en esa audiencia, o dentro de las setenta y dos horas siguientes o en su ampliación, a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez de control. De igual manera, se encuentran satisfechos el tercer y cuarto requisitos constitucionales, dado que la aquí quejosa fue enterada y conoció los derechos establecidos a su favor y en ese momento, asistida por su defensor particular se le cuestionó si era su deseo declarar, a lo que expresó que no era su voluntad hacerlo; de igual forma, se le informó sobre el plazo constitucional manifestando que solicitaba se resolviera, en el término constitucional ampliado, donde sí manifestó su deseo de rendir declaración. Es importante precisar que el Juez responsable, se cercioró de la cédula profesional que fue proporcionada por el defensor particular, se encontró registrada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones, la cual corresponde una cédula profesional de licenciatura en derecho, lo que se hizo constar en la audiencia respectiva. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 41/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN." 5. Que se encuentra debidamente fundado y motivado. Luego, referente al quinto de los requisitos establecidos, se estima que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al momento de su emisión se expresaron las razones, motivos y fundamentos que sirvieron de sustento para su emisión. En efecto, la responsable señaló los numerales aplicables de la Constitución y aquellos del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de los cuales sustentó el auto de vinculación a proceso, así como los relativos al Código Penal del estado de Chihuahua, en los que sustentó el delito imputado. Además de que expresó las consideraciones conforme a las cuales sustentó el auto de vinculación a proceso, y con las cuales tuvo por acreditada la probable participación de la imputada aquí quejosa en el hecho con apariencia de delito que se le imputa. De ello se concluye que en su aspecto formal, la responsable fundó y motivó el auto de vinculación a proceso reclamado. Y por tanto, que resulte infundado el concepto de violación, aducido por la quejosa, en el sentido de que el acto reclamado no se encuentra fundado ni motivado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 264, bajo la literalidad: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE". 6. Que de los antecedentes de la investigación, expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo que hace al sexto elemento, de las exposiciones que se efectuaron ante la Jueza en la audiencia de vinculación a proceso, permiten concluir de manera razonable que existen datos que establecen que se cometió el hecho con apariencia de delito de robo agravado. Asimismo, la Agente del Ministerio Publico informó que dichos hechos actualizan el delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción I, y 211, fracciones III, VI y VIII, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Se le atribuyó a la aquí quejosa la calidad de coautora, conforme al artículo 21, fracción III del citado código, ya que llevó a cabo una conducta dolosa, conforme a lo dispuesto en el numeral 18, fracción I, siendo un delito continuado conforme al artículo 17, fracción I, todos de la codificación en cita. Además, hizo de su conocimiento que las personas que deponen en su contra y los datos de pruebas que existencia en la capeta de investigación. Posteriormente, la representación social solicitó que se vinculara a proceso a la imputada, por lo que la Jueza indicó a la imputada que escuchara con atención los antecedentes que iba a exponer la fiscalía, para que una vez informado, decidiera junto con su defensor, el momento en que se resolvería su situación jurídica. Acto seguido, la Ministerio Público expuso los datos de investigación y las personas que deponían en contra de la impetrante. Luego, el Juez cuestionó nuevamente a la imputada acerca si era su deseo rendir declaración a lo que previa consulta con su defensor manifestó que era su deseo guardar silencio; asimismo el juez le preguntó sobre el plazo en que querían que se resolviera la situación jurídica de la imputada, a lo que el defensor respondió que era voluntad de él que se resolviera en el plazo de duplicidad; por lo que, señaló el cuatro de abril de dos mil veintiuno para la continuación de la audiencia inicial. Acto continuo la Fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de presentación periódica, así como la exhibición de una garantía económica a la imputada; así como la prohibición de salir de la localidad; así, el defensor particular realizó las manifestaciones que estimó conducentes; en consecuencia, el Juez de Control determinó imponer la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracciones I y VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la obligación de presentarse de manera mensual ante el instituto de servicios previos al juicio para que firmara de constancia ante dicha autoridad; y la prohibición de concurrir a cualquiera de las sucursales de la empresa de la víctima. Posteriormente, en la continuación de audiencia celebrada el cuatro de abril de dos mil veintidós, en principio, compareció la licenciada a Julieta Jaqueline Domínguez Benavente, en carácter de defensora de la imputada **********, aquí quejosa; en ese sentido, el juez solicito a la citada imputada si era su deseo que fuera representada por la citada abogada, señaló que sí, luego, el juez cuestiono a la defensora si se había impuesto del contenido de la carpeta de investigación, señaló que sí y se continuó con la audiencia; luego el juez cuestionó a los abogados si contaba con medios de prueba para desahogar, a lo que indicaron que no había. .Así, en términos del cuadro fáctico y datos de pruebas expuestos por la representación social, el juez responsable pudo concluir que la imputada ********** (quejosa) en compañía de otra imputada, de forma probable, participó en la comisión del delito de robo previsto y sancionado en el artículo 208, fracción I, en relación con el artículo 211, fracciones III y IV, ambos del Código Penal vigente para el estado de Chihuahua. En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que la imputada lo cometió, conducta cuya descripción típica se encuentra en los citados numerales. Para determinar lo anterior, cabe señalar los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, y que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, se especifican los siguientes: Acta de aviso de hechos probablemente delictuosos realizados por partes de los agentes de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, ********** y **********. Informe homologado, en el cual se ubica el croquis del lugar de los hechos, las detenciones que realizaron contra la quejosa y diversa imputada, hechos delictuosos, el acta de inventario de objetos y aseguramiento del numerario, así como de una caja de metal de color azul, con sus registros de cadena de custodia. Testimonial de ********** de veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Testimonial de ********** de fecha veintinueve de marzo del presente año. Denuncia a cargo de **********, en carácter de apoderado legal de la moral **********. de R. L de C.V. Registro de cadena de custodia de la evidencia realizada a cargo de **********, en la cual se llevó el aseguramiento de dos memorias USB. Informe pericial en materia de fotografía que realizó **********. En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que la imputada lo cometió. En efecto, en principio, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es: El esclarecimiento de los hechos; Proteger al inocente; Procurar que el culpable no quede impune; y, Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 360, Agosto de 2017, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2014800, que dispone lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, de los datos narrados por la fiscalía y de las pruebas ofrecidas y desahogadas en la audiencia de vinculación a proceso por parte de la defensa, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por la quejosa, se considera que el auto de vinculación a proceso emitido el cuatro de abril de dos mil veintidós, se encuentra ajustado a derecho, pues satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, al advertirse que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados y el desahogo de las pruebas, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 356. Libertad probatoria Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código." "Artículo 359. Valoración de la prueba El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado." Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que lo condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316 del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por la ley como robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción I, en relación con el diverso 211, fracciones III y VI, ambos del Código Penal vigente en el estado de Chihuahua; así como la probable participación de la imputada en su comisión. Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado que de manera probable la quejosa lo cometió, desplegando los hechos que constituyen un delito Ello es así, dado que el juez responsable valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por el agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, en específico el acta de aviso de hechos probablemente delictuosos que realizaron los agentes, ********** y **********, quienes refirieron que aproximadamente a las diez horas con veinticinco minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, atendieron un reporte que en el negocio denominado **********, ubicado en **********, lo habían asaltado, arribaron a ese lugar, y se entrevistaron con **********, y con **********, administradora de la negociación, quien les informó que llegó al lugar porque Evelin le dijo que habían asaltado el negocio; no obstante previo cuestionamiento la administradora revisó las cámaras de seguridad y se percató que Evelin las había apagado y después las prendió; en ese momento, ********** manifestó que ella había robado el dinero y que su compañera **********, aquí quejosa, la estaba esperando afuera, porque se habían puesto de acuerdo y estaba esperando que se fueran los oficiales para que ella le entregara el dinero de la caja, señalándoles un vehículo **********, color **********, con placas de Texas, y al acercarse a ese automotor se percataron que ahí se encontraba dicha persona (quejosa), que Evelin Jazmín, les dice donde escondió el dinero, sacándolo de una caja de **********, resultando ser la cantidad de ********** moneda nacional. Dicho informe, el juez natural lo relacionó con la declaración de **********, ante el fiscal, donde indicó que es administradora del negocio **********, Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y que en relación a la sucursal Jilotepec ubicada en la colonia La Cuesta, en la calle **********, hay dos empleadas una de nombre**********, aquí quejosa, encargada de la tienda, y la otra **********, auxiliar de la tienda, quienes tienen un horario de nueve a diecisiete horas; siendo que la última de las citadas llamó para decir que habían asaltado la tienda, motivo por el cual se constituyó en ese lugar y al llegar ya estaba la policía, revisó la tienda y ********** le indicó los pormenores del asalto, luego checó las cámaras de video y miró que ********** atendió unos clientes y luego se fue al cuarto donde está la conexión de las cámaras y corta el video, en el lapso del asalto no hay video, después se mira que Evelin prendió las cámaras, por tal motivo la cuestiona por el asalto y empieza a dudar de la versión proporcionada por incongruencias, y mejor llamó al ingeniero de sistemas, ********** se pone nerviosa porque escuchó que el ingeniero por teléfono le dijo que ********** desconectó las cámaras, ella dijo que no, que no había hecho nada; sin embargo al darse cuenta que la habían descubierto y delante de los policías dijo que lo habían planeado junto con **********, aquí quejosa, la cual estaba de vacaciones y que nadie sospecharía, también Evelin dijo que Norma (quejosa) la estaba esperando a la vuelta del negocio para que le entregara el dinero del robo, fueron a ese lugar y efectivamente ahí estaba Norma (quejosa) en una troca, y ********** en su cara le dijo que eso lo habían planeado las dos y por eso la quejosa fue por el dinero; también ********** les mostró donde había escondido el dinero, que era en una **********. Por su parte, respeto a la agravante del delito de robo, consistente en que se quebrante la fe del sujeto entre activo y la víctima, es decir la relación laboral, acertadamente el juez de control responsable señaló que se acreditó la existencia de la relación laboral entre ********** con la víctima empresa moral, al referir Claudia Arias Delgado, administradora de la empresa moral víctima, en el sentido de que la impetrante era la encargada de la sucursal **********, y la otra imputada (**********), era la auxiliar de dicha negociación; aunado a la declaración de **********, apoderado general de la empresa moral, que refirió que las citadas imputadas eran empleadas de la negociación, incluso aportó escrito de vacaciones de ********** (quejosa). Ahora bien, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, la quejosa tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal del procedimiento penal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 208, fracción I, en relación con el diverso 211, fracciones III y VI, ambos del Código Penal vigente en el estado de Chihuahua, en hechos que tuvieron verificativo el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el interior de la negociación Le Granel, ubicada en el cruce de las calles **********, en esta ciudad. Sirve al respecto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Volumen 121-126, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, registro 234962, que dispone lo siguiente: "ROBO DE DEPENDIENTES, TRABAJADORES, EMPLEADOS ETCETERA, INTEGRACION DEL DELITO DE, Y NO DEL DE ABUSO DE CONFIANZA. La disposición o sustracción de bienes que se han recibido con motivo de relaciones de trabajo, dependencia o por cualesquiera otra causa (incluyendo empleados de confianza o cajeros), no siempre constituyen abuso de confianza sino que encuentran soluciones diversas en atención a su naturaleza. En efecto, si por motivo de la relación de trabajo, dependencia o función que desempeña, el autor tiene acceso a la cosa, aun con cierta autonomía de su dueño o de quien puede disponer de la misma, pero sin haber recibido la tenencia de la cosa, ni su custodia, el apoderamiento y sustracción de ella constituyen robo, porque la cosa no ha salido de la esfera de custodia del dueño o de quien pueda disponer de ella. Lo expuesto justifica la calificativa de robo cuando es cometido por domésticos o dependientes o encargados contra sus patrones, empresas o establecimientos de comercio. En estos casos, aunque el autor tenga acceso a la cosa, ésta no ha salido de la esfera de custodia del dueño." Ahora bien, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, la parte quejosa tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal del procedimiento penal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de robo agravado, previsto en el artículo 208, fracción I, en relación al 211, fracciones III y VI, ambos del Código Penal para el Estado de Chihuahua, vigente en la época delos hechos. Culminado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, ahora se procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimido por las peticionarias de amparo. En ese sentido, la parte quejosa señala que la resolución reclamada no se encuentra fundada ni motivada, atendiendo a la valoración de las pruebas; además de que no se acreditó el cuerpo del delito; tampoco se le hizo saber la naturaleza y causa de acusación, ni se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que no se le respetaron los derechos que consagra el artículo 20 constitucional; aunado a que no se demostró el elemento subjetivo del ilícito; y que no se mostró el grado de participación en el delito. Lo conceptos de violación planteados por la parte quejosa, que como se anticipó en parte resultan infundados, sin que se advierta aspecto alguno que pueda ser suplido en su deficiencia conforme lo establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Respecto a que señala que se hizo una valoración probatoria contraria a derecho de los datos de prueba incorporados en audiencia, es decir, que el juez valoró en forma incorrecta los datos de prueba, tal argumento es infundado. En efecto, deviene ineficaz tal disenso, tomando en cuenta lo expuesto que en la presente resolución, no se advierte que la jueza natural se haya apartado de las pautas de valoración como lo indica la parte quejosa, pues se estima que es correcta la adminiculación de los datos de investigación que hizo, toda vez que de manera razonada ponderó entre la versión de la imputación que hizo la Representación Social en la audiencia de vinculación a proceso, destacando los motivos y fundamentos que llevaron a otorgar valor probatorio a los aportados por la Fiscalía, estudio que se hizo conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, justificando objetivamente la conclusión a la que se arribó como ya se precisó. Ello es así, en virtud de que en el nuevo sistema de justicia penal el método de valoración es libre, esto es, todas las pruebas, en el caso, datos de prueba, son valorados por el juzgador de acuerdo a la sana crítica teniendo únicamente como límites las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y el conocimiento científico. En este sentido, en cuanto a la sana crítica se resalta que es la apreciación razonada o libre apreciación razonada, es decir, la libertad de apreciar las pruebas de acuerdo a la lógica y las reglas de la experiencia que, según el criterio del juzgador sean aplicables; por otra parte, las máximas de la experiencia son generalizaciones que proceden de la experiencia de los jueces, pero que sean compartidas y aceptadas por la comunidad jurídica para ser utilizadas en casos posteriores al momento de valorar las pruebas; las reglas de la lógica constituyen un límite a la libertad de apreciación de las pruebas por parte del juzgador, esto debido, a que el juez tiene que respetar las leyes sobre las formas de pensamiento correcto, al momento de valorar las pruebas; los conocimientos científicos son un estándar para auxiliar al juzgador en la valoración de la prueba, es decir, son pautas que permiten dirigir el razonamiento judicial a fin de valorar adecuadamente las pruebas; de ahí que si se aprecia entre las manifestaciones de las agentes ciertas contradicciones, para la etapa en que se actúa, resultan insuficientes, toda vez que los medios fundamentales que el juez otorgó valor se realizó de acuerdo a la sana critica, teniendo como límite las reglas de la lógica, máximas de la experiencia. Por otra parte, respecto a que no se acreditó el cuerpo del delito y que no se demostró el elemento subjetivo del ilícito; al respecto resulta infundado, toda vez que para el dictado del auto de vinculación a proceso, conforme a la redacción del artículo 19 Constitucional, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, es decir, el cuerpo del delito, sino sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión. En cuanto a que no se le hizo saber la naturaleza y causa de acusación, ni se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, tampoco el grado de participación en el delito, se reitera lo infundado, porque como se aprecia de la visualización del video que contiene la resolución reclamada, claramente se aprecia que el juez responsable a contrario lo que manifestó la quejosa si se le hizo saber esas circunstancias, debido a que al momento de formular imputación se le hicieron saber, tal como se aprecia a las 12:25 del video de la audiencia reclamada (43:23 de la reproducción de la videograbación), el agente del Ministerio Público señaló los hechos en los términos que formuló la imputación, es decir, los hechos, la forma de intervención que haya tenido en los mismos, así como el nombre de sus acusadores. De igual forma, respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como grado de participación en el delito de la impetrante, el juez responsable señaló que el día veintiocho de marzo de dos mil veintiocho, a las diez horas con diez minutos, aproximadamente, en el interior de la negociación denominada Le Granel, ubicada en el cruce de las calles**********, en esta ciudad, la imputada Evelin Jazmín Ríos Roldan, realizó el robo de la cantidad de seis mil trescientos veinticinco pesos; actividad ilícita que se planeó y se ejecutó en compañía de la diversa imputada **********, aquí quejosa, encargada del citado negocio, quien estaba en inmediaciones de la negociación, esperando a que se fueran los agentes y que Evelin le entregara el dinero robado, con lo cual se acreditó el reparto de funciones de la conducta planeada entre las imputadas; lo anterior así se advierte al minuto 12:09:03 del video de la audiencia reclamada de cuatro de abril de dos mil veintidós, (49:38 de la reproducción de la videograbación), donde se indicó: ".queda demostrada la participación al menos de manera probable hasta este momento de ********** y de ********** en la comisión de los hechos sujetos a estudio, pues dicha persona deparó en su conducta de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, en relación con el artículo 21 fracción III, ambos del Código Penal vigente en el estado, lo que se traduce en que fueron ********** y **********, las personas que queriendo y entendiendo el resultado que con su ilícito proceder se produjese decidieron llevar a cabo los actos encaminados y tendientes a las ejecución de un hecho considerado por la ley penal como delito de robo agravado por el cual la señorita agente del Ministerio Público les ha formulado imputación y en estos momentos solicita su vinculación a proceso, sirviendo para acreditar lo anterior, en primer término el señalamiento directo y eficaz que en contra de éstas realiza la administradora de la negociación **********, propiedad de la **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, al señalar precisamente a E********** como la persona que una vez que fue interrogada aceptó haber dispuesto del dinero producto de las ventas de los días veinticinco, veintiséis, veintisiete y hasta el día veintiocho de marzo del presente año, y la cual con posterioridad les dijo que dicho dinero tenía escondido en el interior del negocio, mostrando que el mismo lo tenía en una cajita y además al haber llevado a cabo el señalamiento en contra de ********** como la persona que efectivamente le estaba prestando una ayuda, en primer lugar de custodia y posteriormente para efecto de poder trasladar el numerario producto del hurto.." De ahí, que contrario a lo expuesto por la quejosa, el juez responsable si le hizo saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como grado de participación en el delito atribuido. Además, cabe destacar que la resolución reclamada no viola los derechos humanos contenidos en el artículo 14 Constitucional, pues de las videograbaciones de las audiencias remitidas por el juez, no se advierte la inobservancia de lo dispuesto en el referido artículo de la Constitución Federal, en cuanto a las formalidades esenciales del procedimiento con afectación a las defensas de la peticionaria del amparo, en tanto, se insiste, una vez que el Agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra, asistida debidamente de su defensor, se le hizo saber los hechos delictivos que se le imputan; se le informó sobre los derechos y prerrogativas consignados en el artículo 20, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se le concedió el derecho a declarar en relación a los hechos imputados, habiéndose abstenido de ello; y, dentro del término de la duplicidad constitucional, le fue dictado auto de vinculación a proceso, por existir la probabilidad de que éste, participó en la comisión de los ilícitos ya indicados; resolución constitutiva del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Por tanto, no se advierte alguna violación en ese sentido, en perjuicio de la impetrante del amparo, de la garantía individual consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, al cumplirse en el caso con las formalidades esenciales del procedimiento, al no advertir esta potestad federal la inobservancia de alguna de ellas, ni la aplicación retroactiva, en perjuicio de aquél o de disposición alguna. Al respecto resultan aplicables las jurisprudencias: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." (Época: Novena Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P./J. 47/95. Página: 133). "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. (Época: Décima Época. Registro: 2005716. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.). Página: 396). Por tanto, se estima correcta la determinación del Juez de Control al vincular a proceso a la imputada Norma Patricia García Iñiguez, aquí quejosa, por el mencionado delito, máxime que resulta claro que para el dictado de un acto de esta naturaleza no se exige la comprobación del cuerpo del delito, pues debe justificarse únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito"; esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio; consecuentemente en el auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, es innecesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal; es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, la autoridad responsable debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Sin que pase inadvertido la figura de presunción de inocencia, pues se evidenció que existen pruebas de cargo aportadas por la Fiscalía, valoradas por la responsable, siendo analizados conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de cargo-al menos para la etapa del acto reclamado- resultan ineficaces los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar el cúmulo probatorio que pesa contra la imputada, aquí quejosa, es decir, no existe una confrontación de las mismas para considerar que existe duda razonable que cuestionen sobre la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que las pruebas de cargo son insuficientes, hasta este momento, para la vinculación de la impetrante. Pues, es sabido que el auto de vinculación a proceso constituye la autorización de iniciar una investigación formalizada y judicializada. Sin que ese acto procesal por sí mismo prive de la libertad a la imputada, sino que su finalidad es la de dar marcha a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial. De ahí que, válidamente se puede concluir que el estándar que debe existir para dictar la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación. Así, el hecho considerado como delito por la ley constituye el que los datos de pruebas invocados por el Agente del Ministerio Público y las partes, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, lesión o resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su caso hace atribuible una pena a su autor; por tanto, para dictar un auto de vinculación a proceso sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, del tal suerte que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, si no la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Además, debe tenerse presente que para la emisión de la vinculación a proceso, por disposición Constitucional, se estudian datos de prueba, lo que impide el estudio complejo de todos los elementos del delito a diferencia de lo que ocurría en el anterior sistema penal con el auto de formal prisión, que se justificaba con pruebas desahogadas las que debían justificar el cuerpo del delito. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia con número de registro 2014800 y de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el licenciado **********, secretario que autoriza y da fe, hoy, quince de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; empero, la que suscribe, Secretaria Encargada del Despacho por licencia de la titular, no está facultada para fallar en definitiva el presente asunto, según lo establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en lo que aquí interesa, dice: "Artículo 44. [. Cuando una jueza o un juez de distrito falten por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario o la secretaria respectiva practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, dando aviso de ello al Consejo de la Judicatura Federal y remitiendo copia de la resolución dictada. [.] Por tanto, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y se señalan ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, como del mismo se advierte que se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional para este día; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo toda vez que mediante proveído de diecinueve de julio de este año, se requirió al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, a fin de que informara si la coimputada ********** promovió juicio de amparo, reclamando la resolución de vinculación a proceso en la causa penal 2702/2022, de la que derivan los actos aquí reclamados, o en su caso otra resolución que derive del mismo procedimiento penal, así como para que comunicara los amparos promovidos por la misma, sin que hasta la fecha se cuente con esa información. Para dar margen a lo anterior, la audiencia señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga su verificativo. Notifíquese por lista a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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