Norma Leticia Oronoz Ramírez y Otros.
Expediente 497/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Norma Leticia Oronoz Ramírez y Otros.
- Norma Leticia Oronoz Ramírez
- Sucesión de bienes de Josefina Oronoz Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de sobreseimiento dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.Vistos para resolver el juicio de amparo 497/2020-III, promovido por el apoderado legal de la sucesión testamentaria a bienes de ******* y *******.RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en el módulo de presentación de Demandas, de Recursos, de Promociones, de Expediente Electrónico y de Notificaciones, del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el uno de octubre de dos mil veinte, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, el apoderado legal de la sucesión testamentaria a bienes de ******* y *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos.SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.1, 25.1 y 25.2, de la Convención Americana de los Derechos Humanos.TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo bajo el consecutivo 497/2020-III y, al advertirse ciertas irregularidades en la misma, se previno al quejoso; asimismo, mediante proveído de ocho de octubre de ese mismo año, al no dar cabal cumplimiento a la prevención realizada, se requirió nuevamente a la parte quejosa; de igual forma, al haber dado la parte quejosa cumplimiento a la prevención formulada, por acuerdo de quince del multicitado mes y año, se admitió a trámite la demanda que dio origen al presente juicio; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se emplazó al tercero interesado, y; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que, previo diversos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión atribuida a una autoridad judicial y la demanda de amparo se presentó ante esta sede jurisdiccional.SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado a la autoridad responsable.Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que la quejosa reclama al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, la omisión de remitir el expediente *******, de su índice, a la alzada a efecto de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve.Por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, se desprende que ésta negó el acto reclamado argumentando que, mediante oficio 791/2020, recibido el veintiocho de octubre de dos mil veinte, por la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se remitió la apelación correspondiente; sin embargo, se tiene que, la demanda que dio origen al presente juicio, fue presentada el uno de octubre de dos mil veinte, así como que, según acuse que obra en las constancias remitidas por la responsable al rendir su informe justificado, la remisión de la apelación del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, que es precisamente el acto aquí reclamado, se realizó hasta el veintiocho de octubre de dos mil veinte, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo. Atento a lo antes expuesto, se tiene por cierto el acto reclamado a la referida autoridad. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, la omisión de remitir el expediente *******, de su índice, a la alzada a efecto de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, del oficio *******, que en copia certificada remitió el Juez responsable, se advierte que, según sello de recibido de la OFICIALÍA DE TURNOS SEGUNDA INSTANCIA DISTRITO BRAVOS, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, fueron remitidos los autos originales, en dos tomos, del expediente *******, al Tribunal de alzada a efecto de que se diera trámite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Documento el anterior, al que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si la responsable mediante oficio *******, recibido en la Oficialía de Turnos Segunda Instancia del Distrito Judicial Bravos, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, según sello que obra en dicha documental, remitió los autos originales, en dos tomos, del expediente *******, al Tribunal de alzada, a efecto de que se diera trámite al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la quejosa en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concede la protección constitucional tiene por efecto precisamente el obligar al Juez responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, remitir los autos originales del expediente *******, al Tribunal de alzada a efecto de que se le diera trámite al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación de la propia responsable. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción XXI, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el apoderado legal de la sucesión testamentaria a bienes de ******* y *******, en relación con el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, por los motivos expuesto en el diverso cuarto.Notifíquese; haciéndolo vía correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre únicamente como antecedente el oficio de cuenta, signado por el Responsable del Departamento de Atención a Clientes Zona Comercial Juárez, residente en esta ciudad, toda vez que, mediante proveído de once de febrero del presente año, se acordó respecto a la información contenida en el mismo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que el veintidós de febrero del presente año, se emplazó a juicio a *******. Ahora, de la certificación que antecede se desprende que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible su celebración, en virtud de que, entre el emplazamiento efectuado al tercero interesado ******* y esta fecha, no se cumple la temporalidad a que alude el 117, segundo párrafo, de la ley de amparo; por tanto, se difiere la citada audiencia y se fijan las diez horas con veinte minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para su desahogo, con la finalidad de que el referido tercero interesado se imponga del contenido de los presentes autos y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estime pertinentes. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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