Norma Isabel Taday Puglla
Expediente 467/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Norma Isabel Taday Puglla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano y se sobreseyó. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Por último, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, es necesario acotar, que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que suscribe la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de noviembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 467/2022-I. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en este juzgado la demanda promovida por *******, en representación de *******, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, la cual fue turnada a este juzgado el mismo día. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22 y 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintisiete de mayo del año en curso, se recibió la demanda de amparo; proveyéndose respecto a la suspensión de plano solicitada por el promovente, y una vez ratificada la demanda por la directamente agraviada *******, el treinta y uno de mayo del año que transcurre, se admitió a trámite la demanda, registrándose con el número 467/2022-I, del índice de este Juzgado de Distrito; asimismo, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Interposición del Recurso de Queja. Mediante escrito presentado el tres de junio del año en curso, en la Oficialía de Partes Común de este juzgado, el licenciado *******, interpuso recurso de queja con contra del auto emitido el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por lo que, se ordenó la remisión del juicio al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, en turno. Del recurso en cuestión tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, órgano pluripersonal que en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil veintidós, en los autos de la queja administrativa 102/2022, resolvió lo siguiente: [.] ÚNICO. Se DESECHA el recurso de queja a que este toca se refiere. [.] Cuarto. Audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atentación a que los actos reclamados se ejecutaron por autoridades administrativas con residencia en esta ciudad, en donde este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados; por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y como actos reclamados los siguientes: III. - Autoridades responsables.- 1.- Tiene el carácter de autoridad ordenadora; A. Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. 2.- Son autoridades ejecutoras: A. Subdirector de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. B. Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. IV. NORMAS GENERAL Y ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN Se reclama de la autoridad ordenadora: 1.- La orden de deportación y/o retorno asistido o retorno voluntario a su país de origen 2.- La detención y/o prolongación del alojamiento temporal de la directamente agraviada. 3.- La detención y aseguramiento de la agraviada. 4.- Todas las consecuencias de hecho y derecho Se reclama de la autoridad ejecutora: 5.- La incomunicación ilegal, sin permitir visitas de sus familiares. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. En sus informes respecto a la suspensión de plano e informes justificados, la Subdirectora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua y Titular de la Oficina de representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, así como del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, y Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua Encargado de la Estancia Provisional Juárez, todos con sede en esta ciudad, manifestaron que no son ciertos los actos que se le reclaman, consistentes en la deportación y/o expulsión de la quejosa a su país de origen o el traslado a diversa estación migratoria dentro o fuera del estado de Chihuahua, la incomunicación y la privación de la libertad; sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Atento a lo anterior, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto al retorno asistido o retorno voluntario que también reclamó la parte quejosa para encubrir la deportación, cabe resaltar que el doce de mayo de dos mil veintidós, se recibió puesta a disposición de la hoy quejosa *******, por no haber acreditado su regular estancia en el país, por lo cual, la autoridad responsable procedió a instaurar el Procedimiento Administrativo Migratorio, registrado con número *******, a efecto de resolver su situación migratoria, notificada a la quejosa ese mismo día. En esa misma fecha, se tomó la comparecencia de la quejosa, quien solicitó acogerse al beneficio de retorno asistido a su país de origen. Luego, mediante resolución del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se determinó la situación migratoria de la quejosa, en la cual, determinó lo siguiente: Por lo que hace a *******. PRIMERO.- Sujétese a la persona extranjera *******, de nacionalidad *******, al RETORNO ASISTIDO a su País de origen, en términos del artículo 118 y toda vez que se encuentra vigente al Memorándum de entendimiento para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de nacionales centroamericanos de EL Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y su respectivo Manual, mismo que no se contraviene la Ley de Migración, concédasele el beneficio de la repatriación voluntaria, por así haberlo solicitado de manera voluntaria para que sea retornado (a) as u país de origen. Asimismo, con motivo de dicha resolución, el veintisiete de mayo del año que transcurre, la quejosa salió de la estación migratoria en la que se encontraba interna y fue trasladada a la Estación Migratoria en Iztapalapa, Ciudad de México, a fin de que personal de dicha estación ejecutara la resolución de mérito. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, que estampó su firma y el sello oficial originales, en la leyenda correspondiente. De las cuales se advierte claramente que si bien es cierto que se instauró procedimiento administrativo en materia de migración, en relación con la aquí quejosa, no es cierto el acto consistente en el retorno asistido o voluntario para encubrir la deportación, pues lo cierto es que el retorno asistió o voluntario es una figura distinta a la deportación. En cuanto al acto relativo a la detención y privación ilegal de la libertad, debe decirse, que pese a que en autos obra la constancia levantada por la Actuaria adscrita al Juzgado Sexto de distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de veintiocho de mayo de dos mil veintidós, donde hizo constar que la quejosa se encontraba en la estación migratoria de la ciudad de México, lo cierto es que no se trató de una privación de la libertad fuera de procedimiento, sino que tal detención, se prolongó con motivo del inicio del procedimiento administrativo migratorio para resolver respecto a su retorno asistido o voluntario, sin que en el presente asunto pueda examinarse tal acto, toda vez que la parte quejosa no impugnó la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós en la que se resolvió de manera definitiva su retorno voluntario a su país de origen. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto, en relación con las autoridades responsables y actos reclamados a que se refiere este considerando. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por *******, a nombre y en representación de *******, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando tercero por los motivos expresados en el mismo. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy siete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexos de cuenta, enviados por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento de este Juzgado, el contenido de la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja administrativa 102/2022, interpuesto por ***, en representación de ***, en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, emitida en el presente asunto, en el cual desechó dicho medio de impugnación. De la circunstancia anterior queda enterado este juzgado federal para los efectos legales conducentes, remítase el acuse correspondiente. Notifíquese.
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