Norma Gloria Fernandez Zarate

Expediente 1096/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1096/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Norma Gloria Fernandez Zarate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    SE EJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de trece de los presentes, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la autoridad judicial responsable para cumplir con la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado, pues sería infructuoso, para la parte quejosa, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución. Ahora, en la sentencia emitida en audiencia constitucional de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa *, para el efecto de que la juez responsable *, adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, desplegara las siguientes actuaciones: ". 1. Cite a una nueva audiencia a las partes, con las formalidades legales conducentes, incluida a la quejosa y su asesor jurídico, que deberá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a que quede firme este fallo protector. 2. En esa audiencia, una vez individualizadas las partes, deberá solicitar que el asesor jurídico de la quejosa indique su número de cédula profesional, y corroborar con el asistente de sala que dicha cédula se encuentra inscrita en el respectivo registro de la Secretaría de Educación Pública; lo que hará constar en esa audiencia. 3. Enseguida, sin abrir nuevamente el debate de las partes, deberá dejar insubsistente la resolución aquí reclamada, pronunciada de manera oral en la audiencia celebrada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente concerniente al control judicial previo *, en la que confirmó la determinación del agente del ministerio público, relativa al no ejercicio de la acción penal decretada en la carpeta de investigación * y también hará lo siguiente: 3.1. Deberá establecer, enseguida, con base en lo considerado en este fallo, que los actos de investigación que se desprenden de la audiencia, en donde se dictó el acto reclamado, resultan insuficientes para considerar que se hizo una investigación razonablemente adecuada sobre tales hechos, pues la autoridad ministerial no cumplió de manera razonable y suficientemente adecuado con lo establecido en el artículo 21 de la constitución federal, en relación con los diversos numerales 127, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque acorde con esos preceptos jurídicos compete al ministerio público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión; pues debe asegurarse de realizar una investigación que debe ser objetiva conducida con diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. 3.2. Además, deberá emitir un nuevo fallo en donde deje insubsistente la determinación del no ejercicio de la acción penal que fue impugnada y conceda con libertad de jurisdicción a la representación social un plazo específico y perentorio que resulte razonablemente prudente para integrar debidamente la investigación de origen, sobre el hecho denunciado por la aquí quejosa, y le precisará que en ese plazo deberá, al menos, efectuar lo siguiente: 3.2.1. Recabar una ampliación del relato expuesto en la entrevista o escrito de la víctima, en donde se formuló la denuncia respectiva. 3.2.2. Recabar las entrevistas de las personas que (en su caso) hayan presenciado como testigos los hechos materia de la denuncia o, en su caso, acreditar en autos de la carpeta la imposibilidad jurídica y material de recibir esas entrevistas, una vez que se hayan intentado, por los conductos legales a su alcance, citarlos (si fuera el supuesto) para ello. 3.2.3. Recabar la entrevista de la persona probable responsable de los hechos denunciados o, en su caso, acreditar en autos de la carpeta la imposibilidad jurídica y material de recibir esa entrevista, una vez que se haya intentado, por los conductos legales a su alcance, citarla para ello. 3.2.4. Girar oficio a las autoridades policiacas (policías ministeriales) para investigar a profundidad los hechos materia de la denuncia a efecto de que recaben la información o indicios que permitan el esclarecimiento de los hechos. 3.2.5. Requerir y prevenir a la directa quejosa y su asesor jurídico para que aporten todos los elementos de investigación que tuvieran a su alcance y ofrezcan o propongan (en su caso) actos concretos de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados. 3.2.6. Ordene efectuar todos los actos de investigación que la representación social conforme a sus facultades jurídicas estime (en su caso) conducentes y necesarios para esclarecer los actos denunciados. ." En vista de lo anterior, en proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, se declaró que la citada sentencia había alcanzado el rango de ejecutoria al no haber sido recurrida por las partes dentro del plazo establecido por la ley de la materia para tal efecto; en consecuencia, se requirió a la autoridad judicial responsable el cumplimiento del fallo dictado. No obstante lo anterior, Jorge Torres Aguilar, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, inconforme con el fallo dictado, interpuso recurso de revisión; el cual se radicó en el expediente 39/2023 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en auto de presidencia del veinticinco de enero del año en curso, lo desechó por extemporáneo. Luego, a través del oficio de dos de los actuales, el secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, informó que causó estado el auto por el cual se desechó el recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, a través del acuerdo del siete siguiente, se tuvo por recibido ese oficio y se requirió a la jueza responsable para que, en el plazo de tres días, continuara con las diligencias tendentes a dar cumplimiento al fallo dictado en este juicio. Luego, el diez de febrero de dos mil veintitrés, se recibió en este juzgado el oficio 4512/2023/JC del nueve del mismo mes y año, al cual la autoridad judicial responsable anexó un disco en formato DVD que contiene el audio y video de la resolución dictada en la audiencia celebrada en esa misma data, en cumplimiento al fallo aquí dictado. De dicha resolución se observa que la autoridad judicial responsable dio cumplimiento a la ejecutoria aquí dictada en los siguientes términos: Como se ve, ningún defecto o exceso puede considerarse en la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, pues la autoridad judicial responsable cumplió con los efectos de protección de la sentencia. Lo anterior, es así, porque de inicio convocó a la víctima, a su asesora jurídica y a la Fiscalía, a una nueva audiencia (la del nueve de febrero del actual). Luego, llegada la data señalada para esa nueva audiencia, en la celebración de esta, después de individualizar a las partes, la juez responsable procedió a dejar insubsistente la resolución emitida en la diversa celebrada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente concerniente al control judicial previo *. Finalmente, siguiendo los argumentos y lineamientos citados en el fallo de la sentencia amparadora, declaró insubsistente la determinación del no ejercicio de la acción penal que fue impugnada y, con libertad de jurisdicción, concedió a la representación social un plazo de treinta días para que, por lo menos, realizara las diligencias referidas en la ejecutoria, y con base en ellas y el resto de los datos de prueba que obran en la Carpeta de Investigación, volvería a emitir una determinación respecto de los hechos con apariencia del delito de tortura cometido en perjuicio de la quejosa. Bajo este contexto, es válido afirmar que lo realizado por la juez responsable, se ajusta a los efectos de la protección otorgada a la parte quejosa y cumple con el núcleo esencial de la sentencia, a saber: que la representación social realice una investigación que debe ser objetiva y conducida con diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de la quejosa y el debido proceso. Además, las partes no presentaron escritos en los cuales hubieran cuestionado los actos de cumplimiento realizados por la autoridad obligada. Por lo tanto, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria emitida por este órgano judicial sin excesos ni defectos. Recurso de inconformidad Con el único fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que, si la presente determinación es contraria a sus intereses, es su derecho recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Recurso respecto del cual tendrán un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para interponerlo Vista a la fiscal federal adscrita. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Datos estadísticos. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: a) En sentencia dictada en audiencia constitucional del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo a la quejosa. b) El trece de enero de dos mil veintitrés, Jorge Torres Aguilar, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, interpuso recurso de revisión (registro 00493). c) Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, desechó el citado recurso de revisión *, por extemporáneo (registro 01102). d) Dicho proveído quedó firme a través del diverso de dos de febrero de dos mil veintitrés, el cual fue notificado a este órgano judicial el tres siguiente (registro 01401). e) Por acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable para que continuara con el cumplimiento de la ejecutoria dictada. f) El nueve de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad judicial responsable dio total cumplimiento al fallo dictado. g) El diez de febrero de dos mil veintitrés, se recibieron en este órgano judicial las constancias que acreditan el total cumplimiento dado a la sentencia dictada (registro 01619). h) En auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria dictada. i) El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, fue realizada la última notificación a las partes (quejosa) respecto del auto por el que se dio vista con el cumplimiento. j) En la presente fecha -veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Se califica cumplimiento de sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de trece de los presentes, para manifestarse respecto de los actos efectuados por la autoridad judicial responsable para cumplir con la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado, pues sería infructuoso, para la parte quejosa, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución. Ahora, en la sentencia emitida en audiencia constitucional de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa *, para el efecto de que la juez responsable *, adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, desplegara las siguientes actuaciones: ". 1. Cite a una nueva audiencia a las partes, con las formalidades legales conducentes, incluida a la quejosa y su asesor jurídico, que deberá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a que quede firme este fallo protector. 2. En esa audiencia, una vez individualizadas las partes, deberá solicitar que el asesor jurídico de la quejosa indique su número de cédula profesional, y corroborar con el asistente de sala que dicha cédula se encuentra inscrita en el respectivo registro de la Secretaría de Educación Pública; lo que hará constar en esa audiencia. 3. Enseguida, sin abrir nuevamente el debate de las partes, deberá dejar insubsistente la resolución aquí reclamada, pronunciada de manera oral en la audiencia celebrada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente concerniente al control judicial previo *, en la que confirmó la determinación del agente del ministerio público, relativa al no ejercicio de la acción penal decretada en la carpeta de investigación * y también hará lo siguiente: 3.1. Deberá establecer, enseguida, con base en lo considerado en este fallo, que los actos de investigación que se desprenden de la audiencia, en donde se dictó el acto reclamado, resultan insuficientes para considerar que se hizo una investigación razonablemente adecuada sobre tales hechos, pues la autoridad ministerial no cumplió de manera razonable y suficientemente adecuado con lo establecido en el artículo 21 de la constitución federal, en relación con los diversos numerales 127, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque acorde con esos preceptos jurídicos compete al ministerio público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión; pues debe asegurarse de realizar una investigación que debe ser objetiva conducida con diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. 3.2. Además, deberá emitir un nuevo fallo en donde deje insubsistente la determinación del no ejercicio de la acción penal que fue impugnada y conceda con libertad de jurisdicción a la representación social un plazo específico y perentorio que resulte razonablemente prudente para integrar debidamente la investigación de origen, sobre el hecho denunciado por la aquí quejosa, y le precisará que en ese plazo deberá, al menos, efectuar lo siguiente: 3.2.1. Recabar una ampliación del relato expuesto en la entrevista o escrito de la víctima, en donde se formuló la denuncia respectiva. 3.2.2. Recabar las entrevistas de las personas que (en su caso) hayan presenciado como testigos los hechos materia de la denuncia o, en su caso, acreditar en autos de la carpeta la imposibilidad jurídica y material de recibir esas entrevistas, una vez que se hayan intentado, por los conductos legales a su alcance, citarlos (si fuera el supuesto) para ello. 3.2.3. Recabar la entrevista de la persona probable responsable de los hechos denunciados o, en su caso, acreditar en autos de la carpeta la imposibilidad jurídica y material de recibir esa entrevista, una vez que se haya intentado, por los conductos legales a su alcance, citarla para ello. 3.2.4. Girar oficio a las autoridades policiacas (policías ministeriales) para investigar a profundidad los hechos materia de la denuncia a efecto de que recaben la información o indicios que permitan el esclarecimiento de los hechos. 3.2.5. Requerir y prevenir a la directa quejosa y su asesor jurídico para que aporten todos los elementos de investigación que tuvieran a su alcance y ofrezcan o propongan (en su caso) actos concretos de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados. 3.2.6. Ordene efectuar todos los actos de investigación que la representación social conforme a sus facultades jurídicas estime (en su caso) conducentes y necesarios para esclarecer los actos denunciados. ." En vista de lo anterior, en proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, se declaró que la citada sentencia había alcanzado el rango de ejecutoria al no haber sido recurrida por las partes dentro del plazo establecido por la ley de la materia para tal efecto; en consecuencia, se requirió a la autoridad judicial responsable el cumplimiento del fallo dictado. No obstante lo anterior, Jorge Torres Aguilar, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, inconforme con el fallo dictado, interpuso recurso de revisión; el cual se radicó en el expediente 39/2023 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en auto de presidencia del veinticinco de enero del año en curso, lo desechó por extemporáneo. Luego, a través del oficio de dos de los actuales, el secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, informó que causó estado el auto por el cual se desechó el recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, a través del acuerdo del siete siguiente, se tuvo por recibido ese oficio y se requirió a la jueza responsable para que, en el plazo de tres días, continuara con las diligencias tendentes a dar cumplimiento al fallo dictado en este juicio. Luego, el diez de febrero de dos mil veintitrés, se recibió en este juzgado el oficio 4512/2023/JC del nueve del mismo mes y año, al cual la autoridad judicial responsable anexó un disco en formato DVD que contiene el audio y video de la resolución dictada en la audiencia celebrada en esa misma data, en cumplimiento al fallo aquí dictado. De dicha resolución se observa que la autoridad judicial responsable dio cumplimiento a la ejecutoria aquí dictada en los siguientes términos: Como se ve, ningún defecto o exceso puede considerarse en la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, pues la autoridad judicial responsable cumplió con los efectos de protección de la sentencia. Lo anterior, es así, porque de inicio convocó a la víctima, a su asesora jurídica y a la Fiscalía, a una nueva audiencia (la del nueve de febrero del actual). Luego, llegada la data señalada para esa nueva audiencia, en la celebración de esta, después de individualizar a las partes, la juez responsable procedió a dejar insubsistente la resolución emitida en la diversa celebrada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente concerniente al control judicial previo *. Finalmente, siguiendo los argumentos y lineamientos citados en el fallo de la sentencia amparadora, declaró insubsistente la determinación del no ejercicio de la acción penal que fue impugnada y, con libertad de jurisdicción, concedió a la representación social un plazo de treinta días para que, por lo menos, realizara las diligencias referidas en la ejecutoria, y con base en ellas y el resto de los datos de prueba que obran en la Carpeta de Investigación, volvería a emitir una determinación respecto de los hechos con apariencia del delito de tortura cometido en perjuicio de la quejosa. Bajo este contexto, es válido afirmar que lo realizado por la juez responsable, se ajusta a los efectos de la protección otorgada a la parte quejosa y cumple con el núcleo esencial de la sentencia, a saber: que la representación social realice una investigación que debe ser objetiva y conducida con diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de la quejosa y el debido proceso. Además, las partes no presentaron escritos en los cuales hubieran cuestionado los actos de cumplimiento realizados por la autoridad obligada. Por lo tanto, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria emitida por este órgano judicial sin excesos ni defectos. Recurso de inconformidad Con el único fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que, si la presente determinación es contraria a sus intereses, es su derecho recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Recurso respecto del cual tendrán un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para interponerlo Vista a la fiscal federal adscrita. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Datos estadísticos. Con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan los datos siguientes: a) En sentencia dictada en audiencia constitucional del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo a la quejosa. b) El trece de enero de dos mil veintitrés, Jorge Torres Aguilar, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, interpuso recurso de revisión (registro 00493). c) Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, desechó el citado recurso de revisión *, por extemporáneo (registro 01102). d) Dicho proveído quedó firme a través del diverso de dos de febrero de dos mil veintitrés, el cual fue notificado a este órgano judicial el tres siguiente (registro 01401). e) Por acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable para que continuara con el cumplimiento de la ejecutoria dictada. f) El nueve de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad judicial responsable dio total cumplimiento al fallo dictado. g) El diez de febrero de dos mil veintitrés, se recibieron en este órgano judicial las constancias que acreditan el total cumplimiento dado a la sentencia dictada (registro 01619). h) En auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria dictada. i) El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, fue realizada la última notificación a las partes (quejosa) respecto del auto por el que se dio vista con el cumplimiento. j) En la presente fecha -veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés- se declaró cumplida la ejecutoria de amparo

  3. Principal

    Puebla, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Se recibe informe de cumplimiento de la sentencia. Se agrega al expediente el oficio de cuenta (con su anexo), signado por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en esta ciudad de Puebla. A través de este atiende el requerimiento formulado en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, pues remite un disco compacto versátil digital que contiene la audiencia celebrada el nueve siguiente, dentro de la carpeta judicial *; con lo cual, a su consideración, ha cumplido en su totalidad el fallo de protección constitucional emitido en el presente juicio de amparo. De lo que esta autoridad toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Vista a las partes con el cumplimiento de la sentencia. Toda vez que la autoridad responsable aduce haber cumplido el fallo de protección emitido en el presente juicio, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con dicha resolución (dictada en la citada audiencia). Lo anterior, para que en el plazo de tres días se impongan de su contenido y, de ser el caso, manifiesten lo que a su interés convenga, respecto del cumplimiento pronunciado por la autoridad responsable. Se les hace saber: de no manifestarse dentro del plazo señalado, con desahogo de la vista o sin ella, se procederá a acordar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente.

  4. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Puebla, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Se recibe informe de cumplimiento de la sentencia. Se agrega al expediente el oficio de cuenta (con su anexo), signado por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en esta ciudad de Puebla. A través de este atiende el requerimiento formulado en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, pues remite un disco compacto versátil digital que contiene la audiencia celebrada el nueve siguiente, dentro de la carpeta judicial *; con lo cual, a su consideración, ha cumplido en su totalidad el fallo de protección constitucional emitido en el presente juicio de amparo. De lo que esta autoridad toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Vista a las partes con el cumplimiento de la sentencia. Toda vez que la autoridad responsable aduce haber cumplido el fallo de protección emitido en el presente juicio, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con dicha resolución (dictada en la citada audiencia). Lo anterior, para que en el plazo de tres días se impongan de su contenido y, de ser el caso, manifiesten lo que a su interés convenga, respecto del cumplimiento pronunciado por la autoridad responsable. Se les hace saber: de no manifestarse dentro del plazo señalado, con desahogo de la vista o sin ella, se procederá a acordar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente

Quedan 28 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano