Norberto Serrano Cortez
Expediente 448/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Norberto Serrano Cortez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 448/2022-VIII. Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos del juicio no interpusieron recurso de queja contra el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el cual se desechó su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el proveído que tuvo desechada la demanda. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a la promovente inicial por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se desechó en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 448/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1, presentada por los quejosos Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso se observa que la demanda de protección recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo de los quejosos contra las autoridades responsables, comprende los actos siguientes: ".orden de presentación dictada en nuestra contra."; y la consecuente ejecución. Sólo que las únicas autoridades responsables, son Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Director de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos de Género y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del distrito Judicial de Cholula Puebla. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación atribuida a un fiscal, un director y un agente de institución ministerial, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación instruida por autoridades ministeriales, no implica la restricción de la libertad para los quejosos aun cuando vaya dirigida a estos, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso, se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por los quejosos, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo.4 Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal de los quejosos, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente, en : "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]". , también se invoca por analogía la tesis : "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ". Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de los quejosos porque los actos que reclaman conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables -orden de presentación con fines de investigación-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que designaron para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, con fundamento en el numeral 24 de la Ley de Amparo, queda autorizado en término restringidos la persona nombrada por aquellos en el primer acápite de la demanda, porque no les otorgó facultades amplias. Comunicación con el quejoso. La demanda refleja que el quejoso proporcionó una dirección de correo electrónico y un número telefónico; sin embargo, esos medios no están previstos en la Ley de Amparo, para realizar notificaciones personales. Pese a lo anterior, podrá considerarse la dirección de correo electrónico y el número telefónico como medio de contacto con los quejosos, para futuras notificaciones personales cuando las circunstancias así lo requieran. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. De modo que las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; en forma personal a los quejosos (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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