Nurivan Elisandro Pérez Hoyos

Expediente 1191/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1191/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Nurivan Elisandro Pérez Hoyos

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO1191/2021. Puebla, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa, no se inconformó contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. La notificación a la parte quejosa del referido auto, se realizó vía electrónica el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por lo cual surtió efectos en esta misma data, de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió del uno al siete del presente mes y año, sin contar los días inhábiles. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de 1 Referido en lo sucesivo únicamente como: Acuerdo General del Pleno del Consejo del Judicatura Federal. los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Caratula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1191/2021. Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por los quejosos Nurivan * por derecho propio, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Judicial Norte, en el Estado de Puebla. . Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por los quejosos debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo del acto consistente en: el auto de veinte de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral * En ese proveído, el Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Judicial Norte, en el Estado de Puebla, designó al defensor público para que defienda los intereses de los quejosos en el mencionado juicio. Ahora, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por los quejosos, se advierte que dicha determinación fue tomada por el Tribunal de Enjuiciamiento, como consecuencia directa de la inasistencia de los abogados encargados de la defensa de aquellos. Dicha situación (la inasistencia de la defensa de los quejosos), ocasionó que el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento señalara al defensor público, para que los asista durante el procedimiento. De modo que a la fecha todavía no existen circunstancias para visualizar un acto de imposible reparación, puesto que los quejosos están en aptitud de presentar un escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento, en donde señalen a los profesionistas que deseen nombrar para la continuación de su defensa. Lo anterior, porque lejos de afectar el derecho de defensa, la autoridad responsable, al notar la inasistencia de los abogados de los quejosos sin causa justificada, procedió a su reemplazo con la mayor prontitud posible nombrando al defensor público que se les asignó. Situación que se encuentra prevista en el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice:"Artículo 57. Ausencia de las partes.[.]Si el Defensor no comparece a la audiencia, o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el Defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de inmediato otro Defensor.[.] "Incluso, la defensa adecuada, tampoco se ve vulnerada hasta el momento, porque no se ha evidenciado que el defensor público asignado no tenga la capacidad para realizar la defensa técnica de los quejosos y representar sus intereses durante el juicio. Se afirma lo anterior, puesto que de las manifestaciones realizadas por los quejosos, en su demanda de amparo, aún no se desahogan los alegatos de apertura a juicio. Por ende, la actuación del defensor público, podría favorecer los intereses de los mencionados. Pese a lo anterior, como se estableció, los quejosos aún pueden nombrar a los profesionistas que deseen para que asuman su representación y defensa durante el juicio, presentando un escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento o solicitándolo por si o a través de su defensor público, incluso durante el transcurso de una audiencia. Bajo este contexto, es válido afirmar que a la presente fecha no puede estimarse un acto de imposible reparación, el auto de veinte de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral * En efecto, el panorama que se obtuvo de los antecedentes relatados en la demanda, permitió visualizar que el Tribunal de Enjuiciamiento al percatarse de la inasistencia de los abogados encargados de la defensa de los quejosos señaló al defensor público, para que los asista durante el procedimiento. De ahí que no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar que dicha situación vulnere de forma irreparable el derecho de una adecuada defensa de los quejosos. En consecuencia, debe concluirse que el acto reclamado en su demanda encuentra a la presente fecha, una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, ésta interpretada en sentido contrario. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversas V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por los quejosos ***, dado que el reclamo plantado en su demanda no tiene de momento los atributos de imposible reparación. Domicilio procesal, autorizados y consulta del expediente electrónico. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el nombre de usuario electrónico que proporcionaron: *** Asimismo, se instruye al secretario encargado del presente juicio que habilite la consulta del expediente electrónico. Sobre todo porque los quejosos pidieron el acceso al expediente electrónico así como las notificaciones electrónicas con ese nombre de usuario, y este fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que se tenga como domicilio procesal el correo electrónico mencionado por los quejosos pues la Ley de Amparo no contempla dicho medio para tal efecto. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres José Alfredo Arroyo Razo y Guillermo Martínez Sosa, porque aquéllos decidieron otorgarles facultades amplias y fueron encontradas las cédulas de los nombrados, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; de manera personal en forma electrónica a los quejosos; y cúmplase.

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