NORHELY CASTRO RAMÍREZ y Otros.

Expediente 100/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
100/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • NORHELY CASTRO RAMÍREZ y Otros.
  • Norhely Castro Ramírez
  • P. H. C.

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 100/2023-IX... Puebla, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA.JUICIO DE AMPARO 100/2023-I Puebla, Puebla, treinta de enero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++, por propio derecho y en representación de su menor hija con iniciales ++++++++++ contra actos de +++++++++++++, Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla y otra autoridad. Asimismo, para acreditar la personalidad con la que se ostenta exhibe el extracto y acta de nacimiento de su menor hija con iniciales ++++++++++++ así como copia simple de su credencial para votar. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 3 . En el caso, la quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: ".Se reclama de la Abogada ARELY MORENO RECHY Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación continua del artículo 17 de la Constitución General de la República, a través de la omisión y/o negativa consiente en resolver la investigación a más de dos años de su inicio. b. Se reclama la Abogada ++++++++++++++ Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación al debido proceso, a través de actos de omisión y/o negativa consistente en un no ejercitar la acción penal siguiendo los extremos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c. Se reclama de la Abogada ARELY MORENO RECHY Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación al artículo 21 de la Carta Magna, a través de un acto de inobservancia y/o negativa a cumplir con la obligación que le impone dicho numeral de perseguir e investigar los delitos mediante el impulso del ejercicio de la acción penal. d. Se reclama de la Abogada +++++++++++++ Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación flagrante y continua del artículo 17 de la Constitución General de la República, a través de un acto de omisión y/o negativa consistentes en no judicializar la carpeta de investigación mediante la solicitud de orden aprehensión o bien solicitar la audiencia inicial para la formulación de imputación en contra del acusado ++++++++++++++++, toda vez que dentro de la carpeta de investigación obran datos de prueba suficientes para proceder a la siguiente etapa procesal. e. Se reclama de la Abogada ++++++++++++++++ Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación flagrante y continua de los artículos 14 y 16 Constitucionales, a través de actos de omisión, consistente en no observar las reglas del debido proceso que trastocan el mismo y violan derechos humanos fundamentales. f. Se reclama de la Abogada ++++++++++++++++Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación al artículo 20 apartado C) Constitucional, a través de actos de omisión, consistente en no respetar los derechos que consagra dicho numeral a favor de las víctimas, en especial el derecho a la verdad, así como a la reparación integral del daño. g. Se reclama de la Abogada ARELY MORENO RECHY Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación al artículo 20 apartado C) Constitucional, a través de actos de omisión, consistente en no respetar los derechos que consagra dicho numeral en favor de las víctimas, en especial al derecho la protección de la identidad de la víctima menor de edad. ++++. Se reclama del FISCAL GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, la violación al artículo 20 apartado C) Constitucional, a través de actos de omisión consistente en permitir retrasos indefinidos en las carpetas de investigación, al no dar debido seguimiento y prosecución de las denuncias penales.". [Énfasis añadido] La transcripción de lo anterior permite detectar que la quejosa reclama diversas omisiones en que (afirma) ha incurrido la agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación ++++++++++++++++++++ y diversa autoridad, durante el desarrollo de la indagatoria para la integración de la misma. Entonces, es claro que las omisiones combatidas en la demanda están relacionadas directamente con la falta de investigación de los hechos que denunció la quejosa y que son materia de la carpeta de investigación, es decir, por una supuesta inactividad de las responsables para desahogar actos tendentes al esclarecimiento de tales hechos aparentemente delictivos. De modo que las omisiones reclamadas por la quejosa, convergen en forma directa a la falta de actividad en la carpeta de investigación, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la aducida falta de actividad de las responsables para desahogar actos que integren la carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio- tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales4 , porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que tiene el rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales deben subsumirse las reclamadas en la demanda de amparo, es decir, la falta de actividad en la carpeta de investigación o la omisión de judicializarla, que a decir de la quejosa impide el esclarecimiento de los hechos denunciados. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las aducidas omisiones de las responsables, e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación, que comprende la supuesta inactividad de las responsables para la investigación de los hechos posiblemente delictivos, cometidos en perjuicio de la menor quejosa. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por ésta, contra las omisiones de las autoridades responsables en el trámite relativo a la carpeta de investigación, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, la quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra las omisiones reclamadas en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de las responsables, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que las omisiones atribuidas a las responsables, que convergen a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación ++++++++++++++++, encuentran una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones de la quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: su hija es la víctima por los hechos con apariencia de delito y ella (la progenitora) fue quien presentó la denuncia que originó la mencionada carpeta, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Autorizados y domicilio procesal Quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Marco Antonio Zeferino Gómez y Gerardo Mendoza Cisneros, porque se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, y porque así lo solicitó la quejosa de forma expresa. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el inmueble señalado ubicado en esta ciudad de Puebla. Usuario para acceso electrónico. Luego, como lo solicita la quejosa, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario "++++++++++++++++" lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la quejosa (en el domicilio procesal señalado para tal efecto); y cúmplase

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 100/2023-I Puebla, Puebla, treinta de enero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++, por propio derecho y en representación de su menor hija con iniciales ++++++++++ contra actos de +++++++++++++, Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla y otra autoridad. Asimismo, para acreditar la personalidad con la que se ostenta exhibe el extracto y acta de nacimiento de su menor hija con iniciales ++++++++++++ así como copia simple de su credencial para votar. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 3 . En el caso, la quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: ".Se reclama de la Abogada ARELY MORENO RECHY Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación continua del artículo 17 de la Constitución General de la República, a través de la omisión y/o negativa consiente en resolver la investigación a más de dos años de su inicio. b. Se reclama la Abogada ++++++++++++++ Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación al debido proceso, a través de actos de omisión y/o negativa consistente en un no ejercitar la acción penal siguiendo los extremos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c. Se reclama de la Abogada ARELY MORENO RECHY Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación al artículo 21 de la Carta Magna, a través de un acto de inobservancia y/o negativa a cumplir con la obligación que le impone dicho numeral de perseguir e investigar los delitos mediante el impulso del ejercicio de la acción penal. d. Se reclama de la Abogada +++++++++++++ Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación flagrante y continua del artículo 17 de la Constitución General de la República, a través de un acto de omisión y/o negativa consistentes en no judicializar la carpeta de investigación mediante la solicitud de orden aprehensión o bien solicitar la audiencia inicial para la formulación de imputación en contra del acusado ++++++++++++++++, toda vez que dentro de la carpeta de investigación obran datos de prueba suficientes para proceder a la siguiente etapa procesal. e. Se reclama de la Abogada ++++++++++++++++ Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación flagrante y continua de los artículos 14 y 16 Constitucionales, a través de actos de omisión, consistente en no observar las reglas del debido proceso que trastocan el mismo y violan derechos humanos fundamentales. f. Se reclama de la Abogada ++++++++++++++++Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación al artículo 20 apartado C) Constitucional, a través de actos de omisión, consistente en no respetar los derechos que consagra dicho numeral a favor de las víctimas, en especial el derecho a la verdad, así como a la reparación integral del daño. g. Se reclama de la Abogada ARELY MORENO RECHY Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la violación al artículo 20 apartado C) Constitucional, a través de actos de omisión, consistente en no respetar los derechos que consagra dicho numeral en favor de las víctimas, en especial al derecho la protección de la identidad de la víctima menor de edad. ++++. Se reclama del FISCAL GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, la violación al artículo 20 apartado C) Constitucional, a través de actos de omisión consistente en permitir retrasos indefinidos en las carpetas de investigación, al no dar debido seguimiento y prosecución de las denuncias penales.". [Énfasis añadido] La transcripción de lo anterior permite detectar que la quejosa reclama diversas omisiones en que (afirma) ha incurrido la agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación ++++++++++++++++++++ y diversa autoridad, durante el desarrollo de la indagatoria para la integración de la misma. Entonces, es claro que las omisiones combatidas en la demanda están relacionadas directamente con la falta de investigación de los hechos que denunció la quejosa y que son materia de la carpeta de investigación, es decir, por una supuesta inactividad de las responsables para desahogar actos tendentes al esclarecimiento de tales hechos aparentemente delictivos. De modo que las omisiones reclamadas por la quejosa, convergen en forma directa a la falta de actividad en la carpeta de investigación, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la aducida falta de actividad de las responsables para desahogar actos que integren la carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio- tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales4 , porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que tiene el rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales deben subsumirse las reclamadas en la demanda de amparo, es decir, la falta de actividad en la carpeta de investigación o la omisión de judicializarla, que a decir de la quejosa impide el esclarecimiento de los hechos denunciados. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las aducidas omisiones de las responsables, e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación, que comprende la supuesta inactividad de las responsables para la investigación de los hechos posiblemente delictivos, cometidos en perjuicio de la menor quejosa. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por ésta, contra las omisiones de las autoridades responsables en el trámite relativo a la carpeta de investigación, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, la quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra las omisiones reclamadas en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de las responsables, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que las omisiones atribuidas a las responsables, que convergen a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación ++++++++++++++++, encuentran una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones de la quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: su hija es la víctima por los hechos con apariencia de delito y ella (la progenitora) fue quien presentó la denuncia que originó la mencionada carpeta, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Autorizados y domicilio procesal Quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Marco Antonio Zeferino Gómez y Gerardo Mendoza Cisneros, porque se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, y porque así lo solicitó la quejosa de forma expresa. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el inmueble señalado ubicado en esta ciudad de Puebla. Usuario para acceso electrónico. Luego, como lo solicita la quejosa, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario "++++++++++++++++" lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la quejosa (en el domicilio procesal señalado para tal efecto); y cúmplase

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano