Nora Marina Alcantar Tello
Expediente 555/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 28 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Nora Marina Alcantar Tello
- Jose Miguel Heredia Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual solicita la devolución del expediente agrario 345/2020; por tanto, toda vez que el presente juicio de amparo ya se encuentra total y definitivamente concluido, como lo solicita la autoridad antes citada, remítase los originales del juicio agrario en cita, en el entendido que dicha autoridad, tendrá que acusar recibo correspondiente
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, en contra del proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés (notificado personalmente el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional se concedió la suspensión; por lo que hace a la definitiva se concedió la suspensión de los actos reclamados, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda del auto y la resolución interlocutoria por las que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el primero de los oficios enviado por el Juez y secretario segundo, ambos adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de "El Fuerte", Sinaloa, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 645/2022 y número de origen D-200/2022, por medio del cual se ordenó emplazar al tercero interesado Víctor Heredia Mendoza; agréguese a los presentes autos solo para que obre como corresponda, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, por desistimiento de la quejosa Nora Marina Alcantar Tello.
- Principal
Vista la diligencia actuarial de trece de enero de dos mil veintitrés, en la cual se advierte que la quejosa Nora Marina Tello Alcantar ratifica su escrito de desistimiento presentado en este juzgado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se tiene al quejoso por desistido de la prosecución del presente juicio y de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que hace al quejoso de referencia, por tal motivo no se llevará a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del tres de febrero de dos mil veintitrés. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 147, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". Orienta el criterio, la Tesis P./J. 3/96, emitida por el Tribunal del Pleno, visible a página 22, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Febrero de 1996, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados."
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