Nohemi Guadalupe Cota Aguilar
Expediente 33/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Nohemi Guadalupe Cota Aguilar
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
En veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución emitida por el cinco de junio de la presente anualidad, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de diecisiete de agosto del actual, en relación con el oficio allegado por la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la parte quejosa el dieciocho de los corrientes; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". El reclamo de la quejosa se relaciona, esencialmente, con la omisión de realizarle el estudio especializado consistente en resonancia magnética de columna cervical, derivados de los diagnósticos de esguince cervical y radiculopatía, así como la negativa de otorgar la atención médica que requiere y el suministro de medicamentos para su tratamiento de salud. Por otro lado, mediante sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el cinco de junio de dos mil veintitrés, se concedió a la quejosa Nohemí Guadalupe Cota Aguilar, la protección constitucional contra el acto reclamado de las autoridades responsables Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 37, Director del Hospital General de Zona Número 49 y Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: ''SÉPTIMO. Efectos del amparo. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, considerando que los efectos del amparo se limitan a proteger los derechos violados de la impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que las autoridades responsables: 1) Otorgar la atención medica que requiere para el tratamiento de su enfermedad el padecimiento de esguince cervical. 2) En caso de ser necesario, en atención a los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal, las autoridades responsables o la vinculada al cumplimiento del presente fallo constitucional, deberán canalizar a la quejosa a la dependencia pública o institución de seguridad social que garantice la continuación y el debido tratamiento a la o las enfermedades que padece la impetrante y, en su caso, al haber tenido y formado los antecedentes clínicos, éstos deberán ser remitidos a la nueva dependencia y deberán otorgar la asistencia médica; esto es, la atención medica se le deberá otorgar en todo momento por las responsables, hasta que sea afiliada a la nueva institución de salud, quien será la que continúe otorgando dicho servicio''. Por su parte, mediante oficio presentado el treinta de enero de la presente anualidad, el Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, informó que a la quejosa ya se le atendió en traumatología y ortopedia, otorgándosele un plan médico por seis meses; asimismo, debido a su padecimiento se le ha estado valorando por el departamento de nutrición y dietética, y le fueron brindados los medicamentos de celecoxib, paracetamol con tramadol y gabapentina. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo sustancialmente para el efecto de que las autoridades responsables, en esencia, le otorgaran la atención medica que requiere para el tratamiento de su enfermedad el padecimiento de esguince cervical, lo cual ya acontece; por ende es claro que el núcleo de la ejecutoria de amparo ya se cumplió y se ha restituido la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, declarándose, por tanto, cumplida esa ejecutoria, máxime que se acreditó por las autoridades que suministra el medicamento con el que vinculó el quejoso su reclamo. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: ''INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓNDE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.''. Asimismo, sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Registro digital: 180337, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ''INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo.''.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el Director del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, suscritos por el Director General de la Unidad de Medicina Familiar número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites realizados para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En consecuencia, téngase a la autoridad en cita informando las gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de este negocio; en el sentido de que los efectos de atención médica señalados corresponden a segundo nivel, siendo la clínica oficiante de primer nivel, por tanto, refiere que la atención con el especialista corresponde a la diversa autoridad Hospital General de Zona número 49; dejando abierta la atención a citas de urgencia en caso de que la quejosa lo requiera.
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