Nohemi Carrasco Escalante

Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
50/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Nohemi Carrasco Escalante

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dos de febrero de dos mil veintiuno (notificado el nueve siguiente), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Nohemí Carrasco Escalante; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE PROMOVENTE

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA: NOHEMI CARRASCO ESCALANTE, EL ACUERDO DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Vista la demanda de cuenta, promovida por Nohemí Carrasco Escalante, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 4º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 50/2021-5. A) Análisis de la demanda de amparo. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.??????????????? "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". B) Acto reclamado y sus antecedentes. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo ??? Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, a quien le reclamó lo siguiente: ". A las autoridades SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, les reclamo el INCONSTITUCIONAL e ILEGAL auto, dictado el día 08 de enero de 2021, dentro del juicio sucesorio intestamentario, instaurado bajo el expediente número 699/2020, ventilado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Ahome, esto, por la evidente violación a los DERECHOS HUMANOS, en específico LOS DERECHOS HEREDITARIOS, o expectativa de derechos que tiene la suscrita, en mi carácter de CONCUBINA SUPÉRSTITE, del de cujús JOSÉ VÁZQUEZ DÍAZ, personalidad que claramente acredité en el juicio familiar, con as documentales pertinentes, que obran dentro del expediente original. De igual manera reclamo la clara violación al debido proceso, al derecho de la legalidad, a la seguridad jurídica, al derecho de petición, pues no basta que la autoridad judicial, se base o fundamente sus resoluciones en simples razonamientos, contrarios a lo que dispone la legislación familiar vigente en el Estado, así como lo solicitado por las partes, cuando se realizan peticiones, conforme a Derecho, de igual manera debe de fundamentar debidamente sus acuerdos, autos y/o resoluciones, con sustento jurídico válido, que la propia ley de la materia contempla, cosa que este caso no sucedió, tal como se puede observar del acuerdo dictado por las autoridades señaladas como responsables, pues del mismo podemos observar, que dicho acuerdo lo viene fundamentando en un artículo del Código de Procedimientos Familiares que claramente acredité la suscrita en mi carácter de "concubina supérstite", con las documentales que anexé para el caso en concreto, por lo que dicho acuerdo que hoy se combate, no se encuentra en ninguna manera fundado, motivado o apegado a derecho. . 1. En los que respecta al RESOLUTIVO SEGUNDO, del auto que hoy se recurre, que a la letra dice: Segundo: No ha lugar a declarar como heredera en la sucesión que nos ocupa a la señora Nohemí Carrasco Escalante, por las razones expuestas en el considerando V de la presente declaración. Lo anterior me CAUSA AGRAVIOS de difícil reparación, toda vez que, con tal determinación, la C. Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar, lacera por completo y me deja en estado de vulnerabilidad total, en virtud de que, no me permite ejercer mi derecho a heredar lo correspondiente a la masa hereditaria de mi finado concubinario de nombre JOSÉ VÁSQUEZ DÍAZ, esto, a pesar de que, la suscrita comprobé fehacientemente mi calidad de CONCUBINA SUPÉRSTITE, tal como lo preceptúa el artículo 928 del Código Familiar de Sinaloa, que a la letra dice: (SE TRANSCRIBE). Asimismo, y tal como se puede observar el RESOLUTIVO SEGUNDO, la C. Juez expresa que, a la suscrita no le corresponde el derecho y la razón para heredar la masa hereditaria de mi finado concubino, por? las razones expuestas en el CONSIDERANDO V, que a la letra dice: V. en cuanto a la señora Nohemí Carrasco Escalante, no ha lugar a declararla heredera en la presente sucesión en virtud de la exclusión hecha por los numerales 169 y 172, 173, 928 párrafo I y 929 del Código Familiar en el Estado de Sinaloa, toda vez que como lo justifica con las copias fotostáticas debidamente certificadas de las diligencias de actividad judicial no contenciosa, tramitada ante este propio Tribunal, bajo el expediente número 545/2020 visible de las fojas 33 treinta y tres a la 37 treinta y siete de autos, resulta ser concubina del autor de la sucesión, al respecto tenemos que el artículo 929 del Código ya invocado a la letra dice: (SE TRANSCRIBE). Ante lo propiamente descrito por la C. Juez Segunda Familiar, en el CONSIDERANDO V, se puede observar claramente que el mismo, lo fundamenta en lo dispuesto por el artículo 929 del Código Familiar, en el cual, la propia cl Juez de lo Familiar, expone que la suscrita tengo mi calidad de concubina supérstite debidamente acreditada en autos del expediente citado al rubro, y que además comprobé que, estuve haciendo vida en común con el de cujus, por lo que en términos del artículo 929 del código antes señalado, me corresponde el derecho y la razón para HEREDAR COMO CÓNYUGE, lo cual, dista completamente de lo resuelto por la misma H. juez, en el RESOLUTIVO SEGUNDO, en el cual, ante cualquier posibilidad en contrario y aun menoscabando el artículo antes señalado, donde se señala que a la suscrita le corresponde ser correspondida como HEREDERA, la C. Juez, no concuerda con tal determinación, dejándome fuera y quitándome la posibilidad de reclamar lo que por derecho me corresponde. ." En esta parte, conviene destacar que en el apartado de "ANTECEDENTES", la quejosa manifiesta de forma expresa que compareció al juicio sucesorio, para que le reconocieran su calidad de concubina supérstite, pues así se advierte de la siguiente transcripción: ". ANTECEDENTES: 1. Que con fecha 10 de agosto de 2020, se dio inicio al juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi finado concubino de nombre JOSÉ VÁSQUEZ DÍAZ, juicio que fuera tramitado por los CC JOSÉ SALVADOR VÁSQUEZ CERVANTES y CARLOS SAÚL VÁSQUEZ CERVANTES, instaurándose por turno, al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, bajo el expediente 366/2020. . 3. El caso es que, el día 12 de noviembre de 2020, la suscrita me apersoné al juicio sucesorio en comento, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, bajo el expediente 699/2020, con la finalidad de deducir los Derechos Hereditarios que por ley, me competen, haciendo esto, con las diversas copias debidamente certificadas correspondientes al juicio de acreditación del concubinato, mismo que fuera ventilado en el Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa,??????????????? radicado bajo el expediente 545/2020, con el cual, personalidad de concubina que se me acreditó en el auto de fecha 17 de noviembre de 2020. ." C) Causa de improcedencia actualizada. Establecido lo anterior, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque contra el auto de declaración de herederos procede el recurso de apelación en efecto devolutivo. La citada hipótesis normativa señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." El principio de definitividad exige que previa a la instauración del juicio de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que contra ese acto procedan, como anteriormente quedó expuesto. Dicho de otra forma, dicho precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida,?????????????deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. Así, de la simple lectura de la fracción en comento, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, que: a) El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que ese medio de defensa tenga por objeto modificar, revocar o nulificar la recurrida; e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto jurídico. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto que en esta vía constitucional se combate, se hace consistir en el auto del ocho de enero de dos mil veintiuno, relativo a la declaración de herederos hecha en el juicio intestamentario 699/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; en esta determinación judicial se declaró que la aquí promovente de amparo no tiene la calidad de heredera en la sucesión de José Vásquez Díaz; sin embargo, debe decirse que, dicho acto de autoridad es susceptible de ser combatido por los medios legales que establecen las leyes ordinarias, previo a la interposición del juicio de amparo, como lo es el recurso de apelación previsto en el artículo 495, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, por lo que, se actualiza la hipótesis prevista en la parte inicial de la fracción XVIII de artículo 61 de la Ley de Amparo. Para robustecer lo anterior, se toma en cuenta que la promovente afirma en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que se apersonó al juicio intestamentario a bienes de José Vásquez Díaz, para que se le reconociera su calidad de heredera, por ser cónyuge supérstite del de cujus; ahora, la tramitación de los juicios sucesorios en el Estado de Sinaloa, se regulan en su parte procesal, en el Título Segundo "DE LOS PROCEDIMIENTOS SUCESORIOS", Capítulo III "De los??????????????? intestados", del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Por su parte, el artículo 495 del citado ordenamiento jurídico, dispone: "Artículo 495. Fijados los edictos y hechas las publicaciones a que se refiere el artículo 488, lo cual certificará en los autos el secretario, una vez transcurrido el plazo concedido a los interesados para presentarse a deducir y justificar sus derechos, que se computará desde el día siguiente a la última publicación, el juez dictará auto haciendo la declaración de herederos en favor de quien lo estime pertinente en vista de los justificantes presentados o la denegará con reserva de sus derechos a los que la hubieren pretendido, para que los hagan valer en juicio ordinario. Este auto será apelable en el efecto devolutivo." Como se observa, el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, prevé entre otras cosas, que una vez transcurrido el plazo concedido a los interesados para presentarse a deducir y justificar sus derechos, el juez dictará auto haciendo la declaración de herederos en favor de quien lo estime pertinente en vista de los justificantes presentados o la denegará con reserva de sus derechos a los que la hubieran pretendido; hipótesis normativa materializada en la especie, porque a la promovente de amparo se le negó su calidad de heredera, por tanto, en términos del segundo párrafo del citado numeral debió impugnar esa determinación a través del recurso de apelación en efecto devolutivo, y al no haberlo hecho así, procede desechar la presente demanda de amparo. Se afirma lo anterior, porque en principio cabe señalar que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre ellos el de definividad, como anteriormente se ha señalado, que tiene su regulación en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclama, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetar este principio, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, y como se indicó, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia señalada ya que debe agotarse, previa a la presentación de la demanda de amparo, el recurso de apelación previsto en el artículo 491 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, el cual, de forma expresa y sin mayor interpretación, es claro en señalar que, contra el auto de declaratoria de herederos, procede el recurso de apelación en efecto devolutivo. Por tanto, atendiendo al texto del citado precepto procesal, resulta inconcuso que el acto que en esta vía constitucional se reclama, no es de aquellos considerados como definitivos, en contra del cual procede de forma inmediata el juicio de amparo, puesto que el mismo al tratarse de una resolución (entendiéndose ésta en sentido amplio), dictada en el juicio intestamentario 699/2020, en donde se le negó su calidad de heredera supérstite, acto de impero que se rige por el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa; sin embargo, tal pronunciamiento queda sujeto a una diversa? determinación que en su caso emita la Sala respectiva al momento que se haga valer el recurso de apelación, ante la cual tiene la oportunidad la parte promovente de amparo de hacer valer las manifestaciones que considere pertinentes, para que dicho acto de molestia pueda ser nulificado, modificado o revocado, por tanto, la parte promovente debe agotar el principio de definitividad para estar en posibilidades de acudia al juicio de amparo. Ahora bien, se afirma que los elementos antes señalados sí se satisfacen, toda vez que la resolución que se impugna la emitió un órgano judicial del Estado de Sinaloa, por su parte, el artículo en estudio prevé el recurso de apelación contra el auto de declaratoria de herederos (como acontece en el caso en estudio); este medio ordinario de defensa se establece dentro de un procedimiento intestamentario que se hizo valer ante la responsable, procedimiento en el cual, la promovente de amparo es parte. Aunado a lo anterior, el citado medio de defensa es apto para modificar, revocar o nulificar el acto en este juicio de amparo reclamado (pues así lo dispone el artículo 379 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, al señalar en su último párrafo "El superior podrá confirmar, revocar o modificar la sentencia o el auto dictado en la primera instancia") y, por último, de las constancias de autos no se advierte que la promovente de amparo se encuentre en alguna de las excepciones al principio de definitividad, porque el acto por ella reclamado no tiene relación con alguna con aquellos que señala la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, además que el recurso de apelación señalado en el artículo 495 del ordenamiento local, no está sujeto a interpretación adicional, y su texto no es insuficiente en su regulación. Es preciso señalar que, aun cuando la Ley de la Materia utiliza el término "resolución", éste debe entenderse como una resolución en sentido amplio, esto es, la doctrina ha establecido que las resoluciones son los pronunciamientos de los jueces y tribunales a través de los cuales acuerdan delimitaciones de trámite o resuelven cuestiones planteadas por las partes, incluyendo la resolución del fondo del conflicto. Dicho de otra forma, toda resolución dictada por un tribunal puede dividirse, a su vez, en acuerdos, decretos, autos definitivos, provisionales, preparatorios y sentencias, las que, a su vez, se dividen en interlocutorias y definitivas; por todo ello, es claro que nada varía la determinación aquí adoptada a pesar de que, lo que se reclama es un auto de trámite, toda vez que éste, como se indicó, es susceptible de modificarse o revocarse mediante el recurso ordinario de apelación. Por su parte, es preciso señalar que la promovente de amparo tampoco se ubica en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, es decir, no operan a favor de ésta las causas que legal y jurisprudencialmente le faculten a no interponer el recurso de apelación para atacar el acto de que se trata. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XVIII, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo formulada por Nohemí Carrasco Escalante, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación.?????? Con apoyo en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º, párrafo segundo de la misma ley, se autoriza como domicilio del impetrante para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Serapio Rendón número 185 Poniente, Colonia Centro en esta ciudad, y como su autorizado para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Raúl Cota Arredondo, Daniel López Hernández, Oscar Olegario Lugo Moreno y Carlos Jesús Patiño Cabanillas. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de la adscripción para que practique cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.

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