Norma Alicia Armenta Fierro
Expediente 526/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Norma Alicia Armenta Fierro
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que, hasta este momento procesal, la parte quejosa, no ha interpuesto el recurso de queja, contra el proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el presente juicio de amparo número 526/2018-2A, por el que se desechó su demanda de garantías, por tanto, al haber transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con apoyo además, en los numerales 2° y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes, de modo que, una vez notificado el presente acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Luego, tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción I, del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, se desechó su demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del punto noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, visto el escrito signado por la quejosa Norma Alicia Armenta Fierro, mediante el cual solicita se le haga la devolución de diversos documentos que obran en autos; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente, hágase la devolución de la documentación que hace referencia, previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos a la persona que autoriza Xochitl Guadalupe Díaz Lugo.
- Principal
ES NOTIFICACION PERSONAL PARA EL QUEJOSO.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA NORMA ALICIA ARMENTA FIERRO, EL AUTO DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de cuenta, firmada por Norma Alicia Armenta Fierro, contra actos de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de El Fuerte, Sinaloa y, otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 526/2018-2. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa Norma Alicia Armenta Fierro, señaló como autoridades responsables al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional, ambos de El Fuerte, Sinaloa, de quienes reclamó la falta de contestación o respuesta al escrito formulado y recibido el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó a las responsables se le realice el pago de la jubilación por terminación laboral (finiquito). En ese sentido, se obtiene que dicha quejosa se duele esencialmente de la omisión de dichas autoridades de dar contestación o respuesta al escrito formulado y recibido el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que solicitó a las responsables se realice el pago de la jubilación por terminación laboral (finiquito); lo que se corrobora con la copia del acuse de recibo del escrito en comento, que adjuntó dicho quejoso a su demanda constitucional. Sentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I, 107 fracción II, este último a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;." V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Ahora bien, el acto que reclama el quejoso que nos ocupa, y que se hace consistir en la omisión de dichas autoridades de dar contestación o respuesta al escrito formulado y recibido el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que solicitó a las responsables se realice el pago de la jubilación por terminación laboral (finiquito); no puede ser considerado como un acto que afecte derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, toda vez que si bien los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de emitir un acuerdo a toda petición que se les formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, lo cierto es que en el caso no se advierte que haya transcurrido en exceso el breve término para producirla y hacerla del conocimiento del peticionario de amparo, de ahí que no se advierta afectación alguna a un derecho fundamental, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, sólo han transcurrido por lo menos veintidós días hábiles (sin contar uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho por ser días inhábiles y el día catorce de septiembre de dos mil dieciocho por declararse no laborable); por lo que es evidente, que las autoridades responsables no han tenido el tiempo necesario para analizar el escrito cuya omisión de proveer se duele la parte quejosa, para emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. En efecto, como se desarrollará, el acto reclamado en este momento procesal no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en la fecha de presentación del escrito de petición a la fecha en que se promovió el juicio de amparo, no ha transcurrido un lapso excesivo a fin de considerar que se ha transgredido el artículo 8 Constitucional, lo cual como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. En ese sentido, el artículo 8º del Pacto Federal al efecto establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". Del citado dispositivo constitucional trascrito, se desprende que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. Por tanto, este Juzgado Federal considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional no existe, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que las autoridades responsables analicen la solicitud de la parte inconforme, den contestación a la misma y notifiquen el acuerdo o acuerdos recaídos, en razón de que el lapso transcurrido entre la presentación del escrito a las autoridades y la promoción de la demanda de amparo que se analiza (veintidós días), no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición. Es exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia 470 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, Apéndice de 1975, visible a foja 767, Quinta Época, de registro 395221, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional.". Igualmente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario.". Tiene aplicación a lo anterior, el criterio contenido en la tesis I.4o.A.68 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Febrero de 1994, cuyo rubro y texto son como sigue: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses.". En efecto, no se advierte que haya transcurrido en exceso el breve término para producirla y hacerla del conocimiento del peticionario de amparo de amparo, de ahí que no se advierta afectación alguna a un derecho fundamental; máxime que es una solicitud en la cual la autoridad debe analizar la procedencia del ascenso y jubilación de un trabajador; por lo cual, si la responsable recibió el escrito el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, sólo han transcurrido por lo menos veintidós días hábiles (sin contar uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho por ser días inhábiles y el día catorce de septiembre de dos mil dieciocho por declararse no laborable), plazo que no es dable considerar como excesivo o que provoque una páralisis total. Ello en razón de que como ya se dijo, no se advierte una excesiva dilación en la contestación a la solicitud del quejoso, pues de lo manifestado por aquél se observa que no se actualiza en el caso una abierta dilación para dar respuesta a su escrito. De ahí que dicho acto no puede considerarse como violatorio de derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte; de ahí que se actualice la causal de improcedencia de referencia. Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la referida demanda constitucional, la omisión reclamada no existe pues, como ya quedó asentado, en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente, para que las autoridades responsables analicen la solicitud planteada por la parte quejosa, den contestación a la misma y notifiquen el acuerdo o determinaciones recaídas y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda formulada por Norma Alicia Armenta Fierro, por notoriamente improcedente en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Bosques de Ceiba número 1880 Poniente del Fraccionamiento Urbi del Bosques, en esta ciudad, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de Amparo, a los licenciados Norberto Soto Castillo y Mirna Yolanda Tuz Fernández.
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