Nohemí Palma García

Expediente 1153/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1153/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Nohemí Palma García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de quince de marzo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Nohemí Palma García, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE QUINCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE A LA LETRA DICE: RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad y turnado el mismo día a éste órgano jurisdiccional, la quejosa Nohemí Palma García, promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán, (fojas 2 - 28). SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; se requirió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, (fojas 29 - 33). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (expediente electrónico) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, pues se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que el acto reclamado no precisa de ejecución alguna, pues se trata de un acto omisivo; de ahí la competencia del suscrito, para conocer y resolver el presente asunto, al haber recibido, por cuestión de turno, la demanda de mérito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La omisión de resolver el recurso de revisión administrativa de seis de octubre de dos mil veintidós, recibido por la autoridad responsable el diez de octubre siguiente, por medio del cual la quejosa se inconforma en contra del número de ajuste de facturación 3799/2022 con número de orden J0605610023 de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable 1. Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, con sede en Veracruz, Veracruz, pues si bien en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado (expediente electrónico) debido a que la autoridad responsable manifiesta que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa no adjunta el escrito del recurso de revocación administrativo, lo cierto es que se aprecia que, la parte quejosa exhibe el acuse de recibo de dicho escrito, el cual se advierte que fue presentado ante el Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, en criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, pues los actos que se reclaman por el quejoso no revisten las características de actos de autoridad, ni de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten sus derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a efecto de que pudieran ser impugnables a través del juicio de amparo, como a continuación se verá. MARCO NORMATIVO Con el propósito de explicar los motivos por los cuales se considera que sobreviene dicho motivo de improcedencia, conviene establecer las siguientes premisas. Los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De esos preceptos se aprecia que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se torne procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Los actos son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; imperativos, en razón de que se imponen, aún contra la voluntad del gobernado; y coercitivos, pues si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el concepto de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Identificados los elementos distintivos del acto de autoridad, para estar en posibilidad de establecer si el reclamado está dotado de esos elementos, es necesario tomar en consideración que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, sentó un parte-aguas entre la naturaleza que se había discutido sobre los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que a partir de esa reforma, sean los tribunales en materia civil o mercantil quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, en principio sostuvo el criterio de quienes podían ejercer fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de actuar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; criterio que fue superado al emitir el pleno del alto tribunal, la tesis 97, de texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De la anterior tesis, se destaca, que una autoridad para efectos del amparo, que posee las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de suprasubordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Hasta aquí dicho marco normativo. ANTECEDENTES Enseguida, se estima necesario referir los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de las documentales allegadas por la parte quejosa del presente juicio, y que esencialmente son los siguientes: 1. El veintitrés de septiembre del dos mil veintidós, Comisión Federal de Electricidad notificó el número de ajuste de la Facturación 3799/2022, con número de orden J0605610023 por adeudo. 2. El seis de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa interpuso recurso de revisión administrativa recibido por la autoridad responsable el día diez siguiente. 3. Por lo que la autoridad responsable, no ha resuelto el recurso de revisión administrativo que interpuso la parte quejosa. -Constituye el acto aquí reclamado- SUBSUNCIÓN En la especie, la solicitante del amparo reclama la omisión de resolver el recurso de revisión administrativa de seis de octubre de dos mil veintidós, en la que, se inconforma contra el ajuste de la facturación 3799/2022 con número de orden J0605610023 de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Sin embargo, atendiendo a las conclusiones alcanzadas en el apartado de premisas, en el caso a estudio, se concreta el motivo de improcedencia en estudio, debido a que dicho acto materia del reclamo tienen su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, en realidad se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica. Lo anterior pues, con independencia de que dicho contrato de suministro se haya celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, aun así, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones deducidas de dicho contrato o acuerdo de voluntades, según lo determinó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil. Asimismo, dicha Segunda Sala estimó que el servicio que presta Comisión Federal de Electricidad no lo ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. Por otra parte, los artículos 3, 7, 82, 83 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establecen "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios.- Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.- En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética" "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto.- Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda" Artículo 82.- Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa.- Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable". "Artículo 83. En contra del fallo que adjudique el contrato procederá: I. El recurso de reconsideración ante la instancia colegiada que se determine en el Estatuto Orgánico, y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de esta Ley, o II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Contra las demás resoluciones emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, éstas podrán ser combatidas con motivo del fallo.- Una vez adjudicado y firmado un contrato, todas las controversias que surjan relativas a su interpretación o cumplimiento serán competencia de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, salvo que se haya pactado un medio alternativo de solución de controversias". "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.- Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte.- Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad le son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que será de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos, merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que si bien, la Comisión Federal de Electricidad es un ente público, no por ello las relaciones contractuales que tengan que ver con su objeto las puede decidir de manera unilateral, imperativa y con coercitividad, por lo que en el caso, el impetrante en caso de incumplimiento del mismo, está en aptitud legal de acudir ante los tribunales ordinarios a fin de demandar de su proveedor el cumplimiento del convenio celebrado en su calidad de consumidor, máxime que dicho ajuste de facturación 3799/2022 con número de orden J0605610023 de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, derivó de la revisión al instrumento de control y de medida instalado en el domicilio de la parte quejosa; lo que permite vislumbrar, además de lo ya expuesto, que el acto reclamado no constituye acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo. En esa virtud, el ajuste de facturación del servicio de suministro de energía eléctrica en el domicilio de la quejosa el veintitrés de septiembre do dos mil veintidós, se realizó en términos del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica de Baja Tensión publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintiuno, es claro que forma parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. En efecto, de acuerdo con la interpretación armónica del contenido del artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por todo ello, el acto que aquí se reclama a la Comisión Federal de Electricidad, no constituye uno proveniente de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación contractual mercantil que la parte quejosa sostiene con la citada empresa, a pesar de que se haya promovido un recurso de revisión ante la misma Comisión responsable. Por lo que queda evidente, es que existe un contrato de suministro de energía eléctrica, existió un reajuste de facturación, pero se encuentra evidenciada la relación jurídica de coordinación entre Comisión Federal de Electricidad y la parte quejosa. De ahí, que el acto reclamado por la parte quejosa no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Sirve de apoyo la tesis XLII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común" Asimismo, sirve de respaldo la tesis I.1o.A.132 A (10a.) que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS. Al resolver los precedentes de que derivaron dichos criterios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo en cuenta que de las disposiciones constitucionales y legales que regulaban a la Comisión Federal de Electricidad se advertía lo siguiente: 1. Es un organismo público descentralizado; 2. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva, por lo que ninguna persona privada puede prestar esos servicios; 3. Los contratos que celebra para cumplir el mandato constitucional de brindar el servicio de energía eléctrica son administrativos; y, 4. En consecuencia, los actos que emita derivados del contrato también son administrativos y pueden ser impugnados a través del recurso de revisión, del juicio de nulidad, o bien, del juicio de amparo cuando proceda. Sin embargo, a raíz de la reforma a los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y de la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y el 11 de agosto de 2014, respectivamente, dicha entidad se transformó, por ministerio de ley, en empresa productiva del Estado y se estableció la posibilidad de la participación de los particulares en el desarrollo de las actividades distintas a la conducción y distribución de energía eléctrica. Así, de los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor se advierte que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza y que, excepcionalmente, aquellos que dicte en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, y serán los únicos que podrán ser impugnados a través del juicio de nulidad y, en su caso, del amparo, pues el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en esas materias, o bien, a través de los mecanismos de solución que pacten las partes. Por tanto, las tesis aisladas mencionadas, que establecían que los actos de la Comisión Federal de Electricidad eran impugnables mediante los juicios de nulidad y de amparo, quedaron sin sustento jurídico, razón por la cual no es factible tomarlas en cuenta como criterios orientadores." Además, tampoco se está en alguno de los casos de excepción que establece la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) para que el acto reclamado por la quejosa a la Comisión Federal de Electricidad se considere excepcionalmente como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo que se sostiene, en la medida que no se advierte que con el mismo se lesionen derechos humanos que coloquen en estado de vulnerabilidad a la parte quejosa, que pongan en riesgo su vida, salud o la seguridad de alguna persona que se encuentre en una situación vulnerable o esté imposibilitada para proveer su subsistencia, ni tampoco se aprecia que en el acto reclamado se esté aplicando alguna norma inconstitucional. CONCLUSIÓN En consecuencia, se concretan los motivos de improcedencia antes analizados, contenidos en el artículo 61, fracciones XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, se sobresee en el presente asunto, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73 a 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Nohemí Palma García, contra los actos y la autoridad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, se le tiene desahogando la vista conferida en proveído de veintiocho de diciembre del año próximo pasado y formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación secretarial de cuenta, y como lo solicita la parte quejosa en su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a ********************, puesto que sí acreditó la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, agréguese a los autos el escrito signado por ********************, autorizado de la quejosa; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, por el que se ordenó la expedición de copias a las partes sin necesidad de previa promoción. Asimismo, sin que proceda ampliar el plazo para desahogar la vista dada con el informe de la autoridad responsable, pues puede formular alegatos hasta antes de la audiencia constitucional, la cual, está fijada para para diez horas con veinte minutos del treinta de enero de dos mil veintitrés, y por tanto, es inconcuso que cuenta con plazo suficiente para formularlos. Notifíquese en términos de ley.

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