Norberto Rodríguez Marín
Expediente 630/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Norberto Rodríguez Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En Boca del Río, Veracruz, a las once horas del dos de octubre de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas (foja 18) para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 630/2023, promovido por Norberto Rodríguez Marín; el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y, certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias, y en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta que a parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, así como con las documentales que en copias certificadas remitió la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, como justificación de sus actos (fojas 21-24 y 32-33). Asimismo, hace constar que las demás partes no las ofrecieron, por lo que el Juez acuerda: ténganse por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por el quejoso y la citada autoridad responsable, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, la cual será valorada al resolver el presente asunto; luego, al no existir prueba que relacionar se cierra este periodo de la audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria da cuenta que las partes no presentaron alegato alguno y que el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción no presentó pedimento. A lo anterior el Juez acuerda: Se da por concluido este período de la audiencia constitucional. En seguida, el juez procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 630/2023 promovido por Norberto Rodríguez Marín, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa, promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 02-04). SEGUNDO. Mediante acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; requirió de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 05-09). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 20) y, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, en virtud de que se reclama de un tribunal del trabajo la omisión de dictar el laudo dentro de un juicio laboral; de ahí que es susceptible de afectar el derecho fundamental de acceso a la justicia, e impugnable en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La omisión de dictar laudo dentro de los autos del juicio laboral 1555/X/2019 de la estadística de la junta responsable. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por así manifestarlo en su informe justificado (foja 20). Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la citada Junta responsable como soporte de su informe justificado, dentro de las cuales se aprecia que la autoridad responsable emitió laudo con fecha de veintidós de agosto del dos mil veintitrés, fecha posterior a la admisión de la demanda de amparo. Tales constancias merecen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, a criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden del escrito inicial de demanda, así como de las copias certificadas del juicio laboral 1555/X/2019, del índice de la Junta responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el aquí quejoso Norberto Rodríguez Marín, presentó demanda ante la Junta responsable en contra de Propietario del Taxi con número económico 5896 y/o quien resulte patrón o propietario o como en el futuro se le denomine de la fuente de trabajo, radicándose bajo el juicio laboral 1555/X/2019. b).- Siguiendo la secuela procesal, la Junta responsable dictó acuerdo en el que declaró cerrada la instrucción y turnó los autos para resolver dicho asuntos. c).- Posteriormente, por oficio presentado el veinticinco de agosto del dos mil veintitrés, ante este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable hizo del conocimiento, que mediante resolución de veintidós de agosto del dos mil veintitrés, se dictó laudo dentro del juicio laboral 1555/X/2019, ordenándose la notificación de la parte actora (aquí quejosa). Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable emitió un nuevo acto que incide en la omisión de resolver en definitiva el procedimiento laboral, sustituyéndose la omisión por ese acuerdo. Lo anterior es así, pues se estima que la omisión que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (trece de julio de dos mil veintitrés) ha quedado superada, al haberse emitido el laudo el veintidós de agosto del dos mil veintitrés por la responsable. Esto es, mediante resolución de veintidós de agosto del dos mil veintitrés, dentro de las actuaciones del expediente laboral 1555/X/2019, se destaca que el laudo fue dictado (foja 21-24). Por tanto, la omisión reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. De lo anterior, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de la resolución emitida por la junta responsable, al momento en que se le dio vista con las constancias remitidas por la mencionada autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del laudo de veintidós de agosto de la presente anualidad, emitido en el juicio laboral 1555/X/2019; que lo fue precisamente el veintinueve de agosto pasado, en que se le notificó por lista el acuerdo de veintiocho de agosto anterior. De igual forma, de las constancias del proceso laboral de origen, se advierte que se procedió a notificar el contenido del laudo dictado a la parte quejosa, el cual fue efectuado el treinta de agosto de esta anualidad, por el personal actuante adscrito a la junta responsable. Luego, si la parte quejosa conoció el laudo emitido por la Junta responsable dentro del expediente de origen; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión de emitir dicha resolución, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 17 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En términos de lo resuelto, el suscrito considera procedente emitir el presente fallo, aun cuando no se ha emplazado a juicio a quien fuera señalado con el carácter de tercera interesada Propietario del Taxi con número económico 5896 y/o quien resulte patrón o propietario o como en el futuro se le denomine de la fuente de trabajo. Lo anterior, pues el sentido de esta sentencia no le produce perjuicio alguno; de ahí que a nada práctico conllevaría posponer el dictado de la misma, a fin de ordenar que se realice dicho emplazamiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531 de la séptima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Así también, es aplicable la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Norberto Rodríguez Marín, contra los actos precisados en el considerando segundo, que atribuye a la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo, conforme al considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad, mediante el cual remite copias certificadas de las notificaciones efectuadas a las partes relativa al laudo emitido en los autos del expediente laboral 1555/X/2019 de su índice, ello como parte de su informe justificado. En esas condiciones, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, ello, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno, y con las mismas, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL en copia certificada adjunta al informe de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Ahora bien, se advierte que la responsable refiere que es cierto el acto que se le reclama y remite el laudo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés que emitió en el expediente laboral 1555/X/2019 de su índice, empero, no remite las constancias de notificación a las partes del mismo, por lo que de un análisis preliminar del asunto, se requiere de dichas documentales para resolver el presente juicio, por lo que las constancias que obran en autos se estiman insuficientes para dictar la sentencia en el presente juicio de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a dicha responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, a que refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de la notificación del presente proveído, envíe a este Juzgado, copias certificadas, íntegras y legibles de las constancias de notificación a las partes del laudo emitido el veintidós de agosto de dos mil veintitrés en el expediente laboral 1555/X/2019 de su índice, o informe el impedimento legal para no dar cumplimiento a lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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