Noelia Prado Santiago
Expediente 515/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Noelia Prado Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 515/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ""Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 118 a 123), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de quince de junio de dos mil veintidós (fojas 36 a 39, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso (foja 60), se tuvo al 2. Juez de Distrito y 3. Secretaria Instructora, ambos adscritos al 1. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, remitiendo diversas constancias anexas a su informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen cuaderno de pruebas que se formó, para los efectos legales conducentes. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 118 a 123), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de quince de junio de dos mil veintidós (fojas 36 a 39, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso (foja 60), se tuvo al 2. Juez de Distrito y 3. Secretaria Instructora, ambos adscritos al 1. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, remitiendo diversas constancias anexas a su informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen cuaderno de pruebas que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa de las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias. Ahora, en razón de que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales anexas al informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como las que remitieron con posterioridad a dicho informe, y las que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofreció dicha parte quejosa. Se acuerda: Se admite y desahoga dichas probanzas por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, la secretaria certifica que las partes nos los formularon. Se acuerda: Toda vez que las partes no realizaron manifestaciones en vía de alegatos, se concluye este período de la audiencia constitucional. En seguida, el Juez dicta SENTENCIA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 515/2022, promovido por Noelia Prado Santiago y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dos de junio de dos mil veintidós y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2 a 7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de junio de dos mil veintidós se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables su informes justificados; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar al tercero interesado; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 15 a 20). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos los informes justificados de las autoridades responsables (foja 51 a 53) y el emplazamiento del tercero interesado (foja 28) finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclaman omisiones por parte de la autoridad que se alega afectan el derecho de la parte quejosa a una pronta y expedita impartición de justicia, así como al debido proceso por lo que resulta impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: El proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el conflicto individual de seguridad social 09/2021 del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, Veracruz, en el que se tuvo por cumplido el convenio aprobado el veinticinco de febrero del año en cita, sin que se le haya pagado a la parte quejosa la pensión que le fue otorgada en dicho convenio. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito y Secretaria Instructora adscritos al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, Veracruz, puesto que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (foja 51) Lo que se corrobora en razón que las responsables remitieron copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 9/2021, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, como lo manifiestan las autoridades responsables (fojas 94 y 95) así como la parte quejosa (62) el suscrito resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hasta aquí las premisas normativas. SUBSUNCIÓN Ahora, de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables, se colige que la violación que aduce la parte quejosa ha cesado, en razón de las consideraciones que más adelante se expondrán. En primer término, es necesario precisar que el aquí quejoso señaló como acto reclamado específicamente el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el conflicto individual de seguridad social 09/2021 del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, Veracruz, en el que se tuvo por cumplido el convenio aprobado el veinticinco de febrero del año en cita, sin que se le haya pagado a la parte quejosa la pensión que le fue otorgada en dicho convenio. Sin embargo, de las constancias que remitieron las autoridades responsables se advierte que mediante recibo de pago de nómina, con periodo de pago julio de dos mil veintidós, se le pagó a la parte quejosa la pensión que le fue otorgada en el convenio aprobado el veinticinco de febrero del año en cita, en el conflicto individual de seguridad social 09/2021 del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, Veracruz, como se advierte a foja setenta y tres; lo que confirmó la parte quejosa mediante escritos que obran en autos a fojas sesenta y dos y setenta y uno. Por tanto, si el acto reclamado es el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el conflicto individual de seguridad social 09/2021, en el que se tuvo por cumplido el convenio aprobado el veinticinco de febrero del año en cita, sin que se le haya pagado a la parte quejosa la pensión que le fue otorgada en dicho convenio, y posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, que lo es el dos de junio de dos mil veintidós, se le pagó a la parte quejosa en julio del año en cita, la pensión que le fue otorgada en el convenio aprobado el veinticinco de febrero del año en cita, en el conflicto individual de seguridad social 09/2021 del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, Veracruz (foja 73) resulta incuestionable que en ese momento cesaron totalmente los efectos del acto reclamado. Lo anterior, dado que debe considerarse que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho constitucional violado, cesando en sus efectos el acto combatido al haberse realizado a la parte quejosa, en julio de dos mil veintidós, el pago de la pensión que le fue otorgada en el convenio aprobado el veinticinco de febrero del año en cita, en el conflicto individual de seguridad social 09/2021 del índice del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, Veracruz (foja 73). Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Se destaca que, si bien las jurisprudencias a las que se hace referencia son anteriores a la Décima Época, aun así resulta aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN Por tanto, al haber cesado en el presente juicio los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haberse decretado el sobreseimiento respecto de la omisión reclamada, releva a este órgano de control constitucional del estudio de los conceptos de violación hechos por la parte quejosa en su escrito de demanda. En apoyo de lo anterior es de invocarse la jurisprudencia sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, con número de registro 239006 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracciones IV y V, y 74, de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Noelia Prado Santiago, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad 3. Secretaria Instructora adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad; en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad dando cumplimiento con el requerimiento efectuado en proveído de once de agosto de la presente anualidad. En esas condiciones, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno, y con la misma, dese vista a las partes por el plazo de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.
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