Norberto Regules Varela

Expediente 81/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
81/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Norberto Regules Varela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por María del Carmen Pensado Galmich en su carácter de tercera interesada; en atención a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en auto de dos de febrero de dos mil veintidós, en el cual se ordenó la expedición de copias y uso de aparatos electrónicos. Asimismo, se tiene únicamente como autorizados para recibir las constancias que solicita a los letrados que cita en su escrito de cuenta. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Norberto Regules Varela, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    I. Con esta fecha se notifica por este conducto a las partes quejosa y tercera interesada por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil veintidós, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 81/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a éste Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, la parte quejosa ********************promovió juicio de amparo en contra actos que más adelante se precisarán (fojas 1-11). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dos de febrero de dos mil veintidós (fojas 12-16) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo en los términos propuestos, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercero interesada ********************mismo que fue emplazada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós (foja 110). Mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz (fojas 25-21). Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la tercero interesada ********************compareciendo a juicio, sin hacer valer causal de improcedencia, asimismo se ordenó emplazar a los menores de edad de iniciales ******************** e ******************** por conducto de su progenitora ********************por lista de acuerdos (fojas 107-113) mismos que fueron emplazados el dieciocho de marzo de dos mil veintidós (foja 115). Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 144). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción II, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. La resolución de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en el ********************del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que declaró parcialmente procedente el recurso de reclamación que hizo valer el allí demandado hoy quejoso ********************en contra de la medida provisional contenida en el auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, reduciendo el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada consistente DE DOS SALARIOS MÍNIMOS A UN SALARIO MÍNIMO PARA CADA MENOR ******************** e ******************** CONSIDERANDO QUE EL SALARIO MÍNIMO SE ENCUENTRA TAZADO EN $141.70 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 70/100 M.N.) de los ingresos que percibe el demandado ******************** (fojas 85-89) (resolución que fue notificada por lista de acuerdos al quejoso, el propio diez de enero de dos mil veintidós). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 25). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 85-89) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del Juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Por otra parte, resulta necesario establecer que la presentación de la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************fue realizada en tiempo, ello con base en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo; cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la intelección conjunta de los preceptos reproducidos, en lo que atañe al caso concreto, se advierte que la demanda de amparo dio inicio al presente juicio de amparo fue presentada dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedora del acto reclamado o de su ejecución. Lo anterior es así, puesto que la notificación del acto reclamado le surtió efectos al quejoso el once de enero de dos mil veintidós, en virtud de que la resolución combatida fue publicada por lista de acuerdos el propio diez de enero de dos mil veintidós y presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el uno de febrero de dos mil veintidós. En ese sentido, el término para la presentación de la demanda de amparo comenzó a transcurrir a partir del día doce de enero de dos mil veintidós, y fenecía el uno de febrero de dos mil veintidós; por lo que se concluye que la presentación de la demanda de amparo fue oportuna. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado.-Se anticipa, que los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en su respectiva demanda, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, son infundados. Sirve de apoyo la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido se leen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS. En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente." PREMISAS SOBRE ALIMENTOS A título de premisas que servirán al suscrito juzgador para dar solución al problema jurídico planteado, se considera pertinente explicar la institución de los alimentos establecida en el Código Civil de Veracruz. Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador tomó como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aportó, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la celeridad con que se resuelve el recurso de reclamación contra la pensión provisional de alimentos, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver salvo que se encuentre presente la necesidad de atender el interés superior del menor. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Así como la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el mismo órgano colegiado, que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." Interés Superior del Menor Ahora es importante señalar el criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño", con relación al cual se ha establecido que: 1. El interés superior del menor es un principio de rango constitucional que se encuentra expresamente previsto en la regulación de los derechos de los menores contenidos en el artículo 4o. constitucional, y en correspondencia con el ánimo del Estado Mexicano de adecuar el marco normativo constitucional a los compromisos internacionales contraídos en el ámbito mundial. 2. El interés superior del niño es una expresión que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Además, acorde con el artículo 3.1. de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas que tomen los tribunales, concernientes a los niños, será de atención primordial el interés superior del niño. 3. En armonía con lo anterior, ha sostenido que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los derechos humanos de algún menor, y que para dar sentido a la norma, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. 4. Se ha sostenido que una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en la labor jurisdiccional, emerge en el ámbito procesal, pues con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio constituye uno de los aspectos más relevantes que amerita una especial atención de los juzgadores, en los asuntos que inciden sobre derechos humanos de menores, el Juez cuenta con un amplísimo abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos humanos del o los menores justiciables. Así las cosas, en un juicio de alimentos -como en la especie acontece- en el que un menor figura como actor material y acreedor, el planteamiento o solicitud de incremento de la pensión alimentaria correspondiente, revela que el derecho a percibir alimentos del menor no se encuentra, cuando menos desde un punto de vista jurídico, en un estado de desamparo total, a partir de que existe una determinación judicial que ha fijado una pensión alimenticia en favor del menor con el propósito de hacer frente a las necesidades básicas del niño o de la niña, que se encuentran comprendidas en el rubro de alimentos. Sin embargo, la ausencia de desamparo jurídico total en materia de alimentos para un menor, no puede interpretarse como una condición que releve al juzgador de atender el interés superior del menor sobre cualquier asunto relacionado con ese tópico (pensión alimenticia) dado que tal interés subsiste como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse al menor en materia de alimentos o que pueda afectar los derechos alimentarios del menor, como sucede en el caso de la solicitud de disminución de tal pensión; y en consecuencia, aun cuando exista una determinación judicial que haya establecido una pensión alimenticia en favor de un menor, para dar sentido a las normas aplicables en materia de alimentos, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Dicho en otras palabras, tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento, disminución o fijación de una "pensión mayor", subsiste el deber constitucional de los tribunales de atender al interés superior del menor. En la misma línea argumentativa, si tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento, disminución o fijación de una "pensión mayor", subsiste el deber constitucional de los tribunales de atender al interés superior del menor. Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del ********************, remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se observan en este juicio de garantías. a).- Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veintiuno, ********************por sí y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada ******************** e ********************, demandó en la vía ordinaria civil a ******************** entre otras prestaciones, el pago de pensión alimenticia (fojas 27-40). b).- En proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento del demandado (mismo que fue emplazado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno fojas 57-62) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional de DE DOS SALARIOS MÍNIMOS PARA CADA MENOR ******************** e ******************** CONSIDERANDO QUE EL SALARIO MÍNIMO SE ENCUENTRA TAZADO EN $141.70 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 70/100 M.N.) de los ingresos que percibe el demandado ******************** (fojas 41-45). c).- El quince de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por ********************y al propio tiempo interpuso reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, consistente en pensión alimenticia provisional a favor de los menores ******************** e ********************; por lo que mediante acuerdo de esa misma fecha, se tuvo por interpuesto por el citado recurso, con el que se dio vista a la demandante, misma que se tuvo por desahogada mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno y mediante proveído de seis de enero de dos mil veintidós se turnaron los autos a resolver (fojas 63-78, 78 vuelta-82, 84). d).- El diez de enero de dos mil veintidós, el juez responsable resolvió: declarar procedente la reclamación de alimentos interpuesta por el demandado, reduciendo la pensión provisional decretadas por auto de inicio de ocho de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 85-89) (resolución que constituye el acto reclamado). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN. Ahora bien, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable sustentó toralmente procedencia de la modificación de la pensión provisional alimenticia inicialmente decretada, basada en las siguientes consideraciones: En el caso particular, no se trasgrede el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de la legislación civil local, pues se observa que el juzgador de origen al fijar de inicio la pensión alimenticia provisional, se basó en las manifestaciones externadas por ********************aquí tercero interesada así como en las pruebas que ésta aportó, por ser los únicos datos con los que contaba hasta ese momento. Por otra parte, el demandado (aquí quejoso) al plantear la reclamación, adujo que los acreedores alimentarios tienen cubierto el rubro de vivienda que integra el concepto de alimentos, ya que existe confesión expresa de la actora que habitan en el inmueble que adquirieron durante su matrimonio. Y como consecuencia, dicha autoridad responsable resolvió declarar procedente la reclamación interpuesta por el deudor alimentario (aquí quejoso) y modificar la pensión alimenticia procesional DE DOS SALARIOS MÍNIMOS A UN SALARIO MÍNIMO PARA CADA MENOR ******************** e ******************** CONSIDERANDO QUE EL SALARIO MÍNIMO SE ENCUENTRA TAZADO EN $141.70 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 70/100 M.N.) de los ingresos que percibe el demandado ********************. Lo que es acorde con la ya citada jurisprudencia de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al respecto es posible afirmar, que en la reclamación, el demandado (aquí quejoso) adujo que los acreedores alimentarios tienen cubierto el rubro de vivienda ya que los mismos habitan en el inmueble que adquirió con la actora durante su matrimonio. En consecuencia, el juez responsable estuvo en lo correcto en declararla procedente, al transgredirse el principio de proporcionalidad que en el Estado de Veracruz rige esa materia. En ese contexto, si en esa etapa del procedimiento, se justificó lo anterior, es innegable que se torna procedente la modificación de la pensión solicitada, como enseguida se verá. Tal consideración del acto reclamado es ajustada a derecho. Lo anterior se sostiene en la medida que se observa que el juez responsable tomó en cuenta dichos extremos y valoró las pruebas aportadas a esa etapa de la reclamación, como lo fueron, entre otros, de la parte actora: Copia certificada del acta de nacimiento número 865, del menor acreedor alimentario de iniciales ******************** de fecha de registro once de noviembre de dos mil once (foja 121). Así como la diversa Copia certificada del acta de nacimiento número 805, del menor acreedor alimentario de iniciales ******************** de fecha de registro cinco de diciembre de dos mil trece (foja 122) las cuales les concedió valor probatorios, conforme a los artículos 653 y 671 del Código Civil del Estado de Veracruz, 261 fracción IV y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Documentales con las cuales quedó demostrado el vínculo de filiación de padre e hijos, entre el deudor y los acreedores alimentarios menores de edad, en donde surge el derecho de sus hijos menores de edad a recibir alimentos por el deudor alimentario, demostrándose los extremos que prevén los numerales 234, 239 y 242 del Código Civil del Estado, además de que los menores gozan de la presunción de necesitar alimentos en términos de los artículo 239 del mismo ordenamiento legal. Y por parte del demandado: copia simple de la notificación de icorporación al programa social "Becas Benito Juáres" del gobierno federal a nombre del reclamante como tutor (foja 71) comprobante de beca expeida a nombre del reclamante ******************** expedida por el Banco Bienestar, por la cantidad de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.) correspondiente al bimestre noviembre-diciembre (foja 70) constancia de ingresos expedida por ********************a favor del demandado de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (foja 72) constancia de residencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por el Comisariado Ejidal de ******************** (foja 73) y tres impresiones fotográficas (ojas 74-44) a las cuales les concedió valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los numerales 261, 262, 266 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. En lo tocante a la capacidad económica del deudor alimentario, el juez de origen adujo que el deudor alimentario ofertó una constancia expedida por ******************** quien dijo que labora para él, con una percepción semanal de $850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/M.N.) siendo esta la única prueba que se cuenta, de lo cual el juez responsable adujo que resulta cuestionable la capacidad económica del demandado, al margen de que la actora cuestiona el hecho de cómo es que sus ingresos le alcanzan para ingerir bebidas embriagantes, a juicio del juzgador de origen esa capacidad económica no corresponde a la realidad, puesto que de lo contrario el demandado no estaría en condiciones de contratar los servicios profesionales de un abogado, aunado a que como tutor es quien cobra las becas bienestar de sus menores hijos del programa social del gobierno federal, pues no existe prueba alguna de que lo destine para los fines que le fueron otorgados. Asimismo, Tocante a la necesidad de los acreedores alimentarios (dos menores de edad) quienes cuentan con nueve y siete años de edad y tienen la presunción legal de ser alimentados por el demandado (aquí quejoso) al ser sus hijos, que cursan la educación primaria, en pleno desarrollo, por ende sus necesidades van en constante aumento, siendo un hecho notorio que tiene las necesidades alimentarias de comida, vestido, habitación, asistencia médica en casos de enfermedad, y que el entorno social en que el que se desenvuelven en una localidad rural en el Municipio de Rodríguez Clara, Veracruz, donde los contendientes fincaron su domicilio conyugal.. Por ello, el resolutor primario al advertir que los acreedores alimentarios tienen cubierto el rubro de vivienda que integra el concepto de alimentos de acuerdo al artículo 101 del Código Civil del Estado de Veracruz, ya que existe confesión expresa de la actora ********************que habitan en el inmueble que adquirió con el demandado durante su matrimonio, por lo que tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, esto es la necesidad del deudor alimentario y la posibilidad del obligado previsto por el precepto 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, modificó la pensión provisional. Por tanto, con base en esas circunstancias acreditadas en autos, que el juez responsable apreció correctamente, se puede concluir que es ajustado a derecho declarar procedente la reclamación que hizo valer el allí demandado hoy quejoso, en contra de la medida provisional contenida en el auto de radicación del citado juicio, modificando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada consistente de DE DOS SALARIOS MÍNIMOS A UN SALARIO MÍNIMO PARA CADA MENOR ******************** e ******************** CONSIDERANDO QUE EL SALARIO MÍNIMO SE ENCUENTRA TAZADO EN $141.70 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 70/100 M.N.) de los ingresos que percibe el demandado ********************. Contestación a los conceptos de violación del quejoso El quejoso ********************plantea que el juez responsable contravino lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que la resolución impugnada no se encuentra fundada ni motivada, ni es congruente considerando que el juez de origen al reducir la pensión de origen, no tomó en cuenta las pruebas documentales que aportó para reducir el monto de la pensión provisional. En la especie, son infundadas tales aseveraciones, en la medida que de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable, para resolver la reclamación y declararla procedente, hizo una valoración de las pruebas ofertadas por las partes, y tomó en consideración el agravio del quejoso en el sentido de que los acreedores alimentarios tienen cubierto el rubro de vivienda que integra el concepto de alimentos, lo anterior tomando en cuenta que existe confesión expresa de la actora que habitan en el inmueble que adquirieron durante su matrimonio. Asimismo, resulta infundado, lo expuesto por el quejoso en el sentido de que el juez responsable no tomó en cuenta que la actora (aquí tercero interesada) tiene ingresos para solventar y ser solidaria en los gastos de alimentación porque tiene la administración de una tienda la cual se encuentra en el domicilio conyugal, aunado de que de la lectura de la demanda de origen en el convenio inserto a la misma en la cláusula sexta dice que no se reserva acción alguna por conceptos de alimentos, ya que ambos (quejoso y tercero interesada) se encuentran en plena vida laboral. Lo anterior, tomando en cuenta que la tercero interesada ********************progenitora de los menores al tenerlos bajo su custodia, cumple con la parte que le corresponde de tal obligación, con los cuidados y atención que les brinda como lo es el prepararles los alimentos, estar al pendiente de su aseo persona, el lavado y planchado de su ropa, educación, que implica el traslado a la escuela, estar al pendiente de sus tareas escolares, asistir a las asambleas laborales, su recreación, su salud, lo que implica trasladarlos al médico, estar al pendiente de la ingestión de los medicamentos, actividades que realiza las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, y que si labora, requieren de su supervisión, mientras que el demandado, únicamente se dedica a su fuente laboral, como bien lo sostuvo el juez de origen, aunado que los alimentos son irrenunciables, y en el caso se trata de menores acreedores. Apoya a lo anterior la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito cuyo rubro y contenido se leen: "ALIMENTOS DE MENORES INCAPACES. LOS PROGENITORES QUE LOS TIENEN BAJO SU GUARDA Y CUSTODIA, DADO EL ROL QUE DESEMPEÑAN SOBRE SU CUIDADO Y ATENCIÓN, TIENEN POR SATISFECHA SU CONTRIBUCIÓN ALIMENTARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien la obligación alimentaria debe recaer en ambos progenitores conforme al numeral 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz, lo cierto es que no deben soslayarse las cuestiones periféricas sobre el entorno de la menor incapaz, que consiste en que, por su condición física -deficiencia mental- se ve limitada no sólo a su capacidad de ejercer alguna actividad que le genere ingresos para solventarse por sí sola sus necesidades alimentarias, sino también para hacerse cargo de su propia persona, lo que implica que deba tener mayores cuidado y atención por quien tenga su guarda y custodia (madre), máxime si de las constancias se observa que el demandado (padre) por su actividad laboral radica en lugar distinto al del núcleo familiar, lo que traería como consecuencia un desequilibrio en los roles de los padres. De ahí que se concluya que los progenitores que tienen bajo su guarda y custodia hijos incapaces, tienen satisfecha su contribución alimentaria, dado el rol que desempeñan sobre su cuidado y atención." De ahí que resultan infundados los conceptos de violación del quejoso. CONCLUSIÓN La determinación reclamada resulta ajustada a derecho, dado que aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja de los conceptos de violación, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y en materia laboral a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 1308, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional." Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 75 de la aplicable Ley de Amparo y demás relativos a la ley de la materia; se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por medio del cual remite copias certificadas de las actas de nacimiento y constancias de estudios correspondientes a los menores quejosos con iniciales ********************y ********************que obran en el expediente ********************de su índice estadístico; lo anterior, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, se tiene a dicha autoridad dando cabal cumplimiento al requerimiento efectuado, y se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, por el plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por último, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Notifíquese en términos de ley.

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