Noel Abraham Lugo Valdez
Expediente 753/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Noel Abraham Lugo Valdez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Noel Abraham Lugo Valdez; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada a la quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo y su ampliación; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Registro e integración de expediente Se tiene por recibido el escrito de demanda suscrita por Noel Abraham Lugo Valdez, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo con el 753/2021-3A; y, atento al contenido se provee: Desechamiento En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA.ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO EINDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, lo siguiente: El auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual la autoridad responsable le niega constituirse en el domicilio de la demandada -señalada como tercero interesada en el escrito de demanda- Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), además de los acuerdos de doce de febrero de dos mil veinte y dos de marzo de dos mil veintiuno, donde se declina la petición del provente en el sentido de hacer de su conocimiento cuenta bancaria a nombre de la referida demandada; lo anterior, con la finalidad de cumplimentar la sentencia dictada en el expediente 561/2019 del índice de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia el Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. El artículo en cuestión, determina que el trámite del juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. La razón del legislador para restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. El motivo de improcedencia que se analiza no es absoluto, pues en ese mismo dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado sea procedente, pero en el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de esa excepción, como se demuestra enseguida. Debe notarse que la causal en estudio dispone el acatamiento al citado principio, sin distinguir la naturaleza del ente de autoridad responsable y del acto de autoridad reprochado, por lo que esta prohibición opera tratándose de tribunales judiciales (los del Poder del Judicial de la Federación actuando como autoridad de instancia, así como los del fuero local sea civiles, familiares, penales, etcétera), administrativos (tribunales federales, de justicia administrativa y fiscal, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales o locales o burocráticos). De tal suerte, los promoventes previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, derivada de un acto emanado de un ente con facultades jurisdiccionales, deben agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), o anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. En el anotado contexto, cabe precisar, que el dispositivo legal 61, fracción XVIII, también prevé excepciones al principio de definitividad, en cuyo caso el promovente podrá promover el recurso ordinario o el juicio de amparo; sin embargo, la Ley de Amparo es categórica en señalar que fuera de los casos de excepción, el juicio resulta improcedente si no se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa, a pesar de que no se hayan hecho valer oportunamente por el quejoso. Es decir, el gobernado que se duele de un acto de autoridad judicial, aun cuando lo considere inconstitucional, puede acudir en demanda de amparo, sólo si agotó todas las instancias procesales que se regulen en la ley y que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona jurídicamente. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". Así como el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este juzgador estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se vio, los actos reclamados por el quejoso consistenten en los autos de doce de febrero de dos mil veinte, dos de marzo y uno de diciembre de dos mil veintiuno, donde se declinan sus peticiones respecto de constituirse en el domicilio de la demanda Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS) -aquí señalada como tercero interesada- , así como de señalar cuenta bancaria a nombre de la referida demandada; esto con la finalidad de ejecutar la sentencia dictada en el juicio 561/2019 del índice de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia el Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, pues, dichas determinaciones son susceptibles de ser impugnadas a través del recurso ordinario, previsto en los artículos 678, 679 y 680 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que establecen: Los citados numerales de la legislación procesal, además del artículo 678, prevén lo siguiente: "Artículo 678. Las sentencias no podrán revocarse por el juez o Tribunal que las dicte." "ARTÍCULO 679. Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las haya pronunciado.". "Artículo 680. La revocación no suspende los trámites del juicio. Debe interponerse por escrito expresando los agravios correspondientes, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que se impugna, dándose vista a la contraparte por igual plazo, y resolviendo el juez también dentro del tercer día.". Como se observa, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, prevé entre otras cosas, que las sentencias no podrán revocarse por el juez o tribunal que las dicte; pero, todas las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las pronunció, tramitación que será en la forma y términos allí señalados. En efecto, el aquí quejoso paso por alto que antes de promover el juicio de amparo indirecto, debió combatir la declinatoria de sus peticiones mediante el recurso revocación establecido en el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. Se afirma lo anterior, porque en principio cabe señalar que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre ellos el de definitividad como anteriormente se ha señalado, que tiene su regulación en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclama, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetar este principio, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, y como se indicó, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia señalada ya que debe agotarse, previa a la presentación de la demanda de amparo, el recuro de revocación previsto en el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el cual, de forma expresa y sin mayor interpretación, es claro en señalar que, contra las resoluciones que no sean sentencias y que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las dictó. Por tanto, atendiendo al texto del citado precepto procesal, resulta inconcuso que el acto que en esta vía constitucional se reclama, no es de aquellos considerados como definitivos, en contra del cual procede de forma inmediata el juicio de amparo indirecto, puesto que el mismo al tratarse de las declinatorias emitidas por la responsable en autos de doce de febrero de dos mil veinte, dos de marzo y uno de diciembre de dos mil veintiuno, son pronunciamientos sujetos a diversas determinaciones que, en su caso, emita la misma responsable, al momento que se haga valer el recurso de revocación, ante el cual tiene la oportunidad la parte promovente de amparo de hacer valer las manifestaciones que considere pertinentes, para que dicho acto de molestia pueda ser revocado, por tanto, la parte promovente debe agotar el principio de definitividad para estar en posibilidades de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, se afirma que los elementos antes señalados sí se satisfacen, toda vez que los autos que se impugnan las emitió un órgano judicial del Estado de Sinaloa, por su parte, el artículo en estudio prevé el recurso de revocación contra determinaciones diferentes a una sentencia; este medio ordinario de defensa se establece dentro de un procedimiento civil que se hizo valer ante la responsable, procedimiento en el cual, el promovente de amparo es parte. Aunado a lo anterior, el citado medio de defensa tiene por objeto, y atendiendo al nombre que utiliza, la de revocar las determinaciones impugnadas y, por último, de las constancias de autos no se advierte que la promovente de amparo se encuentre en alguna de las excepciones al principio de definitividad, porque el acto por ella reclama no tiene relación con alguna con aquellos que señala la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, además que el recurso de revocación señalado en el artículo 679 del ordenamiento local, no está sujeto a interpretación adicional, y su texto no es insuficiente en su regulación. Es preciso señalar que, aun cuando la Ley de la Materia utiliza el término "resolución", éste debe entenderse como una resolución en sentido amplio, esto es, la doctrina ha establecido que las resoluciones son los pronunciamientos de los jueces y tribunales a través de los cuales acuerdan delimitaciones de trámite o resuelven cuestiones planteadas por las partes, incluyendo la resolución del fondo del conflicto. Dicho de otra forma, toda resolución dictada por un tribunal puede dividirse, a su vez, en acuerdos, decretos, autos definitivos, provisionales, preparatorios y sentencias, las que, a su vez, se dividen en interlocutorias y definitivas; por todo ello, es claro que nada varía la determinación aquí adoptada a pesar de que, lo que se reclama es un auto de trámite, toda vez que éste, como se indicó, es susceptible de modificarse o revocarse mediante el recurso ordinario de revocación. Por su parte, es preciso señalar que el promovente de amparo tampoco se ubica en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, es decir, no operan a favor de ésta las causas que legal y jurisprudencialmente le faculten a no interponer el recurso de revocación para atacar el acto de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por identidad de razón, la tesis VI.2º.C.567 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a páginas 1646, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. EL AUTO QUE LO DESECHA DEBE COMBATIRSE MEDIANTE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, PREVIO A SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47, 408 y 414, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se advierte que si bien es cierto que contra las resoluciones dictadas en los incidentes no procede recurso alguno, también lo es que el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de aquellos con que culmina el procedimiento incidental previsto en el último de los numerales mencionados; aunado a ello, dicho proveído no pone fin al procedimiento principal, ni tiene la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria, ya que no resuelve la cuestión incidental planteada. De tal suerte que la resolución que desecha un incidente de nulidad de actuaciones constituye un simple auto que no pone fin al procedimiento y, por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, previo a su impugnación en amparo indirecto, debe ser combatido mediante el recurso de reclamación previsto en el referido artículo 408, pues dicho principio establece la obligación del quejoso de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. De lo contrario, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, conforme a la fracción XIII del artículo 73de la ley de la materia." De igual forma, cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis XIX.1º.28 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible a páginas 1121, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, correspondiente al mes de febrero de dos mil cuatro, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBE INTERPONERSE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DESECHA EL DIVERSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). El artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas es claro en cuanto a la procedencia del recurso de revocación en primera instancia respecto de los autos que no fueren apelables y los decretos, y como también lo es al señalar que la revocación procede en contra de esas resoluciones, cuando sean dictadas en segunda instancia. Ahora bien, bajo el principio jurídico de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, se tiene que si en segunda instancia procede la revocación en contra de todos los autos y decretos que en ella se dicten, esa misma disposición debe seguirse tratándose de todos los autos y decretos dictados en la primera instancia, esto es, que en contra de ellos procede la revocación, a excepción de los que fueren apelables. Luego, debe concluirse que en contra del auto del Juez que en primera instancia deseche el recurso de apelación, tratándose de juicios civiles, procede la revocación, dado que sería ilógico considerar que si en contra de un auto que emita el tribunal de alzada sobre la inadmisión del recurso de apelación procede la revocación, en tratándose de su desechamiento por parte del Juez de primera instancia, no procediera el recurso de revocación, máxime que a la luz del dispositivo legal en consulta se puede establecer que cualquier resolución de primera instancia que no decida el fondo del negocio, esto es, la cuestión principal planteada, deberá considerarse un auto, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la codificación en cita, los autos son resoluciones de las cuales pueden derivarse cargas o efectos sobre derechos procesales de las partes contendientes; consecuentemente, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, cabe establecer que, previamente a la interposición del amparo en contra del auto desechatorio del recurso de alzada, debe interponerse el recurso de revocación a que alude el artículo 914 del código en cita, pues con él puede lograrse la revocación, modificación o anulación del auto desechatorio, a no ser que la parte a quien perjudique este último desee ejercitar la alternativa procesal de insistir sobre su admisión, conforme a la prerrogativa contenida en los artículos 932, 938, parte final y 947, segundo párrafo, del código en consulta; por lo que si no se hizo valer, procede desechar la demanda de garantías, o bien, sobreseer al surtirse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Domicilio y autorizados De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Álvaro Obregón 1271 Pte., altos local 5 de esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a Miguel Javier Ceceña Corrales y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Manuela Camacho Valenzuela. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Exhortación a las partes Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de amparo que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA NOEL ABRAHAM LUGO CALDEZ EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Registro e integración de expediente Se tiene por recibido el escrito de demanda suscrita por Noel Abraham Lugo Valdez, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo con el 753/2021-3A; y, atento al contenido se provee: Desechamiento En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA.ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO EINDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, lo siguiente: El auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual la autoridad responsable le niega constituirse en el domicilio de la demandada -señalada como tercero interesada en el escrito de demanda- Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), además de los acuerdos de doce de febrero de dos mil veinte y dos de marzo de dos mil veintiuno, donde se declina la petición del provente en el sentido de hacer de su conocimiento cuenta bancaria a nombre de la referida demandada; lo anterior, con la finalidad de cumplimentar la sentencia dictada en el expediente 561/2019 del índice de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia el Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. El artículo en cuestión, determina que el trámite del juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. La razón del legislador para restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. El motivo de improcedencia que se analiza no es absoluto, pues en ese mismo dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado sea procedente, pero en el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de esa excepción, como se demuestra enseguida. Debe notarse que la causal en estudio dispone el acatamiento al citado principio, sin distinguir la naturaleza del ente de autoridad responsable y del acto de autoridad reprochado, por lo que esta prohibición opera tratándose de tribunales judiciales (los del Poder del Judicial de la Federación actuando como autoridad de instancia, así como los del fuero local sea civiles, familiares, penales, etcétera), administrativos (tribunales federales, de justicia administrativa y fiscal, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales o locales o burocráticos). De tal suerte, los promoventes previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, derivada de un acto emanado de un ente con facultades jurisdiccionales, deben agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), o anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. En el anotado contexto, cabe precisar, que el dispositivo legal 61, fracción XVIII, también prevé excepciones al principio de definitividad, en cuyo caso el promovente podrá promover el recurso ordinario o el juicio de amparo; sin embargo, la Ley de Amparo es categórica en señalar que fuera de los casos de excepción, el juicio resulta improcedente si no se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa, a pesar de que no se hayan hecho valer oportunamente por el quejoso. Es decir, el gobernado que se duele de un acto de autoridad judicial, aun cuando lo considere inconstitucional, puede acudir en demanda de amparo, sólo si agotó todas las instancias procesales que se regulen en la ley y que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona jurídicamente. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". Así como el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este juzgador estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se vio, los actos reclamados por el quejoso consistenten en los autos de doce de febrero de dos mil veinte, dos de marzo y uno de diciembre de dos mil veintiuno, donde se declinan sus peticiones respecto de constituirse en el domicilio de la demanda Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS) -aquí señalada como tercero interesada- , así como de señalar cuenta bancaria a nombre de la referida demandada; esto con la finalidad de ejecutar la sentencia dictada en el juicio 561/2019 del índice de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia el Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, pues, dichas determinaciones son susceptibles de ser impugnadas a través del recurso ordinario, previsto en los artículos 678, 679 y 680 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que establecen: Los citados numerales de la legislación procesal, además del artículo 678, prevén lo siguiente: "Artículo 678. Las sentencias no podrán revocarse por el juez o Tribunal que las dicte." "ARTÍCULO 679. Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las haya pronunciado.". "Artículo 680. La revocación no suspende los trámites del juicio. Debe interponerse por escrito expresando los agravios correspondientes, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que se impugna, dándose vista a la contraparte por igual plazo, y resolviendo el juez también dentro del tercer día.". Como se observa, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, prevé entre otras cosas, que las sentencias no podrán revocarse por el juez o tribunal que las dicte; pero, todas las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las pronunció, tramitación que será en la forma y términos allí señalados. En efecto, el aquí quejoso paso por alto que antes de promover el juicio de amparo indirecto, debió combatir la declinatoria de sus peticiones mediante el recurso revocación establecido en el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. Se afirma lo anterior, porque en principio cabe señalar que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre ellos el de definitividad como anteriormente se ha señalado, que tiene su regulación en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclama, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetar este principio, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, y como se indicó, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia señalada ya que debe agotarse, previa a la presentación de la demanda de amparo, el recuro de revocación previsto en el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el cual, de forma expresa y sin mayor interpretación, es claro en señalar que, contra las resoluciones que no sean sentencias y que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las dictó. Por tanto, atendiendo al texto del citado precepto procesal, resulta inconcuso que el acto que en esta vía constitucional se reclama, no es de aquellos considerados como definitivos, en contra del cual procede de forma inmediata el juicio de amparo indirecto, puesto que el mismo al tratarse de las declinatorias emitidas por la responsable en autos de doce de febrero de dos mil veinte, dos de marzo y uno de diciembre de dos mil veintiuno, son pronunciamientos sujetos a diversas determinaciones que, en su caso, emita la misma responsable, al momento que se haga valer el recurso de revocación, ante el cual tiene la oportunidad la parte promovente de amparo de hacer valer las manifestaciones que considere pertinentes, para que dicho acto de molestia pueda ser revocado, por tanto, la parte promovente debe agotar el principio de definitividad para estar en posibilidades de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, se afirma que los elementos antes señalados sí se satisfacen, toda vez que los autos que se impugnan las emitió un órgano judicial del Estado de Sinaloa, por su parte, el artículo en estudio prevé el recurso de revocación contra determinaciones diferentes a una sentencia; este medio ordinario de defensa se establece dentro de un procedimiento civil que se hizo valer ante la responsable, procedimiento en el cual, el promovente de amparo es parte. Aunado a lo anterior, el citado medio de defensa tiene por objeto, y atendiendo al nombre que utiliza, la de revocar las determinaciones impugnadas y, por último, de las constancias de autos no se advierte que la promovente de amparo se encuentre en alguna de las excepciones al principio de definitividad, porque el acto por ella reclama no tiene relación con alguna con aquellos que señala la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, además que el recurso de revocación señalado en el artículo 679 del ordenamiento local, no está sujeto a interpretación adicional, y su texto no es insuficiente en su regulación. Es preciso señalar que, aun cuando la Ley de la Materia utiliza el término "resolución", éste debe entenderse como una resolución en sentido amplio, esto es, la doctrina ha establecido que las resoluciones son los pronunciamientos de los jueces y tribunales a través de los cuales acuerdan delimitaciones de trámite o resuelven cuestiones planteadas por las partes, incluyendo la resolución del fondo del conflicto. Dicho de otra forma, toda resolución dictada por un tribunal puede dividirse, a su vez, en acuerdos, decretos, autos definitivos, provisionales, preparatorios y sentencias, las que, a su vez, se dividen en interlocutorias y definitivas; por todo ello, es claro que nada varía la determinación aquí adoptada a pesar de que, lo que se reclama es un auto de trámite, toda vez que éste, como se indicó, es susceptible de modificarse o revocarse mediante el recurso ordinario de revocación. Por su parte, es preciso señalar que el promovente de amparo tampoco se ubica en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, es decir, no operan a favor de ésta las causas que legal y jurisprudencialmente le faculten a no interponer el recurso de revocación para atacar el acto de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por identidad de razón, la tesis VI.2º.C.567 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a páginas 1646, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. EL AUTO QUE LO DESECHA DEBE COMBATIRSE MEDIANTE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, PREVIO A SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47, 408 y 414, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se advierte que si bien es cierto que contra las resoluciones dictadas en los incidentes no procede recurso alguno, también lo es que el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de aquellos con que culmina el procedimiento incidental previsto en el último de los numerales mencionados; aunado a ello, dicho proveído no pone fin al procedimiento principal, ni tiene la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria, ya que no resuelve la cuestión incidental planteada. De tal suerte que la resolución que desecha un incidente de nulidad de actuaciones constituye un simple auto que no pone fin al procedimiento y, por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, previo a su impugnación en amparo indirecto, debe ser combatido mediante el recurso de reclamación previsto en el referido artículo 408, pues dicho principio establece la obligación del quejoso de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. De lo contrario, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, conforme a la fracción XIII del artículo 73de la ley de la materia." De igual forma, cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis XIX.1º.28 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible a páginas 1121, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, correspondiente al mes de febrero de dos mil cuatro, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBE INTERPONERSE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DESECHA EL DIVERSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). El artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas es claro en cuanto a la procedencia del recurso de revocación en primera instancia respecto de los autos que no fueren apelables y los decretos, y como también lo es al señalar que la revocación procede en contra de esas resoluciones, cuando sean dictadas en segunda instancia. Ahora bien, bajo el principio jurídico de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, se tiene que si en segunda instancia procede la revocación en contra de todos los autos y decretos que en ella se dicten, esa misma disposición debe seguirse tratándose de todos los autos y decretos dictados en la primera instancia, esto es, que en contra de ellos procede la revocación, a excepción de los que fueren apelables. Luego, debe concluirse que en contra del auto del Juez que en primera instancia deseche el recurso de apelación, tratándose de juicios civiles, procede la revocación, dado que sería ilógico considerar que si en contra de un auto que emita el tribunal de alzada sobre la inadmisión del recurso de apelación procede la revocación, en tratándose de su desechamiento por parte del Juez de primera instancia, no procediera el recurso de revocación, máxime que a la luz del dispositivo legal en consulta se puede establecer que cualquier resolución de primera instancia que no decida el fondo del negocio, esto es, la cuestión principal planteada, deberá considerarse un auto, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la codificación en cita, los autos son resoluciones de las cuales pueden derivarse cargas o efectos sobre derechos procesales de las partes contendientes; consecuentemente, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, cabe establecer que, previamente a la interposición del amparo en contra del auto desechatorio del recurso de alzada, debe interponerse el recurso de revocación a que alude el artículo 914 del código en cita, pues con él puede lograrse la revocación, modificación o anulación del auto desechatorio, a no ser que la parte a quien perjudique este último desee ejercitar la alternativa procesal de insistir sobre su admisión, conforme a la prerrogativa contenida en los artículos 932, 938, parte final y 947, segundo párrafo, del código en consulta; por lo que si no se hizo valer, procede desechar la demanda de garantías, o bien, sobreseer al surtirse la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Domicilio y autorizados De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Álvaro Obregón 1271 Pte., altos local 5 de esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a Miguel Javier Ceceña Corrales y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Manuela Camacho Valenzuela. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Exhortación a las partes Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de amparo que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Nieves Parra Osuna Viuda de Muro270/2011
- Noé Álvarez Espinoza403/2019
- Noe Alvarez Espinoza641/2017
- Noe Gonzalez Cervantes43/2018
- Noe Gurrola Madrid236/2021
- Noel Abraham Lugo Valdez42/2022
- Noel Navarro Valenzuela386/2018
- Nohemi Carrasco Escalante50/2021
- Nohemi Guadalupe Cota Aguilar33/2023
- Nolberta Bojorquez Montoya389/2020
- Nolberta Bojórquez Montoya470/2023
- Nora Elena Luna Montoya678/2019