Noe Rafael Cortes Miranda

Expediente 242/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
242/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Noe Rafael Cortes Miranda
  • NOE RAFAEL CORTES MIRANDA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón actuarial por medio de la cual, el funcionario judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al tercero interesado Pedro Jorge Contreras Pérez, quien representa al occiso José Marino Ignacio Contreras Pérez, el auto de tres de diciembre del año en curso, dictado en el presente sumario constitucional, por el que se ordenó el archivo en el presente asunto. Lo anterior, pues al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, se percata que es un inmueble de dos pisos y al tocar en reiteradas ocasiones fue atendido por una persona del sexo masculino, quien le manifestó que la persona buscada ya no habita en dicho domicilio, que tiene algunas semanas que se cambiaron y que no tiene forma de localizarlo, de igual forma refirió que no es familiar, ni conocido, ni tiene relación alguna con el inquilino. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte tercera interesada de referencia el presente acuerdo, el diverso de tres de diciembre del actual y las subsecuentes resoluciones por medio de lista, incluso las de carácter personal. Notifíquese por lista a la parte tercero interesada el presente acuerdo y el diverso de tres de diciembre del actual, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020. ACUERDO DE 3 DE DICIEMBRE DE 20202: San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara del acuerdo dictado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del transcurrió del diez de noviembre al dos de diciembre de dos mil veinte, sin que lo haya hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda; la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto; sin que se esté en el caso de requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, los anexos I y II que se formaron con la copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 354/1995-8 de su índice. Sin que sea necesario requerir acuse de recibo, toda vez que la mencionada autoridad responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el respectivo oficio para que se cerciore de que, en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la prueba documental.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara del acuerdo dictado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del transcurrió del diez de noviembre al dos de diciembre de dos mil veinte, sin que lo haya hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda; la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto; sin que se esté en el caso de requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, los anexos I y II que se formaron con la copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 354/1995-8 de su índice. Sin que sea necesario requerir acuse de recibo, toda vez que la mencionada autoridad responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el respectivo oficio para que se cerciore de que, en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la prueba documental. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, a su defensor particular en el domicilio señalado para tal efecto, y a la tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercero interesada: agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito

  3. Principal

    ---PUBLICACIÓN DE AVISO--- SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA AL LICENCIADO SERGIO ESTÉBAN SALDAÑA RAMÍREZ, DEFENSOR PARTICULAR DEL QUEJOSO NOE RAFAEL CORTES MIRANDA A PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara del acuerdo dictado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del transcurrió del diez de noviembre al dos de diciembre de dos mil veinte, sin que lo haya hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda; la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto; sin que se esté en el caso de requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, los anexos I y II que se formaron con la copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 354/1995-8 de su índice. Sin que sea necesario requerir acuse de recibo, toda vez que la mencionada autoridad responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el respectivo oficio para que se cerciore de que, en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la prueba documental. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, a su defensor particular en el domicilio señalado para tal efecto, y a la tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercero interesada: agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 29 DE octubre DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación con la que se da cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Noé Rafael Cortés Miranda, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que adquiriera firmeza y le fuera requerido su cumplimiento, realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso: Noé Rafael Cortes Miranda, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de trece de febrero de dos mil veinte, en la causa penal 354/1995-8, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a). Deberá fundar y motivar las hipótesis que estime actualizadas del artículo 326 del Código Penal para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), y dicho análisis deber ser congruente con sus resolutivos. b). Deberá fundar y motivar la valoración que realice de los testigos de descargo: Rosa María Cortés Miranda, Araceli Alcaide García y Verónica Benítez Carrillo, y de señalar que su dicho es inverosímil por el simple transcurso del tiempo, explicar por qué, realizando un análisis ponderado del dicho de los atestes. 2. Notificará la determinación de término constitucional a las partes; y, 3. Remitirá a este órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. Por último, debe decirse que los efectos de la concesión del amparo, se hacen extensivos a los actos de ejecución reclamados al 2. Director del Centro Penitenciario de Puebla -identificación administrativa - en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la responsable ordenadora, al no haberse combatido por vicios propios. Tal consideración tiene sustento en la jurisprudencia 88 emitida por la otrora Tercera Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquella, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se indica: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." En acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, y se requirió su cumplimiento. Así, la juez penal responsable envió a este juzgado de Distrito el oficio 1698, al que adjuntó copia certificada de la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, emitida en la causa penal 354/1995-8 de su índice, en la cual dejó insubsistente el auto de formal prisión de trece de febrero de dos mil veinte, y en su lugar emitió otra en la que, con libertad de jurisdicción, resolvió la situación jurídica del quejoso Noé Rafael Cortés Miranda, así como las constancias de notificación a las partes. Por oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/6545/2020, el Director del Centro Penitenciario de Puebla, en su carácter de autoridad ejecutora, informó que realizó las anotaciones en el expediente penitenciario del quejoso, en lo que respecta a la identificación administrativa reclamada. Con dichos documentos, valorados en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, se acredita que la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizó lo siguiente: a). Dejó insubsistente el auto de formal prisión de trece de febrero de dos mil veinte, dictado en la causa penal 354/1995-8, de su índice, y en su lugar emitió otra en la que, con libertad de jurisdicción, dictó contra del quejoso Noé Rafael Cortés Miranda, auto de formal prisión o preventiva, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación a los diversos ordinales 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), en agravio de José Marino Ignacio Contreras Pérez. b) Fundó y motivó la hipótesis que estimó actualizada del artículo 326 del Código Penal para el Estado de Puebla, siendo congruente con lo plasmado en los resolutivos; de igual modo valoró las declaraciones de los testigos de descargo: Rosa María Cortés Miranda, Araceli Alcaide García y Verónica Benítez Carrillo, invocando los preceptos legales que consideró aplicables, así como las razones que tomó en cuenta para restarles eficacia probatoria. c). Notificó a las partes en la causa penal de origen, el auto antes precisado. d). Remitió a este órgano de control constitucional las constancias que justifican el cumplimiento de la sentencia protectora. Y, por su parte el Director del Centro Penitenciario de Puebla, hizo las respectivas anotaciones en el expediente penitenciario del aquí quejoso, respecto a su identificación administrativa. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, a su defensor particular en el domicilio señalado para tal efecto; y, a la parte tercero interesada; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercero interesada: agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula JUICIO DE AMPARO 242/2020 OF.236-1 JUEZ QUINTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, OF.236-2 DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA. OF. 236-3 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA (TERCERO INTERESADO). OF. 236 MPF AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. (AUTORIDAD NO RESPONSABLE) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 242/2020 PROMOVIDO POR NOÉ RAFAEL CORTÉS MIRANDA, POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR PARTICULAR SERGIO ESTEBAN SALDAÑA RAMÍREZ, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación con la que se da cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Noé Rafael Cortés Miranda, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que adquiriera firmeza y le fuera requerido su cumplimiento, realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso: Noé Rafael Cortes Miranda, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de trece de febrero de dos mil veinte, en la causa penal 354/1995-8, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a). Deberá fundar y motivar las hipótesis que estime actualizadas del artículo 326 del Código Penal para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), y dicho análisis deber ser congruente con sus resolutivos. b). Deberá fundar y motivar la valoración que realice de los testigos de descargo: Rosa María Cortés Miranda, Araceli Alcaide García y Verónica Benítez Carrillo, y de señalar que su dicho es inverosímil por el simple transcurso del tiempo, explicar por qué, realizando un análisis ponderado del dicho de los atestes. 2. Notificará la determinación de término constitucional a las partes; y, 3. Remitirá a este órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. Por último, debe decirse que los efectos de la concesión del amparo, se hacen extensivos a los actos de ejecución reclamados al 2. Director del Centro Penitenciario de Puebla -identificación administrativa - en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la responsable ordenadora, al no haberse combatido por vicios propios. Tal consideración tiene sustento en la jurisprudencia 88 emitida por la otrora Tercera Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquella, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se indica: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." En acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, y se requirió su cumplimiento. Así, la juez penal responsable envió a este juzgado de Distrito el oficio 1698, al que adjuntó copia certificada de la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, emitida en la causa penal 354/1995-8 de su índice, en la cual dejó insubsistente el auto de formal prisión de trece de febrero de dos mil veinte, y en su lugar emitió otra en la que, con libertad de jurisdicción, resolvió la situación jurídica del quejoso Noé Rafael Cortés Miranda, así como las constancias de notificación a las partes. Por oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/6545/2020, el Director del Centro Penitenciario de Puebla, en su carácter de autoridad ejecutora, informó que realizó las anotaciones en el expediente penitenciario del quejoso, en lo que respecta a la identificación administrativa reclamada. Con dichos documentos, valorados en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, se acredita que la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizó lo siguiente: a). Dejó insubsistente el auto de formal prisión de trece de febrero de dos mil veinte, dictado en la causa penal 354/1995-8, de su índice, y en su lugar emitió otra en la que, con libertad de jurisdicción, dictó contra del quejoso Noé Rafael Cortés Miranda, auto de formal prisión o preventiva, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación a los diversos ordinales 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), en agravio de José Marino Ignacio Contreras Pérez. b) Fundó y motivó la hipótesis que estimó actualizada del artículo 326 del Código Penal para el Estado de Puebla, siendo congruente con lo plasmado en los resolutivos; de igual modo valoró las declaraciones de los testigos de descargo: Rosa María Cortés Miranda, Araceli Alcaide García y Verónica Benítez Carrillo, invocando los preceptos legales que consideró aplicables, así como las razones que tomó en cuenta para restarles eficacia probatoria. c). Notificó a las partes en la causa penal de origen, el auto antes precisado. d). Remitió a este órgano de control constitucional las constancias que justifican el cumplimiento de la sentencia protectora. Y, por su parte el Director del Centro Penitenciario de Puebla, hizo las respectivas anotaciones en el expediente penitenciario del aquí quejoso, respecto a su identificación administrativa. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, a su defensor particular en el domicilio señalado para tal efecto; y, a la parte tercero interesada; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercero interesada: agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito..."

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