Noel Rosas Rumbo

Expediente 10/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
10/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • Noel Rosas Rumbo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y del análisis de la demanda de amparo promovida por el quejoso Noel Rosas Rumbo, resulta necesario realizar las precisiones siguientes: a) El quejoso solicitó la protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos que atribuyó al 1. Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional y 2. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consistentes en los siguientes: 1. Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 23/2016/DMZS, por medio del cual se acordó que no ha lugar a proveer de conformidad la liberación del inmueble ubicado en calle doce oriente número doscientos dos, letra "A" entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla, toda vez que en diecisiete de abril de dos mil diecisiete se decretó el abandono a favor del estado en relación dicho con inmueble. 2. Acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete por medio del cual el ministerio Público decretó el abandono del bien inmueble ubicado en calle doce oriente número doscientos dos, entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla, a favor del Estado, dictado en la averiguación previa 23/2016/DMZS. En ese sentido, los conceptos de violación que expresó el quejoso se encuentran encaminados a demostrar la ilegalidad del acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete. b) De las constancias que remitió el 1. Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la averiguación 23/2016/DMZS, que tienen pleno valor probatorio, términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte lo siguiente: 1. El dieciséis de enero de dos mil diecisiete, con motivo del cateo practicado en el domicilio calle doce oriente número doscientos dos letra "A", entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla, se decretó el aseguramiento de dicho bien inmueble (foja 608 anexo I). 2. El diecisiete de abril de dos mil diecisiete, el representante social, en razón de que nadie compareció a acreditar la propiedad del inmueble asegurado, decretó el abandono de dicho inmueble a favor del Estado. Ordenó notificar dicho acuerdo en los estrados de la agencia del Ministerio Público Especializada en Robo a casa Habitación del Sistema Tradicional, a efecto de que en el término de treinta días la persona interesada, acreditara la propiedad del inmueble y realizara las manifestaciones a que a su interés convenga (foja 1077 a 1083 anexo II). Acuerdo que en lo que interesa es del contenido siguiente: "(.) EN CONSECUENCIA, ESTA FISCALÍA PROCEDE A DECRETAR EL ABANDONO EN FAVOR DEL ESTADO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 12 ORIENTE NÚMERO 202, ENTRE CALLES 2 Y 4 NORTE DENOMINADO FLASH CLUB, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, PARA LO CUAL SE ORDENA NOTIFICAR AL C. ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Y/O JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ BARRERA Y/O A QUIEN SE CREA CON DERECHO EN EL DOMICILIO SEÑALADO Y EN LUGAR VISIBLE EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS A QUIEN SE CREA CON DERECHO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA QUE COMPAREZCA DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A ESTA NOTIFICACIÓN, ANTE ESTA AUTORIDAD SITO EN BOULEVARD 5 DE MAYO Y 31 ORIENTE S/N, COLONIA LADRILLERA DE BENÍTEZ PUEBLA, PARA QUE UNA VEZ QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE Y OBJETOS DIVERSOS QUE SE ENCURTAN EN EL INTERIOR, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, EN CASO CONTRARIO Y DE NO COMPARECER ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL SE DECLARARA FIRME EL PRESENTE ACUERDO (.)." Acuerdo del cual no se advierte de autos constancia de notificación alguna practicada al aquí quejoso Noel Rosas Rumbo. 3. El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el quejoso Noel Rosas Rumbo, se apersonó en la averiguación 23/2016/DMZS, y rindió su declaración ministerial en relación con los hechos que la originaron (foja 1220 a 1221 anexo II). 4. Mediante escrito recepcionado en la Fiscalía General del Estado el once de octubre de dos mil diecisiete, Noel Rosas Rumbo, solicitó a la responsable la restitución del inmueble ubicado en calle doce oriente número doscientos dos, entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla. 5. Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete la responsable acordó que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el quejoso, acuerdo que, en lo que interesa, es del contenido siguiente: "(.)dígasele que no a lugar a acordar favorable su petición, toda vez que de actuaciones se desprende que mediante acuerdo de fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, se decretó el abandono a favor del estado, respecto del inmueble (.)" (foja 1387 anexo II). Acuerdo que le fue notificado al quejoso el once de diciembre de dos mil diecisiete, por conducto del autorizado de su apoderado legal Edgar Muñoz Flores, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 1388 a 1389 anexo II). De lo anterior, la suscrita juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo , cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en un acuerdo que se emitió dentro de la averiguación previa A.P.23/2016/DMZS; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo, que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame. En tales consideraciones, se tiene que la demanda de amparo es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Para así estimarlo, es necesario precisar que de los antecedentes relatados se advierte que el quejoso promovió juicio de amparo indirecto el cuatro de enero de dos mil dieciocho, en contra de los acuerdos pronunciados por la responsable el diecisiete de abril y cinco de diciembre de dos mil diecisiete, último acuerdo que le fue notificado el once de diciembre de dos mil diecisiete; sin que de autos obre constancia de notificación practicada al aquí quejoso respecto del proveído de diecisiete de abril de la anualidad pasada. Sin embargo, como se advierte de la transcripción del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en tal proveído se hizo del conocimiento al quejoso de la existencia del acuerdo de diecisiete de abril de ese mismo año, esto, pues la responsable precisó que no podía levantar el aseguramiento del inmueble ubicado en calle doce oriente número doscientos dos, entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla, en razón que el diecisiete de abril de ese año decretó el abandono a favor del Estado -acuerdo que constituye uno de los actos reclamados en el presente sumario constitucional-. Por lo que, en la especie, es dable establecer que a partir de que le fue notificado el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se hizo sabedor de la existencia del diverso de diecisiete de abril del mismo año pues en tal acuerdo se hace mención de éste último. En esa tesitura, resulta evidente que el presente juicio de amparo es extemporáneo, en virtud de que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados el once de diciembre de dos mil diecisiete, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 1388 a 1389 anexo II). Pues conforme a las reglas de procedencia previstas en la Ley de Amparo y a los plazos que establecen los artículos 48 y 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (cuatro de enero de dos mil dieciocho), ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto, porque si el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados el once de diciembre de dos mil diecisiete -fecha de su notificación- el plazo para promover juicio de amparo indirecto comenzó a transcurrir a partir del día siguiente -doce de diciembre de dos mil diecisiete-, feneciendo el tres de enero de dos mil dieciocho, sin contar los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete por ser sábados y domingos, ni el veinticinco de diciembre del mencionado año y uno de enero de dos mil dieciocho todos considerados inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si la instancia se presentó el cuatro de enero de dos mil dieciocho, es claro que su promoción fue inoportuna respecto de los actos reclamados en estudio, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, de ahí que su presentación extemporánea, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. Sin que sea óbice a lo anterior, que el quejoso hubiera manifestado, bajo protesta de decir verdad, que el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, le fue notificado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, pues como se advierte de las constancias que remitió la responsable, el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete dirigido al aquí quejoso, le fue notificado por conducto de Edgar Muñoz Flores, quien es autorizado en la averiguación previa A.P.23/2016/DMZS, de Marco Antonio Ladrón de Guevara, y este último, de acuerdo al instrumento notarial 9610, libro 112, suscrito ante la fe del Notario Público Treinta de la Undécima Demarcación Notarial con residencia en las Trancas, municipio de Emiliano Zapata del Estado de Veracruz, es apoderado legal para pleitos y cobranzas y actos de administración de Noel Rosas Rumbo (fojas 1181 y 1182 anexo II). De ahí que al haberse efectuado la notificación del proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete al autorizado de su apoderado legal, el once de diciembre de dos mil diecisiete, tal y como obra en autos (foja 1388 a 1389 anexo II), la misma surte sus efectos como si se le hubiera notificado al propio quejoso. Por lo tanto, resulta evidente que la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado fue el once de diciembre de dos mil diecisiete y no el catorce siguiente como adujo en su demanda de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS EN MATERIA PENAL, EXTEMPORANEA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO NI ENCUADRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 22, FRACCION II, DE LA LEY DE AMPARO. Cuando con motivo de una sentencia definitiva dictada en materia penal, se promueva un juicio de amparo, la presentación de la demanda debe llevarse a cabo dentro del término de quince días, si únicamente se reclama, la parte de ésta, en la que se condenó al quejoso a pagar la reparación del daño, pues aun cuando tal acto, importe una condena en materia penal; empero, al no afectarse con la misma, la libertad personal del quejoso, ni encuadrar en ninguno de los supuestos de excepción establecidos por el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, la presentación de la demanda fuera del término de quince días, que para tal fin establece el artículo 21 de la misma, obliga al sobreseimiento del juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 73, de la ley en cita." Así mismo, tampoco es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede respecto la improcedencia del presente sumario, que el quejoso reclame la notificación del acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, pues en el caso, como se precisó, el promovente de amparo se hizo sabedor de la existencia del mismo al momento en que le fue notificado el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Además, el auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, (donde se decreta el abandono), se notificó por estrados a quien se creyera con derechos sobre el bien inmueble que aquí defiende. Y por lo tanto, las violaciones que se hubieran suscitado en la notificación del acuerdo de diecisiete de abril de la anualidad pasada, quedaron sin efectos al momento en que el quejoso se hizo sabedor de la existencia de dicho acuerdo, a través de la notificación de que se realizó el once de diciembre de dos mil diecisiete, lo anterior en términos del artículo 47, fracción XII y XIII del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y, por ende, y la misma surtió sus efectos a partir de ese momento. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracciones IV y V, del ordenamiento legal en cita. Ahora bien, cabe destacar que esta juzgadora no se encuentra facultada para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación efectuada el once de diciembre de dos mil diecisiete, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis, que como se ha apuntado, se ciñe al análisis de la resolución dictada por la autoridad responsable. Se invoca en apoyo, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Finalmente, no es obstáculo a lo anterior, que a la presente data no obre en autos el informe justificado del 2. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla (autoridad ejecutora), lo anterior, en virtud de que el acto es extemporáneo, y por ende, la espera de su informe justificado, a nada práctico llevaría, máxime que el quejoso no reclama la ejecución por vicios propios. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y del análisis de la demanda de amparo promovida por el quejoso Noel Rosas Rumbo, resulta necesario realizar las precisiones siguientes: a) El quejoso solicitó la protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos que atribuyó al 1. Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional y 2. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consistentes en los siguientes: 1. Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa 23/2016/DMZS, por medio del cual se acordó que no ha lugar a proveer de conformidad la liberación del inmueble ubicado en calle doce oriente número doscientos dos, letra "A" entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla, toda vez que en diecisiete de abril de dos mil diecisiete se decretó el abandono a favor del estado en relación dicho con inmueble. 2. Acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete por medio del cual el ministerio Público decretó el abandono del bien inmueble ubicado en calle doce oriente número doscientos dos, entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla, a favor del Estado, dictado en la averiguación previa 23/2016/DMZS. En ese sentido, los conceptos de violación que expresó el quejoso se encuentran encaminados a demostrar la ilegalidad del acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete. b) De las constancias que remitió el 1. Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres de Asuntos de Investigación Especializada de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la averiguación 23/2016/DMZS, que tienen pleno valor probatorio, términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte lo siguiente: 1. El dieciséis de enero de dos mil diecisiete, con motivo del cateo practicado en el domicilio calle doce oriente número doscientos dos letra "A", entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla, se decretó el aseguramiento de dicho bien inmueble (foja 608 anexo I). 2. El diecisiete de abril de dos mil diecisiete, el representante social, en razón de que nadie compareció a acreditar la propiedad del inmueble asegurado, decretó el abandono de dicho inmueble a favor del Estado. Ordenó notificar dicho acuerdo en los estrados de la agencia del Ministerio Público Especializada en Robo a casa Habitación del Sistema Tradicional, a efecto de que en el término de treinta días la persona interesada, acreditara la propiedad del inmueble y realizara las manifestaciones a que a su interés convenga (foja 1077 a 1083 anexo II). Acuerdo que en lo que interesa es del contenido siguiente: "(.) EN CONSECUENCIA, ESTA FISCALÍA PROCEDE A DECRETAR EL ABANDONO EN FAVOR DEL ESTADO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 12 ORIENTE NÚMERO 202, ENTRE CALLES 2 Y 4 NORTE DENOMINADO FLASH CLUB, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, PARA LO CUAL SE ORDENA NOTIFICAR AL C. ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Y/O JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ BARRERA Y/O A QUIEN SE CREA CON DERECHO EN EL DOMICILIO SEÑALADO Y EN LUGAR VISIBLE EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS A QUIEN SE CREA CON DERECHO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA QUE COMPAREZCA DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A ESTA NOTIFICACIÓN, ANTE ESTA AUTORIDAD SITO EN BOULEVARD 5 DE MAYO Y 31 ORIENTE S/N, COLONIA LADRILLERA DE BENÍTEZ PUEBLA, PARA QUE UNA VEZ QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE Y OBJETOS DIVERSOS QUE SE ENCURTAN EN EL INTERIOR, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, EN CASO CONTRARIO Y DE NO COMPARECER ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL SE DECLARARA FIRME EL PRESENTE ACUERDO (.)." Acuerdo del cual no se advierte de autos constancia de notificación alguna practicada al aquí quejoso Noel Rosas Rumbo. 3. El veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el quejoso Noel Rosas Rumbo, se apersonó en la averiguación 23/2016/DMZS, y rindió su declaración ministerial en relación con los hechos que la originaron (foja 1220 a 1221 anexo II). 4. Mediante escrito recepcionado en la Fiscalía General del Estado el once de octubre de dos mil diecisiete, Noel Rosas Rumbo, solicitó a la responsable la restitución del inmueble ubicado en calle doce oriente número doscientos dos, entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla. 5. Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete la responsable acordó que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el quejoso, acuerdo que, en lo que interesa, es del contenido siguiente: "(.)dígasele que no a lugar a acordar favorable su petición, toda vez que de actuaciones se desprende que mediante acuerdo de fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, se decretó el abandono a favor del estado, respecto del inmueble (.)" (foja 1387 anexo II). Acuerdo que le fue notificado al quejoso el once de diciembre de dos mil diecisiete, por conducto del autorizado de su apoderado legal Edgar Muñoz Flores, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 1388 a 1389 anexo II). De lo anterior, la suscrita juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo , cuyo texto es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en un acuerdo que se emitió dentro de la averiguación previa A.P.23/2016/DMZS; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo, que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto o resolución que reclame. En tales consideraciones, se tiene que la demanda de amparo es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Para así estimarlo, es necesario precisar que de los antecedentes relatados se advierte que el quejoso promovió juicio de amparo indirecto el cuatro de enero de dos mil dieciocho, en contra de los acuerdos pronunciados por la responsable el diecisiete de abril y cinco de diciembre de dos mil diecisiete, último acuerdo que le fue notificado el once de diciembre de dos mil diecisiete; sin que de autos obre constancia de notificación practicada al aquí quejoso respecto del proveído de diecisiete de abril de la anualidad pasada. Sin embargo, como se advierte de la transcripción del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en tal proveído se hizo del conocimiento al quejoso de la existencia del acuerdo de diecisiete de abril de ese mismo año, esto, pues la responsable precisó que no podía levantar el aseguramiento del inmueble ubicado en calle doce oriente número doscientos dos, entre calles dos y cuatro norte de San Andrés Cholula, Puebla, en razón que el diecisiete de abril de ese año decretó el abandono a favor del Estado -acuerdo que constituye uno de los actos reclamados en el presente sumario constitucional-. Por lo que, en la especie, es dable establecer que a partir de que le fue notificado el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se hizo sabedor de la existencia del diverso de diecisiete de abril del mismo año pues en tal acuerdo se hace mención de éste último. En esa tesitura, resulta evidente que el presente juicio de amparo es extemporáneo, en virtud de que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados el once de diciembre de dos mil diecisiete, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 1388 a 1389 anexo II). Pues conforme a las reglas de procedencia previstas en la Ley de Amparo y a los plazos que establecen los artículos 48 y 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (cuatro de enero de dos mil dieciocho), ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto, porque si el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados el once de diciembre de dos mil diecisiete -fecha de su notificación- el plazo para promover juicio de amparo indirecto comenzó a transcurrir a partir del día siguiente -doce de diciembre de dos mil diecisiete-, feneciendo el tres de enero de dos mil dieciocho, sin contar los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete por ser sábados y domingos, ni el veinticinco de diciembre del mencionado año y uno de enero de dos mil dieciocho todos considerados inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si la instancia se presentó el cuatro de enero de dos mil dieciocho, es claro que su promoción fue inoportuna respecto de los actos reclamados en estudio, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, de ahí que su presentación extemporánea, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. Sin que sea óbice a lo anterior, que el quejoso hubiera manifestado, bajo protesta de decir verdad, que el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, le fue notificado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, pues como se advierte de las constancias que remitió la responsable, el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete dirigido al aquí quejoso, le fue notificado por conducto de Edgar Muñoz Flores, quien es autorizado en la averiguación previa A.P.23/2016/DMZS, de Marco Antonio Ladrón de Guevara, y este último, de acuerdo al instrumento notarial 9610, libro 112, suscrito ante la fe del Notario Público Treinta de la Undécima Demarcación Notarial con residencia en las Trancas, municipio de Emiliano Zapata del Estado de Veracruz, es apoderado legal para pleitos y cobranzas y actos de administración de Noel Rosas Rumbo (fojas 1181 y 1182 anexo II). De ahí que al haberse efectuado la notificación del proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete al autorizado de su apoderado legal, el once de diciembre de dos mil diecisiete, tal y como obra en autos (foja 1388 a 1389 anexo II), la misma surte sus efectos como si se le hubiera notificado al propio quejoso. Por lo tanto, resulta evidente que la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado fue el once de diciembre de dos mil diecisiete y no el catorce siguiente como adujo en su demanda de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS EN MATERIA PENAL, EXTEMPORANEA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO NI ENCUADRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 22, FRACCION II, DE LA LEY DE AMPARO. Cuando con motivo de una sentencia definitiva dictada en materia penal, se promueva un juicio de amparo, la presentación de la demanda debe llevarse a cabo dentro del término de quince días, si únicamente se reclama, la parte de ésta, en la que se condenó al quejoso a pagar la reparación del daño, pues aun cuando tal acto, importe una condena en materia penal; empero, al no afectarse con la misma, la libertad personal del quejoso, ni encuadrar en ninguno de los supuestos de excepción establecidos por el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, la presentación de la demanda fuera del término de quince días, que para tal fin establece el artículo 21 de la misma, obliga al sobreseimiento del juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 73, de la ley en cita." Así mismo, tampoco es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede respecto la improcedencia del presente sumario, que el quejoso reclame la notificación del acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, pues en el caso, como se precisó, el promovente de amparo se hizo sabedor de la existencia del mismo al momento en que le fue notificado el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Además, el auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, (donde se decreta el abandono), se notificó por estrados a quien se creyera con derechos sobre el bien inmueble que aquí defiende. Y por lo tanto, las violaciones que se hubieran suscitado en la notificación del acuerdo de diecisiete de abril de la anualidad pasada, quedaron sin efectos al momento en que el quejoso se hizo sabedor de la existencia de dicho acuerdo, a través de la notificación de que se realizó el once de diciembre de dos mil diecisiete, lo anterior en términos del artículo 47, fracción XII y XIII del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y, por ende, y la misma surtió sus efectos a partir de ese momento. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracciones IV y V, del ordenamiento legal en cita. Ahora bien, cabe destacar que esta juzgadora no se encuentra facultada para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación efectuada el once de diciembre de dos mil diecisiete, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis, que como se ha apuntado, se ciñe al análisis de la resolución dictada por la autoridad responsable. Se invoca en apoyo, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Finalmente, no es obstáculo a lo anterior, que a la presente data no obre en autos el informe justificado del 2. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla (autoridad ejecutora), lo anterior, en virtud de que el acto es extemporáneo, y por ende, la espera de su informe justificado, a nada práctico llevaría, máxime que el quejoso no reclama la ejecución por vicios propios. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Tres de Asuntos de Investigación Especializada adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional en el Estado de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación directa con el numeral 117 de la misma legislación, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmense los cuadernos de prueba I y II del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo.

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