Noemi Morales Ortega

Expediente 315/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
315/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Noemi Morales Ortega
  • NOEMI MORALES ORTEGA y Otros.
  • Ma. Isabel Escalona Perez (Asesora Jurídica)
  • MA. ISABEL ESCALONA PEREZ (ASESORA JURÍDICA) y Otros.
  • Juez de Oralidad de la Región Judicial Centro, Poneinte, Que Conoce de las Auntos de San Martín Texmelucan, Con Residencia En Cholula, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngase a la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, Salvador Hernández Martínez acusando recibo del diverso oficio 701-C-1, por medio del cual se le devolvieron dos discos versátiles digitales que contienen las audiencias llevadas a cabo dentro de la causa penal 90/2021/SAN MARTÍN de su índice. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales que remitió la autoridad responsable 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, se ordena devolverlos a la referida autoridad, a quien, por encontrarse fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, se requiere para que acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las constancias que se anexan. Se apercibe a la referida autoridad responsable, que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordena devolver a la autoridad responsables 2. Jesús Gabriel García Martínez, Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y de la Familia de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, la documental pública remitida en complemento a su informe justificado, consistente en la copia certificada del expediente administrativo 05/2021 de su índice (anexo I), sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las citadas documentales. Por otro lado, como lo dispone el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hágase saber a Noemí Morales Ortega quien representa a su menor hija de iniciales A.E.M.M., que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger el documento que agregó a su escrito inicial e demanda; apercibida que de no hacerlo esté será destruido junto con el expediente en que se actúa; debiendo comparecer al local de este órgano jurisdiccional para recibirlo con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma) en el horario comprendido de las diez a las doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado; en la inteligencia que, durante la vigencia del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, deberá ajustarse a las condiciones previstas en el propio Acuerdo, para la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente al tercero interesado en el lugar de su reclusión, así como por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Romina Ortiz Avila, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. RRL. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 315/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por María Isabel Escalona Pérez, en su carácter de asesora jurídica victimal de Noemí Morales Ortega quien representa a su menor hija de iniciales Alexa EMM; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, de forma electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, María Isabel Escalona Pérez, en su carácter de asesora jurídica victimal de Noemí Morales Ortega quien representa a su menor hija de iniciales Alexa EMM, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, y otras autoridades. La promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Incompetencia. Mediante resolución dictada el seis de abril del año en curso, el Titular de dicho órgano jurisdiccional radicó la demanda con el número de juicio de amparo 445/2021 de su estadística; asimismo, se declaró incompetente para conocer del asunto por razón de materia, por lo que ordenó enviar las actuaciones a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a fin de que, a su vez, se remitieran a un Juzgado de Distrito en esa materia. Tercero. Radicación en este juzgado y prevención. Por acuerdo emitido el nueve de abril de la presente anualidad, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla determinó lo siguiente: ( Registró y radicó el asunto con el número de juicio de amparo indirecto 315/2021. ( Aceptó la competencia planteada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. ( Reconoció la personalidad de la promovente María Isabel Escalona Pérez como asesora jurídica victimal de Noemí Morales Ortega dentro de la carpeta de investigación de origen y, a su vez, la de ésta como madre de su menor hija Alexa EMM (de identidad reservada). ( Previno a la parte promovente para que en el término de cinco días, computado legalmente, manifestara, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: i) la fecha en que había tenido conocimiento del acto que reclamó de 2. Jesús Gabriel García Martínez, Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y de la Familia de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, que hizo consistir en la negativa de ordenar la restitución familiar de la menor Alexa EMM (de identidad reservada) con su madre Noemí Morales Ortega; y ii) su deseo o no de señalar como acto reclamado a dicha autoridad, la negativa de permitir a la referida progenitora el acceso al albergue donde su hija se encuentra resguardada. Cuarto. Escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la promovente desahogó la prevención de mérito, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que el dieciocho de marzo del año en curso tuvo conocimiento de la negativa de ordenar la restitución familiar de la menor Alexa EMM (de identidad reservada) con su madre Noemí Morales Ortega, atribuida a la citada autoridad administrativa, así como su voluntad de señalar como acto reclamado la negativa de permitir a la referida progenitora el acceso al albergue donde su hija se encuentra resguardada. Quinto. Auto de parcial admisión. En auto de veinte de abril del año en curso, este órgano de control constitucional acordó lo siguiente: ( Tuvo a la promovente dando cumplimiento a la prevención formulada. ( Desechó los actos imputados a la fiscal señalada como autoridad responsable, que la promovente hizo consistir en la negativa de ordenar la restitución familiar de la menor Alexa EMM (de identidad reservada) en favor de su madre Noemí Morales Ortega, ello como medida de protección dictada dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-I/0012141/2021, así como en la negativa de rendir el informe correspondiente al Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y de la Familia de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en atención a la solicitud de iniciar el procedimiento de restitución familiar; lo anterior, al considerar que respecto de esos actos se actualizaba la causal de improcedencia que deriva de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. ( Admitió a trámite el asunto por cuanto al resto de los actos reclamados -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables, solicitó al juez de control responsable copia certificada de las constancias que acreditaran la personalidad de la promovente como asesora jurídica victimal de Noemí Morales Ortega dentro de la causa penal de origen y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Sexto. Personalidad y parte tercera interesada. En acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se reconoció la personalidad de la promovente María Isabel Escalona Pérez como asesora jurídica victimal de Noemí Morales Ortega dentro de la causa penal de origen y, términos del artículo 5, fracción III, incisos a) y e), de la ley de la materia, se tuvieron y se emplazaron con el carácter de terceros interesados a los siguientes sujetos: 1. José Elías Medel Galindo -parte imputada de origen-; y, 2. Mariana del Milagro Aguilera Reyes, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra la Mujeres -fiscal interviniente en la causa penal de origen-. Séptimo. Cita para audiencia. En acuerdo de treinta y uno de mayo del actual, se fijaron las nueve horas con veintiséis minutos del catorce de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos en materia penal, cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, del auto de parcial admisión y de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte promovente reclama: 1. La determinación dictada en audiencia inicial celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 90/2021/SANMARTÍN, en donde el juez de control responsable negó acordar de conformidad la medida protección solicitada por la asesora jurídica victimal, consistente en la restitución de la menor agraviada Alexa EMM con su progenitora Noemí Morales Ortega. 2. La negativa de Jesús Gabriel García Martínez, Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y de la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, en permitir a Noemí Morales Ortega el acceso al albergue en donde se encuentra resguardada su menor hija Alexa EMM. Cabe hacer la precisión que no se tiene como acto reclamado destacado al citado Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y de la Familia: "La negativa de ordenar la restitución familiar de la menor de iniciales AEMM en favor de su señora madre Noemí Morales Ortega, lo anterior como medida de protección en favor de la menor en su carácter de víctima, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-I/001241/2021." Lo anterior, porque dicho acto, también imputado a Mariana del Milagro Aguilera Reyes, Agente del Ministerio adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue materia del desechamiento parcial decretado en auto de veinte de abril de dos mil veintiuno. De ahí que únicamente se tenga como acto reclamado a dicha autoridad administrativa la negativa en permitir a Noemí Morales Ortega el acceso al albergue en donde se encuentra resguardada su menor hija Alexa EMM. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, la promovente atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan. Acepta. 96. 2 Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, en representación de la autoridad responsable 2. Jesús Gabriel García Martínez, Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y de la Familia de dicha dependencia. Niega. 183 y 184. Tabla Única. Apartado A. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Este juzgador considera que no está demostrada la existencia del acto reclamado imputado a 2. Jesús Gabriel García Martínez, Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y de la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, consistente en la negativa en permitir a Noemí Morales Ortega el acceso al albergue en donde se encuentra resguardada su menor hija Alexa EMM. Se explica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En ese sentido, la promovente reclama la negativa en permitir a Noemí Morales Ortega el acceso al albergue en donde se encuentra resguardada su menor hija Alexa EMM, es decir, un acto positivo con efectos negativos; de modo que su existencia es susceptible analizarse bajo la indicada regla establecida por el Máximo Tribunal del país. En ese tenor, de las copias certificadas del expediente administrativo 05/2021 del índice de la referida autoridad responsable, las cuales, por tratarse de un documento público, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierten los siguientes datos: 1. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, Mónica Myriam Pérez González, Agente del ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, expidió el oficio UIEDS/CM048/2020 dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-I/001241/2021, por el cual -entre otras cuestiones- solicitó al Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla el resguardo de la integridad física y emocional de la menor Alexa EMM; asimismo, le comunicó que dicha menor quedaba bajo su custodia provisional, por lo que requirió, también, su ingreso a la Institución que representaba. 2. En la misma fecha, el Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla inició el expediente administrativo 05/2021, con motivo de la recepción del oficio indicado en el punto anterior. 3. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, Noemí Morales Ortega compareció ante el Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla para manifestar, entre otros puntos, que se encontraba interesada en iniciar el procedimiento de restitución familiar en favor de su menor hija Alexa EMM, por lo que se le explicó en qué consistía dicho procedimiento y, asimismo, se le comunicó que una vez que se tuvieran todas las valoraciones correspondientes, se enviarían al agente del ministerio público a fin de que determinara en definitiva la restitución familiar solicitada; de igual forma, se le informó que una vez que el fiscal resolviera sobre la procedencia de ese procedimiento, se determinaría la forma de iniciar la comunicación con la menor. 4. El uno de marzo de dos mil veintiuno, el Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia giró el oficio recordatorio D.D.I.F./376/2021 a la fiscal investigadora con el fin de que le comunicara si tenía pedimento alguno en iniciar el procedimiento de restitución familiar. 5. El once de marzo de dos mil veintiuno, Noemí Morales Ortega compareció nuevamente ante el Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla para solicitar información sobre el estado que guardaba el estado de restitución familiar, por lo que se le brindó la información solicitada. 6. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el fiscal comunicó que no existía impedimento alguno para iniciar el trámite de restitución familiar de la menor con su progenitora. 7. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, Noemí Morales Ortega compareció nuevamente ante el Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, en donde se le comunicó que la fiscal investigadora no advirtió la existencia de impedimento alguno para iniciar el procedimiento de restitución, por lo que en ese acto se asignaron las fechas para la valoración psicológica, dinámica familiar y estudio socioeconómico, cuyos resultados serían remitidos a la fiscal para que determinara lo relativo a la restitución familiar. 8. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la dinámica familiar entre Noemí Morales Ortega y su menor hija Alexa EMM en persona dentro del albergue "Casa del Migrante". Como se puede apreciar de los antecedentes narrados -mismos que son los más destacados-, no se advierte que por lo menos antes de la presentación de la demanda de amparo -treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno-, 2. Jesús G. García Martínez, Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y de la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, haya negado a Noemí Morales Ortega el acceso al albergue en donde se encuentra resguardada su menor hija Alexa EMM; incluso, el diecinueve de marzo del actual se permitió su convivencia para el estudio de dinámica familiar que serviría para determinar la procedencia de la restitución de la menor con su progenitora. En ese tenor, se puede apreciar que, antes de la presentación de la demanda de amparo, no existe acto alguno en el que la aludida autoridad administrativa haya negado a Noemí Morales Ortega el acceso al albergue en donde se encuentra resguardada su menor hija Alexa EMM; por el contrario, existe una actuación que refleja que tuvieron una dinámica familiar en el aludido albergue. Por otro lado, las documentales ofrecidas por la promovente no son idóneas para acreditar la existencia del acto reclamado, sino, en todo caso, lo que en ellas se contiene, es decir: i) que la promovente María Isabel Escalona Pérez es asesora jurídica victimal de Noemí Morales Ortega dentro de la carpeta de investigación de origen; ii) que esta última es madre de la menor Alexa EMM; y, iii) que el Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia, mediante oficio D.D.I.F. 393/2021, comunicó a Noemí Morales Ortega los avances del procedimiento de restitución familiar de su menor hija hasta el dieciocho de marzo del actual. En ese sentido, correspondía a la quejosa la carga procesal probatoria para controvertir el informe respectivo; esto es, acreditar, primero que otra cuestión, la existencia de la negativa combatida. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar la negativa de la autoridad responsable y acreditar que, como lo afirma, existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto del acto reclamado imputado a 2. Jesús Gabriel García Martínez, Titular del Departamento de la Defensa de la Infancia y de la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, consistente en la negativa en permitir a Noemí Morales Ortega el acceso al albergue en donde se encuentra resguardada su menor hija Alexa EMM. Apartado B. Existencia del acto reclamado. El juez de control aceptó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la determinación dictada en audiencia inicial celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 90/2021/SANMARTÍN, en donde negó acordar de conformidad la medida protección solicitada por la asesora jurídica victimal, consistente en la restitución de la menor agraviada Alexa EMM con su progenitora Noemí Morales Ortega. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en las audiencias correspondientes a la emisión de la resolución reclamada, contenidas en los dos discos versátiles digitales (DVD) y con la copia certificada de diversos registros que obran dentro de la causa penal de origen, las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se tiene por cierto la resolución jurisdiccional reclamada en la presente instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio respecto del acto ahora reclamado. * Incumplimiento al principio de definitividad. Este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia la causa de inviabilidad prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la determinación dictada en audiencia inicial celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 90/2021/SANMARTÍN, en donde el juez de control responsable negó acordar de conformidad la medida protección solicitada por la asesora jurídica victimal, consistente en la restitución de la menor agraviada Alexa EMM con su progenitora Noemí Morales Ortega. Se explica. El principio de definitividad destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; cuyo fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, debe señalarse que para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. La fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de modificar, revocar o nulificar dicho acto, lo que se traduce en la observancia del aludido principio, así como las excepciones a esa regla general, las cuales se actualizan en los siguientes supuestos: ( Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ( Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ( Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; ( Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y, ( Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Ahora bien, para explicar el motivo de la actualización de dicha causa de improcedencia, es menester señalar que en audiencia inicial celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal 90/2021/SANMARTÍN, se realizó lo siguiente: 1. Se formuló imputación en contra de José Elías Medel Galindo -tercero interesado-, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 272, fracción II y último párrafo, y 269, fracción I, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la menor Alexa EMM -de identidad reservada-. 2. El citado imputado no declaró en relación con los hechos que se les atribuyeron. 3. La fiscalía solicitó la vinculación a proceso, para tal fin, expuso el cuadro fáctico en el cual encuadraba la conducta reprochada en el delito en cuestión y expuso sus datos de prueba. 4. Se hicieron saber al imputado los términos constitucionales para que se resolviera su situación jurídica, a lo que, después de consultarlo con su defensa, solicitó que se resolviera en la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez señaló las doce horas del treinta de marzo de este año para tal efecto. 5. Posteriormente, el juez de control dio uso de la voz a la fiscalía, quien solicitó la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Enseguida, dio el uso de la voz a la asesora victimal María Isabel Escalona Pérez, quien solicitó la aplicación de una "medida de protección" en términos del artículo 109, fracción XIX, del Código Nacional de Procedimiento Penales, entre otras disposiciones, consistente en la restitución de la menor agraviada Alexa EMM -de identidad reservada- con su progenitora Noemí Morales Ortega. 6. Luego, sin dar uso de la voz a las demás partes, el juez de control negó la solicitud planteada por la asesora jurídica victimal, esencialmente porque esa audiencia no era la idónea para dirimir sobre la procedencia de una medida de protección y porque tal medida de protección era competencia de otra autoridad -resolución reclamada-. 7. Después, la defensa manifestó no tener oposición alguna con la imposición de la medida cautelar solicitada por la fiscalía, por lo que el juez de control impuso al imputado la prisión preventiva oficiosa. En ese tenor, contra la resolución reclamada, procede el recurso de revocación, previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el cual puede ser modificada, revocada o nulificada. En efecto, el precepto mencionado establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 331/2019, consideró lo siguiente: ( Que las actuaciones de mero trámite son aquellas que no implicaban un importante y trascendente juicio de valoración, pues eran cuestiones que impulsaban el proceso y que no trastocaban la litis o el fondo del asunto, porque siempre se refería al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio. ( Que a partir de una interpretación teleológica del referido artículo 465, era dable otorgar significado a la expresión "sin sustanciación" para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque -indicó- la norma procesal que regía el actuar del juzgador no tenía asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no preveía la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resolvía de plano lo pedido. ( Que, entonces, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico. En ese sentido, el auto reclamado se puede considerar como una determinación: i) Emitida dentro del procedimiento penal en la que intervino la autoridad jurisdiccional, pues se ubica dentro de la transición de la etapa de investigación inicial a la etapa de investigación formalizada o complementaria al ubicarse en el desarrollo de la audiencia inicial, donde se decide si al imputado se le somete o no a proceso con base en los datos de prueba que expone el fiscal; ii) De mero trámite, toda vez no resuelve el fondo de la solicitud planteada por la parte promovente, no pone término al procedimiento ni tampoco involucra una cuestión de fondo sobre la procedencia de la medida de restricción solicitada; y, iii) Sin sustanciación alguna, habida cuenta que se dictó sin dar oportunidad a las partes de alegar al respecto, resolviendo de plano lo solicitado. Tales circunstancias corroboran la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional; por tanto, era necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad. Es menester dejar claro que en el caso concreto no se actualiza alguno de los supuestos de excepción antes precisados para no agotar el citado medio de impugnación, pues basta imponerse del auto reclamado para estimar que: 1. No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. No consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, en un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, una orden de arresto ni cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, descartando de esta excepción a la sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La quejosa y su menor hija no se tratan de personas extrañas al procedimiento, pues son la parte ofendida de origen; 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso; ni, 5. La procedencia del recurso de revocación -antes analizado- se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia estudiada -incumplimiento al principio de definitividad-, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee este sumario constitucional por cuanto a la determinación dictada en audiencia inicial celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 90/2021/SANMARTÍN, en donde el juez de control responsable negó acordar de conformidad la medida protección solicitada por la asesora jurídica victimal, consistente en la restitución de la menor agraviada Alexa EMM con su progenitora Noemí Morales Ortega. Atento a lo considerado, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra del aludido acuerdo, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de diez de junio de dos mil once- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Séptimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente a la parte quejosa la presente sentencia, por conducto de María Isabel Escalona Pérez, quien tiene concedido el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 75 y76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por María Isabel Escalona Pérez, en su carácter de asesora jurídica victimal de Noemí Morales Ortega quien representa a su menor hija de iniciales Alexa EMM, contra los actos y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero, Apartado A, y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de la sentencia. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa por conducto de su asesora jurídica Noemí Morales Ortega; personalmente al tercero interesado José Elías Medel Galindo en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentran transcurriendo los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a la parte quejosa por acuerdo dictado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y seis minutos del día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veintiséis minutos del catorce de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa por conducto de su asesora jurídica; personalmente al tercero interesado José Elías Medel Galindo en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla-; y, por lista a las demás partes.

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