Noe Mendez Vazquez
Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Noe Mendez Vazquez
- NOE MENDEZ VAZQUEZ y Otros.
- Juez de Control de la Región Judicial Centro Sede En Puebla (Enrique Lopez Criollo)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 107/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ****, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante Buzón Judicial y turnado ese mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido físicamente el uno de febrero del actual, ****, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Autoridad Ordenadora y Ejecutora: Abogado Enrique López Criollo, Juez de Control de la Región Judicial Centro, que conoce de la Carpeta Judicial Administrativa 772/2018/PUEBLA. ACTO RECLAMADO. La negativa de apertura de audiencia de modificación de Medidas Cautelares para estudio de Justificación o no de la continuación de Prisión Preventiva según los acuerdos emitidos dentro de la Carpeta Judicial Administrativa: 772/2018/PUEBLA, en fechas 23 de enero y 17 de enero, ambas del 2023, notificaciones el mismo día de su emisión a la Defensa. (.)." (foja 4). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, desechamiento parcial y admisión de la demanda de amparo. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés (fojas 14 a 18), se radicó la demanda de amparo bajo el expediente 107/2023, y, se previno a los quejosos para que, en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, precisaran si deseaban señalar como acto reclamado el desahogo de la pericial (a que hicieron referencia en el capítulo de suspensión de su demanda de amparo), a lo que dieron cumplimiento a través del escrito con registro 001788 de siete de febrero de dos mil veintitrés, en los siguientes términos: "(.) Que el único acto reclamado que se debe considerar para el estudio principal así como para la suspensión provisional deber ser el señalado dentro del capítulo de ACTO RECLAMADO, es decir: 'la negativa de apertura de audiencia de modificación de Medidas Cautelares para estudio de Justificación o no de la continuación de Prisión Preventiva, según los acuerdos emitidos dentro de la Carpeta Judicial Administrativa 772/2018/PUEBLA, en fechas 23 de enero y 17 de enero ambas del 2023, notificados el mismo día de su emisión a la Defensa.' y no aquél que se encuentra señalado dentro del capítulo de SUSPENSIÓN PROVISIONAL, puesto que este se trató de un mero error mecanográfico, precisando que la petición respecto de la suspensión provisional solicitada corresponde únicamente al acto reclamado antes indicado. (.)." (foja 24). Desahogada la prevención formulada, por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 26 a 32); se desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la solicitud de aperturar la audiencia de modificación de medidas cautelares, dentro de la carpeta judicial administrativa: 772/2018/PUEBLA del índice de la responsable, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, y se admitió a trámite respecto del acuerdo de veintitrés de enero del actual, en el que se desechó el recurso de revocación en contra de la referida determinación de diecisiete del mismo mes y año; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se aperturó el incidente único de suspensión; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 37). TERCERO. Parte tercero interesada. En cumplimiento al acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 43 y 44) se emplazó a la autoridad tercero interesada: María Magdalena Ortega Huerta, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, con sede en la ciudad de Puebla (foja 47), y a María del Rayo Galeote Rodríguez (víctima indirecta) madre de quien en vida respondiera al nombre de Juan Luis Pérez Galeote (fojas 53 y 54). CUARTO.- Cita para audiencia. En auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (fojas 142 y 143), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional.. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que los quejosos esencialmente reclaman: Del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo). El acuerdo de VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, pronunciado en la carpeta judicial administrativa 772/2018/PUEBLA, mediante el cual determinó DESECHAR DE PLANO su RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto en contra del proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su petición de audiencia de revisión de medida cautelar, al indicar que dicho auto no es revocable sino apelable en términos de la fracción V del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, la autoridad responsable: Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado (foja 56); en tal virtud, se tiene plenamente probada la existencia de éste. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza de acto que se corrobora con las fotocopias autorizadas de diversas constancias de la carpeta judicial administrativa de origen, que remitió la autoridad responsable ordenadora en apoyo a su informe justificado que obran a fojas 57 a 70; 84 a 108; y, 116 a 141 de este sumario constitucional, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyas constancias se advierte la existencia del acto reclamado. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza del acto reclamado, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un proceso judicial, se sigue que, la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Bien, el acuerdo reclamado se notificó a los aquí quejosos el treinta de enero de dos mil veintitrés, notificación que surtió efectos al día siguiente, que fue el treinta y uno de enero del mismo año, transcurriendo el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra del uno al veintidós de febrero de dos mil veintitrés, previo descuento de los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero del año en curso, por haber sido sábados y domingos, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como seis de febrero del actual, de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que motivo el presente juicio se presentó el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial y remitida el primero de febrero del actual, a este juzgado Federal por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción fue oportuna. QUINTO. Procedencia del amparo indirecto respecto del acto reclamado. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que el suscrito juez Federal advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, luego, el juicio de garantías resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa. Asimismo, acorde con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la vía indirecta resulta procedente respecto del acto reclamado, atento que afecta la libertad personal de los aquí quejosos, ya que con motivo de dicho acto continua prevaleciendo la prisión preventiva justificada que le fue impuesta. SEXTO.- Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la undécima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta judicial administrativa de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto aquí combatido será analizado con las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que los quejosos tienen el carácter de imputados, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Se puntualiza que el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general' , de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, corresponde al suscrito juez de Distrito, determinar si el acto reclamado, vulnera o no algún derecho fundamental de la parte quejosa. Como enseguida se evidenciará, resultan infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta aspecto alguno que deba suplirse, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Primero, consta que en escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por Jhovany Meza Pérez, en su carácter de defensor particular de los imputados, aquí quejosos, ****, presentó un escrito en donde solicitó al juez penal responsable, lo siguiente: "ABOGADO ENRIQUE LÓPEZ CEDILLO (SIC) JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, DE PUEBLA, PUEBLA. PRESENTE. (.) JHOVANY MEZA PÉREZ, en mi carácter de defensor particular de los imputados: N****, debidamente acreditado dentro de los autos de la causa penal al rubro indicado toda vez que acepté y protesté el cargo conferido el 10 de enero de 2023, por medio del presente escrito, ante Usted comparezco y expongo: (.) Aunado al análisis de la etapa procesal de las actuaciones, del estado que guardan y del talante de los imputados, respecto del desarrollo de la causa penal, toda vez que como consta ambos se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva por ya más de 4 años. Del análisis del hecho aseverado en la última línea del párrafo anterior del acuerdo de 3 de enero de 2023, para que esta autoridad actúe en concordancia con el artículo 14 Constitucional en la vertiente del Debido Proceso en relación con el artículo 68 de la Ley Adjetiva, para dar adecuada respuesta a la solicitud que en este escrito hace la defensa puesto que como ya se analizó desde el momento de la protesta, existe en favor de los representados las peticiones pertinentes para el respecto de los derechos humanos, hecho reconocido en el último párrafo del citado acuerdo dictado por su Señoría. Ahora bien, para que la solicitud a que se refiere el artículo 113 fracción VII de la Ley Procesal sea efectiva, esta defensa debe hacer de su planteamiento conforme a los elementos aplicables y para que como ya se dijo, se respeten los derechos fundamentales en el procedimiento. El artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como requisito para la solicitud del cambio de las medidas cautelares, que exista un cambio objetivo de las mismas, pero ello no impide que de acuerdo a la progresividad del derecho y del principio PRO HOMINE, el más Alto Tribunal ha establecido que debe el órgano jurisdiccional abrir la audiencia respectiva, a la solicitud de modificación de medida cautelar, consistente en la verificación de su prolongación por justificación o su cese, la cual pide formalmente la defensa en este momento y a través de este escrito, por lo que su Señoría debe dentro de las 48 horas siguientes, llamar a audiencia para tal fin, citado a las partes que deben intervenir, de acuerdo al principio de Contradicción y Control Horizontal al que deben constreñirse las partes, esto para respetar el derecho humano establecido en el artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución, siendo aplicable el siguiente criterio: (.) 'PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. AUN CUANDO EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PREVÉ UNA AUDIENCIA DE CESE O PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO SU DURACIÓN EXCEDE DEL PLAZO DE DOS AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ELLO NO IMPIDE SU CELEBRACIÓN, EN LA QUE, POR HOMOLOGACIÓN, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI DE AQUEL ORDENAMIENTO, RELATIVO A LAS MEDIDAS CAUTELARES.' (.) Sin que pase inadvertido que el criterio aquí evocado se publicó el primero de julio de 2022, recayó de un análisis hecho por la Suprema Corte del amparo en revisión 3/5/2021 cuya sentencia se dictó el 13 de mayo de 2022, la cual supera el criterio que adoptó este Juzgado de Oralidad el 23 de abril de 2021, al cual hace alusión en su acuerdo de 3 de enero de 2023. En esa virtud, al resultar dable y fundado por los motivos expuestos con anterioridad, se solicita en favor de mis defendidos, audiencia de revisión de medidas cautelares, a fin de verificar la justificación de la prolongación o cese de la prisión preventiva de acuerdo al criterio siguiente: (.) 'PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN.' La cual debe decretarse dentro de las siguientes 48 horas y hacer el análisis de los 3 puntos a verificar, criterio, este último de aplicación obligatoria a partir del 16 de mayo de 2022, el cual como se dijo supera al criterio de esta autoridad adoptado el 23 de abril de 2021, de acuerdo a la solicitud apegada a partir de las obligaciones del defensor particular y con apego a la defensa técnica adecuada para ello atendible a lo expuesto en el presente escrito. (.)." (fojas 117 vuelta a 126). A dicha solicitud, recayó el siguiente acuerdo: "(.) En Puebla, Puebla, a 17 diecisiete de enero de 2023 dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48, 52, 62, 67, primer párrafo, 68, 82, 83, 84, 85, 86, 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda: I. Se tiene al abogado Jhovany Meza Pérez, defensor particular de los acusados ****, solicitando audiencia de revisión de medida cautelar. Al respecto dígase al ocursante que con base al proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se estableció que la medida cautelar que actualmente padecen los acusados de mérito, continuaría por todo el tiempo que dure el procedimiento, acuerdo del cual se dio vista a la defensa pública que en ese momento contaba con la calidad para intervenir en el asunto que nos ocupa, misma que fue omisa en impugnar dicha determinación. Aunado a que la medida cautelar impuesta en audiencia inicial lo fue de prisión preventiva oficiosa, justificando así la necesidad de cautela en relación al hecho cometido tal y como lo establecen los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 de la Ley Adjetiva Aplicable. En consecuencia, atendiendo a que no justifica que cuente con condiciones para desahogar la audiencia peticionada, no resulta pertinente la solicitud de revisión de medida cautelar, desechándose de plano. (.). NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE. (.)." (fojas 116 vuelta y 117). La cual, se advierte fue notificada el dieciocho de enero siguiente, al correo electrónico de la defensa particular solicitante (foja 130). Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, la defensa particular de los aquí quejosos, interpuso RECURSO DE REVOCACIÓN en contra de la citada determinación, la cual, en la parte que interesa es del contenido siguiente: "(.) QUE, con fundamento en los artículos 456, 457, 458, 465 y 466 fracción II; vengo por medio del presente escrito a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del acuerdo de fecha 17 de enero de 2023, notificado por medios electrónicos a esta defensa 18 de enero siguiente (.) AGRAVIOS I.- HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN.- Lo constituye el ACUERDO DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023, por el que desecha de plano la solicitud de revisión de medida cautelar planteada por esta Defensa. (.) II. DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.- Se violan en mi perjuicio de mi defendido los artículos 1, 14, 17 y 20 apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 9, 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y los numerales 7.5. y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 68, 113 fracción VII y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. III. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN. ÚNICO.- El acuerdo de 17 de enero de 2023, en comento, es violatorio de derechos humanos y deja en estado de indefensión a los imputados, toda vez que la negativa de celebrar audiencia de Modificación de Medidas Cautelares, impacta al debido proceso, puesto que este H. Juzgado tiene la obligación del estudio de las Medidas Cautelares para establecer la continuación de la prisión preventiva oficiosa, siendo aplicable el siguiente criterio: 'PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. AUN CUANDO EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PREVÉ UNA AUDIENCIA DE CESE O PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO SU DURACIÓN EXCEDE DEL PLAZO DE DOS AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ELLO NO IMPIDE SU CELEBRACIÓN, EN LA QUE, POR HOMOLOGACIÓN, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI DE AQUEL ORDENAMIENTO, RELATIVO A LAS MEDIDAS CAUTELARES.' (.) Sin que sea óbice lo que señala el acuerdo que se recurre en el sentido de que con base en el proveído de 23 de abril de 2021, se estableció que la medida cautelar que actualmente padecen mis representados, continuaría por todo el tiempo que dure el procedimiento, pues dicha determinación resulta ilegal y contraria a derecho, pues se estaría inobservando el contenido de los artículos 1, 14, 17 y 20 apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 9. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y los numerales 7.5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 68, 113 fracción VII y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues, es criterio sostenido por nuestro más Alto Tribunal que debe el órgano jurisdiccional abrir la audiencia respectiva, a la solicitud de modificación de medida cautelar, consistente en la verificación de su prolongación por justificación o su cese, máxime que han transcurrido 21 meses desde la resolución a que alude de fecha 23 de abril de 2021, sin que se haya dictado sentencia a mis representados, lo que viola flagrantemente el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, pues por el tiempo en que han estado sujetos a la medida de prisión preventiva, se actualiza una pena anticipada en contra de mis representados y tal circunstancia vulnera su esfera jurídica y viola flagrantemente los Derechos Humanos inherentes a su persona y de los cuales ya se han citado tanto en la solicitud formulada por esta defensa como en el presente recurso. Finalmente, es inconcuso que este H. Juzgado pretende justificar el desechamiento de la solicitud de la revisión de la medida cautelar que pesa sobre mis representados, bajo el argumento de que se trata de una medida cautelar de carácter oficio (sic)en atención al hecho cometido como tal, es decir hace alusión al delito que se les atribuye, sin que tal circunstancia pueda ser tomada en consideración para la procedencia de la revisión de la prolongación de la medida cautelar en comento, aunado a que infundadamente señala que esta no justifica contar con condiciones para desahogar la audiencia peticionada, pero no sustenta su afirmación en razonamiento alguno, referente a las condiciones a que hace referencia pues de forma gratuita señala que no se cuenta con dichas condiciones, cuando lo legalmente procedente es aperturar audiencia, permitir el debate entre las partes y resolver en consecuencia, respecto de si se encuentra o no justificada la prolongación de la medida cautelar que esta defensa pretende se modifique. (.)." (fojas 133 a 138). Al citado recurso, recayó el siguiente acuerdo: "En Puebla, Puebla, a 23 veintitrés de enero de 2023 dos mil veintitrés. Dada cuenta con los presentes autos y, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48, 52, 57, 67, primer párrafo, 68, 465, 466 y 467 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, se acuerda: ÚNICO. Agregase (sic) el escrito del abogado Jhovany Meza Pérez, defensor particular de los acusados ****, mediante el cual interpone RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, auto en el que se desechó de plano su petición de audiencia de revisión de medida cautelar; en consecuencia, dígasele que deberá estarse a lo que establece la fracción V del arábigo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dicho auto no es revocable, sino apelable, tal y como se desprende del numeral antes citado y que se transcribe. 'Artículo 466 (SIC). Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el juez de control: V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; Entonces, al advertirse también que no se trata de una resolución de mero trámite que se resuelva sin sustanciación, es por lo que DESECHA DE PLANO su petición. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. (.)." (foja 132). El citado acuerdo le fue notificado a la defensa particular de los aquí quejosos, el treinta de enero de dos mil veintitrés (foja 140). Segundo, la citada determinación resulta constitucional, porque efectivamente en términos de la fracción V del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, serán apelables las resoluciones emitidas por el juez de control que se pronuncien sobre medidas cautelares, como en el caso, la SOLICITUD DE AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, que además como bien lo indicó el resolutor de origen, NO SE TRATA DE UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, que se resuelva sin sustanciación. En efecto, la fracción V del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de Control apelables. (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; (.)." Entonces, como en el acuerdo de DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, el juez penal responsable, desechó de plano la solicitud de REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, peticionada por la defensa particular de los aquí peticionarios de amparo, aduciendo que en acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se había establecido que la medida cautelar impuesta a los aquí quejosos, continuaría por todo el tiempo que dure el procedimiento, con el cual, refirió dio vista a la entonces defensa pública de los ahora demandantes constitucionales, que fue omisa en impugnar dicha determinación, aunado a que refirió que la medida cautelar impuesta en audiencia inicial lo fue de prisión preventiva oficiosa y, señaló que atendiendo a que no justifica -refiriéndose a la defensa de los imputados- que cuente con condiciones para desahogar la audiencia peticionada, no resultaba pertinente la solicitud de revisión de medida cautelar, advirtiéndose así que HACE UN PRONUNCIAMIENTO respecto a la solicitud de REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR. Siendo así, fue correcta la determinación del juez de control responsable que, mediante auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, DESECHÓ DE PLANO su recurso de REVOCACIÓN, porque el acuerdo reclamado resulta ser APELABLE, pues hay un pronunciamiento de REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES que debe impugnarse mediante el RECURSO DE APELACIÓN y no de REVOCACIÓN. Consideración que se estima correcta, al advertirse que el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que: "todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares (.) son apelables" Cobra aplicación, por su contenido, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA A RAÍZ DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN PROCESOS PENALES MIXTOS. DEBE TRAMITARSE Y RESOLVERSE CONFORME A LAS REGLAS APLICABLES EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 74/2017, determinó que el inculpado podrá solicitar la revisión de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hayan sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y oral, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, por el que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras legislaciones. Ahora bien, el recurso de apelación que se interponga contra lo resuelto a raíz de la solicitud de revisión, modificación, sustitución o cese de esas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, debe tramitarse y resolverse conforme a las reglas aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente, por disposición expresa del invocado artículo quinto transitorio, al indicar que dicho mecanismo de revisión de medidas cautelares debe realizarse en términos de los artículos 153 a 171 de la citada legislación nacional, preceptos normativos entre los cuales el 160 establece que "todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares [...] son apelables". Además de que, como correctamente señaló el juez de control responsable en el acuerdo reclamado, de que el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, no es de "mero trámite" que se resuelva "sin sustanciación", porque, como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.) que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial, en tanto que, tratándose de la revisión de la medida cautelar sí se establece una tramitación especial en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que no resulte procedente el recurso de revocación propuesto por la defensa de los aquí quejosos en contra del desechamiento de plano de la solicitud de revisión de medida cautelar. En ese sentido, resulta infundado el argumento de los quejosos cuando aducen que la responsable desecha el recurso de revocación con violación al debido proceso "acordando" que emitió una decisión que "de fondo" decide sobre las medidas cautelares; porque contrario a lo que argumentan los peticionarios de amparo, el juez de control responsable, con fundamento en la fracción V del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, correctamente les indicó que el recurso procedente era de Apelación, lo cual, resulta constitucional, porque, en el diverso 160 de la legislación procesal en cita, se establece que "TODAS LAS DECISIONES JUDICIALES RELATIVAS a las MEDIDAS CAUTELARES (.) SON APELABLES.", pero además, debido a la tramitación especial de la revisión de éstas, no podría ser procedente el recurso de revocación, que como ya se indicó en párrafos precedentes, atendiendo a lo señalado en la Tesis de Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, lo que en caso, no es así. Finalmente, en cuanto a la aplicación de la tesis aislada que cita de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. AUN CUANDO EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PREVÉ UNA AUDIENCIA DE CESE O PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO SU DURACIÓN EXCEDE DEL PLAZO DE DOS AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ELLO NO IMPIDE SU CELEBRACIÓN, EN LA QUE, POR HOMOLOGACIÓN, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI DE AQUEL ORDENAMIENTO, RELATIVO A LAS MEDIDAS CAUTELARES." se indica que, la AUDIENCIA DE CESE O PROLONGACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA que les fue impuesta, tendrían que hacerla valer ante el juez de control responsable, atento que el suscrito se pronuncia respecto del acto aquí reclamado, que lo fue el desechamiento de plano de su recurso de revocación hecho valer contra el acuerdo que desecha su solicitud de audiencia de REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, la cual, resultó constitucional. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación y, al no advertirse motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se NIEGA EL AMPARO solicitado por ****, ambos de apellidos Méndez Vázquez, respecto del desechamiento de su recurso de revocación en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, pronunciado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), dentro de la carpeta judicial administrativa: 772/2018/PUEBLA de su índice. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Integración del expediente físico. La presente sentencia, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata de la sentencia de amparo. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, ambos de apellidos Méndez Vázquez, respecto del acto y autoridad responsable precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del diverso séptimo de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa interna por conducto de sus autorizados procesales; por lista a la parte tercero interesada: María del Rayo Galeote Rodríguez (víctima indirecta) madre de quien en vida respondiera al nombre de Juan Luis Pérez Galeote; por oficio, a la autoridad responsable, a la diversa tercero interesada: María Magdalena Ortega Huerta, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, con sede en la ciudad de Puebla -denominación con la que se apersonó, foja 55-, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido por la Secretaria Maribel Pereda Corvera, quien autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica] [Firma electrónica] V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 107/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ****, ambos de apellidos Méndez Vázquez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante Buzón Judicial y turnado ese mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido físicamente el uno de febrero del actual, ****, ambos de apellidos Méndez Vázquez, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Autoridad Ordenadora y Ejecutora: Abogado Enrique López Criollo, Juez de Control de la Región Judicial Centro, que conoce de la Carpeta Judicial Administrativa 772/2018/PUEBLA. ACTO RECLAMADO. La negativa de apertura de audiencia de modificación de Medidas Cautelares para estudio de Justificación o no de la continuación de Prisión Preventiva según los acuerdos emitidos dentro de la Carpeta Judicial Administrativa: 772/2018/PUEBLA, en fechas 23 de enero y 17 de enero, ambas del 2023, notificaciones el mismo día de su emisión a la Defensa. (.)." (foja 4). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, desechamiento parcial y admisión de la demanda de amparo. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés (fojas 14 a 18), se radicó la demanda de amparo bajo el expediente 107/2023, y, se previno a los quejosos para que, en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, precisaran si deseaban señalar como acto reclamado el desahogo de la pericial (a que hicieron referencia en el capítulo de suspensión de su demanda de amparo), a lo que dieron cumplimiento a través del escrito con registro 001788 de siete de febrero de dos mil veintitrés, en los siguientes términos: "(.) Que el único acto reclamado que se debe considerar para el estudio principal así como para la suspensión provisional deber ser el señalado dentro del capítulo de ACTO RECLAMADO, es decir: 'la negativa de apertura de audiencia de modificación de Medidas Cautelares para estudio de Justificación o no de la continuación de Prisión Preventiva, según los acuerdos emitidos dentro de la Carpeta Judicial Administrativa 772/2018/PUEBLA, en fechas 23 de enero y 17 de enero ambas del 2023, notificados el mismo día de su emisión a la Defensa.' y no aquél que se encuentra señalado dentro del capítulo de SUSPENSIÓN PROVISIONAL, puesto que este se trató de un mero error mecanográfico, precisando que la petición respecto de la suspensión provisional solicitada corresponde únicamente al acto reclamado antes indicado. (.)." (foja 24). Desahogada la prevención formulada, por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 26 a 32); se desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la solicitud de aperturar la audiencia de modificación de medidas cautelares, dentro de la carpeta judicial administrativa: 772/2018/PUEBLA del índice de la responsable, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, y se admitió a trámite respecto del acuerdo de veintitrés de enero del actual, en el que se desechó el recurso de revocación en contra de la referida determinación de diecisiete del mismo mes y año; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se aperturó el incidente único de suspensión; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 37). TERCERO. Parte tercero interesada. En cumplimiento al acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 43 y 44) se emplazó a la autoridad tercero interesada: María Magdalena Ortega Huerta, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, con sede en la ciudad de Puebla (foja 47), y a María del Rayo Galeote Rodríguez (víctima indirecta) madre de quien en vida respondiera al nombre de Juan Luis Pérez Galeote (fojas 53 y 54). CUARTO.- Cita para audiencia. En auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (fojas 142 y 143), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional.. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que los quejosos esencialmente reclaman: Del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo). El acuerdo de VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, pronunciado en la carpeta judicial administrativa 772/2018/PUEBLA, mediante el cual determinó DESECHAR DE PLANO su RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto en contra del proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su petición de audiencia de revisión de medida cautelar, al indicar que dicho auto no es revocable sino apelable en términos de la fracción V del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, la autoridad responsable: Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado (foja 56); en tal virtud, se tiene plenamente probada la existencia de éste. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza de acto que se corrobora con las fotocopias autorizadas de diversas constancias de la carpeta judicial administrativa de origen, que remitió la autoridad responsable ordenadora en apoyo a su informe justificado que obran a fojas 57 a 70; 84 a 108; y, 116 a 141 de este sumario constitucional, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyas constancias se advierte la existencia del acto reclamado. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza del acto reclamado, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un proceso judicial, se sigue que, la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Bien, el acuerdo reclamado se notificó a los aquí quejosos el treinta de enero de dos mil veintitrés, notificación que surtió efectos al día siguiente, que fue el treinta y uno de enero del mismo año, transcurriendo el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra del uno al veintidós de febrero de dos mil veintitrés, previo descuento de los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero del año en curso, por haber sido sábados y domingos, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como seis de febrero del actual, de conformidad con el artículo 74, fracción II de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que motivo el presente juicio se presentó el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial y remitida el primero de febrero del actual, a este juzgado Federal por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción fue oportuna. QUINTO. Procedencia del amparo indirecto respecto del acto reclamado. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que el suscrito juez Federal advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, luego, el juicio de garantías resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa. Asimismo, acorde con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la vía indirecta resulta procedente respecto del acto reclamado, atento que afecta la libertad personal de los aquí quejosos, ya que con motivo de dicho acto continua prevaleciendo la prisión preventiva justificada que le fue impuesta. SEXTO.- Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la undécima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta judicial administrativa de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto aquí combatido será analizado con las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que los quejosos tienen el carácter de imputados, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Se puntualiza que el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general' , de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, corresponde al suscrito juez de Distrito, determinar si el acto reclamado, vulnera o no algún derecho fundamental de la parte quejosa. Como enseguida se evidenciará, resultan infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta aspecto alguno que deba suplirse, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Primero, consta que en escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por Jhovany Meza Pérez, en su carácter de defensor particular de los imputados, aquí quejosos, ****, de apellidos Méndez Vázquez, presentó un escrito en donde solicitó al juez penal responsable, lo siguiente: "ABOGADO ENRIQUE LÓPEZ CEDILLO (SIC) JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, DE PUEBLA, PUEBLA. PRESENTE. (.) JHOVANY MEZA PÉREZ, en mi carácter de defensor particular de los imputados: ***, debidamente acreditado dentro de los autos de la causa penal al rubro indicado toda vez que acepté y protesté el cargo conferido el 10 de enero de 2023, por medio del presente escrito, ante Usted comparezco y expongo: (.) Aunado al análisis de la etapa procesal de las actuaciones, del estado que guardan y del talante de los imputados, respecto del desarrollo de la causa penal, toda vez que como consta ambos se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva por ya más de 4 años. Del análisis del hecho aseverado en la última línea del párrafo anterior del acuerdo de 3 de enero de 2023, para que esta autoridad actúe en concordancia con el artículo 14 Constitucional en la vertiente del Debido Proceso en relación con el artículo 68 de la Ley Adjetiva, para dar adecuada respuesta a la solicitud que en este escrito hace la defensa puesto que como ya se analizó desde el momento de la protesta, existe en favor de los representados las peticiones pertinentes para el respecto de los derechos humanos, hecho reconocido en el último párrafo del citado acuerdo dictado por su Señoría. Ahora bien, para que la solicitud a que se refiere el artículo 113 fracción VII de la Ley Procesal sea efectiva, esta defensa debe hacer de su planteamiento conforme a los elementos aplicables y para que como ya se dijo, se respeten los derechos fundamentales en el procedimiento. El artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como requisito para la solicitud del cambio de las medidas cautelares, que exista un cambio objetivo de las mismas, pero ello no impide que de acuerdo a la progresividad del derecho y del principio PRO HOMINE, el más Alto Tribunal ha establecido que debe el órgano jurisdiccional abrir la audiencia respectiva, a la solicitud de modificación de medida cautelar, consistente en la verificación de su prolongación por justificación o su cese, la cual pide formalmente la defensa en este momento y a través de este escrito, por lo que su Señoría debe dentro de las 48 horas siguientes, llamar a audiencia para tal fin, citado a las partes que deben intervenir, de acuerdo al principio de Contradicción y Control Horizontal al que deben constreñirse las partes, esto para respetar el derecho humano establecido en el artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución, siendo aplicable el siguiente criterio: (.) 'PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. AUN CUANDO EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PREVÉ UNA AUDIENCIA DE CESE O PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO SU DURACIÓN EXCEDE DEL PLAZO DE DOS AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ELLO NO IMPIDE SU CELEBRACIÓN, EN LA QUE, POR HOMOLOGACIÓN, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI DE AQUEL ORDENAMIENTO, RELATIVO A LAS MEDIDAS CAUTELARES.' (.) Sin que pase inadvertido que el criterio aquí evocado se publicó el primero de julio de 2022, recayó de un análisis hecho por la Suprema Corte del amparo en revisión 3/5/2021 cuya sentencia se dictó el 13 de mayo de 2022, la cual supera el criterio que adoptó este Juzgado de Oralidad el 23 de abril de 2021, al cual hace alusión en su acuerdo de 3 de enero de 2023. En esa virtud, al resultar dable y fundado por los motivos expuestos con anterioridad, se solicita en favor de mis defendidos, audiencia de revisión de medidas cautelares, a fin de verificar la justificación de la prolongación o cese de la prisión preventiva de acuerdo al criterio siguiente: (.) 'PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN.' La cual debe decretarse dentro de las siguientes 48 horas y hacer el análisis de los 3 puntos a verificar, criterio, este último de aplicación obligatoria a partir del 16 de mayo de 2022, el cual como se dijo supera al criterio de esta autoridad adoptado el 23 de abril de 2021, de acuerdo a la solicitud apegada a partir de las obligaciones del defensor particular y con apego a la defensa técnica adecuada para ello atendible a lo expuesto en el presente escrito. (.)." (fojas 117 vuelta a 126). A dicha solicitud, recayó el siguiente acuerdo: "(.) En Puebla, Puebla, a 17 diecisiete de enero de 2023 dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48, 52, 62, 67, primer párrafo, 68, 82, 83, 84, 85, 86, 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda: I. Se tiene al abogado Jhovany Meza Pérez, defensor particular de los acusados ****, solicitando audiencia de revisión de medida cautelar. Al respecto dígase al ocursante que con base al proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se estableció que la medida cautelar que actualmente padecen los acusados de mérito, continuaría por todo el tiempo que dure el procedimiento, acuerdo del cual se dio vista a la defensa pública que en ese momento contaba con la calidad para intervenir en el asunto que nos ocupa, misma que fue omisa en impugnar dicha determinación. Aunado a que la medida cautelar impuesta en audiencia inicial lo fue de prisión preventiva oficiosa, justificando así la necesidad de cautela en relación al hecho cometido tal y como lo establecen los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 de la Ley Adjetiva Aplicable. En consecuencia, atendiendo a que no justifica que cuente con condiciones para desahogar la audiencia peticionada, no resulta pertinente la solicitud de revisión de medida cautelar, desechándose de plano. (.). NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE. (.)." (fojas 116 vuelta y 117). La cual, se advierte fue notificada el dieciocho de enero siguiente, al correo electrónico de la defensa particular solicitante (foja 130). Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, la defensa particular de los aquí quejosos, interpuso RECURSO DE REVOCACIÓN en contra de la citada determinación, la cual, en la parte que interesa es del contenido siguiente: "(.) QUE, con fundamento en los artículos 456, 457, 458, 465 y 466 fracción II; vengo por medio del presente escrito a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del acuerdo de fecha 17 de enero de 2023, notificado por medios electrónicos a esta defensa 18 de enero siguiente (.) AGRAVIOS I.- HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN.- Lo constituye el ACUERDO DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023, por el que desecha de plano la solicitud de revisión de medida cautelar planteada por esta Defensa. (.) II. DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.- Se violan en mi perjuicio de mi defendido los artículos 1, 14, 17 y 20 apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 9, 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y los numerales 7.5. y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 68, 113 fracción VII y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. III. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN. ÚNICO.- El acuerdo de 17 de enero de 2023, en comento, es violatorio de derechos humanos y deja en estado de indefensión a los imputados, toda vez que la negativa de celebrar audiencia de Modificación de Medidas Cautelares, impacta al debido proceso, puesto que este H. Juzgado tiene la obligación del estudio de las Medidas Cautelares para establecer la continuación de la prisión preventiva oficiosa, siendo aplicable el siguiente criterio: 'PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. AUN CUANDO EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PREVÉ UNA AUDIENCIA DE CESE O PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO SU DURACIÓN EXCEDE DEL PLAZO DE DOS AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ELLO NO IMPIDE SU CELEBRACIÓN, EN LA QUE, POR HOMOLOGACIÓN, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI DE AQUEL ORDENAMIENTO, RELATIVO A LAS MEDIDAS CAUTELARES.' (.) Sin que sea óbice lo que señala el acuerdo que se recurre en el sentido de que con base en el proveído de 23 de abril de 2021, se estableció que la medida cautelar que actualmente padecen mis representados, continuaría por todo el tiempo que dure el procedimiento, pues dicha determinación resulta ilegal y contraria a derecho, pues se estaría inobservando el contenido de los artículos 1, 14, 17 y 20 apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 9. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y los numerales 7.5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 68, 113 fracción VII y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues, es criterio sostenido por nuestro más Alto Tribunal que debe el órgano jurisdiccional abrir la audiencia respectiva, a la solicitud de modificación de medida cautelar, consistente en la verificación de su prolongación por justificación o su cese, máxime que han transcurrido 21 meses desde la resolución a que alude de fecha 23 de abril de 2021, sin que se haya dictado sentencia a mis representados, lo que viola flagrantemente el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, pues por el tiempo en que han estado sujetos a la medida de prisión preventiva, se actualiza una pena anticipada en contra de mis representados y tal circunstancia vulnera su esfera jurídica y viola flagrantemente los Derechos Humanos inherentes a su persona y de los cuales ya se han citado tanto en la solicitud formulada por esta defensa como en el presente recurso. Finalmente, es inconcuso que este H. Juzgado pretende justificar el desechamiento de la solicitud de la revisión de la medida cautelar que pesa sobre mis representados, bajo el argumento de que se trata de una medida cautelar de carácter oficio (sic)en atención al hecho cometido como tal, es decir hace alusión al delito que se les atribuye, sin que tal circunstancia pueda ser tomada en consideración para la procedencia de la revisión de la prolongación de la medida cautelar en comento, aunado a que infundadamente señala que esta no justifica contar con condiciones para desahogar la audiencia peticionada, pero no sustenta su afirmación en razonamiento alguno, referente a las condiciones a que hace referencia pues de forma gratuita señala que no se cuenta con dichas condiciones, cuando lo legalmente procedente es aperturar audiencia, permitir el debate entre las partes y resolver en consecuencia, respecto de si se encuentra o no justificada la prolongación de la medida cautelar que esta defensa pretende se modifique. (.)." (fojas 133 a 138). Al citado recurso, recayó el siguiente acuerdo: "En Puebla, Puebla, a 23 veintitrés de enero de 2023 dos mil veintitrés. Dada cuenta con los presentes autos y, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48, 52, 57, 67, primer párrafo, 68, 465, 466 y 467 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, se acuerda: ÚNICO. Agregase (sic) el escrito del abogado Jhovany Meza Pérez, defensor particular de los acusados ****, mediante el cual interpone RECURSO DE REVOCACIÓN en contra del proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, auto en el que se desechó de plano su petición de audiencia de revisión de medida cautelar; en consecuencia, dígasele que deberá estarse a lo que establece la fracción V del arábigo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dicho auto no es revocable, sino apelable, tal y como se desprende del numeral antes citado y que se transcribe. 'Artículo 466 (SIC). Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el juez de control: V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; Entonces, al advertirse también que no se trata de una resolución de mero trámite que se resuelva sin sustanciación, es por lo que DESECHA DE PLANO su petición. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. (.)." (foja 132). El citado acuerdo le fue notificado a la defensa particular de los aquí quejosos, el treinta de enero de dos mil veintitrés (foja 140). Segundo, la citada determinación resulta constitucional, porque efectivamente en términos de la fracción V del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, serán apelables las resoluciones emitidas por el juez de control que se pronuncien sobre medidas cautelares, como en el caso, la SOLICITUD DE AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, que además como bien lo indicó el resolutor de origen, NO SE TRATA DE UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, que se resuelva sin sustanciación. En efecto, la fracción V del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de Control apelables. (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; (.)." Entonces, como en el acuerdo de DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, el juez penal responsable, desechó de plano la solicitud de REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, peticionada por la defensa particular de los aquí peticionarios de amparo, aduciendo que en acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se había establecido que la medida cautelar impuesta a los aquí quejosos, continuaría por todo el tiempo que dure el procedimiento, con el cual, refirió dio vista a la entonces defensa pública de los ahora demandantes constitucionales, que fue omisa en impugnar dicha determinación, aunado a que refirió que la medida cautelar impuesta en audiencia inicial lo fue de prisión preventiva oficiosa y, señaló que atendiendo a que no justifica -refiriéndose a la defensa de los imputados- que cuente con condiciones para desahogar la audiencia peticionada, no resultaba pertinente la solicitud de revisión de medida cautelar, advirtiéndose así que HACE UN PRONUNCIAMIENTO respecto a la solicitud de REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR. Siendo así, fue correcta la determinación del juez de control responsable que, mediante auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, DESECHÓ DE PLANO su recurso de REVOCACIÓN, porque el acuerdo reclamado resulta ser APELABLE, pues hay un pronunciamiento de REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES que debe impugnarse mediante el RECURSO DE APELACIÓN y no de REVOCACIÓN. Consideración que se estima correcta, al advertirse que el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que: "todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares (.) son apelables" Cobra aplicación, por su contenido, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA A RAÍZ DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN PROCESOS PENALES MIXTOS. DEBE TRAMITARSE Y RESOLVERSE CONFORME A LAS REGLAS APLICABLES EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 74/2017, determinó que el inculpado podrá solicitar la revisión de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hayan sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y oral, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, por el que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras legislaciones. Ahora bien, el recurso de apelación que se interponga contra lo resuelto a raíz de la solicitud de revisión, modificación, sustitución o cese de esas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, debe tramitarse y resolverse conforme a las reglas aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente, por disposición expresa del invocado artículo quinto transitorio, al indicar que dicho mecanismo de revisión de medidas cautelares debe realizarse en términos de los artículos 153 a 171 de la citada legislación nacional, preceptos normativos entre los cuales el 160 establece que "todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares [...] son apelables". Además de que, como correctamente señaló el juez de control responsable en el acuerdo reclamado, de que el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, no es de "mero trámite" que se resuelva "sin sustanciación", porque, como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.) que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial, en tanto que, tratándose de la revisión de la medida cautelar sí se establece una tramitación especial en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que no resulte procedente el recurso de revocación propuesto por la defensa de los aquí quejosos en contra del desechamiento de plano de la solicitud de revisión de medida cautelar. En ese sentido, resulta infundado el argumento de los quejosos cuando aducen que la responsable desecha el recurso de revocación con violación al debido proceso "acordando" que emitió una decisión que "de fondo" decide sobre las medidas cautelares; porque contrario a lo que argumentan los peticionarios de amparo, el juez de control responsable, con fundamento en la fracción V del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, correctamente les indicó que el recurso procedente era de Apelación, lo cual, resulta constitucional, porque, en el diverso 160 de la legislación procesal en cita, se establece que "TODAS LAS DECISIONES JUDICIALES RELATIVAS a las MEDIDAS CAUTELARES (.) SON APELABLES.", pero además, debido a la tramitación especial de la revisión de éstas, no podría ser procedente el recurso de revocación, que como ya se indicó en párrafos precedentes, atendiendo a lo señalado en la Tesis de Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, lo que en caso, no es así. Finalmente, en cuanto a la aplicación de la tesis aislada que cita de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. AUN CUANDO EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO PREVÉ UNA AUDIENCIA DE CESE O PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO SU DURACIÓN EXCEDE DEL PLAZO DE DOS AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ELLO NO IMPIDE SU CELEBRACIÓN, EN LA QUE, POR HOMOLOGACIÓN, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI DE AQUEL ORDENAMIENTO, RELATIVO A LAS MEDIDAS CAUTELARES." se indica que, la AUDIENCIA DE CESE O PROLONGACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA que les fue impuesta, tendrían que hacerla valer ante el juez de control responsable, atento que el suscrito se pronuncia respecto del acto aquí reclamado, que lo fue el desechamiento de plano de su recurso de revocación hecho valer contra el acuerdo que desecha su solicitud de audiencia de REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, la cual, resultó constitucional. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación y, al no advertirse motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se NIEGA EL AMPARO solicitado por ***, respecto del desechamiento de su recurso de revocación en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, pronunciado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), dentro de la carpeta judicial administrativa: 772/2018/PUEBLA de su índice. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Integración del expediente físico. La presente sentencia, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata de la sentencia de amparo. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, respecto del acto y autoridad responsable precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del diverso séptimo de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa interna por conducto de sus autorizados procesales; por lista a la parte tercero interesada: *** (víctima indirecta) madre de quien en vida respondiera al nombre de ****; por oficio, a la autoridad responsable, a la diversa tercero interesada: ***f, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, con sede en la ciudad de Puebla -denominación con la que se apersonó, foja 55-, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. SE AGREGA SIN MAYOR PROVEÍDO. Agréguese a los presentes autos el oficio 8880/2023/JC signado por la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Centro (********************), atento a su contenido, se advierte que la autoridad oficiante remite copias certificadas las cuales justifican el contenido de su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que adjunta a su oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las citadas documentales dese vista a las partes. ESTADO PROCESAL DE AUTOS Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista concedida a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable, así como con las constancias que se reciben en esta fecha, y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que en proveído de diecisiete de marzo del año en curso, se ordenó notificar- vía electrónica- a la parte quejosa los proveídos de uno y trece de marzo de la presente anualidad, en el que se tuvo por recibido el informe justificado y anexos, lo cual no ha acontecido y, con esta fecha se reciben las copias certificadas relativas al acto reclamado. En tales condiciones, con la finalidad de respetar los plazos previstos en la ley de la materia, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las diez horas con veinticuatro minutos del treinta de marzo de la presente anualidad, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta y seis minutos del doce de abril de dos mil veintitrés. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se da cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues es el diferimiento de la audiencia constitucional. Notifíquese electrónicamente a los quejosos internos por conducto de sus autorizados procesales; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de uno de marzo del año en curso, se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable: Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), y posteriormente mediante proveído de trece de marzo del año en curso, se recibieron las constancias que anexó la autoridad referida en su informe justificado; ordenándose notificar dichos acuerdos a la parte quejosa por lista, quienes actualmente se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Puebla. No obstante lo anterior, de autos se aprecia que los quejosos solicitaron expresamente que las notificaciones que se le realizarán fueran vía electrónica; en tales condiciones y atendiendo a que el artículo 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, prevé que las notificaciones dirigidas a los quejosos internos privados de su libertad deben realizarse personalmente, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de la materia se regulariza el procedimiento y se provee lo siguiente: Tomando en consideración que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, se ordena notificar el presente proveído y los diversos de uno y trece de marzo del año en curso, a través de sus autorizados -vía electrónica-, pues se considera que sus autorizados, en cumplimiento al cargo conferido, velan por sus intereses. Lo anterior de conformidad con el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Así como la diversa Tesis de Jurisprudencia: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues recaerá sobre este auto una notificación. Notifíquese electrónicamente a los quejosos internos por conducto de sus autorizados procesales el presente proveído y los diversos de uno y trece de marzo de dos mil veintitrés; y, por lista a las demás partes. AUTO DE 01 DE MARZO DE 2023: San Andrés Cholula, Puebla, uno de marzo de dos mil veintitrés. Informe Justificado Intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable siguiente: 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, ******************** Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Pruebas Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Recibe Oficio Agréguese a los autos el oficio signado el oficio signado por la autoridad tercero interesada Agente del Ministerio público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, ********************, en atención a su contenido, se provee: Apersona Tercera Interesada Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene a la oficiante, apersonándose al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio Así también, téngase a la oficiante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Medios de Contacto Ténganse el correo electrónico y número telefónico que señala la autoridad tercero interesada, como medios de comunicación no procesal, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Alegatos Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad tercera interesada realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Los registros con los que se dio cuenta, deben integrarse al expediente físico pues se recibió vía portal de servicios en línea, sin embargo el presente proveído sí debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fueron recibidos vía correo institucional. Notifíquese por lista a partes. AUTO DE 13 DE MARZO DE 2023: San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil veintitrés. Remite constancias Agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Enrique López Criollo, por medio del cual en cumplimiento al auto de tres de marzo pasado, remite las constancias solicitadas certificadas electrónicamente. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, con las que se otorga vista a las partes. Integración del expediente físico El registro con elque se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue recibido vía correo institucional. Notifíquese por lista a las partes.
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San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil veintitrés. Remite constancias Agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Enrique López Criollo, por medio del cual en cumplimiento al auto de tres de marzo pasado, remite las constancias solicitadas certificadas electrónicamente. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, con las que se otorga vista a las partes. Integración del expediente físico El registro con elque se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue recibido vía correo institucional. Notifíquese por lista a las partes.
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