NOE GONZALEZ CALIXTO y Otros.

Expediente 475/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
475/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2017

Partes del expediente

  • Alfredo Alvarez Montes
  • NOE GONZALEZ CALIXTO y Otros.
  • Noe Gonzalez Calixto

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Noé González Calixto, visto su contenido, se provee: Como se solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa las copias certificadas por triplicado de las constancias que indica, por conducto de las personas que para tal efecto se autorizan, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE 27 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 47 a 75), se concedió el amparo a la parte quejosa Noé González Calixto y Miguel Ángel González Calixto, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada contra los aquí quejosos el nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal número 44/2016 de su índice, así como su ejecución; y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá establecer con claridad con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracciones X y XI, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, esto es, deberá precisar y valorar, de forma clara y pormenorizada, las pruebas que le resultaron aptas para justificar el cuerpo del delito, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. Es decir, deberá analizar y explicar si existen medios de prueba que circunstancialmente le llevaron a concluir que acuerdo a la lógica relación de los medios de prueba valorados en su conjunto en términos del ordinal 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, quedó acreditado el cuerpo del delito de robo agravado. b) Del mismo modo deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, la forma de autoría o participación en que incurrieron los aquí quejosos, a título probable, en la comisión del delito de robo agravado; así como con qué pruebas tuvo por acreditada su posible intervención en el evento delictivo, expresando las razones que tiene para considerarlo así. c) Establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa a los sujetos activos -aquí quejosos-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias." (fojas 72 vuelta y 73). Resolución que el uno de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 102 a 105). Ahora bien, mediante oficio 4860 de ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 123 a 145), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 44/2016, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución reclamada de nueve de febrero de dos mil dieciséis. Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, negó la orden de aprehensión solicitada por el representante social contra los aquí quejosos Noé González Calixto y Miguel Ángel González Calixto, respecto del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI, 380, fracción X, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento"

  3. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 27 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 47 a 75), se concedió el amparo a la parte quejosa Noé González Calixto y Miguel Ángel González Calixto, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada contra los aquí quejosos el nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal número 44/2016 de su índice, así como su ejecución; y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá establecer con claridad con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracciones X y XI, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, esto es, deberá precisar y valorar, de forma clara y pormenorizada, las pruebas que le resultaron aptas para justificar el cuerpo del delito, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. Es decir, deberá analizar y explicar si existen medios de prueba que circunstancialmente le llevaron a concluir que acuerdo a la lógica relación de los medios de prueba valorados en su conjunto en términos del ordinal 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, quedó acreditado el cuerpo del delito de robo agravado. b) Del mismo modo deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, la forma de autoría o participación en que incurrieron los aquí quejosos, a título probable, en la comisión del delito de robo agravado; así como con qué pruebas tuvo por acreditada su posible intervención en el evento delictivo, expresando las razones que tiene para considerarlo así. c) Establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa a los sujetos activos -aquí quejosos-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo el delito en esas circunstancias." (fojas 72 vuelta y 73). Resolución que el uno de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 102 a 105). Ahora bien, mediante oficio 4860 de ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 123 a 145), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 44/2016, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución reclamada de nueve de febrero de dos mil dieciséis. Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, negó la orden de aprehensión solicitada por el representante social contra los aquí quejosos Noé González Calixto y Miguel Ángel González Calixto, respecto del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI, 380, fracción X, en relación con los artículos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento"

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos los oficios y anexo signados por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio 4860 y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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