Noe Galindo Cortes
Expediente 893/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Noe Galindo Cortes
- Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, Con Sede En Cholula, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que negó y concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a 1. Juez de Control del Juzgado Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede la ciudad de Puebla (Fernando Martínez Espinosa), un (2) discos en formato Versátil Digital (DVD), relativo a los registros de audio y video de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 368/2020/CHOLULA, de su estadística. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa -en el domicilio proporcionado para tal efecto-, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que negó y concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a 1. Juez de Control del Juzgado Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede la ciudad de Puebla (Fernando Martínez Espinosa), un (2) discos en formato Versátil Digital (DVD), relativo a los registros de audio y video de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 368/2020/CHOLULA, de su estadística. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa -en el domicilio proporcionado para tal efecto-, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por 1 Karla Patricia Ambrosio Vargas, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual informa que en audiencia de veinte de mayo pasado, se concedió la suspensión condicional del proceso por el término de ocho meses, a favor del aquí quejoso Noé Galindo Cortes; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que por auto de veintisiete de abril pasado, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista a las partes (debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020).
- Principal
(SE PUBLICA CITATORIO) Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa, lo siguiente: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, del que se advierte que por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de revisión 57/2021, de su índice, causó estado el auto de Presidencia de ocho de abril del actual, por el cual se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por José Antonio Martínez Montiel, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, por lo que remite los autos originales del juicio de amparo 893/2020. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano colegiado oficiante, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de marzo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesado para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Noé Galindo Cortés, para los efectos siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo al quejoso Noé Galindo Cortés, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Fernando Martínez Espinosa, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, de inmediato realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución pronunciada en la audiencia inicial de nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 368/2020/CHOLULA de su índice, en la que resolvió la solicitud de la Agente del Ministerio Público, respecto a la imposición de una medida cautelar al peticionario del amparo. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia, en la que reiterará todo lo manifestado por las partes en la aludida audiencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, respecto a la imposición de la medida cautelar. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior y con plenitud de jurisdicción, resuelva la solicitud de la Ministerio Público, respecto a la imposición al quejoso Noé Galindo Cortés, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, conforme con las consideraciones realizadas en el considerando que precede, tomando en consideración únicamente, las manifestaciones vertidas por las partes respecto de ese tópico, a fin de respetar el principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio y oral, y otorgando puntual contestación a cada uno de esos argumentos, sin sustituirse en las funciones de la Ministerio Público ni suplir sus deficiencias. Debiendo quedar desde luego, registro de audio y video de lo acontecido en cumplimiento a este fallo, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. En el entendido, que la celebración de la audiencia deberá llevarla a cabo el mismo juez de control que celebró la de nueve de noviembre de dos mil veinte (Fernando Martínez Espinosa). Lo anterior en observancia a la tesis de jurisprudencia emitida por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado - en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación." 4. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. (.)" Se destaca que en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento inmediato. Atento a lo anterior, en auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó lo relativo al cumplimiento inmediato a la sentencia de amparo, mediante oficios 398/2021/CHOL y SN/2021/JC -número de registro 1749 y 1760-. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Por lo que en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la sentencia de amparo causó ejecutoria y se ordenó dar vista a las partes. Sin embargo, en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a José Antonio Martínez Montiel, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Medio de impugnación que le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, por auto de Presidencia de ocho de abril de actual, lo registró bajo amparo en revisión 57/2021, el cual declaró procedente desechar. Finamente, en el presente proveído se tuvo recibido el oficio 1408/2021 remitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informó que por auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, causó estado el auto de Presidencia de ocho de abril del actual, por el cual desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto en autos. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien resuelve se avoca a su estudio, de acuerdo a lo ahí precisado. 1.- Mediante oficio 398/2021/CHOL la autoridad responsable Fernando Martínez Espinosa, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, informó lo siguiente: -Que dejó insubsistente la resolución pronunciada en la audiencia inicial de nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 368/2020/CHOLULA, de su índice, en la que resolvió la solicitud del agente del Ministerio Público, respecto de la imposición de una medida cautelar al peticionario de amparo. -Señaló las dieciocho horas con treinta minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno, para la reposición del procedimiento. 2.- Asimismo, por oficio SN/2021/JC, la autoridad responsable informó que en audiencia oral y pública celebrada el cinco de febrero de dos mil veintiuno, realizó lo siguiente: -Determinó imponer medida cautelar diversa a la de prisión preventiva de carácter necesario, por lo que ordenó la inmediata libertad del quejoso Noé Galindo Cortés, únicamente por cuanto hace a la referida causa penal, para que cumpla con las medidas cautelares que en su lugar le fueran impuestas. En consecuencia, de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa -en el domicilio proporcionado para tal efecto-, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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