Nicolás Uriel Solorzano Martínez

Expediente 789/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
789/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Nicolás Uriel Solorzano Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Jueza Cuarta de lo Penal del Poder Judicial de Baja California, con sede en Tijuana, al rendir su informe justificado, remitió a este Juzgado copia certificada de las constancias de la causa penal ********************/2021 de su índice, con las que se formaron tres tomos, y toda vez que el presente asunto, se declinó competencia la cual le correspondió conocer al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana; en esa virtud, envíense dichas constancias al órgano jurisdiccional declinado, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio con anexos de cuenta, signado por la Actuaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimosegundo Circuito del Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, por medio del cual emite testimonio de la resolución dictada por ese Órgano Colegiado en sesión ordinaria celebrada en forma remota el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 107/2023, de su índice, en el que se resolvió: "PRIMERO. Es legalmente competente el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, para conocer y resolver el amparo indirecto promovido contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el resultando primero d esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución y autos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana."; agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes. Como lo solicita el Tribunal de Alzada, con transcripción de este proveído, acúsese recibo mediante oficio vía interconexión IOJ del SISE. En ese sentido, toda vez que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, es el órgano competente para conocer respecto de la demanda de amparo promovida por Nicolás Uriel Solórzano Martínez contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Baja California con sede en Tijuana, de la cual deriva este cuaderno de antecedentes, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en los artículos 12 y 19, fracción I, incisos a y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio, y por resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito del Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, se resolvió que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, es el competente para conocer del asunto; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 19, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa que se admitió el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, al cual le correspondió el número 107/2023; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dos de junio de dos mil veintitrés. Con apoyo en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo, de la misma ley, agréguese a los autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio número 14218/2023 signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo indirecto 520/2023-E de su índice, promovido por Nicolás Uriel Solorzano, e indica que por proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, no aceptó la competencia planteada, por los motivos y fundamentos que alude; acúsese el recibo de estilo correspondiente y, en atención a su contenido se provee: Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, insiste en declinar la competencia, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en Materia Penal, en turno, residente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y dese aviso al juez requerido para que exponga ante la superioridad, lo que estime pertinente. Orienta el criterio la Tesis 1a. CXXV/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 165 del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que dice: "CONFLICTOS COMPETENCIALES POR TERRITORIO ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO. FORMA DE RESOLVERLOS CONFORME AL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto, al referirse a las atribuciones de los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, prevé dos supuestos para determinar el órgano que debe resolver los conflictos competenciales por territorio entre jueces de distrito: en el primero, cuando la contienda se suscita entre jueces de distrito de una misma jurisdicción, el órgano colegiado que debe resolver el conflicto es el que corresponde a ese ámbito territorial de validez. En el segundo, cuando los jueces de distrito corresponden a una jurisdicción distinta, debe acudirse al concepto jurídico procesal de la prevención para fincar la competencia en el órgano colegiado de la jurisdicción del juez de distrito que conoce del asunto en un primer momento. Por tanto, si durante la tramitación prevista en el artículo 52 de la Ley de Amparo se advierte que el conflicto sólo subsiste entre jueces de distrito de una misma jurisdicción, debe otorgarse la competencia al tribunal colegiado de circuito de "dicha jurisdicción, porque la controversia entre los jueces de distrito contendientes ya no implica un problema entre jurisdicciones de diversas entidades federativas, por lo que el resolutor debe ser el órgano colegiado de la propia jurisdicción, con lo que se atiende al sistema de distribución competencial de los órganos del Poder Judicial de la Federación, conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.". Finalmente, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y considerando que el quejoso Nicolás Uriel Solorzano Martínez, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a efecto de que le notifique el presente acuerdo, lo cual deberá realizar en cuanto a sus labores lo permitan; en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del referido establecimiento penitenciario para que proceda a su plena identificación; por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

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