NICOLAS GUSTAVO RUIZ CARRAZCO y Otros.
Expediente 475/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- NICOLAS GUSTAVO RUIZ CARRAZCO y Otros.
- Nicolas Gustavo Ruiz Carrazco
- AGRICOLA QUICHI SPR DE R.I y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiocho de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, de conformidad con la fracción III, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de destrucción, dado que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual, se deberá proceder su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, y de la sentencia interlocutoria por la que se negó definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo, del oficio suscrito por la autoridad responsable, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para el efecto: ° Que la autoridad responsable Jefe de Averiguaciones previas adscrito a la ahora denominada Vice Fiscalía Regional Zona Norte, deje insubsistente el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete dictado en la averiguación previa AHOME/I/235/2015/AP. ° Se devuelvan los autos a la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, para que actúe conforme a las facultades Inherentes del Procedimiento adversarial, en el que deberá ajustar el trámite del asunto en términos de las reglas previstas para el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Sinaloa. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En la especie, las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Encargado del Departamento de Averiguaciones Previas de la Vece Fiscalía Regional Zona Norte, con residencia en esta ciudad, a través del oficio número 177/2018, presentado el veinticinco de julio del presente año, en el cual anexó copia certificada del acuerdo de veinticuatro de julio del año en curso, mediante el cual dejó sin efecto el dictamen emitido por esa departamento de averiguaciones previas zona norte del sistema tradicional, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, que se dictara con motivo de consulta, en la averiguación previa número AHOME/I/235/2015/AP; asimismo, remitió el original de dicha averiguación previa a la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, para que conozca y actué a sus facultades inherentes al procedimiento adversarial, en el que deberá ajustar el trámite del asunto en términos de las reglas previstas para el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Sinaloa; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, restituyéndose al impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo; motivos por los cuales se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso o defecto alguno.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA HÉCTOR ESTEBAN CARRAZCO SOTO CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE AGRÍCOLA QUICHI SPR DE RI; NICOLÁS GUSTAVO RUIZ CARRAZCO Y JESÚS URIAS VELIZ, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo, del oficio suscrito por la autoridad responsable, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para el efecto: ° Que la autoridad responsable Jefe de Averiguaciones previas adscrito a la ahora denominada Vice Fiscalía Regional Zona Norte, deje insubsistente el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete dictado en la averiguación previa AHOME/I/235/2015/AP. ° Se devuelvan los autos a la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, para que actúe conforme a las facultades Inherentes del Procedimiento adversarial, en el que deberá ajustar el trámite del asunto en términos de las reglas previstas para el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Sinaloa. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En la especie, las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Encargado del Departamento de Averiguaciones Previas de la Vece Fiscalía Regional Zona Norte, con residencia en esta ciudad, a través del oficio número 177/2018, presentado el veinticinco de julio del presente año, en el cual anexó copia certificada del acuerdo de veinticuatro de julio del año en curso, mediante el cual dejó sin efecto el dictamen emitido por esa departamento de averiguaciones previas zona norte del sistema tradicional, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, que se dictara con motivo de consulta, en la averiguación previa número AHOME/I/235/2015/AP; asimismo, remitió el original de dicha averiguación previa a la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, para que conozca y actué a sus facultades inherentes al procedimiento adversarial, en el que deberá ajustar el trámite del asunto en términos de las reglas previstas para el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Sinaloa; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, restituyéndose al impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 192, ambos de la Ley de Amparo; motivos por los cuales se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso o defecto alguno.
- Principal
Visto los oficios de cuenta, signados por la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común, Auxiliar Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, y el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Encargado del Departamento de Averiguaciones Previas de la Vice Fiscalía Regional Zona Norte, ambos con residencia en esta ciudad, mediante los cuales comunican el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales. En atención a lo anterior, dese vista con los mismos a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
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