Nicolas Gustavo Ruiz Carrazco

Expediente 697/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
697/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Nicolas Gustavo Ruiz Carrazco
  • Jesus Urias Veliz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de veinte de enero de dos mil veinte, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo, y toda vez que resulta innecesario seguir conservando las documentales que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público, Titular de la Agencia de lo Penal Especializada en Delitos Contra el Patrimonio, Zona Norte, con sede en esta ciudad, remitieron con su informe justificado; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio 2539/2019 signado por el Agente del Ministerio Público, Titular de la Agencia de lo Penal Especializada en Delitos Contra el Patrimonio, Zona Norte, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y exhibe documental. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable antes precisada, y por exhibidas las documentales que acompaña, sin perjuicio de poder hacer mención de las mismas en la audiencia constitucional. Dese vista a las partes con el mismo para que se impongan de su contenido. Dado lo voluminoso de la documental de referencia, para su mejor manejo y estudio, fórmese por separado un tomo, respetando sello, folio y rubrica de la autoridad remitente, por lo que continúese actuando en el presente expediente para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que no median los ocho días entre el informe justificando rendido por la responsable, y la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere, y se señalan las once horas del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta firmado por Héctor Esteban Carrazco Soto, en representación de la moral denominada Agrícola Quichi, sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada, Nicolás Gustavo Ruíz Carrazco y Jesús Urias Veliz, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 697/2019-5A. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo además de la vía ordinaria, por fax al número 668 815 32 08, o al correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo quinto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva se le impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas con diez minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracciones III, inciso b), y IV de la Ley de Amparo, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, y como terceros interesados a Guadalupe Miranda Baldenevro, Marcos Humberto Hernández Mendoza y Comercializadora Internacional Arizona, sociedad anónima de capital variable. De acuerdo con lo dispuesto por el precepto 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que emplace a juicio a los terceros interesados Guadalupe Miranda Baldenevro, Marcos Humberto Hernández Mendoza y Comercializadora Internacional Arizona, sociedad anónima de capital variable, esta última por conducto de quien legalmente la represente, quienes deberán de acreditar su representación con documento relativo, asentándola en el acta respectiva, todos con domicilio ubicado en Lote 28 sin número Parque Industrial Santa Rosa, en esta ciudad. De acuerdo con lo establecido en el precepto 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que los promoventes anexan a su demanda de amparo, sin perjuicio de poder hacer relación de las misma en la audiencia de ley. Hágase saber a los promoventes del amparo, que en caso de la inexistencia de la autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, los quejosos están obligados a señalar con precisión a la autoridad responsable, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2°, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Venancio Ayala Leyva, y por señalados los estrados para oír y recibir toda clase de notificaciones. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar en el momento de la notificación respectiva, de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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