Nicolas Tirado Jimenez
Expediente 153/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Nicolas Tirado Jimenez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte, ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo en relación con los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el expediente como asunto concluido. De acuerdo la fracción I del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción dado que por proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el quince de marzo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, de autos se advierte, la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda la resolución de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, y su acta respectiva de notificación, original del acuse de solicitud de pensión, prevéngasele para que comparezca ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de los mismos, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dicho documento será destruido junto con el expediente.
- Principal
ES NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LAS PARTES.
- Principal
Visto el ocurso y anexos de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 128, último párrafo, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Nicolás Tirado Jiménez, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, tanto impreso como electrónico y, regístrese en el libro de gobierno y, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 153/2019-6B; sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva se le impondrá multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del quince de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 5º, fracción IV de la ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito. De acuerdo con lo establecido en el precepto 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que el promovente anexa a su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia de ley y tenerlas por recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Por lo que respecta a las pruebas instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, que refiere el quejoso, no ha lugar a tenerlas por ofrecidas, ya que prácticamente no tienen desahogo, es decir, no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio. Oriente el criterio la Tesis XX. 305 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Tomo XV del Semanario Judicial de la Federación, Enero de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos.". Hágase saber al quejoso, que en caso de la inexistencia de la autoridad, o bien su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en los numerales 14 y 17 Constitucionales, en relación con el 71 y 331, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se le autoriza el uso del scanner y/o cámara fotográfica, para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones en las oficinas del Área de Asesoría Jurídica Federal, ubicadas en Bulevar Adolfo López Mateos número 2213 norte, esquina con Fuente de Artemisa, planta baja, fraccionamiento Las Fuentes, en esta ciudad y como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a Jenny Elizabeth Medina Guzmán, Luis Javier Jiménez González, Venancio Baltazar Pérez España, Jesús Manuel Sicairos Galindo, Ricardo Ramírez de Jesús, Eduardo Hernández Ramírez, así como para oír y recibir todo tipo de notificaciones a las Oficiales Administrativas Blanca Alicia Álvarez Montiel, Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Adán Alberto Valdez León, María Inés González Torres, Zuni Areli Castillo López, Yolanda María Osuna Bogarín, y Norma Angélina López González. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º., del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, dígasele a las partes, que a fin de respetar su intimidad, que al hacerse públicas la sentencia, de conformidad con el primer precepto invocado, se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa, en la inteligencia de que la falta de dicha oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; asimismo, que las referidas restricciones a la disfunción de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales no operan respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable estén legitimados para solicitar copias de las mencionadas sentencias.
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