Netzahualcoyotl Rodriguez Corona
Expediente 1308/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1308/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Netzahualcoyotl Rodriguez Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por la tercera interesada Leidiana Guzmán Cabrera, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación con el acto reclamado; sin embargo, se reserva proveer en relación con el mismo hasta en tanto se resuelva el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés y se reanude el procedimiento dentro del juicio de amparo que nos ocupa. Respecto del diverso escrito en que señala domicilio para recibir notificaciones dentro del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, agréguese únicamente como corresponda a efecto de que el tribunal conducente acuerde lo que en derecho proceda. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio 11521 signado por la Secretaría del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, por el que devuelve el diverso oficio 22001 del índice de este juzgado, señalando que tras una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no encontró registro a nombre de Manuel García Vega, en ese órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, se informa al homologo federal que el presente juicio de amparo, corresponde al presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, por el quejoso Manuel García Vega en contra de todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro del proceso penal 73/2014 de su índice. Por lo tanto, gírese de nueva cuenta oficio a la autoridad en cita, a efecto de notificarle el auto de trece de octubre del año en curso, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 14 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio de la apoderada de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el nombramiento de la quejosa ******************** como docente frente a grupo expedido el veintidós de marzo de dos mil veintidós, sin que tenga firma de recibido por dicha trabajadora, además de advertir se trata del mismo nombramiento que no recibió a su entera satisfacción la quejosa dentro del juicio laboral ********************. Ahora bien, del estado de autos, se advierte lo siguiente: 1. Mediante sentencia terminada de engrosar el diecisiete de febrero de dos mil veinte, este órgano concedió la protección de la Justicia Federal a las quejosas Sonia Lizeth Roque Salvador, ********************, Jazmín Inés Molina Ramírez, Sandra Acosta Silva y******************** 2. Por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, y toda vez que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha resolución causó ejecutoria. En ese mismo auto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que realizara lo siguiente: 1. Provea de inmediato el requerimiento a la Secretaría demandada para que dé cumplimiento al laudo y realice los trámites administrativos necesarios para otorgar a las quejosas su nombramiento definitivo y para que acredite las gestiones realizadas al respecto, así como para que les sean pagados los montos cuantificados en la interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. 2. Dicte todos los trámites que correspondan a efecto de que sin mayores dilaciones la parte demandada cubra en su totalidad las condenas impuestas a favor de las quejosas dentro de la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación respectivo. 3. Mediante autos de diecisiete de marzo, veintiocho de agosto, uno y veintiséis de octubre, tres y veintiséis de noviembre, así como ocho de diciembre, todos de dos mil veinte; * Catorce de enero, diecisiete de febrero, diecisiete de marzo, ocho, doce y treinta de abril, nueve, dieciocho y veintinueve de junio, siete y veintiuno de julio, diecisiete y veintiséis de agosto, seis, trece y veintinueve de septiembre, cuatro, seis y quince de octubre, tres y veintiséis de noviembre, seis, trece, veintidós y veintisiete de diciembre, todos de dos mil veintiuno; * Catorce de enero, diecisiete de febrero, cuatro, once, catorce, veintitrés y veinticinco de marzo, ocho y veintisiete de abril, once y diecinueve de mayo, veintisiete de junio, ocho de julio, veintitrés de agosto, uno y veintidós de septiembre, siete y veintisiete de octubre, diecisiete y veintiocho de noviembre, así como quince de diciembre, todos de dos mil veintidós; * Veinte de enero, quine de febrero, veintidós de marzo, diecisiete de mayo, diecinueve de junio, dos, catorce y treinta de agosto, once de octubre y siete de noviembre del año en curso, por los que se ha requerido el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, no obstante que también desde el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno se ordenó vincular al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, misma que en múltiples acuerdos de veintinueve de septiembre, seis de octubre, veintiséis de noviembre, todos de dos mil veintiuno; diecisiete de febrero, cuatro y veintitrés de marzo, así como ocho de abril, todos de dos mil veintidós; once de octubre y siete de noviembre de dos mil veintitrés, se le ha requerido el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por conducto del titular del enlace jurídico de dicha secretaría, con residencia en esta ciudad. Dichos requerimientos realizados a la responsable y vinculada, se realizaron con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, para que dentro del término concedido en ellos, cumplieran con la sentencia ejecutoria dictada en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se les podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En virtud a lo anterior, y toda vez que de los dos últimos requerimientos formulados a la autoridad responsable y vinculada el once de octubre y siete de noviembre del presente año, se advierte de dichas autoridades una conducta de resistencia, desacato e ineficiencia para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento de multa formulado en el último auto referido y se les impones a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, así como a la Secretaria de Educación en el Estado, ambas autoridades con residencia en esta ciudad, una multa individual por $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA). Ahora bien, es necesario precisar, que la multa impuesta por desacato a un mandato ordenado dentro del juicio en que se actúa se impone a la persona física, en su actuar como servidor público del órgano de gobierno que tiene el carácter de parte en el presente juicio, como autoridad responsable, vinculada o competente, y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno. Por tanto, la multa individual se impone a quien ostenta el cargo de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, y Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, ambas con residencia en esta ciudad, autoridades competentes, por lo que es claro que las personas físicas es quien deben cubrir el monto de su propio peculio y no con el presupuesto que tengan asignado en la dependencia a la que pertenecen. Consecuentemente, su aplicación sólo repercutirá en la esfera jurídica de dichas personas, dado su carácter personalísimo; es decir, son las personas físicas, en lo individual, quienes deberán resentir en su esfera jurídica los efectos y consecuencias de la multa en cuestión. Se requiere a las citadas autoridades, para que dentro del tres de diez días hábiles, proporcionen a este órgano jurisdiccional la siguiente información: 1. Registro Federal de Contribuyentes de las servidoras públicas******************** y******************** así como su Clave Única de Registro de Población; y, 2. Domicilio fiscal, o bien, el que tengan registrado ante el Servicio de Administración Tributaria [SAT], (precisando calle, número exterior, en su caso número interior, colonia, localidad, código postal, municipio y entidad federativa). Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una nueva multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con el artículo 237, fracción II, en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Por lo que una vez que se cuente con esos datos, se le informará lo conducente a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con residencia en esta ciudad, para que se sirva hacer efectiva dicha multa y su importe lo ingrese a favor del Erario Federal, en contra de********************, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, así como ******************** Secretria de Educación del Estado de Michoacán. Finalmente, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el Juez de Distrito debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a las referidas autoridades para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciban notificación del presente auto, cumplan con la sentencia ejecutoria de referencia, o bien informen sobre el cumplimiento aportando lo siguiente: * Acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con el nombramiento expedido en favor de la quejosa y con firma de recibido por la impetrante de amparo; e, * Informen el cargo del ******************** ********************y el área en la cual se encuentra adscrito en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
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