Nestor Guinto González
Expediente 600/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nestor Guinto González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que por un lado se concedió y por otro se negó la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 600/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da nueva cuenta con la instrumenta de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana que hizo valer parte quejosa, así como documental que anexó a su libelo constitucional; asimismo, da cuenta con las constancias que Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, con residencia en esta ciudad agregó a su informe justificado. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las probanzas antes descritas y por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta que ninguna de las partes formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de julio del año en curso, a través del Servicio en Línea del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, Néstor Guinto González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 22, 25, 31 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 600/2021, y, el catorce de julio del año en curso se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Finalmente, el trece de septiembre del año en curso, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; por lo que procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a una autoridad ejecutora que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados son: La orden verbal o escrita dirigida a la Institución Bancaria Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, para bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria 1861-322-89, así como transferir el dinero que se encontraba en dicha cuenta para pagar la tarjeta de crédito con número de serie 4487-9085-0000-7115; y, La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo dirigido en contra del quejoso para bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta bancaria 1861-322-89, así como para aperturar o realizar cualquier movimiento dentro de la misma. Acto que atribuyó a las autoridades responsables siguientes: Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México; y, Banca Afirme S.A Institución de Banca Múltiple, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a Banca Afirme S.A, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, pues si bien negó el acto que se le reclama, de su informe justificado realizó aseveraciones que desvirtúan dicha negativa y tienden a demostrar la existencia del acto que en esta instancia constitucional se reclaman. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe respectivo, consistentes en la imagen del sistema correspondientes al periodo del uno de enero de dos mil veintiuno al diez de agosto pasado. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Causales de Improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, de oficio se advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5°. Son partes en el juicio: I. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En relación con lo anterior, por leyes o actos de autoridad deben entenderse aquéllas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emitidas por un órgano del Estado, que pueden consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; que normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. Destacado lo anterior, es pertinente traer a colación que conforme al numeral 5°, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, cabe decir que en torno al tema que nos ocupa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Atento lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Cabe agregar que para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, no sólo debe atenderse a sus características, sino también a la distinción de las relaciones jurídicas que se dan con éstas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior como gobernante. El derecho de petición, como derecho público subjetivo, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente público, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación, para que surja el derecho público de la parte quejosa a que se le dé contestación y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión a ese derecho. De lo que se desprende que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales tutelados a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, cabe decir, que es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la parte peticionaria del amparo al responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. En razón de lo anterior, resulta pertinente destacar que del informe rendido por la responsable se advierte que si bien se hizo un cargo en la cuenta bancaria 186132289, por la cantidad de veintisiete mil ciento sesenta y dos pesos (86/100 moneda nacional), lo cierto es que eso se debió a lo establecido en la cláusula 16, inciso C del Contrato de Tarjeta de Crédito, mismo que a la letra dice: "El Titular autoriza a Afirme a que le cargue en cualquier cuenta que tenga abierta con este último, los adeudos derivados del presente Contrato que no sean cubiertos puntualmente, siempre y cuando: (i) la Cuenta tenga un saldo deudor vencido de más de 90 (Noventa) días naturales, y (ii) el saldo deudor vencido no provenga de cargos que hayan sido objetados en tiempo por el Titular y su aclaración esté pendiente de resolver (.)" Lo anterior pone de manifiesto que aun y cuando Banca Afirme S.A, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, pueda tener el carácter de autoridad, con motivo de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por éste, o aquéllos en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad; y que por tanto, en la especie, los actos que se le imputan, deban ser considerados como tales para los efectos del juicio, de ahí que se haga necesario analizar la naturaleza de los mismos en virtud de la relación que puede existir entre Banca Afirme S.A, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, y la parte quejosa. Así como fue expresado con anterioridad, de las constancias que integran el juicio se advierte que la parte quejosa se duele del procedimiento administrativo que realizó el banco responsable para realizar un movimiento dentro de su cuenta bancaria 1861-322-89, el cual consistió el realizar un cobro con motivo del adeudo que tenía en la diversa tarjeta de crédito con número de serie 4487-9085-0000-7115. De lo anteriormente expuesto, se considera que el acto reclamado no se suscitó en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es en un plano de igualdad. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K, de noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Lo antes asentado corrobora que la relación que pudiera mantener el quejoso con Banca Afirme S.A, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, es respecto del contrato de tarjeta de crédito que ofrece dicho banco. Lo expuesto, permite concluir que la relación que pudiera existir entre el banco responsable - Banca Afirme S.A, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero - y la parte quejosa, es una de coordinación, pues el banco señalado como autoridad responsable no actúa como autoridad de manera que pueda decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente en torno al destino de los señalados recursos en perjuicio del solicitante de servicio de la tarjeta de crédito, pues cualquier determinación que en ese sentido adopte es susceptible de ser objeto de controversia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ya que esta autoridad, conforme a los artículos 4°, 5°, 60 a 72 Ter de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, tiene facultades para resolver las reclamaciones contra las instituciones del sistema financiero. Dicho de otra forma, el acto reclamado, no tiene características distintivas de los actos de autoridad, es decir, que se hayan originado en un plano de supra a subordinación, sino por el contrario se evidencia que lo es en un ámbito de coordinación que existe entre la parte quejosa y la señalada autoridad responsable. En ese orden, el acto reclamado que se imputa a la autoridad señalada como responsable para efectos del juicio de amparo, no quedan comprendidos como aquéllos de supra a subordinación, puesto que las peticiones deben ser dirigidas a los servidores públicos en su calidad de autoridades, para que surja el derecho público de estos últimos a que se les dé contestación por escrito, fundada y motivada, congruente a lo solicitado y además sea notificada al peticionario en el domicilio señalado para ese efecto, y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumplan las obligaciones correlativas de la autoridad que supone este derecho. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número P./J.42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 126, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que válidamente procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a la autoridad señalada en el presente considerando. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Néstor Guinto Gonzáles, por los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el apoderado jurídico de Banca Afirme, Sociedad Anónima, Afirme Grupo Financiero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa la fecha en que rindió su informe justificado e indica que dicha institución bancaria fue señalada dos veces como responsable. Sin embargo, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento de lo anterior, ello, debido a que el veinticuatro de agosto pasado se tuvo por rendido el informe respectivo y se acordó dejar de tener como responsable al Representante Legal de Banca Afirme, Sociedad Anónima, de Institución de Banca Múltiple, con residencia en Monterrey, Nuevo León. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el apoderado jurídico de Banca Afirme, Sociedad Anónima, Afirme Grupo Financiero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa la fecha en que rindió su informe previo e indica que dicha institución bancaria fue señalada dos veces como responsable. Sin embargo, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento de lo anterior, ello, debido a que el diecisiete de agosto pasado se tuvo por rendido el informe respectivo y se acordó dejar de tener como responsable al Representante Legal de Banca Afirme, Sociedad Anónima, de Institución de Banca Múltiple, con residencia en Monterrey, Nuevo León. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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