Nestor Montiel Tovar

Expediente 123/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
123/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Nestor Montiel Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, toda vez que en auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 24 de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de treinta y uno de enero del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, quien no realizó manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Mediante auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que se confirmó la sentencia por la que se negó por una parte y concedió por la otra la protección constitucional en el presente juicio. Ahora bien, en la resolución dictada por este órgano jurisdiccional y confirmado por la superioridad, se advierte que, conforme al considerando séptimo se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos expuestos en el considerando octavo, para que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: "(.) OCTAVO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 78 de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado sea una norma general, si ésta es declarada inconstitucional el efecto de la concesión será su inaplicación únicamente respecto de la quejosa. Consecuentemente, resulta procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la aquí quejosa Sociedad de Ahorro y Préstamo Tata Vasco", S. C. de A. P. de R. L. de C. V., para el efecto de que en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la amparista durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.).". En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 600-04-01-04-00-2023-00949, presentado el veintiséis de enero del presente año, en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo el día veintisiete de enero del año en curso, ante la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales "1", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y al efecto, comunicó que de acuerdo con la información proporcionada por la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoria Fiscal Federal, a la parte quejosa no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia por reiteración 2ª./J.201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, Novena Época, registro 165807, del siguiente rubro y contenido: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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