Nestor Ulises Colín Mejia
Expediente 923/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nestor Ulises Colín Mejia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 923/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por el quejoso y por las autoridades responsables. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por el tercero interesado (foja 83), así como por la agente del Ministerio Público adscrita y hace constar que las demás partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la fiscal de la adscripción, así como al tercero interesado Mario Mora Villanueva formulando los alegatos de su parte y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Nestor Ulises Colín Mejía, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y del Actuario adscrito a dicho órgano. Actos que estimó violatorios de los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de once de diciembre del año pasado (foja 19) se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno con el número 923/2020, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete y se pidió el informe justificado a las autoridades responsables. En auto de once de febrero de este año (foja 72) se reconoció el carácter de tercero interesado a Mario Mora Villanueva, por figurar como parte actora en la contienda laboral de origen. Luego, en proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno (foja 78), se dio vista al quejoso, a efecto que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado, por vicios propios, el embargo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte trabado en el inmueble que en esta vía defiende; sin embargo, dado que no desahogó la vista de la ampliación en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, en auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (foja 115) se hizo efectivo el apercibimiento que se le formuló en el auto de nueve de marzo pasado y se ordenó resolver el juicio de amparo en que se actúa, en los términos planteados en el escrito de demanda. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites legales, en esta fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto es reclamado a autoridades residentes dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por el quejoso al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y al Actuario adscrito a esa junta, consiste en: Las diligencias ordenadas dentro del juicio ordinario laboral 3B-2537/2014, para que se lleve a cabo un embargo en el domicilio que el quejoso dice es suyo, ubicado en el libramiento Ignacio Zaragoza 973, Centro de Pátzcuaro, Michoacán. Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, según se desprende del informe justificado que rindieron en forma conjunta (foja 36). Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó al juicio el presidente de la mencionada junta, consistente en copia certificada del expediente 3B-2537/2014. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II Procesal-Constitucional 1, Común Primera Parte, Materia Común, Quinta Época, registro 1002815, la cual el del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 553 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, como lo aduce el tercero interesado Mario Mora Villanueva (foja 84), el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio ordinario laboral 3B-2537/2014, que promovió el tercero interesado Mario Mora Villanueva frente al propietario o responsable de la fuente de trabajo consistente en un taller de hojalatería y pintura denominado "Hernández", ubicada en el libramiento Ignacio Zaragoza 973, Centro de Pátzcuaro, Michoacán, así como frente a la persona física Alfonso Hernández Ruiz, de quienes reclamó el pago de la indemnización constitucional y diversas prestaciones con motivo del despido injustificado del que fue objeto. Asimismo, tenemos que, el peticionario del amparo se duele en esta instancia de las diligencias ordenadas dentro del juicio laboral de origen para que se lleve a cabo un embargo en su domicilio, ubicado en la dirección señalada en el párrafo que antecede; por ende, debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13º. C.12 C (10ª.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5º., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2ª. LXXX/2013 (10ª.), visible a foja 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501; que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese orden, en el caso que nos ocupa el quejoso debía acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble del cual aduce ser poseedor; y, refirió que es de su propiedad. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2º.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión.". Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 17/91 -Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito- publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, la cual es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. En la especie, el quejoso se ostenta como tercero extraño dentro del expediente ordinario laboral 3B-2537/2014, que promovió el tercero interesado Mario Mora Villanueva frente al propietario o responsable de la fuente de trabajo consistente en un taller de hojalatería y pintura denominado "Hernández", ubicada en el libramiento Ignacio Zaragoza 973, Centro de Pátzcuaro, Michoacán, así como frente a la persona física Alfonso Hernández Ruiz, de quienes reclamó el pago de la indemnización constitucional y diversas prestaciones con motivo del despido injustificado del que fue objeto. Al respecto aduce en sus conceptos de violación, que el inmueble en el que se ordenó el embargo dentro de la referida contienda laboral, ubicado en el libramiento Ignacio Zaragoza 973, Centro de Pátzcuaro, Michoacán, corresponde a su domicilio y que, por ende, la responsable debe ordenar que se practique el embargo en el domicilio de las personas que deben pagar o en su caso, debe llevar a cabo la investigación de domicilio donde éstas puedan ser localizadas. Bajo el anterior panorama, para que este juzgador esté en condiciones de emprender el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, es necesario que éste demuestre que dichas actuaciones afectan de manera directa sus derechos; sin embargo, el peticionario de amparo no exhibió ningún documento suficiente para acreditar su interés jurídico, ya que no allegó alguno con el que demuestre el derecho de propiedad o posesión que dice tener respecto del inmueble que en esta vía defiende, sino que únicamente ofreció como medio de convicción, una impresión de la cédula de identificación fiscal, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, la cual no es apta para acreditar su interés jurídico, porque la misma es exclusiva para la realización de trámites fiscales, pero de ninguna manera, acredita la propiedad o posesión de algún inmueble. Además de lo anterior, se estima que en el caso no se encuentra acreditado el interés jurídico del quejoso, porque, aunque a lo largo de su demanda, señaló que el inmueble que defiende constituye su domicilio, no especificó bajo qué causa jurídica, es decir, virtud a que acto jurídico obtuvo la posesión de dicho inmueble y por ende, tampoco acreditó que tenga un título como causa generadora de la posesión que alega, es decir, la titularidad de un derecho subjetivo, derivado por ejemplo, de una donación, arrendamiento, compraventa, comodato, etcétera. Entonces, si lo reclamado se vincula con la posesión de determinado bien, en un procedimiento donde el peticionario aduce no haber sido oído y vencido, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que el accionante de amparo demuestre dos aspectos: primero, que el inmueble cuya posesión dice ostentar, es el mismo materia de aquel juicio; y segundo, que tiene un título como causa generadora de la posesión que alega, el cual debe producir la convicción de que se tiene derecho a poseer el bien y no ser perturbado en su posesión, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento y, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchado en ese procedimiento. En ese sentido, cuando se reclama un acto referente a la posesión o que vulnere ese derecho respecto de un inmueble, debe acreditarse la causa legal que sustenta la posesión, para demostrar que se tiene interés jurídico y pedir amparo, pues el artículo 14 constitucional tutela la posesión jurídica y no la simple detentación material del bien respectivo. Por tal razón, el quejoso estaba obligado a demostrar mediante el instrumento idóneo, el derecho que ostenta sobre el bien materia del juicio de origen, esto es, debió acreditar su posesión, con un título que se sustente en una figura jurídica o precepto que genere ese derecho -contrato de compraventa, donación, arrendamiento-, de manera que permitiera advertir que el promovente del juicio constitucional tiene una base objetiva que fundada y razonablemente produjera la convicción que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, sobre el bien respectivo. Por lo anterior, se considera que no se afecta el interés jurídico del quejoso, porque como quedó asentado anteriormente, el interés jurídico se constituye de dos elementos, la afectación al derecho subjetivo y la titularidad del derecho subjetivo que se estima afectado; consecuentemente, si la quejosa no acreditó que es titular de algún derecho posesorio del inmueble que defiende, sustentado en una causa legal, resulta evidente que no tiene interés jurídico en el presente juicio, al no acreditar ser poseedor del mismo, sino simple ocupante. Ello es así ya que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, atendiendo a que el ejercicio de la acción constitucional está reservada, en exclusiva, a quien resiente un perjuicio con motivo de la ley o el acto de autoridad que se impugna, entendiéndose que la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante los tribunales federales demandando la protección constitucional contra la citada autoridad; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por falta de interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Sobreseimiento que se hace extensivo al Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al no atribuirle actos reclamados por vicios propios. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Nestor Ulises Colín Mejía, por el acto, autoridades y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles concedido a la parte quejosa, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con veinte minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 26 de abril de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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