Nelia Maria Moo Balam
Expediente 502/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nelia Maria Moo Balam
Actuaciones
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de treinta de abril pasado, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la presente demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II.Vista la demanda de amparo promovida por Nelia María Moo Balam, contra el acto que reclama del agente del Ministerio Público de la mesa uno de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Del análisis íntegro de dicha demanda, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa consiste en la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 2211/M1/2016, que se lleva ante el agente del Ministerio Público de la mesa uno de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Al caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Los numerales en cita señalan lo siguiente: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar ante el Juez de Control competente, entre otras, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos para la debida integración de la carpeta de investigación. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, dentro del nuevo esquema procesal, es que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Es necesario destacar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se determinó reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su régimen transitorio se fijaron los plazos y condiciones para la entrada en vigor del citado decreto, de lo dispuesto en sus artículos primero y segundo, se advierte que la Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio. La Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. Ahora, respecto de las restantes reformas Constitucionales que atañen al sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, el Constituyente, para su entrada en vigor, estableció dos supuestos, que son los que se contemplan en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reformas. El artículo segundo transitorio establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto. En ese contexto, si la impugnación de un acto se hace con posterioridad a la declaratoria de vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, indudablemente que su confrontación debe hacerse conforme al nuevo texto Constitucional. De ahí que se estime que la víctima u ofendido deben impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, ante el Juez facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige a nivel federal, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en contra de las omisiones en que incurran al respecto, procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y el numeral 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 2211/M1/2016, que se lleva ante el agente del Ministerio Público de la mesa uno de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Bajo dicha manifestación, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación innominado, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado medio de impugnación encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". (Lo destacado en negrilla es de este Juzgado). De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario innominado el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse a investigar, que implica un acto negativo. Dicha omisión puede ser impugnada ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá estimar que la actuación ministerial es ilegal y deberá conminarlo a que practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario innominado, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las determinaciones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 2211/M1/2016, que se lleva ante el agente del Ministerio Público de la mesa uno de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado. En ese contexto, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a la anterior determinación, lo resuelto por mayoría de votos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la contradicción de tesis 233/2017 sobre el derecho de la víctima u ofendido de delito a impugnar ante autoridad judicial omisiones del Ministerio Público, la cual se encuentra pendiente de ser publicada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar de plano la demanda de mérito por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Tengase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la presente demanda de amparo, y como autorizados para tal fin a Rodolfo Pérez Vidal y Christian Jesús Pérez Chan, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Regístrese la demanda en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente.
- Principal
MESA II.Vista la demanda de amparo promovida por Nelia María Moo Balam, contra el acto que reclama del agente del Ministerio Público de la mesa uno de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Del análisis íntegro de dicha demanda, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa consiste en la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 2211/M1/2016, que se lleva ante el agente del Ministerio Público de la mesa uno de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Al caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Los numerales en cita señalan lo siguiente: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar ante el Juez de Control competente, entre otras, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos para la debida integración de la carpeta de investigación. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, dentro del nuevo esquema procesal, es que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Es necesario destacar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se determinó reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su régimen transitorio se fijaron los plazos y condiciones para la entrada en vigor del citado decreto, de lo dispuesto en sus artículos primero y segundo, se advierte que la Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio. La Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. Ahora, respecto de las restantes reformas Constitucionales que atañen al sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, el Constituyente, para su entrada en vigor, estableció dos supuestos, que son los que se contemplan en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reformas. El artículo segundo transitorio establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto. En ese contexto, si la impugnación de un acto se hace con posterioridad a la declaratoria de vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, indudablemente que su confrontación debe hacerse conforme al nuevo texto Constitucional. De ahí que se estime que la víctima u ofendido deben impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, ante el Juez facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige a nivel federal, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en contra de las omisiones en que incurran al respecto, procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y el numeral 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 2211/M1/2016, que se lleva ante el agente del Ministerio Público de la mesa uno de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Bajo dicha manifestación, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación innominado, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado medio de impugnación encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". (Lo destacado en negrilla es de este Juzgado). De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario innominado el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse a investigar, que implica un acto negativo. Dicha omisión puede ser impugnada ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá estimar que la actuación ministerial es ilegal y deberá conminarlo a que practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario innominado, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las determinaciones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 2211/M1/2016, que se lleva ante el agente del Ministerio Público de la mesa uno de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado. En ese contexto, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a la anterior determinación, lo resuelto por mayoría de votos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la contradicción de tesis 233/2017 sobre el derecho de la víctima u ofendido de delito a impugnar ante autoridad judicial omisiones del Ministerio Público, la cual se encuentra pendiente de ser publicada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar de plano la demanda de mérito por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Tengase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la presente demanda de amparo, y como autorizados para tal fin a Rodolfo Pérez Vidal y Christian Jesús Pérez Chan, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Regístrese la demanda en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente.
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