Nelly Patricia Gonzalez Canche
Expediente 1425/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1425/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nelly Patricia Gonzalez Canche
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de la quejosa Nelly Patricia González Canché, mediante el cual solicita la devolución de la original documentación que adjuntó a su escrito inicial de demanda. Atento lo anterior, no se accede a la devolución del documento que refiere, toda vez que de la revisión de los autos, no se advierte haya anexado documento alguno a su demanda de amparo, incluso de la boleta de turno de demandas, aparece que no se recibieron anexos con la misma; por ende, se reitera, no ha lugar a acordar favorablemente a su petición NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto del dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de doce de agosto del presente año, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE. El veintisiete de agosto del dos mil veintiuno, se da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado actual que guardan estos autos y con la certificación que antecede. CONSTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Nelly Patricia González Canché, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública y Director de los Corralones I y II, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 1425/2021-I. Ahora bien, se procede a analizar sobre la procedencia de la acción constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que señala que debe desecharse el escrito de demanda cuando al examinarlo se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Establecido lo anterior, conviene precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: - La falta de contestación a la petición realizada por el quejoso a su ocurso de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, presentado el veintiocho siguiente, en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual solicitó la liberación del vehículo Suzuki Swift GLX TM, modelo 2021. En el caso en estudio, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no produce una afectación real y actual a la promovente. Para explicar lo anterior, es menester transcribir el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el artículo 5°, fracción I, del referido ordenamiento legal señala:"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación sistemática de los numerales reproducidos se advierte que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto u omisión o ley que reclama.En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I, del artículo 5° de la Ley de Amparo, transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se entiende por interés jurídico e interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. De lo anterior se advierte que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos, la existencia y titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto al de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la prosecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o perjuicio inmediato. El Alto Tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos y concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil setecientos treinta y seis, Libro XVIII, Tomo Dos, marzo de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Lo anterior implica que la acción constitucional será procedente cuando el promovente: Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en esta hipótesis cuando alegue ser parte en un procedimiento administrativo; o. Sea titular de un interés legítimo, según ha quedado caracterizado. Y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. En la especie, la accionante del amparo aduce que el acto reclamado viola su derecho fundamental de petición previsto en el artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que mediante ocurso de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, presentado el veintiocho siguiente, en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, solicitó la liberación del vehículo Suzuki Swift GLX TM, modelo 2021, sin que a la fecha la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, haya emitido respuesta. En efecto, el artículo 8 constitucional establece: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El numeral transcrito consagra el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado en general, y significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud por escrito, ya sea de carácter administrativo, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación emitir una respuesta de forma escrita, la cual debe ser dada a conocer en breve término. Así, el derecho de pedir se constituye como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les presente. Asimismo, el derecho establecido en el precepto constitucional tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide; es decir, impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, página dos mil cientos sesenta y siete, Tomo XXXIII, Materias Constitucional-Administrativa, Marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. El criterio antes citado refiere, que el "breve término" para emitir respuesta, deberá calcularse teniendo en cuenta el estudio y la complejidad de la petición formulada, así como el lapso empleado para acordarla. Conforme a lo expuesto y tomando en consideración que la parte quejosa elevó su petición ante la autoridad responsable el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo fue presentada el once de agosto del presente año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y turnada ese propia día a este órgano jurisdiccional, esto es, apenas nueve días hábiles -posteriores a la presentación del escrito-; por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a lo solicitado por la inconforme. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sumado al hecho de que a la fecha aún los órganos jurisdiccionales, delegaciones estatales y municipales y dependencias públicas se encuentran laborando bajo las medidas de seguridad para evitar el contagio por el virus SARSCoV2 (COVID), en donde incluso se han suspendido los plazos y términos procesales, o trabajando de manera remota o incluso con un porcentaje menor al de la plantilla asignada, de ahí que, no se puede ver como una dilación procesal excesiva, hasta el momento. En virtud de lo expuesto, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción Xll, en relación con la fracción I, del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procede desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita. Por otra parte, atento a lo solicitado por la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo; y como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Justo Emigdio Dzul Sánchez, y a los restantes mencionados en su demanda, con las limitaciones que establece la parte final del referido numeral. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la citada parte quejosa y sus autorizados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. De igual forma, se toma nota del correo electrónico licjosephperez@gmail.com, que proporcionó la parte quejosa al presentar su demanda, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes que no lo hayan hecho para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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