Nelda Andrea Ake Chim
Expediente 1555/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 35 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1555/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nelda Andrea Ake Chim
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el único punto resolutivo que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado a las responsables; provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente, debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido, éste deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En otro contexto, prevéngase a la parte quejosa, para que una vez transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, comparezca a este Juzgado a recoger los documentos originales consistentes en los billetes de depósito N-891424 y N- 896225, por las cantidades de cinco mil pesos moneda nacional y diez mil pesos moneda nacional, respectivamente, expedidos por la sucursal en esta ciudad del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que exhibió como garantía de su parte para que siguiera surtiendo efectos la suspensión que en su oportunidad solicitó; apercibida que de no cumplir con lo anterior, empezará a correr el plazo de dos años, que previene el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para la prescripción de los billetes en comento a favor de la Federación. Finalmente, toda vez que no existe razón alguna para que continúen en la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas de las constancias que integran el Juicio Ordinario Civil 420/18-2019/2C-II, remitidas por la Jueza Segunda de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche; devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales conducentes, sin necesidad de que dicha autoridad acuse el recibo correspondiente. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito signado por Nelda Andrea Aké Chim, parte quejosa en el presente juicio de amparo y en atención a su contenido, se accede a la devolución de los documentos que acompañó a su demanda de amparo, lo que deberá realizarse cuando las labores de este juzgado así lo permitan, previa copia certificada y acuse de recibo que se deje en autos. Ahora bien, por lo que respecta a su diversa solicitud respecto a que le sea devuelto el billete de depósito con folio N-896225, que ampara la cantidad de diez mil pesos, moneda nacional y fue exhibido como uno de los requisitos para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar concedida en el incidente de suspensión, dígasele a la ocursante que no ha lugar a acceder a su petición, pues deberá esperar a que fenezca el término de seis meses a que se refiere el numeral 156 de la Ley de Amparo, para que, en su caso, se solicite la tramitación del incidente de responsabilidad proveniente de dicha garantía. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1555/2022-VI; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, Nelda Andrea Aké Chim demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y de otras autoridades; que hizo consistir en la orden de aseguramiento sobre el vehículo marca Peugeot, tipo 301 active, modelo 2017, motor 10FC1M00870647 y serie VF3DDNFP7HJ515726, así como su ejecución. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete. Por proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo por lo que corresponde a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen; por lo que en la misma fecha se le solicitó su informe de ley. Asimismo, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Iván Felicito Alonso León, el cual fue realizado mediante diligencia de dieciocho de octubre del año en curso por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Campeche. Finalmente, el diez de noviembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra un acto ejecutado dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: - La orden de aseguramiento sobre el vehículo marca Peugeot, tipo 301 active, modelo 2017, motor 10FC1M00870647 y serie VF3DDNFP7HJ515726, emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en autos del juicio ordinario civil de cumplimiento de la obligación del contrato de comodato y responsabilidad civil adjetiva y subjetiva 420/18-2019/2C-II, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiere exhibido prueba idónea en contrario y sin que la suscrita pueda advertir su existencia, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza de tal acto y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie su certeza; por ende, procede sobreseer en este juicio, por lo que respecta a los actos y autoridades precisadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en funciones de Juez y el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad; así como la Jueza Segunda de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen; y, el Subinspector de Seguridad Pública Municipal de Kanasín, Yucatán, aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Circunstancia que se corrobora con las constancias que integran el juicio ordinario civil 420/18-2019/2C-II, que acompañó la Jueza responsable a su informe de ley, así como las relativas al exhorto 42/2022, remitidas por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad ministerial en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causal de improcedencia actualizada. Previamente al examen de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1ª./J.3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX - Enero de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. En ese sentido, debe decirse que, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aseguramiento sobre el vehículo marca Peugeot, tipo 301 active, modelo 2017, motor 10FC1M00870647 y serie VF3DDNFP7HJ515726, emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en autos del juicio ordinario civil de cumplimiento de la obligación del contrato de comodato y responsabilidad civil adjetiva y subjetiva 420/18-2019/2C-II, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El interés jurídico a que alude la fracción invocada, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para promover el juicio de amparo; por ello, se debe acreditar en forma fehaciente cuando acude a instar la protección de la Justicia Federal, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, la instancia constitucional resulta improcedente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 294 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama. En efecto, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al individuo o a la persona moral de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución de los actos que estima ilegales, por lo cual se entiende por perjuicio la ofensa que se hace en los derechos o intereses de los que es titular. De lo anterior se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo; y, b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Asimismo, cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de control constitucional, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 16/1994 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente señala: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del precepto transcrito se infiere con claridad, que uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de control constitucional, cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos o legítimos con relación a derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sean personales o patrimoniales. Por ello, sólo tiene interés aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, que dice: INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Así las cosas, el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados de las autoridades responsables ya que no quedó acreditado el interés jurídico o legítimo que defiende la parte quejosa, en la medida que no acredita una afectación real y actual a su esfera jurídica. En efecto, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho legítimo de la parte quejosa sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho -legitimación-; y la afectación del citado derecho, a través de un acto de autoridad -principio de agravio personal y directo-. Se afirma lo anterior, pues si bien para tal efecto la parte quejosa acompañó a su demanda el original de la factura con folio fiscal AAA1B661-F703-478E-B20E-1B6DCBDB1F54, expedida a su nombre por Juan Canché Abán, que ampara la adquisición del vehículo marca Peugeot, tipo 301 active, modelo 2017, motor 10FC1M00870647 y serie VF3DDNFP7HJ515726; lo cierto es que dicha documental carece de valor probatorio al haber sido cancelada por su emisor. En efecto, de la revisión del sistema de verificación de comprobantes fiscales digitales por internet proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria en su página oficial https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx, se advierte que el documento ofrecido fue generado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, sin embargo, fue cancelado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, tal y como se reproduce en la imagen que a continuación se inserta: Información que resulta un hecho notorio para la suscrita por encontrarse disponible en una página de internet oficial de la Administración Pública Federal y a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo. Bajo esas consideraciones, se tiene que la parte quejosa no acredita con dicho documento que, a la fecha de emisión del acto reclamado, se afectare derecho alguno de propiedad en su contra ya que el certificado en cuestión se encontraba cancelado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.450 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro electrónico 2023779, que a la letra dice: HECHO NOTORIO. LO CONFIGURA LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE GOBIERNO. Hechos: Una entidad gubernativa reconvino la prescripción adquisitiva de un inmueble que adquirió por contrato privado de compraventa y que ha usado como paradero para el transporte público de pasajeros, por su cercanía con una estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El tribunal de apelación decidió que era procedente la reconvención y en relación con el segundo elemento de esa acción, consistente en revelar y probar la causa generadora de la posesión, la Sala Civil invocó datos que obtuvo de una página oficial de Internet gubernamental. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México es una página electrónica oficial de gobierno, cuyo contenido es fiable, por lo que la información difundida en éste puede invocarse como hecho notorio. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, otorga a los juzgadores la facultad de tomar en cuenta hechos notorios para la resolución de los asuntos. Entre ellos se encuentran los datos de las páginas electrónicas oficiales que las entidades de gobierno utilizan para poner a disposición del público sus servicios. Por tanto, si la información cargada en el portal aludido está regulada por la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, cuyo objeto consiste en implementar un "gobierno abierto" en el que la información de interés general sea transparente y se difunda a todo interesado; aunado a que su artículo 5, fracciones VI y XVIII, establece como principios rectores los de "certeza y seguridad jurídica" que garantizan que la información se extrajo de la fuente originaria la cual no ha sido modificada ni alterada, y el de "calidad" que estatuye que la información ahí cargada se integra con datos ciertos, que son conservados de forma permanente, salvo sus actualizaciones, y que mantienen disponibles las versiones históricas que les precedieron; se colige que ese hecho notorio es útil para acreditar que el bien raíz litigioso ha sido utilizado para fines de interés público, como parte de la infraestructura de la red de transporte público de dicha ciudad, pues proviene de una fuente fidedigna que, al estar normada, hace prueba plena de la fiabilidad de su contenido. Lo mismo debe decirse en cuanto al original de la tarjeta de circulación exhibida, la cual tampoco se encontraba vigente a la fecha de emisión del acto reclamado y mucho menos al momento en que esto se resuelve, de ahí que a pesar de tratarse de un documento público que hace prueba plena de la existencia del registro vehicular a nombre de la parte quejosa, esto únicamente puede tenerse circunscrito al periodo por el cual estuvo vigente, es decir entre el veintiséis de julio de dos mil diecinueve y el treinta y uno de diciembre de ese mismo año; máxime que por sí sola, dicha documental es insuficiente para demostrar el derecho de propiedad que ostenta la parte quejosa. Finalmente, debe decirse que las impresiones de los recibos de pago de primas automóviles y de seguro de automóviles expedidos a nombre de la parte quejosa también resultan insuficientes para acreditar su interés, pues además de que se refieren a pólizas que ya no se encuentran vigentes ni lo estuvieron al momento de la emisión del acto reclamado, lo cierto es que por sí solas no pueden tener el alcance de acreditar la propiedad del automotor que defiende la parte quejosa, pues no se tiene la certeza que al momento de contratar el servicio de seguro se haya realizado la comprobación necesaria para tal efecto y en ellos tampoco obra asentado dato alguno que así lo demuestre. Por lo que ante tal omisión, no es posible llegar a la convicción de que el acto que se reclama de las autoridades responsables genera una afectación a la esfera jurídica de la quejosa a efecto de poder realizar el estudio de fondo respectivo y determinar si éste resulta constitucional o no. En esa circunstancia, se tiene que Nelda Andrea Aké Chim no acreditó con prueba eficaz, suficiente y fehaciente la afectación al derecho subjetivo que defiende, en cuanto a su derecho de propiedad, respecto de la orden de aseguramiento sobre el vehículo marca Peugeot, tipo 301 active, modelo 2017, motor 10FC1M00870647 y serie VF3DDNFP7HJ515726, emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en autos del juicio ordinario civil de cumplimiento de la obligación del contrato de comodato y responsabilidad civil adjetiva y subjetiva 420/18-2019/2C-II y su ejecución. Por lo que resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. La causal de improcedencia que se actualiza, hace innecesario el estudio del fondo del asunto, en atención a la tesis de jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, fundado, con apoyo además, en los artículos 62, 73, párrafo primero, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Nelda Andrea Aké Chim contra el acto que reclamó del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y de otras autoridades; precisado en el considerando segundo de esta determinación, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto subsecuentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del diez de noviembre de dos mil veintidós, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo VI-1555/2022, promovido por ********************, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, los cuales obran agregados en los presentes autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables antes señaladas, para que sean tomados en consideración como correspondan. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las pruebas documentales que adjuntó la quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las que también fueron acompañadas a los informes de la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Directo de Seguridad Pública Municipal de Kanasín, Yucatán y Jueza Segunda de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche; por lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo cual se declara cerrada esta etapa. A continuación, no existiendo promociones pendientes de acuerdo, quedan en estado de resolución los presentes autos, firmando esta audiencia los que en ella intervinieron. Doy fe. KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR. JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. Miguel Alejandro Patrón Ballote Secretario de Juzgado.
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