Nelia Aleyda Alonzo Alonzo
Expediente 253/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nelia Aleyda Alonzo Alonzo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra el acto que reclama de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán. Fórmese expediente; y, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 253/2021-VI. Ahora bien, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la existencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio es previo y preferente, en observancia a lo dispuesto en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1° y 113 de la propia legislación y 8° Constitucional, respecto del acto que se reclama, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado ante su Oficialía de Partes el veintinueve de diciembre de dos mil veinte. En ese sentido tiene exacta aplicación la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, intitulada: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Cabe señalar que, de acuerdo al aludido artículo 113 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora Federal debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al órgano jurisdiccional de examinar, con todo detenimiento, el escrito de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, en la demanda de amparo que se analiza, se advierte que el quejoso reclama de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, la falta de respuesta respecto de su escrito que presentó el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, en el que solicitó la devolución de diversos descuentos que se le realizaron. Sentado lo anterior, se estima que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. En ese sentido, el artículo 8º del Pacto Federal al efecto establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del citado dispositivo constitucional transcrito, se desprende que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del solicitante el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, la demanda de amparo fue presentada por el peticionario de amparo, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el once de febrero de dos mil veintiuno, y como se vio, en ésta se señaló como acto reclamado la falta de respuesta respecto de su escrito que presentó el veintinueve de diciembre de dos mil viento, ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán. De ahí que es inconcuso, que no existe violación al derecho de petición que consagra el artículo 8º constitucional, toda vez, que entre la fecha en que la autoridad señalada como responsable recibió el ocurso de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza, han transcurrido treinta días hábiles, por lo que es evidente, que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar el escrito cuya omisión de proveer o falta de respuesta, se duele la quejosa, para emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. Cuenta habida que el artículo 12, en su párrafo cuarto de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, dispone que los particulares podrán demandar en cualquier tiempo la nulidad de la resolución de negativa ficta, cuando las autoridades no den respuesta a su instancia en el término de noventa días hábiles; plazo que este Juzgado estima es el máximo para que la autoridad dé respuesta al escrito de la parte quejosa, al establecerse en un ordenamiento legal y en su caso, opere la negativa ficta. Por tanto, se considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional no existe, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, de contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdo recaído, en razón de que el lapso transcurrido entre la presentación del escrito a la autoridad y la promoción de la demanda de amparo que se analiza (treinta días hábiles), no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 767, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la referida demanda constitucional, la omisión reclamada no existe pues, como ya quedó asentado, en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente, para que la autoridad responsable analice la solicitud planteada por el quejoso, de contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdo recaídos y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII y 217, ambos de la Ley de Amparo en relación con lo previsto en el numeral 8° de la Constitución Federal, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Similar criterio fue sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 182/2019. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios de artículo 12 de la Laye de Amparo, a Clemente Andrés Gutiérrez López; no así a las restantes personas señaladas, quienes quedarán facultadas con las limitaciones a que se refiere dicho numeral, hasta que acrediten encontrarse facultadas para ejercer la licenciatura en derecho y aparezcan registradas en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se autoriza a las personas antes referidas a efecto de que, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puedan hacer uso de medios electrónicos, al momento de la consulta del presente asunto. Asimismo, téngase a la parte quejosa proporcionando su número telefónico y dirección de correo electrónico, para los fines legales correspondientes. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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