Monserrat Sonia Zúñiga Leyva
Expediente 596/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/05/2018
Partes del expediente
- Monserrat Sonia Zúñiga Leyva
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de veinticinco de abril del presente año, por los motivos que en ella expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto referido, así como los subsecuentes, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado en auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, notifico por medio de lista el proveído de veinticinco de abril del año en curso, al tenor siguiente: Visto el escrito signado por ... regístrese bajo el número 596/2018-V-B. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la quejosa reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca la resolución de dieciocho de abril del año en curso en la cual se negó la orden de aprehensión y/o medida cautelar en contra de ... Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda y los anexos que adjuntó a esta, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. La fracción mencionada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de abril del año en curso en la cual se negó la orden de aprehensión y/o medida cautelar en contra de ... la parte quejosa estaba obligada a agotar el recurso ordinario que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. Se arriba a tal aserto, pues en contra del acto reclamado en estudio procede el recurso de apelación ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Para corroborar lo anterior, se reproduce el contenido del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba" En este contexto resulta evidente que en la especie no se cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que la promovente no agotó previamente a la interposición del presente juicio, el recurso de apelación ante la autoridad responsable, tal como lo establece el numeral transcrito en líneas precedentes; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la Tesis Aislada II.2oP.26P (10ª) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que al rubro dice: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO SE TRANSGREDE ESE DERECHO HUMANO POR EXIGIRLE A LA VICTIVA QUE AGOTE EL PRINICIPIO DE DEFINITIVIDAD (APELACIÓN) CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LIBERAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones previstas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento (órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal), incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por lo antes expuesto, resulta exigible que la quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el medio de defensa a través del recurso de apelación ante el juez responsable, por lo que, si no lo hizo, la presente demanda de amparo carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. No se soslaya que en la especie no existe constancia que acredite la notificación personal de la aquí promovente respecto a la resolución que aquí combate; sin embargo, dicha circunstancia no irroga perjuicio a la decisión aquí desarrollada, pues con la promoción de la demanda que se atiende, es inconcuso que la quejosa se ostenta sabedora del acto reclamado, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo; y, su escrito se presenta dentro del plazo genérico de quince días para promover el juicio de amparo. En consecuencia, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XVIII, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles.
- Principal
Notifíquese personalmente a la quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Mónica Saldaña Hipólito762/2020
- Mónica Sáncez Lara1414/2022
- Mónica Sánchez Baeza10/2022
- Monserrat Espinosa Espinosa1593/2023
- Monserrat Laureles Cortes1104/2015
- Monserrat Sonia Zúñiga Leyva438/2018
- Monserrat Zarate Salgado233/2016
- Monserrat Zendejas Gutiérrez522/2022
- Montserrat Ferriz Corona294/2022
- Morelia Marín López464/2021
- Mosoul Nazareth Rosas Tamez472/2016
- Nabor Bonilla Caldera1568/2016