Monserrat Zarate Salgado

Expediente 233/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
233/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
18/05/2016

Partes del expediente

  • Monserrat Zarate Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, por medio del cual se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido, lo procedente es declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas.

  2. Principal

    Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio, en la cual se sobreseyó en el presente juicio promovido por Monserrat Zarate Salgado; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión. Se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, , del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, glósese únicamente el original de dicho cuaderno.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 233/2016, promovido por Monserrat Zárate Salgado por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México; por lo que, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado el veintitrés siguiente, Monserrat Zárate Salgado solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y acto siguiente: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICCIAL DE IXTLAHUACA, MEXICO; con domicilio en avenida baja velocidad sin número, autopista Toluca-Atlacomulco kilómetro 32.5, barrio de San Pedro en la ciudad de Ixtlahuaca, México, en el local que ocupa dicha dependencia en el edificio que ocupan los Juzgados del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México. IV.- ACTO U OMISIÓN RECLAMADOS: A.- El auto de fecha diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis, dictado en la causa 12/2016, mismo que establece: Deberá comparecer a las instalaciones que ocupa este juzgado de control del distrito judicial de Ixtlahuaca, estado de México ubicado en avenida baja velocidad sin número, autopista Toluca-Atlacomulco kilómetro 32.5 Barrio de San Pedro Ixtlahuaca, México a la audiencia de formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de aprehensión. Deberá comparecer acompañada de defensor, que tenga cédula profesional de licenciado en derecho, la cual deberá presentar en la audiencia referida. B.- LA POSIBLE ORDEN DE COMPARECENCIA Y/O APREHENSIÓN QUE PUDIERA GIRARSE EN MI CONTRA con motivo de las diligencias practicadas en la causa 12/2016 Actos que consideró violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 287 del Código Penal vigente en el Estado de México, artículos 152, 153, fracción III, IV, VI, del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad. |SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto a este Juzgado de Distrito, quien por auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tras diferirse tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracción VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que en el presente asunto se reclama una citación para la audiencia de formulación de imputación sin detenido, dictada por un órgano jurisdiccional que tiene su residencia dentro del territorio en el cual ejerce su jurisdicción este órgano de control constitucional y el cual tendrá su ejecución en el mismo. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, el acto reclamado se hace consistir en: La citación para la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, dentro de la carpeta administrativa 12/2016, que se llevará a cabo el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, a las quince horas con treinta minutos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, con independencia de que al rendir su respectivo informe justificado aceptó su existencia (fojas 12 de autos), ello se corrobora fehacientemente con las copias certificadas de la carpeta administrativa 12/2016 y un disco óptico, que la autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, documental pública que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del máximo tribunal del país, de rubro: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se deben analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, respecto del auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictado en la carpeta administrativa 12/2016, el cual indica que la quejosa deberá de comparecer a las instalaciones que ocupa ese juzgado de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, señalada para las quince horas con treinta minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis; se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la interpretación de la citada causal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por su parte, la segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, aunque puede estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza en el presente juicio, ya que en el caso particular la autoridad responsable emitió una nueva determinación que vino a sustituir procesalmente a la anterior, de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de amparo biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C92K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Ahora bien, de las constancias generadoras del acto reclamado se advierte precisamente la existencia del auto diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictado en la carpeta administrativa 12/2016, el cual indica que la quejosa deberá de comparecer a las instalaciones del juzgado de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, para el veinticuatro de febrero del año que transcurre. Asimismo, de las constancias que obran en el presente juicio, se evidencia que el Juez responsable dejó insubsistente esa audiencia por la inasistencia de la quejosa y dictó un acuerdo el veinticuatro de febrero de este año, que en lo interesante indica que, se le concedía a Monserrat Zárate Salgado, un término de tres días para que justificara su inasistencia a esa diligencia; para proveer lo conducente, dejando a salvo los derechos de la Representación Social para que los haga valer en la forma y términos que en su momento estime oportunos. Incluso, con proveído de tres de marzo de este año, el Juez de Control dejó a salvo los derechos del Ministerio Público respecto de solicitar o no la orden de aprehensión contra la quejosa, ante la inasistencia de esta a la audiencia en cuestión y porque dicha mujer ni acudió a justificar su repetida ausencia. Por tanto, no podría estudiarse la legalidad de la citación para la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, señalada en la carpeta administrativa 12/2016, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, sin afectar los nuevos pronunciamientos que se hicieron mediante autos de veinticuatro de febrero y tres de marzo de este año; de ahí que se actualice la segunda hipótesis contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció. Ilustra la consideración anterior, por las razones jurídicas que aporta, las tesis III.2o.C.J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579, cuyo rubro y texto son: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable la tesis V.5o.1K sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 845, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. En consecuencia, al advertirse la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Monserrat Zárate Salgado, en contra de la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, señalada para las quince horas con treinta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, señalada en la carpeta administrativa 12/2016, del índice del Juzgado de Control del Distrito de Ixtlahuaca, Estado de México, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta remitido por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y anexo un legajo de copias certificadas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2o, intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes. Ahora, al advertirse que el objetivo primordial de las ejecutorias de amparo, es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; en esa tesitura, en el presente caso, se advierte que el obstáculo temporal para alcanzar ese propósito restitutorio radica en que, la responsable manifiesta que de acuerdo a las circunstancias particulares del asunto, solicita una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia amparadora. Así, no se advierten maniobras de la responsable para retrasar por medio de evasivas o procedimientos ilegales el cumplimiento del fallo protector; luego, atendiendo a lo manifestado y las constancias remitidas, se advierte que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, sin embargo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad oficiante, para que haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional el resultado de la vista que ordenó en auto de tres de marzo pasado, en el entendido que debe realizar las gestiones necesarias a efecto de lograr el cumplimiento solicitado. Se apercibe a la citada responsable que de no hacerlo en el tiempo concedido, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, es decir, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Ciudad de México, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso; aunado a lo anterior, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución. Además, en caso de omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo.

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