Monserrat Sonia Zúñiga Leyva

Expediente 438/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
438/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Monserrat Sonia Zúñiga Leyva
  • Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la promovente de amparo, ya que fue a esta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental. Devuélvanse las constancias que remitieron las autoridades, sin que sea necesario acusen recibo, toda vez que se trata de una reproducción autorizada.

  2. Principal

    Vista la razón que antecede suscrita por la actuaria judicial de la adscripción, por medio de la cual señala la imposibilidad para notificar a la quejosa Montserrat Sonia Zúñiga Leyva, el proveído de veintinueve de mayo del año en curso, por los motivos expuestos. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales se comisiona de nueva cuenta a uno de los actuarios para que notifique personalmente a la quejosa el acuerdo de veintinueve de mayo pasado, en el diverso domicilio que precisó en su demanda de amparo.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, por medio del cual, remite las constancias que acreditan que el quince de mayo de dos mil dieciocho, tuvo verificativo una diversa audiencia para solicitar prórroga del plazo de investigación complementaria; atento a ello, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las que exhibe. En ese tenor, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que mediante audiencia de quince de mayo de dos mil dieciocho, (ya cumplidos los dos meses de prórroga, concedidos en la audiencia de trece de marzo del año en curso), se amplió el plazo por un mes, es decir, fenecerá dicho término el dieciséis de junio de dos mil dieciocho; constancias a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria. En consecuencia, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, la cesación de efectos del acto reclamado de manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Cuando la propia responsable deja sin efectos el acto reclamado y emite uno nuevo que lo substituye procesalmente. 2. Al interponer recurso ordinario contra el acto reclamado, al cual recae nueva resolución, que de igual manera lo substituye. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en la página 70, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 1994, Tomo LXXXIII, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación por similitud jurídica, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 410, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Precisado lo anterior, el acto reclamado en estudio encuadra en el supuesto señalado en el numeral 1, pues de acuerdo a las constancias que integran el presente juicio de amparo y a las remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto que la peticionaria de amparo tilda inconstitucional es la prórroga por dos meses del plazo de investigación complementaria, concedida por el juzgado responsable al imputado en la carpeta administrativa 1486/2017, en audiencia de trece de marzo de dos mil dieciocho; sin embargo, el quince de mayo del año en curso, (ya cumplidos los dos meses de prórroga, concedidos en la audiencia de trece de marzo del año en curso), se amplió el plazo por un mes más. Por tanto, es evidente que la prórroga aquí reclamada (audiencia de trece de marzo de dos mil dieciocho) cesó en sus efectos. En el caso, se precisa que no se actualiza la cesación porque el acto reclamado haya desaparecido o hubiera sido destruido de forma inmediata, total e incondicional; por el contrario, el motivo de improcedencia estriba en que la diversa prórroga de un mes otorgada en audiencia de quince de mayo de dos mil dieciocho al imputado, en la carpeta administrativa 1486/2017 que tildó de inconstitucional la aquí quejosa sustituyó procesalmente a la audiencia de trece de marzo de dos mil dieciocho, dado que es la prórroga vigente, misma que fenece hasta el dieciséis de junio del año en curso, la que rige el motivo de inconformidad de la quejosa. En consecuencia, la nueva determinación emitida al tener verificativo la audiencia citada, impide analizar la legalidad de la diversa impugnada, porque será esa última la que, en dado caso, puede ser motivo de análisis en el juicio de amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Por tanto, es inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Cobra relevancia a lo anterior, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicado en la página ochocientos cuarenta y cinco, XXII, noviembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 176744, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de junio de dos mil dieciocho, háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el oficio 14418/2018, mediante el cual se requirieron constancias al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, fue notificado a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del veinticuatro de los actuales (foja 133), lo que permite presumir que conforme al horario laboral de dicho órgano jurisdiccional, el día de hoy estaría transcurriendo su término. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de junio de dos mil dieciocho, para celebrarla.

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