Mónica Saldaña Hipólito
Expediente 762/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 30/07/2021
Partes del expediente
- Mónica Saldaña Hipólito
- Mónica Saldaña Hipólito y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1, numerales 1 y 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración ya que se concedió el amparo y carece de relevancia documental ; y, de depuración el original del incidente, pues se negó y otorgó la medida cautelar. Sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, conforme al diverso numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en mención, relacionado con el arábigo 8.1, en su numeral 2, del manual citado con antelación, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de donde se advierte que: 1. Cumplimiento. Por oficios de treinta y uno de mayo y nueve de junio, ambos de dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada por este Juzgado Federal, mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de marzo, y para tal efecto, acompañó copia certificada de dichas constancias (fojas 148 y 166 a 168, respectivamente). 2. Vista. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos obrantes en el expediente y los datos aportados por la responsable (foja 169). 3. Notificación. El acuerdo de referencia se notificó por lista a la parte quejosa el veinticinco de junio siguiente (fojas 169 vuelta). 4. Desahogo. En proveído de veinticuatro de junio de esta anualidad, se hizo constar que el peticionario del amparo no desahogó la vista dentro del plazo concedido para tal efecto y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria federal se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, página 243, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, de autos se desprende que por ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional en audiencia constitucional de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el treinta de marzo siguiente, en la que por un lado se sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado consistente en todo lo actuado en el expediente UAI/094/2020, y por otra parte, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra el acto que reclamó del Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, consistente en el acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, en el cual se le impuso como medida precautoria la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, y la razón de notificación de tal data, para el efecto de que: "Como consecuencia, se impone conceder el amparo solicitado para los efectos de que el Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, una vez que cause ejecutoria la presente resolución: 1. Deje insubsistente el acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente ********** relativo al inicio del procedimiento administrativo en contra de ************* y ************; 2. Emita una nueva determinación en la que retire todo aquello que no fue materia de la concesión, y atendiendo a la interpretación conforme del artículo 165 de la Ley de Seguridad del Estado de México, conforme a los lineamientos plasmados en la presente resolución, garantice a los solicitantes del amparo el derecho a un ingreso para su subsistencia, fijando la cantidad que le otorgara´ para cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia, que dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, no deberá´ ser superior al treinta por ciento de su ingreso real, ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraban al momento de decretarse la suspensión y además deberá´ pronunciarse sobre el derecho a la seguridad social al que tienen derecho, durante el tiempo que dure el procedimiento de remoción instado en su contra; y, 3. Notifique de manera personal a los quejosos dicha determinación." Otorgamiento de la protección federal que se hizo extensivo a las autoridades ejecutoras. Con lo anterior, debe decirse que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según el arábigo 2º de la Ley de Amparo, tienen valor probatorio, se advierte que la autoridad responsable el doce de mayo del año en curso, dejó insubsistente el acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, en el cual se le impuso como medida precautoria la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, emitido dentro del expediente ***********, y con motivo de ello, ordenó enviar oficio al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, para el efecto de que se pronunciara respecto del segundo efecto del fallo protector. Acto seguido, el Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, mediante oficio de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo en el cual indicó que con la finalidad de lograr el éxito de la investigación del expediente **********, se estimaba aplicar como medida la suspensión del cargo, empleo o comisión a los servidores públicos ********* y **********, (ahora quejosos) a partir de la notificación de dicho acuerdo, y hasta en tanto se resolviera el procedimiento de origen, a fin de salvaguardar el interés social derivado de las funciones que realizaban en virtud de los hechos materia de investigación; por lo que, estimó que dicha medida cautelar no prejuzgaba sobre la responsabilidad que se les imputaba, y por ende, durante el periodo de dicha suspensión, tendrían un ingreso para su subsistencia, por el monto del treinta por ciento de su ingreso real, y en el mismo, sentido contarían con derecho a la seguridad social, por dicho lapso. Oficio que fue notificado de manera personal a Antonio Nava el diecisiete de junio del año en curso. De lo anterior, se observa que la autoridad responsable siguió el efecto establecido en la ejecutoria de amparo, toda vez que en primer lugar dejó insubsistente el acto reclamado, y una vez que analizó las constancias de mérito, procedió a imponer a los quejosos una medida precautoria dentro del procedimiento de origen, como fue la suspensión temporal del cargo, empleo o comisión, con motivo de los hechos que se investigaban en el mismo, y en tal sentido, estimó que atento a la ejecutoria pronunciada por este Juzgado Federal, durante el tiempo que durara el procedimiento, los amparistas gozarían de un ingreso real del treinta por ciento, de igual manera, contarían con derecho a la seguridad social, todo ello sin prejuzgar sobre la responsabilidad que se les imputaba; cuestiones que cumplen la sentencia de amparo, dado que la autoridad responsable procedió a fijar una cantidad necesaria para la subsistencia de los quejosos, así como garantizar su derecho a la seguridad social, lo cual fue acorde con lo señalado por la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional el audiencia constitucional de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el treinta de marzo siguiente, por lo que este juzgador estima se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia a lo anterior, se procede al análisis del defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se cita de forma ilustrativa el criterio jurisprudencial 1469 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte-SCJN Décima Segunda Sección-Ejecución de sentencias de amparo, Sexta Época, página 1664, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EXCESO O DEFECTO. La forma correcta de ejecutar un fallo constitucional que protege, es dictar nueva sentencia que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor exacto de ese fallo. Hay exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido. Hay defecto de ejecución cuando la autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada, y tanto cuando hay exceso como defecto, procede la queja y no un nuevo amparo." En la parte considerativa del cumplimiento antes analizado, este órgano estima que el acuerdo dictado por la responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor de ese fallo, dado que no fue más allá del alcance de los términos de la ejecutoria que otorgó la protección federal respecto de los actos vinculados a los propios del efecto restitutorio del amparo concedido; además, no existió defecto porque no omite el estudio de las cuestiones que le ordenó resolver la citada ejecutoria que concedió el amparo. Cierto es, no se advierte que en el juicio que aquí ocupa, exista defecto o exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, dado que de manera puntual, la autoridad responsable dejó insubsistente el laudo impugnado y dictó otro, en el cual, procedió a imponer a los quejosos una medida precautoria dentro del procedimiento de origen, como fue la suspensión temporal del cargo, empleo o comisión, con motivo de los hechos que se investigaban en el mismo, y en tal sentido, estimó que atento a la ejecutoria pronunciada por este Juzgado Federal, durante el tiempo que durara el procedimiento, los amparistas gozarían de un ingreso real del treinta por ciento, de igual manera, contarían con derecho a la seguridad social, cuestiones que cumplen la sentencia de amparo, dado que la autoridad responsable procedió a fijar una cantidad necesaria para la subsistencia de los quejosos, así como garantizar su derecho a la seguridad social; de ahí que, en la especie, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, este Juzgador considera que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que le habían sido violados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, al advertirse que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos que se precisaron en la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 130/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, febrero de dos mil doce, materia común, página 487, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA EMITIDA EN AMPARO DIRECTO. PARA CONSIDERAR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO A FIN DE CONOCER SI LA FORMA DE REPONER EL PROCEDIMIENTO O LA EMISIÓN DE LA NUEVA RESOLUCIÓN ACATA TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEFINIDOS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Conforme al artículo 105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, procede la inconformidad contra el auto que tenga por cumplida la ejecutoria que concede la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, para tener por cumplida una sentencia de amparo directo que otorgó la protección por violaciones cometidas en la secuela del procedimiento o en la sentencia o laudo reclamados, no basta con que la autoridad responsable reponga el procedimiento o deje insubsistente la resolución respectiva sustituyéndola por otra para considerar que con ello se restituye a la quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, sino que es necesario realizar un examen comparativo general o básico para conocer si la forma de reponer el procedimiento o la emisión de la nueva resolución acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos sustantivos, incluyendo la hipótesis en que se haya dejado en libertad de jurisdicción a la responsable, pues es posible que el tribunal de amparo haya ordenado la reiteración de ciertos puntos o definido la manera de decidir sobre algunos aspectos. De manera que sólo a través de dicho estudio podrá advertirse si se alcanza el efecto restitutorio del amparo, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, además de no extralimitar la materia de la inconformidad pronunciándose sobre temas de debido, exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, o de repetición del acto reclamado, revisables a través de distintos medios de defensa con características y naturaleza propias." Finalmente no se desatiende el hecho de que la presente determinación sea emitida por el Secretario encargado del despacho, sin embargo, dado el carácter de urgencia de cumplir con la sentencia, se estima aplicable por analogía la 2a./J. 22/2021 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2023104, Undécima Época, Materias(s): Común, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con epígrafe y texto: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se declara que el Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en audiencia constitucional de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el treinta de marzo siguiente, por este Juzgado Federal en el amparo indirecto **** administrativo. SEGUNDO. Envíese testimonio a la autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio de los cuales informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, y con los diversos recibidos el catorce de los cursantes, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo y comunica que emitió acuerdo de insubsistencia el doce de mayo del año en curso - deja sin efectos el diverso dictado el trece de octubre de dos mil veinte-, y el dieciocho de mayo siguiente solicitó a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Toluca, lo relativo a garantizar a los quejosos la mínima vital del treinta por ciento (30%); asimismo, refiere que la notificación la realizara por estrados. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra a la espera del resultado de la petición realizada a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Toluca y la notificación de los quejosos, a fin de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con que se le conminó el treinta de abril del año en curso; además, en caso de conducta contumaz, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, como superior jerárquico del Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acredite ante este juzgado haber emitido las gestiones u órdenes al mencionado titular para que acate en sus términos la ejecutoria constitucional. En el entendido de que el superior jerárquico de la autoridad responsable, para cumplir lo anterior, deberá tomar en cuenta la jurisprudencia I.9º.A J/3, de Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Marzo de 2014, página 1380, que menciona siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Para ello, se les informa que a través de correo electrónico institucional tramite1@correo.cjf.gob.mx deberán remitir lo que se solicita (confirmando al teléfono (01.722) 2.36.05.00, extensión 3253). Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá, a la persona física que ostente el cargo de las requeridas una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con base en los artículos 192, 197 y 258 de la Ley de Amparo ADSCRIPCIÓN JUEZ DE DISTRITO Por otro lado, mediante oficio SEADS/318/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal del Juez Juan Manuel García Arreguín, quien a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, es Titular del mismo; por lo que, con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes por el términos de tres días, conforme al artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, Novena Época, con número de registro 164217, del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTEGS, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO."
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