Moises Crescencio Tenorio
Expediente 1089/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Moises Crescencio Tenorio
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se le tiene informando que por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y resérvese proveer respecto del archivo de las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido, hasta en tanto adquiera firmeza el auto dictado por este órgano de control constitucional el diez de noviembre del actual. Finalmente, glósese a los autos el oficio y anexo proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 164/2021 (orden 704/2021), del índice de este juzgado Federal, por el cual se le solicitó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara al demandante constitucional Moisés Crescencio Tenorio, el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, lo que aconteció el dieciséis de los referidos mes y año; por lo que se tiene por realizada la diligencia encomendada. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que sea necesario acusar el recibo de estilo correspondiente, en virtud de que el sistema automáticamente genera dicho acuse. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el ocho de octubre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda con la que se dio cuenta, fue presentada el seis de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Ciudad de México; misma que fue enviada por el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante buzón judicial, y recibida el nueve de noviembre del año en curso, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, y remitida el mismo día en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1089/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. ACEPTA COMPETENCIA, RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO "B)" CONSISTENTE EN EL INICIO O INTEGRACIÓN DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DEL DEMANDANTE CONSTITUCIONAL. Visto, agréguese a los presentes autos el oficio 458, proveniente del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, remite la demanda de amparo promovida por Moisés Crescencio Tenorio, por propio derecho, contra actos del 1. Secretario de la Defensa Nacional, y otras autoridades, e informa que por auto de seis de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 937/2021-II, de su registro, dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo indicada, de conformidad con los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, al estar señalados como responsables todos los Jueces de Distrito en ese Decimotercer Circuito. En ese contexto, este juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, asume competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo -respecto del acto precisado en párrafos precedentes-. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En relación con el acto reclamado precisado por la demandante constitucional como: "(.) El inicio de la carpeta de Investigación No. Cl/FGJM/486/2021-11, de fecha 31 de octubre 2021, posible e inminente ejecución y cumplimiento de la citada orden de Exclusión de Examen de Ascenso (.)" El suscrito juez de Distrito estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". En ese sentido, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" El numeral 107, de la Carta Magna precisa la procedencia del amparo contra actos de un tribunal judicial, y previene, en su fracción III, los casos en que son competentes para conocer de ellos, los Jueces de Distrito en vía de amparo indirecto, cuyos casos se reiteran en lo conducente en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido; esto es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos, se colige que el juicio de amparo indirecto, es procedente contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando su ejecución sea de imposible reparación. Del contenido del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, trascrito en párrafo precedentes, se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio, la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios, que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Moisés Crescencio Tenorio reclama a las autoridades responsables, entre otros actos, el inicio o integración de la carpeta de investigación Cl/FGJM/486/2021-11 en su contra, lo que hace que el juicio de amparo resulte improcedente por cuanto hace a dicho acto. Es así, porque la integración de una carpeta de investigación o procedimiento penal, no le genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta, aún en el caso que sea el peticionario de amparo quien esté sujeto a investigación o sea procesado. Efectivamente, el desahogo de diligencias para la integración de una carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, pues ello ocurrirá, en su caso, hasta que dicha indagatoria sea consignada y el juez del proceso, a quien le corresponda resolver sobre el pedimento de la representación social, determine librar una orden de aprehensión, citación o comparecencia, pues hasta entonces se afectaría la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo que interesa, señala: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.)" Así, las diligencias que, en su caso, se realizan para la investigación de los hechos constitutivos de delitos que le fueron comunicados al representante social, constituye no solo el ejercicio de tal facultad, sino también el cumplimiento del mandato constitucional aludido; que no le genera derecho alguno a la parte quejosa para defenderlo en vía de amparo, pues tales actos de investigación no le afectan, aun cuando sea el quejoso quien esté sujeto a investigación. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional la representación social goza de las facultades de investigar los hechos constitutivos de delitos y tiene la obligación de acreditarlos, el acto reclamado que ahora se analiza, consistente en el inicio o integración de la carpeta de investigación Cl/FGJM/486/2021-11 en su contra, no le irroga perjuicio alguno, pues ello se materializará, como ya se dijo, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, citación o comparecencia, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al representante social, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Ilustran lo anteriormente considerado las tesis, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, por igualdad de razón, cobran relevancia los criterios jurisprudenciales, de rubro y tenor siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualizan de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia del juicio de amparo contenidas en las citadas fracciones XII y XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado consistente en el inicio o integración de carpeta de investigación Cl/FGJM/486/2021-11 en su contra, por lo que, atinente a dicho acto, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto de dicho acto. INCOMPETENCIA. Ahora bien, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías respecto de los diversos actos reclamados por el peticionario de amparo, consistentes en: "(.) a. De las autoridades responsables ordenadoras, reclamo la Exclusión de Examen de Ascenso que/decretaron en mi contra, sin reunirse los requisitos de Ley, asimismo se anexa el anexo documento 4 hoja 2/2 anexo "C" del Mensaje F.C.A. Nci. 77643 de fecha 19 de agosto de 2021, en la cual menciona los elemento de exclusión para participar en el certamen de exámenes de reclasificación. (.) c).- por lo que el ahora quejoso se encuentra cumpliendo un correctivo disciplinario consistente en un arresto impuesto por el General de brigada de Justicia Militar y Licenciado, Miguel Carrasco Hernández Fiscal General, misma que la estoy cumpliendo en la unidad del Setenta Batallón de Infantería de Xicotepec de Juárez, Puebla, donde pertenezco y sin embargo dicha fiscalía me inicia una carpeta de investigación por según la falta que nunca cometí haciendo con esto dos acciones imponiéndome el correctivo disciplinario y (sic) iniciándome en mi contra una carpeta de investigación por los mismos hechos (juzgándome por los mismo hechos dos veces) y por un delito que nunca cometí y ni mucho menos LA FALTA. Que ahora el suscrito está cumpliendo. (.)". Se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por Moisés Crescencio Tenorio; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En el caso, el peticionario de amparo, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: a).-Señalo como autoridad responsable ordenadora, Secretario de la Defensa Nacional, domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho sin Numero C.P. 11200, Ciudad de México. b).- Señalo como autoridad responsable ordenadora, a la Dirección General de Administración, con domicilio en: Blvrd. Manuel Ávila Camacho s/n Militar Hidalgo, 11200 Ciudad de México. c).- Señalo como autoridad responsable ordenadora, Jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, con domicilio en: domicilio (sic) en Boulevard Manuel Ávila Camacho sin Numero C.P. 11200: Ciudad de México. d).- Señalo como autoridad responsable ordenadora, Jefe de del (sic) Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa nacional (sic), con domicilio en domicilio (sic) en Boulevard Manuel Ávila Camacho sin Numero C.P. 11200, Ciudad de México. e).-Señalamos como autoridad responsable ordenadora, al General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado Miguel Carrasco Hernández, Fiscal General con domicilio en: Campo Militar 1-A, Colonia Lomas de Sotelo alcaldía Miguel Hidalgo, Cd. de Mex.(sic) C.P. 11619. f).-Señalamos como autoridad responsable ordenadora, a la Teniente Coronel de Justicia Militar y licenciada Josefa Marín Navarro, con domicilio en: agente del ministerio público militar adscrito al HOSPITAL CENTAL MILITAR, Periférico Blvrd. Manuel Ávila Camacho s/n Militar Hidalgo, 11200 Ciudad de México. EJECUTORAS a).- El Comandante del 70 Batallón de Infantería con domicilio en: Campo Militar No. 25-D, Gral. Div. Manuel Ávila Camacho Xicotepec de Juárez, Puebla. b).- La 11 (sic) Agente Investigador de la Fiscalía Militar con domicilio en: Campo Militar 1-A, Colonia Lomas de Sotelo alcaldía Miguel Hidalgo, Cd. de Mex. C.P. 11619 IV.- ACTOS RECLAMADOS: (.) a. De las autoridades responsables ordenadoras, reclamo la Exclusión de Examen de Ascenso que/decretaron en mi contra, sin reunirse los requisitos de Ley, asimismo se anexa el anexo documento 4 hoja 2/2 anexo "C" del Mensaje F.C.A. Nci. 77643 de fecha 19 de agosto de 2021, en la cual menciona los elemento de exclusión para participar en el certamen de exámenes de reclasificación. (.) c).- por lo que el ahora quejoso se encuentra cumpliendo un correctivo disciplinario consistente en un arresto impuesto por el General de brigada de Justicia Militar y Licenciado, Miguel Carrasco Hernández Fiscal General, misma que la estoy cumpliendo en la unidad del Setenta Batallón de Infantería de Xicotepec de Juárez, Puebla, donde pertenezco y sin embargo dicha fiscalía me inicia una carpeta de investigación por según la falta que nunca cometí haciendo con esto dos acciones imponiéndome el correctivo disciplinario y (sic) iniciándome en mi contra una carpeta de investigación por los mismos hechos (juzgándome por los mismo hechos dos veces) y por un delito que nunca cometí y ni mucho menos LA FALTA. Que ahora el suscrito está cumpliendo." Ahora bien, en el capítulo de hechos manifiesta, en lo que interesa, lo siguiente: "(.)Que con fecha de 19 de Septiembre 2021, me encontraba realizando un curso "Para asistente legal de Agente de ministerios públicos militares", el cual se llevaría a cabo del 20 de Septiembre al 13 de noviembre 2021 (sic), ya estando en el curso mencionado, me ordena el Jefe de Grupo, Teniente de Infantería Víctor Gabriel Pinzón Cadena, que prestara apoyo a la Agencia del Ministerio Publico Militar Adscrito al Hospital Central Militar, ya estando ahí la Teniente Coronel de Justicia militar y Licenciada Josefa Marín Navarro, posteriormente el suscrito (ahora quejoso) me trasladé al Hospital Central Militar y enseguida acudí a la unidad de especialidades médicas con la orden que me asignó la Teniente Coronel Josefa Marín Navarro de reabrir recetas médicas y subirlas a la Cadena de custodia de una carpeta que integra la citada Teniente Coronel, en ningún momento me percaté de que la persona que me entregaba la citada recetas médicas se encontraba como indiciada en unas de las carpetas que la Teniente coronel de la justicia militar Josefa Marín Navarro tenía en su poder. Por lo que la Teniente Coronel de Justicia Militar y Licenciada Josefa Marín Navarrete, solicita el inicio de la citada carpeta de investigación con el fin de afectar mi carrera militar, impidiéndome acudir al certamen de exámenes de reclasificación, ya que como lo menciono con anterioridad, el suscrito se encontraba realizando el curso de Asistente legal para Ministerios Públicos y no como integrador de carpetas de investigación debo de confesar (sic) que no he cometido ningún de delito (sic), recurro a esta vía constitucional para obtener la Protección y Amparo de la Autoridad Federal para que pueda llamar a comparecer a las autoridades que decretan mi exclusión de examen de ascenso y el arresto al que fui sometido, (.)". [El énfasis es propio]. Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Cabe mencionar que la competencia por razón de materia se dirige a procurar que en un órgano jurisdiccional se radiquen y ventilen asuntos de una rama del derecho determinada. De esa manera, en principio, se pretende gire los operadores judiciales, al tener un mayor o cierto grado de especialización, posean un mayor dominio de temas específicos sobre la materia respectiva. Así se contribuye a la mejor resolución de los asuntos sometidos a su potestad, haciendo efectivo el mandato constitucional previsto en el artículo 17 de la Ley Fundamental, relativo al derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para delimitar la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe valorarse la naturaleza de los actos reclamados y, en su caso, de la autoridad responsable, pero no atender concretamente a los conceptos de violación. Lo anterior se sustentó en lo ejecutoria emitida en el conflicto competencial 3/2007, que en la parte que interesa, es del tenor siguiente: "(.) CUARTO. Esta Segunda Sala considera que el órgano competente para conocer del recurso de queja aludido, es el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. En primer lugar, el punto jurídico controvertido materia del presente conflicto competencial, verse sobre la competencia por razón de la materia, por tanto se procederá o analizar sus aspectos generales. En este sentido, debe decirse que para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Les leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ahora bien, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia: c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar, y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los magistrados adscritos a un tribunal especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. Ahora bien, el ordenamiento que fija la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose del recurso de queja en un juicio de amparo, son los artículos 37, fracción III, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estatuyen: (.) De los anteriores artículos se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del recurso de queja previsto en las fracciones V a Xl del artículo 95 de la Ley de Amparo; además, en caso de que en un circuito tales órganos jurisdiccionales estén especializados por materia, sean competentes, para conocer en los mismos supuestos, únicamente en la materia de su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, sin embargo de los artículos 51, 52, 54 y 55 de ese ordenamiento, que establecen la competencia por materia de los Juzgados de Distrito, se advierten los lineamientos que el legislador tomó en cuenta para determinar la competencia por materia; tales normativos son del tenor siguiente: (...) De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado (artículos 51, 52, fracciones I, II y III, 54 y 55, fracciones I, II, y III). b) La naturaleza de la autoridad responsable (artículos 52, fracciones IV y V, y 55, fracción IV). Los criterios antes señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, los determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, en otros, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversos ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada los distintos soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que garantiza la prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados especializados, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por analogía deben tomarse en cuenta tales criterios, pues donde existe la misma razón debe de existir la misma disposición; sin que para fijarla se tengan que atender los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no son un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas apreciadas por quien las realiza. Lo anterior es así, pues el hecho de que se aleguen violaciones a diversas materias en relación con los artículos constitucionales, no significa que el juicio de amparo sea de esa naturaleza, ya que la constitucionalidad del acto reclamado se analiza en relación con las disposiciones que lo rigen, las que determinan por consecuencia la materia. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegue el quejoso o recurrente, es decir, que sean éstos quienes la determinen, de acuerdo con la que manifiesten, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. (.)" Derivado de esas consideraciones, se emitió la jurisprudencia 2ª/J.24/2009, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 412, tomo XXIX, marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de las jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por le parte quejoso o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas, sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin impactar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." De esta manera, se advierte que para delimitar la competencia por razón de materia es necesario atender a; i) la naturaleza del acto reclamado, o ii) a la naturaleza la de la autoridad responsable; y no a los conceptos de violación En la especie, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, estima que corresponde ello al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno. Esto, al tomar en consideración que, como se dijo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el particular, el promovente de amparo reclama a las autoridades 1. Secretario de la Defensa Nacional, 2. Dirección General de Administración, 3. Jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, 4. Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, 5. General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado Miguel Carrasco Hernández, Fiscal General, 6. Teniente Coronel de Justicia Militar y licenciada Josefa Marín Navarro, 7. Comandante del 70 Batallón de Infantería y 8. 11 Agente Investigador de la Fiscalía Militar, lo siguiente: i) La exclusión del examen de ascenso dentro de su carrera militar; y, ii) La imposición de una medida disciplinaria consistente en el arresto del que dice es objeto. En tal sentido, es evidente que los referidos actos reclamados no derivan de procedimiento penal alguno, sino por el contrario, los mismos son resultado de una medida disciplinaria impuesta al demandante constitucional con base en los ordenamientos castrenses que rigen la disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pues como se vio, el arresto deviene de una falta cometida contra la disciplina militar, a efecto de que se persigan propósitos de carácter formativo para el elemento involucrado o de intimidación ejemplar para los demás efectivos de las fuerzas armadas. Por ende, conforme al análisis de la naturaleza de los actos reclamados, se estima que el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado ya precisado. Es aplicable por las razones que informa la Tesis I.2o.P.3 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARRESTO POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS GRUPOS DE MILITARES PROCESADOS Y SENTENCIADOS. AL TENER NATURALEZA FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Si bien es cierto que el correctivo disciplinario de arresto constituye un acto de autoridad que afecta la libertad personal del procesado, también lo es que, cuando se decreta por la autoridad carcelaria, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados, tiene naturaleza formal y materialmente administrativa; ello, porque proviene de una autoridad militar perteneciente al ámbito de la administración pública, encargada del funcionamiento de los centros de reclusión militares, concerniente a la disciplina de esos establecimientos en aplicación de normatividad de idéntica naturaleza; por lo que el examen de su constitucionalidad debe realizarse de manera autónoma a la causa penal incoada contra el enjuiciado y, por ende, el conocimiento del amparo promovido en su contra corresponde a los Juzgados de Distrito en materia administrativa." Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 52 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZON DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Toda vez que el domicilio que señaló el demandante constitucional se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano jurisdiccional; en ese sentido, a efecto de evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: a) Se constituya en el domicilio ubicado en Cascada, número novecientos veinte (920) bis, Departamento seis (6), colonia Banjidal, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México; b) Notifique, el presente auto a los autorizados de la parte quejosa; Les corra traslado con copia autorizada del presente proveído; c) Asiente razón en el sentido de si quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. d) Le requiera en el acto de la diligencia o le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, deberá(n) comparecer ante este Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, y señalar domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad o, en la ciudad de Puebla, apercibido(s) que de no hacerlo las subsecuentes se le(s) harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen dicha notificación aún en horas y días inhábiles. Así de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia. AUTORIZADO(S). Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere el demandante constitucional en su escrito inicial de demanda, ya que no se proporcionó dato alguno que acrediten que sean licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE VÍA EXHORTO -POR CONDUCTO DE SUS AUTORIZADOS PROCESALES-; Y, POR OFICIO AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN TURNO, POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ COMO AL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO -EN VÍA DE ACUSE A SU OFICIO 458-.
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