Moises Garcia Garcia
Expediente 60/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Moises Garcia Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte, que mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Moisés García García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos y autoridades que más adelante se precisan. En ese orden, mediante proveído de diecinueve de febrero del año que transcurre [fojas 32 a 35], se admitió a trámite la demanda de amparo y, se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y, de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso, Moisés García García, esencialmente reclamó lo siguiente: a) De la 1. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla [Rosalva Elena Zárate Herrera], la omisión de dar contestación al escrito de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por el que solicitó copia de todo lo actuado en la carpeta judicial administrativa 1589/2018/PUEBLA, así como de los registros de audio y video [foja 52]. b) Del 2. Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Segundo Turno, de Tepeaca, Puebla, la omisión de proporcionarle la información solicitada respecto de la carpeta de investigación 1589/2018/PUEBLA [foja 22]. En ese sentido, las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que a cada una les fue atribuido [fojas 43 y 59]. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que de las documentales existentes en autos [fojas 44 a 55 y 60 a 62], a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de enero de dos mil diecinueve-, la autoridad judicial señalada como responsable, ya había emitido el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, por el que dio contestación al escrito presentado por el quejoso, el veintinueve de noviembre de esa anualidad; lo cierto es, que aún no le era notificada tal respuesta; mientras que el agente del Ministerio Público responsable, proporcionó copia íntegra de la indagatoria de la que deriva el acto reclamado, al defensor particular del peticionario de amparo, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, data posterior a la presentación de la demanda. Por tanto, al momento de instar esta vía constitucional, la omisión reclamada aún existía, pues no se había notificado a la parte quejosa, la respuesta recaída a la petición realizada en su escrito de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, ni se había atendido la solicitud verbal formulada ante la referida autoridad ministerial, en relación a que se le proporcionara información respecto de la carpeta de investigación 1589/2018/PUEBLA. Cobra aplicación, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Ahora, de las constancias remitidas [fojas 44 a 55 y 60 a 62] en apoyo a los informes justificados emitidos por las autoridades responsables 1. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla y, el 2. Agente del Ministerio Público Investigador, Titular del Segundo Turno, de Tepeaca, Puebla; previamente valoradas, se advierte: 1.- El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho [foja 52], el aquí quejoso presentó un escrito ante la Jueza responsable, mediante el cual, solicitó se le proporcionara a su costa, copia simple de todo lo actuado en la carpeta judicial administrativa 1589/2018/PUEBLA, así como los registros de audio y video, autorizando para recibirlas, a Miriam García García. 2.- En atención a dicha solicitud, mediante acuerdo pronunciado el trece de diciembre de dos mil dieciocho [foja 51], dentro de la carpeta judicial administrativa 1589/2018/PUEBLA, la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, autorizó copia certificada de los registros digitales de audio y video, así como de la referida carpeta judicial administrativa, relativa a las audiencias verificadas en la misma, lo cual se podría recibir en cualquier hora y día hábil de oficina; finalmente, tuvo como autorizada para tal fin, a la persona propuesta por el solicitante de amparo, previa identificación que realizara a satisfacción de la autoridad responsable y razón de entrega que se asentara en autos; lo que se notificó personalmente al quejoso Moisés García García, el seis de febrero de dos mil diecinueve [foja 54]. 3.- Por su parte, el Agente del Ministerio Público Investigador, Titular del Segundo Turno, de Tepeaca, Puebla, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, entregó al licenciado Demetrio de Benito Lara, defensor particular del imputado Moisés García García -aquí quejoso-, copia íntegra de la carpeta de investigación iniciada por el delito de feminicidio, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Fernanda Álvarez Trejo, como se aprecia de la razón de recibo asentada a foja 61. De los antecedentes antes narrados, se deriva que cesaron los efectos de los actos reclamados, consistentes en: a) la omisión de la autoridad judicial responsable, de dar contestación al escrito de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, presentado por el quejoso y, b) la omisión de la autoridad ministerial, de proporcionarle la información solicitada verbalmente, en torno a los hallazgos que figuraban en la carpeta de investigación 1589/2018/PUEBLA; al haberse atendido las peticiones formuladas y ser notificadas, respectivamente [fojas 53, 54 y 61]; actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa tesis: 2a./J. 205/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y textos siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." No resulta óbice a lo antes señalado, que la omisión atribuida al Representante Social del Segundo Turno de Tepeaca, Puebla, haya sido resarcida con motivo de diversa solicitud realizada por escrito, con posterioridad a la presentación de la demanda, pues el agravio resentido por el peticionario de amparo, lo hizo consistir esencialmente, en la omisión de proporcionarle información respecto de lo actuado en la carpeta de investigación administrativa 1589/2018/PUEBLA; de ahí, que al hacerle entrega, por conducto de su defensor particular, de la copia íntegra de tal indagatoria, evidentemente quedaron destruidos todos los efectos de los actos reclamados, en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la existencia de las omisiones reclamadas, como si se hubiera otorgado el amparo, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. En ese contexto, la cesación de efectos en comento, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud, que al ser atendidas las solicitudes planteadas por el quejoso a las citadas autoridades responsables, se le restituyó en el goce de sus derechos fundamentales violados, lo que imposibilita estudiar el fondo del asunto, precisamente porque esos actos ya no invaden su esfera jurídica; de ahí que, con tal evento se surta una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en este juicio SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, acorde a lo establecido en el precitado numeral 64, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resuelve la contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito; registro IUS: 184572, del rubro y texto, siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia número II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; registro IUS: 173878, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto. En ese sentido, es menester señalar que no impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las nueve horas con diez minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que resulta notoria, manifiesta e indudable, la causal de sobreseimiento mencionada, y la misma no puede desvirtuarse con ningún otro elemento de prueba; de ahí que no exista la necesidad de esperar a la audiencia constitucional para resolver el presente sumario, en la medida que aun y cuando se tramitara hasta su conclusión, el asunto llegaría al mismo resultado, por lo que se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, no pasa inadvertido para este resolutor, que en los autos del juicio de amparo en que se actúa, no obra constancia que revele que se efectuó el emplazamiento de los terceros interesados David Álvarez Trejo y Patricia Álvarez Trejo [parte ofendida del ilícito de feminicidio] y, el licenciado José Juan García Pérez, Agente del Ministerio Público Investigador del Área de Investigación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Región Judicial Sur-Oriente, en Tepeaca, Puebla, que intervino en la carpeta judicial administrativa 1589/2018/PUEBLA, de acuerdo a lo señalado por la Jueza responsable al rendir su informe justificado; sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de la presente determinación, pues dado el sentido de la misma (sobreseimiento), es inconcuso que dicha resolución no les causa algún perjuicio. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis P. V/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Segundo Turno de Tepeaca, Puebla, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tienen como pruebas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su oficio de cuenta; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Ahora bien, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se aprecia que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 32 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista del informe y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tienen como pruebas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su oficio de cuenta; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno.
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