Moises Cordero Hernandez

Expediente 434/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
434/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Augusto Solis Cano
  • Moises Cordero Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.********************I. Causa estado.********************Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes.********************II. Archivo.********************Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones. ********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en los artículos 14, fracción III, y 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional respecto de todos los actos reclamados, no es de relevancia documental ni conservable, pero susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos del artículo 9 del Acuerdo.********************Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General.********************III. Devolución de documentos a las partes.********************Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que se remitió en complemento al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la documental siguiente:********************( El duplicado del incidente no especificado derivado de la causa penal ******************** de su estadística (cuaderno auxiliar de prueba I).********************No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de la documental devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye a la persona actuaria judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.********************IV. Integración al expediente físico.********************Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido.********************Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar donde se encuentran recluidos; por lista a la parte tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna a la persona actuaria que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez responsable.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio 34022 signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a través del cual comunica la imposibilidad para remitir las copias certificadas de la causa penal 109/2014 de su estadística, por lo que solicita se le conceda una prórroga para remitir copia certificada de la misma; al respecto, dígasele a la autoridad responsable oficiante que es innecesario que remita dichas constancias, en atención a que en el cinco de septiembre pasado, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que el presente acuerdo genera notificaciones. Notifíquese por oficio a la autoridad al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla; y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIOS Agréguense a los autos los oficios 3934 y 3943 signados por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a través de los cuales, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de agosto del año en curso, remite copia certificada de la audiencia y de la resolución del incidente de revisión de medida cautelar, de treinta y uno de agosto pasado, dictada dentro del incidente no especificado derivado de la causa penal 109/2014 de su estadística. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia que conlleva a sobreseer en el presente juicio de garantías, como a continuación se explica. PRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS Y TRÁMITE Por escritos presentados el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ***y *** demandaron el amparo y la protección de la justicia Federal contra actos del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, de quien reclamaron: - La omisión de ponerlos en libertad, en la causa penal 09/2014 de su índice. Ahora, de la lectura integral de las demandas de amparo, se advierte que el principal motivo de inconformidad de los quejosos estriba en que el juez de lo penal responsable incumplió con su obligación de revisar oficiosamente la prolongación de su reclusión preventiva, en tanto llevan más de dos años desde que fueron privados de la libertad con motivo del proceso penal aludido, por lo que es indudable que el acto reclamado en esta instancia constitucional es la omisión de revisar la medida cautelar de prisión preventiva de los quejosos. En acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se radicaron las demandas como juicios de amparo indirecto 434/2023 y 435/2023 de este índice, y se desecharon por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el Quinto Transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, del Código Nacional de Procedimientos Penales; inconformes, los quejosos interpusieron recurso de queja, que correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del expediente 106/2023 y 107/2023 de su índice; medios de impugnación que fueron resueltos en ejecutorias de veintidós de junio del presente año, en la que dicha autoridad colegiada declaró fundados los recursos. En acato a lo anterior, en acuerdos de siete de julio de la presente anualidad, se admitieron a trámite las demandas, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. ACUMULACIÓN DE JUICIOS. En proveído de catorce de agosto del año que transcurre, se ordenó la acumulación de los juicios de amparo 434/2023 y el diverso 435/2023 del índice de este Juzgado Federal, en atención a que existe conexidad entre los actos reclamados por los quejosos *** y **** en dichos juicios ya que formularon idénticos reclamos a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. SOBRESEIMIENTO Con fundamento en los artículos 63, fracción V y 65 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia en atención a los razonamientos que a continuación se exponen. El precepto legal en mención establece lo siguiente:"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En el caso, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado por los quejosos (omisión de revisar la medida cautelar de prisión preventiva) se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que se actualiza con la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes:-Desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional.-Las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2a. XLX/98, Segunda Sala, Tomo VII - Abril, página doscientos cuarenta y dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Precisado lo anterior, como se indicó, en la presente instancia se reclama la omisión de revisar la medida cautelar de prisión preventiva de los quejosos. Sin embargo, de las constancias recibidas en este auto, se advierte que el juez penal responsable el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, celebró audiencia de revisión de medida cautelar y el uno de septiembre del presente año, resolvió dicha incidencia, al respecto, determinó improcedente modificar la medida cautelar que mantiene a los solicitantes de amparo en reclusión. Documentos que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. De dichas constancias se advierte que el juez de lo penal cesó la actitud omisa que se le reclamaba en las demandas de amparo, pues, como se dijo, el principal reclamo de los solicitantes de amparo consistió en que el juez penal que conoce de la causa penal que se les instruye, era omiso en revisar la medida cautelar que los mantiene privados de la libertad; sin embargo, esa omisión cesó, pues es evidente que en las indicadas fechas, el juez de lo penal celebró audiencia de revisión de medida cautelar y resolvió al respecto. Decisión judicial respecto de la cual esta autoridad no puede realizar pronunciamiento en torno a su legalidad, pues no forma parte de la litis constitucional y, en su caso, en caso de los quejosos no estén conformes con su sentido, estarán en aptitud de presentar una nueva demanda de amparo en contra de esa determinación, si así lo consideran pertinente o, en su caso, impugnarla a través del medio de defensa ordinario. Ahora, esta autoridad no inadvierte que los quejosos expresaron que reclaman la omisión de ponerlos en inmediata libertad, por haber transcurrido más de dos años en reclusión preventiva. No obstante, es evidente que dicho acto de autoridad es inexistente. Para explicarlo, es pertinente precisar que, como se indicó, el acto reclamado en esta instancia es de naturaleza omisiva y, para determinar su existencia o inexistencia, no basta con la rendición del informe de la autoridad responsable en determinado sentido ni con la manifestación que al respecto realiza la parte quejosa en su demanda, pues para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales aplicables. Por ende, una omisión relacionada con la actividad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa pretende, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Resulta orientadora la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:"ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.". Ahora, es pertinente transcribir el contenido de los artículos 17 y 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (anterior a la reforma, al ser aplicable al caso en cuanto al trámite de la causa penal) que establecen lo siguiente: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (...)" "Artículo 20. En todo proceso de orden penal el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado (.) VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años en prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa (.)" Los preceptos transcritos, establecen que toda persona debe ser juzgada en los plazos que fijan las leyes y se señalan tres supuestos en los que será juzgado el inculpado en todo proceso del orden penal, esto es, en los que se emita la resolución culminatoria del proceso penal de origen, a saber: a) Antes de cuatro meses si se trata de delito cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión. b) Antes de un año si se trata de delito cuya pena máxima exceda de dos años de prisión. c) En un plazo mayor de un año cuando así lo solicite para su defensa. El análisis de lo anterior, permite arribar al conocimiento que los tribunales en la República Mexicana, estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, mismos que deberán emitir sus resoluciones de manera pronta (dentro de los plazos legales establecidos), completa, gratuita e imparcial, ya que toda persona tiene derecho a la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora bien, con base en estas normas constitucionales, podría pensarse que una vez que a una persona se le dicta auto de formal prisión y pasa más de cuatro meses o un año, según sea el caso, sin que sea juzgado y sin que se haya solicitado un plazo adicional para su defensa, existe una transgresión constitucional y no se justifica su prisión preventiva. No obstante, tal postura es inviable, pues la citada fracción VIII del Apartado A del artículo 20 constitucional debe interpretarse de manera armónica con el resto de la Constitución Federal. En relación con el tópico que aquí interesa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 205/2014, estableció que cuando en el transcurso de un proceso penal una persona solicite su libertad al estimar que se ha actualizado un plazo irrazonable para ser juzgada y, por ende, no se justifica la prolongación de su prisión preventiva, con fundamento en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juzgador competente deberá de tomar en cuenta y valorar lo siguiente: a) Que el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado. b) Por ende, para determinar si se ha transgredido un plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, el juzgador tendrá que analizar i) la complejidad del caso, ii) la actividad procesal del interesado, y iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. c) Aunado a lo anterior, con el objeto de no pasar por alto la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en el artículo 20, Apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente a los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal, si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. d) Para llevar a cabo lo descrito en el punto anterior, el juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. De la referida ejecutoria derivaron las siguientes tesis:"PRISIÓN PREVENTIVA. DIFERENCIAS ENTRE SU JUSTIFICACIÓN INICIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE SEGUIR EL PROCESO EN LIBERTAD POR LA IRRAZONABILIDAD DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL JUICIO SIN QUE SE HUBIERE DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA. Los artículos 16, 18, 19 y 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de 2008, prevén que una vez que una persona es puesta a disposición ante la autoridad judicial como consecuencia de una orden de aprehensión, el juez deberá dictar auto de plazo constitucional en el que decrete la libertad del inculpado, la sujeción a proceso o bien, la formal prisión. Ante tal situación, se establece que un inculpado "será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa". En ese contexto, ante la interrelación material de las normas constitucionales y convencionales, los citados preceptos deben analizarse armónicamente con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la interpretación sistemática de estas normas, se desprende que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos, también mandata que el proceso penal en contra de una persona a la que se sometió a esta medida cautelar se lleve a cabo en un plazo razonable pues, si ello no se cumple, en realidad se estaría imponiendo una pena anticipada en franca vulneración al principio de presunción de inocencia. Así, aunque son conceptos interrelacionados, no debe confundirse la prisión preventiva y su justificación, con el alcance del derecho a la libertad personal consistente en que se autorice a una persona a seguir el proceso en libertad por la irrazonabilidad del tiempo transcurrido en su juicio sin dictársele sentencia definitiva, que equivaldría a la justificación de su prolongación. Mientras que en la justificación inicial de la prisión preventiva, el juez no tiene mayores elementos que los aportados por el Ministerio Público; en la justificación de la prolongación de la prisión preventiva por la actualización de un plazo razonable en el juicio, el juzgador cuenta con otros elementos que le permiten valorar si es necesario o no continuar con dicha medida cautelar.""PRISIÓN PREVENTIVA. FACTORES A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD PARA LA PROLONGACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL. En el juicio de amparo en revisión 27/2012, que dio lugar a la tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.) de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó la temática del plazo razonable para justificar la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, con motivo de lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 293/2011, toda vez que existe una interrelación material entre las normas constitucionales y las de los tratados internacionales ratificados por México que reconocen derechos humanos y dado que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para esta Suprema Corte, siempre y cuando sea más favorable para la persona, criterio que se refleja en la tesis P./J. 21/2014 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.", resulta necesario hacer algunas acotaciones y diferenciaciones al criterio resultante de tal amparo en revisión a la luz de los nuevos lineamientos interamericanos. Por lo tanto, cuando en el transcurso de un proceso penal una persona solicite su libertad al estimar que se ha actualizado un plazo irrazonable para ser juzgada y, por ende, no se justifica la prolongación de su prisión preventiva, con fundamento en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juzgador competente deberá de tomar en cuenta y valorar lo siguiente: a) el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de 2008, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado; y b) consecuentemente, para determinar si se ha transgredido un plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, el juzgador tendrá que analizar la: i) complejidad del caso; ii) la actividad procesal del interesado; y, iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. Aunado a lo anterior, para no pasar por alto la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en la fracción I del apartado A, del citado artículo 20 constitucional, ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal; si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. Para ello, el juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva.". Ahora, con independencia de lo anteriormente relatado, no se soslaya que a los aquí quejosos les asiste el derecho de solicitar la revisión de la medida cautelar que los mantiene recluidos, conforme a las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos del artículo Quinto Transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que señala:"Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código" Conforme a la disposición transitoria transcrita, en relación con las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, decretadas durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado puede solicitar al órgano jurisdiccional competente (juez de la causa) la revisión de dichas medidas, conforme al procedimiento establecido en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando que en caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado código nacional. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1a./J. 74/2017 (10a.) de contenido siguiente:"PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." Bajo ese marco referencial, las disposiciones constitucionales y legales antes citadas conllevan a que, cuando una persona se encuentra sometido a proceso penal y la reclusión preventiva exceda del plazo de dos años, como en el caso alegan los quejosos, la consecuencia no es que sean puestos en libertad de inmediato, sino que se lleve a cabo la revisión de esa medida cautelar con la finalidad de analizar si se encuentre justificada la necesidad de mantenerla o no. Por ende, tenemos entonces que no existe obligación alguna de la autoridad responsable de poner en libertad a los quejosos sino únicamente de revisar la necesidad de subsistencia de la medida, lo cual ocurrió en la resolución aludido en párrafos precedentes, pues con independencia de que la actuación de la autoridad al hacerlo se haya ajustado a legalidad o no, lo cierto es que ha revisado la medida, con lo que cumplió con la obligación que tiene al respecto. En ese tenor, como se adelantó, al haber cesado la omisión del juez penal responsable de revisar la medida cautelar de los quejosos, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la autoridad responsable ejecutora Director del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, por no haberse reclamado por vicios propios. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente a los quejosos en el lugar donde se encuentran recluidos. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que el presente acuerdo genera notificaciones. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión, así como a los terceros interesados en el domicilio que señalaron para tal efecto; por oficio a las autoridades responsables y a la autoridad tercera interesada; y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio 3822 signado por la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de agosto pasado, comunica la imposibilidad para remitir los autos originales de la causa penal ******************** de su estadística, por lo que solicita se le conceda una prórroga para remitir copia certificada de la misma, dado que se conforma de quince tomos y cinco anexos. En consecuencia, se le concede el plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, para que remita los documentos que sustentan su informe justificado, es decir, copia certificada de la causa penal ******************** de su estadística. Por otra parte, agréguese a los autos el diverso comunicado 3852 signado por la citada autoridad responsable, con el que comunica que señaló las once horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, dentro del incidente no especificado derivado de la causa penal ******************** de su estadística; de lo que esta autoridad toma conocimiento. SE REQUIERE CONSTANCIA En tal sentido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable, para que una vez que celebre la audiencia de revisión de medida cautelar aludida, de inmediato, remita a este juzgado su resultado, en el entendido que tendrá que enviar el soporte documental de su informe. Hágase de su conocimiento que subsiste el apercibimiento con el cual se le conminó en proveídos de veintitrés y veintiocho de agosto del presente año, en caso de cumplir lo solicitado. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que el presente acuerdo genera notificaciones. Notifíquese por oficio a la autoridad requerida en este acuerdo; y por lista a las demás partes.

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