Moises Cabrera Montaño
Expediente 1247/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 51 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Moises Cabrera Montaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 408 a 411), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cuatro al veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Investigación en Delitos Financieros del Sistema Tradicional consistentes en diversas constancias que derivan del triplicado abierto de la averiguación previa 692/2009/DMS-IV/AEDF2/MIDFST de su índice, con la que se formó el anexo I en el presente juicio de amparo; se ordena devolver dicha documental a la autoridad responsable citada, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda notificar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental antes descrita.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA R.I.M.C, E. DEL A. M., M.L.J.G.G. LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 396), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 400 a 403). En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 328 a 347), se concedió el amparo y protección a Moisés Cabrera Montaño, para que la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Moisés Cabrera Montaño, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice en la averiguación previa 692/2009/DMS-IV/AEDF2/MIDFST, lo siguiente: a) Deje sin efectos los autos de doce de abril de dos mil dieciséis y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. b) Provea de manera fundada, motivada, congruente, completa y exhaustiva la petición formulada por el quejoso a través del escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciséis. c) Notifique la aludida resolución en el domicilio señalado en dicho escrito; con estricto apego a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, d) Remita las constancias que acrediten el cumplimiento de los efectos precedentes. Sin que lo anterior signifique, necesariamente, que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente las peticiones formuladas, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita; sin que el presente fallo implique necesariamente, que la pretensión del peticionario sea legítima, fundada en derecho o procedente, lo cual habrá de determinar la autoridad responsable, al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia." En acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho (foja 358 a 360), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 414/2018/MIDFT de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 368), la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el cuatro del mismo mes y año en la averiguación previa 692/2009/DMS-V/AEDF2/MIDFST de su índice, así como su notificación (fojas 369 a 393). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos los autos de doce de abril de dos mil dieciséis y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en la averiguación previa 692/2009/DMS-V/AEDF2/MIDFST de su índice (foja 370). 2. Proveyó de manera fundada, motivada, congruente, completa y exhaustiva las peticiones formuladas por el quejoso a través del escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciséis, pues al respecto acordó: a) En acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, determinó improcedente cancelar el aseguramiento efectuado sobre el departamento P.H.4 (Penthouse cuatro), ubicado en el nivel seis, tipo E, incluyendo tres cajones de estacionamiento, ubicado en el desarrollo residencial régimen de propiedad en condominio del desarrollo residencial "La Vista Country Club" en San Andrés Cholula, Puebla, y señaló que ello obedece a que dicho inmueble se encuentra asegurado mediante oficio 2074 de siete de octubre de dos mil nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de San Pedro Cholula, Puebla, el ocho de octubre de dos mil nueve, y que se encuentra asegurado dentro de la indagatoria de origen para garantizar, indiviso, la reparación del daño de los miles de afectados por la persona moral "Servicios Inmobiliarios y Computación" sociedad anónima de capital variable, de la cual es socio y accionista el señor Leonardo Tiro Moranchel, en contra de quien se instruye dicha averiguación previa (foja 376). Señaló que no inadvierte que el quejoso alegó que celebró contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria con la persona moral citada; sin embargo éste fue inscrito hasta el trece de octubre de dos mil nueve, por lo que tal acto jurídico surtió efectos respecto de terceros a partir de esa data y, en consecuencia, el derecho de prelación le asiste a la representación social y no al peticionario de amparo, pues afirmó que el oficio de aseguramiento fue anterior (foja 377). También señaló que el inmueble referido fue asegurado previo al embargo realizado dentro del juicio 1084/2010 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, por lo que a juicio de la fiscal responsable, el juez citado debió llamar como terceros extraños a juicio a los agraviados dentro de la averiguación previa de origen pues considera que les asiste el derecho para defender el inmueble que fue asegurado para que se les repare el daño (foja 377). Del mismo modo, expresó que, aun cuando dentro del expediente civil referido se dictó sentencia condenatoria contra la persona moral "Servicios Inmobiliarios y Computación" sociedad anónima de capital variable, en la que se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas en esa instancia, señaló que el derecho privado puede estar sobre el derecho público, y que el Ministerio Público se encuentra facultado para realizar las diligencias necesarias para garantizar el pago de la reparación del daño, lo que constituye una cuestión de orden público e interés social (fojas 377 y 378). La autoridad responsable citó y reprodujo el contenido de los artículos 50 Bis, 51, 51 ter, 54 Bis, 73, y 83 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como 2 y 108 del Código adjetivo de la materia, y los diversos 1, 2, 3, 10 y 12, fracción II de la Ley General de Víctimas (fojas 373 a 376). b) Tuvo al quejoso nombrado como abogado particular al licenciado en derecho Juan Alfredo Vázquez Pliego (foja 378). 3. El cinco de agosto de dos mil dieciocho, notificó a Moisés Cabrera Montaño con apego a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ya que se constituyó en el domicilio señalado por el quejoso para tal efecto, ubicado en avenida de la Huerta, edificio 71, departamento A, colonia Xilotzingo, Puebla, y al tocar en la puerta de dicha morada nadie atendió a su llamado, por lo que fijó cédula de notificación en la puerta del inmueble, lo que hizo constar en la razón que levantó para tal efecto (foja 381) y que reforzó con placas fotográficas del lugar (fojas 382 a 385). Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 400 a 403), el quejoso realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, pues al respecto señaló: a) Que el argumento de la autoridad responsable se sustenta en hechos falsos, debido a que tomó en consideración constancias que no obran en lo autos de este juicio de amparo ni en el expediente 1084/2010 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, por lo que al quejoso le corresponde el derecho de prelación respecto de la inscripción de la hipoteca derivada del contrato de mutuo que dice le beneficia, en relación con el aseguramiento que motivó este juicio de garantías; b) Que el hecho de que no se haya llamado a juicio a las posibles víctimas de la indagatoria de origen dentro del 1084/2010 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, se debió a que en ese juicio únicamente deben intervenir dos partes, que son quienes intervinieron en la celebración del contrato de mutuo que motivó ese juicio mercantil, por lo que la hipoteca por el contrato de mutuo referido surte efectos respecto de terceros, lo que insiste, se realizó antes del aseguramiento decretado sobre el bien raíz. c) Que a pesar de que el representante social debe velar por la reparación del daño, el contrato de mutuo con garantía hipotecaria referido no afecta el interés social, debido a que este se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el contrato que la originó es ajeno a la relación contractual de inversión que tuvo lugar entre los agraviados y la persona moral "Servicios Inmobiliarios y Computación", sociedad anónima de capital variable. Tales afirmaciones resultan inoperantes, debido a que todas ellas están encaminadas a controvertir el fondo de la resolución que se analiza, lo cual no es susceptible de ser vigilado en este juicio de garantías, en virtud de que la protección constitucional se concedió para efecto de que la autoridad responsable atendiera en forma exhaustiva y congruente la petición del quejoso, esto es, para que, en caso de insistir en la negativa de levantar el aseguramiento del bien inmueble relacionado, expusiera los motivos y fundamentos en que basó su decisión, pero no se establecieron lineamientos específicos que la responsable debía observar. Por ello, esta autoridad no está en aptitud de analizar las cuestiones de fondo de la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo, pues no fueron parte del análisis constitucional realizado en la sentencia protectora ni de los efectos de la misma. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MANUEL ESPINOSA REYES, ALBACEA PROVISIONAL DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA DE OTON JAVIER HOYOS SALAZAR u OTHON JAVIER HOROS SALAZAR, LA RESOLUCION DE VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 396), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 400 a 403). En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 328 a 347), se concedió el amparo y protección a Moisés Cabrera Montaño, para que la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Moisés Cabrera Montaño, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice en la averiguación previa 692/2009/DMS-IV/AEDF2/MIDFST, lo siguiente: a) Deje sin efectos los autos de doce de abril de dos mil dieciséis y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. b) Provea de manera fundada, motivada, congruente, completa y exhaustiva la petición formulada por el quejoso a través del escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciséis. c) Notifique la aludida resolución en el domicilio señalado en dicho escrito; con estricto apego a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, d) Remita las constancias que acrediten el cumplimiento de los efectos precedentes. Sin que lo anterior signifique, necesariamente, que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente las peticiones formuladas, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita; sin que el presente fallo implique necesariamente, que la pretensión del peticionario sea legítima, fundada en derecho o procedente, lo cual habrá de determinar la autoridad responsable, al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia." En acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho (foja 358 a 360), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 414/2018/MIDFT de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 368), la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el cuatro del mismo mes y año en la averiguación previa 692/2009/DMS-V/AEDF2/MIDFST de su índice, así como su notificación (fojas 369 a 393). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos los autos de doce de abril de dos mil dieciséis y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en la averiguación previa 692/2009/DMS-V/AEDF2/MIDFST de su índice (foja 370). 2. Proveyó de manera fundada, motivada, congruente, completa y exhaustiva las peticiones formuladas por el quejoso a través del escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciséis, pues al respecto acordó: a) En acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, determinó improcedente cancelar el aseguramiento efectuado sobre el departamento P.H.4 (Penthouse cuatro), ubicado en el nivel seis, tipo E, incluyendo tres cajones de estacionamiento, ubicado en el desarrollo residencial régimen de propiedad en condominio del desarrollo residencial "La Vista Country Club" en San Andrés Cholula, Puebla, y señaló que ello obedece a que dicho inmueble se encuentra asegurado mediante oficio 2074 de siete de octubre de dos mil nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de San Pedro Cholula, Puebla, el ocho de octubre de dos mil nueve, y que se encuentra asegurado dentro de la indagatoria de origen para garantizar, indiviso, la reparación del daño de los miles de afectados por la persona moral "Servicios Inmobiliarios y Computación" sociedad anónima de capital variable, de la cual es socio y accionista el señor Leonardo Tiro Moranchel, en contra de quien se instruye dicha averiguación previa (foja 376). Señaló que no inadvierte que el quejoso alegó que celebró contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria con la persona moral citada; sin embargo éste fue inscrito hasta el trece de octubre de dos mil nueve, por lo que tal acto jurídico surtió efectos respecto de terceros a partir de esa data y, en consecuencia, el derecho de prelación le asiste a la representación social y no al peticionario de amparo, pues afirmó que el oficio de aseguramiento fue anterior (foja 377). También señaló que el inmueble referido fue asegurado previo al embargo realizado dentro del juicio 1084/2010 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, por lo que a juicio de la fiscal responsable, el juez citado debió llamar como terceros extraños a juicio a los agraviados dentro de la averiguación previa de origen pues considera que les asiste el derecho para defender el inmueble que fue asegurado para que se les repare el daño (foja 377). Del mismo modo, expresó que, aun cuando dentro del expediente civil referido se dictó sentencia condenatoria contra la persona moral "Servicios Inmobiliarios y Computación" sociedad anónima de capital variable, en la que se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas en esa instancia, señaló que el derecho privado puede estar sobre el derecho público, y que el Ministerio Público se encuentra facultado para realizar las diligencias necesarias para garantizar el pago de la reparación del daño, lo que constituye una cuestión de orden público e interés social (fojas 377 y 378). La autoridad responsable citó y reprodujo el contenido de los artículos 50 Bis, 51, 51 ter, 54 Bis, 73, y 83 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como 2 y 108 del Código adjetivo de la materia, y los diversos 1, 2, 3, 10 y 12, fracción II de la Ley General de Víctimas (fojas 373 a 376). b) Tuvo al quejoso nombrado como abogado particular al licenciado en derecho Juan Alfredo Vázquez Pliego (foja 378). 3. El cinco de agosto de dos mil dieciocho, notificó a Moisés Cabrera Montaño con apego a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ya que se constituyó en el domicilio señalado por el quejoso para tal efecto, ubicado en avenida de la Huerta, edificio 71, departamento A, colonia Xilotzingo, Puebla, y al tocar en la puerta de dicha morada nadie atendió a su llamado, por lo que fijó cédula de notificación en la puerta del inmueble, lo que hizo constar en la razón que levantó para tal efecto (foja 381) y que reforzó con placas fotográficas del lugar (fojas 382 a 385). Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 400 a 403), el quejoso realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, pues al respecto señaló: a) Que el argumento de la autoridad responsable se sustenta en hechos falsos, debido a que tomó en consideración constancias que no obran en lo autos de este juicio de amparo ni en el expediente 1084/2010 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, por lo que al quejoso le corresponde el derecho de prelación respecto de la inscripción de la hipoteca derivada del contrato de mutuo que dice le beneficia, en relación con el aseguramiento que motivó este juicio de garantías; b) Que el hecho de que no se haya llamado a juicio a las posibles víctimas de la indagatoria de origen dentro del 1084/2010 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, se debió a que en ese juicio únicamente deben intervenir dos partes, que son quienes intervinieron en la celebración del contrato de mutuo que motivó ese juicio mercantil, por lo que la hipoteca por el contrato de mutuo referido surte efectos respecto de terceros, lo que insiste, se realizó antes del aseguramiento decretado sobre el bien raíz. c) Que a pesar de que el representante social debe velar por la reparación del daño, el contrato de mutuo con garantía hipotecaria referido no afecta el interés social, debido a que este se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el contrato que la originó es ajeno a la relación contractual de inversión que tuvo lugar entre los agraviados y la persona moral "Servicios Inmobiliarios y Computación", sociedad anónima de capital variable. Tales afirmaciones resultan inoperantes, debido a que todas ellas están encaminadas a controvertir el fondo de la resolución que se analiza, lo cual no es susceptible de ser vigilado en este juicio de garantías, en virtud de que la protección constitucional se concedió para efecto de que la autoridad responsable atendiera en forma exhaustiva y congruente la petición del quejoso, esto es, para que, en caso de insistir en la negativa de levantar el aseguramiento del bien inmueble relacionado, expusiera los motivos y fundamentos en que basó su decisión, pero no se establecieron lineamientos específicos que la responsable debía observar. Por ello, esta autoridad no está en aptitud de analizar las cuestiones de fondo de la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo, pues no fueron parte del análisis constitucional realizado en la sentencia protectora ni de los efectos de la misma. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
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CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 396), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 400 a 403). En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 328 a 347), se concedió el amparo y protección a Moisés Cabrera Montaño, para que la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Moisés Cabrera Montaño, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice en la averiguación previa 692/2009/DMS-IV/AEDF2/MIDFST, lo siguiente: a) Deje sin efectos los autos de doce de abril de dos mil dieciséis y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. b) Provea de manera fundada, motivada, congruente, completa y exhaustiva la petición formulada por el quejoso a través del escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciséis. c) Notifique la aludida resolución en el domicilio señalado en dicho escrito; con estricto apego a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, d) Remita las constancias que acrediten el cumplimiento de los efectos precedentes. Sin que lo anterior signifique, necesariamente, que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente las peticiones formuladas, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita; sin que el presente fallo implique necesariamente, que la pretensión del peticionario sea legítima, fundada en derecho o procedente, lo cual habrá de determinar la autoridad responsable, al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia." En acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho (foja 358 a 360), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 414/2018/MIDFT de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 368), la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el cuatro del mismo mes y año en la averiguación previa 692/2009/DMS-V/AEDF2/MIDFST de su índice, así como su notificación (fojas 369 a 393). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos los autos de doce de abril de dos mil dieciséis y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en la averiguación previa 692/2009/DMS-V/AEDF2/MIDFST de su índice (foja 370). 2. Proveyó de manera fundada, motivada, congruente, completa y exhaustiva las peticiones formuladas por el quejoso a través del escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciséis, pues al respecto acordó: a) En acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, determinó improcedente cancelar el aseguramiento efectuado sobre el departamento P.H.4 (Penthouse cuatro), ubicado en el nivel seis, tipo E, incluyendo tres cajones de estacionamiento, ubicado en el desarrollo residencial régimen de propiedad en condominio del desarrollo residencial "La Vista Country Club" en San Andrés Cholula, Puebla, y señaló que ello obedece a que dicho inmueble se encuentra asegurado mediante oficio 2074 de siete de octubre de dos mil nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de San Pedro Cholula, Puebla, el ocho de octubre de dos mil nueve, y que se encuentra asegurado dentro de la indagatoria de origen para garantizar, indiviso, la reparación del daño de los miles de afectados por la persona moral "Servicios Inmobiliarios y Computación" sociedad anónima de capital variable, de la cual es socio y accionista el señor Leonardo Tiro Moranchel, en contra de quien se instruye dicha averiguación previa (foja 376). Señaló que no inadvierte que el quejoso alegó que celebró contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria con la persona moral citada; sin embargo éste fue inscrito hasta el trece de octubre de dos mil nueve, por lo que tal acto jurídico surtió efectos respecto de terceros a partir de esa data y, en consecuencia, el derecho de prelación le asiste a la representación social y no al peticionario de amparo, pues afirmó que el oficio de aseguramiento fue anterior (foja 377). También señaló que el inmueble referido fue asegurado previo al embargo realizado dentro del juicio 1084/2010 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, por lo que a juicio de la fiscal responsable, el juez citado debió llamar como terceros extraños a juicio a los agraviados dentro de la averiguación previa de origen pues considera que les asiste el derecho para defender el inmueble que fue asegurado para que se les repare el daño (foja 377). Del mismo modo, expresó que, aun cuando dentro del expediente civil referido se dictó sentencia condenatoria contra la persona moral "Servicios Inmobiliarios y Computación" sociedad anónima de capital variable, en la que se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas en esa instancia, señaló que el derecho privado puede estar sobre el derecho público, y que el Ministerio Público se encuentra facultado para realizar las diligencias necesarias para garantizar el pago de la reparación del daño, lo que constituye una cuestión de orden público e interés social (fojas 377 y 378). La autoridad responsable citó y reprodujo el contenido de los artículos 50 Bis, 51, 51 ter, 54 Bis, 73, y 83 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como 2 y 108 del Código adjetivo de la materia, y los diversos 1, 2, 3, 10 y 12, fracción II de la Ley General de Víctimas (fojas 373 a 376). b) Tuvo al quejoso nombrado como abogado particular al licenciado en derecho Juan Alfredo Vázquez Pliego (foja 378). 3. El cinco de agosto de dos mil dieciocho, notificó a Moisés Cabrera Montaño con apego a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ya que se constituyó en el domicilio señalado por el quejoso para tal efecto, ubicado en avenida de la Huerta, edificio 71, departamento A, colonia Xilotzingo, Puebla, y al tocar en la puerta de dicha morada nadie atendió a su llamado, por lo que fijó cédula de notificación en la puerta del inmueble, lo que hizo constar en la razón que levantó para tal efecto (foja 381) y que reforzó con placas fotográficas del lugar (fojas 382 a 385). Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 400 a 403), el quejoso realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, pues al respecto señaló: a) Que el argumento de la autoridad responsable se sustenta en hechos falsos, debido a que tomó en consideración constancias que no obran en lo autos de este juicio de amparo ni en el expediente 1084/2010 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, por lo que al quejoso le corresponde el derecho de prelación respecto de la inscripción de la hipoteca derivada del contrato de mutuo que dice le beneficia, en relación con el aseguramiento que motivó este juicio de garantías; b) Que el hecho de que no se haya llamado a juicio a las posibles víctimas de la indagatoria de origen dentro del 1084/2010 del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, se debió a que en ese juicio únicamente deben intervenir dos partes, que son quienes intervinieron en la celebración del contrato de mutuo que motivó ese juicio mercantil, por lo que la hipoteca por el contrato de mutuo referido surte efectos respecto de terceros, lo que insiste, se realizó antes del aseguramiento decretado sobre el bien raíz. c) Que a pesar de que el representante social debe velar por la reparación del daño, el contrato de mutuo con garantía hipotecaria referido no afecta el interés social, debido a que este se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el contrato que la originó es ajeno a la relación contractual de inversión que tuvo lugar entre los agraviados y la persona moral "Servicios Inmobiliarios y Computación", sociedad anónima de capital variable. Tales afirmaciones resultan inoperantes, debido a que todas ellas están encaminadas a controvertir el fondo de la resolución que se analiza, lo cual no es susceptible de ser vigilado en este juicio de garantías, en virtud de que la protección constitucional se concedió para efecto de que la autoridad responsable atendiera en forma exhaustiva y congruente la petición del quejoso, esto es, para que, en caso de insistir en la negativa de levantar el aseguramiento del bien inmueble relacionado, expusiera los motivos y fundamentos en que basó su decisión, pero no se establecieron lineamientos específicos que la responsable debía observar. Por ello, esta autoridad no está en aptitud de analizar las cuestiones de fondo de la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo, pues no fueron parte del análisis constitucional realizado en la sentencia protectora ni de los efectos de la misma. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
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